Las preferencias sexuales de las personas son una decisión tan personal como sus convicciones religiosas. En ambos casos el Estado no debe sino reconocer y proteger el derecho de cada uno a lo uno y lo otro. La sociedad y los ciudadanos tenemos el deber de respetarlo integralmente. Ahí debería acabarse la discusión y no debería ser necesario que la Corte Constitucional se pronuncie para asegurar esos derechos.

Sin embargo, algunas personas en nombre de la fe han impuesto a lo largo de la historia unos valores “morales” que incluso por la fuerza han convertido en los dominantes de las sociedades y con ellos han querido cercenar los derechos de los demás invocando el propio de creer o no creer en lo que quieran. La sociedad evoluciona, cambia sus valores dominantes, conquista después de largas luchas derechos que deben ser universales y ellos ahí, con el dedo acusador, con la prédica dogmática de lo que es bueno o es malo y siempre dispuestos a dar batallas por imponer su visión del mundo.

En Colombia sufrimos la enorme paradoja de que la institución a la que la Constitución le atribuyó la misión de la defensa de los derechos de todos ha sido convertida en la principal herramienta para ponerlos en cuestión. La Procuraduría es hoy un instrumento contra cualquier grupo social que reivindique derechos vulnerados en nombre de la “moral”. Hasta el último momento intentó el Procurador Alejandro Ordóñez que la Corte Constitucional negara la tutela interpuesta por dos mujeres que pretenden formalizar una familia que conforman hace varios años de la cual forman parte dos hijos, que tienen el derecho de que se haga ese reconocimiento para poder tener la misma protección estatal, social y familiar con la que cuentan –o deberían contar- los hijos de parejas heterosexuales.

La Corte no accedió a los pedidos del Procurador de desconocer los derechos de los niños y de sus mamás de constituir una familia reconocida estatalmente, con la consecuencia de los deberes, los derechos y la protección que se deriva de esa voluntad de conformarla.

La decisión de la Corte coincidió con el reconocimiento público hecho por la ministra de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez-Correa, de su condición de homosexual y de que conforma una pareja estable y permanente con la también ministra Gina Parody. Álvarez-Correa lo expresó, con total naturalidad, como debe ser y Parody dijo que no hace “alarde”, porque es un tema que debe ser tratado con total normalidad. Valientes las ministras. Valiente el Presidente que las nombró a sabiendas de que sería un hecho que terminaría más temprano que tarde siendo objeto de debate.

El presidente Santos tomó una decisión riesgosa que hay que reconocer y valorar. Aunque la Iglesia Católica lo negó, es cierto que trató de presionar al Gobierno para que no nombraran a Gina en el Ministerio de Educación porque, como lo reiteró ayer el arzobispo auxiliar de Barranquilla, es un “mal ejemplo”.

Que el Presidente y las ministras tengan claro que se va a venir una guerra “santa” en su contra. Que de manera solapada vendrán todo tipo de ataques y de presiones. Parody está más expuesta porque en su cartera tiene que lidiar con organizaciones religiosas que imparten una buena parte del servicio de educación en Colombia. El Procurador dirá que “respeta” pero estará dispuesto a atacar a fondo muy pronto.

Esos sectores que desconocen los derechos de los demás a nombre de “su moral” estarán al acecho. Todas las decisiones del Ministerio estarán bajo sospecha. La afirmación de Parody de que  “debemos estar pendientes de que en los colegios se realice toda la educación en materia de sexualidad y diversidad”, será atacada y calificada como una provocación y acusarán a la ministra de estar “promoviendo” la homosexualidad.

He sido crítico de Gina porque discrepo de sus actitudes en política que no dudo en calificar de oportunistas y me resulta molesta la “manipulación” mediática de su actividad pública. Por supuesto que reconozco su capacidad profesional, la ambición que la mueve hasta convertirla en una máquina imparable trabajando, no como ella dice para “servir” sino para ascender políticamente, pero eso es legítimo e incluso bienvenido. En el Sena hizo una buena gestión y estoy seguro que esa fuerza le permitirá lograr una cosa que no han logrado otros ministros: que la educación sea relevante desde el punto de vista político.

Ahora hay que estar alerta del otro lado. Hay que combatir a fondo la discriminación de la que seguramente será objeto. Aunque ella dice que no quiere hacer “alarde” y que “no es activista de nada”, su permanencia en el Ministerio se va a convertir en un termómetro del tipo de sociedad que tenemos y de hasta dónde está dispuesto a llegar Santos en materia de promoción de la diversidad, la tolerancia y el respeto de los derechos ajenos.

Lo que tenemos por delante no es de poca monta. Aunque las ministras no lo quieran convertir en un tema –como no debería serlo- lo será. Hay que cerrar filas alrededor de Cecilia, pero especialmente de Gina, por estar en el Ministerio de Educación, que tendrá encima –sin compasión- a la Iglesia Católica, al Procurador y a las fuerzas más conservadoras del Congreso.

Santos se jugó esta carta riesgosa, así como el ministro de Salud Alejandro Gaviria se la jugó enviando a la Corte Constitucional un concepto técnico para contrarrestar la idea de que los niños formados en una familia integrada por una pareja homosexual están en una especie de “riesgo”.

¡Que el Presidente y las Ministras sepan que en esta pelea no estarán solas!