Muchas cosas tuvieron que haber cambiado en Colombia para que hoy la justicia pueda imponerle una condena de 35 años a un General del Ejército por la desaparición de una decena de civiles en el Palacio de Justicia, hace ya un cuarto de siglo. El presidente Juan Manuel Santos tuvo una disonante salida en falso al cuestionar la decisión de la juez María Cristina Trejos. Con su declaración, Santos además le abrió la puerta a un falso debate: el de la asimetría de las penas que reciben los militares y las que reciben criminales de la calaña de los paramilitares, cuyo tiempo máximo en prisión será de ocho años.

Creo que el Presidente debería saludar la actuación de la juez, independientemente de lo dolorosa que sea para la institución militar y para el General Arias Cabrales en particular. Y debería hacerlo porque esta sentencia demuestra, al igual que otras recientes, que en estos últimos años hemos asistido a un cambio de régimen y que quizá vamos pasando la página de un régimen militarista, que tuvimos unas pocas décadas atrás, y también se va superando el tiempo en que las fuerzas oscuras anidaban en muchas instituciones (aunque lo siguen haciendo en menor medida).

Hace apenas dos meses, la Corte Suprema de Justicia increpó a las cúpulas militares de los gobiernos de Julio César Turbay Ayala y de Belisario Betancur por su activa participación en la conformación de grupos paramilitares, que luego exterminaron a grupos políticos como la UP y mataron a miles de civiles a quienes consideraban sospechosos de ser colaboradores de las guerrillas.

Este documento de la Corte se suma a lo que ya el Grupo de Memoria Histórica, en su informe de La Rochela, había esbozado como interpretación para el caso del Magdalena Medio: que un sector de los militares se habría aliado con los narcotraficantes y con políticos para sabotear el proceso de paz que se hizo en este entonces.

No en vano, como lo ha señalado en sus análisis Mauricio Romero, los grandes picos de las masacres y la acción paramilitar han coincidido con los intentos de paz de los gobiernos conservadores (Betancur y Pastrana).

Con fallos como el del General Arias Cabrales queda en evidencia que el país ha recorrido un camino en el sentido correcto. Aunque sin duda es un camino doloroso para unos. Y que no necesariamente hay asimetría. No la hay, si la pena se compara con el inmenso poder que el Ejército y los organismos de seguridad tenían en ese momento; la impunidad con la que actuaron en el caso del Palacio de Justicia; y el temor y reverencia que otros poderes públicos, como el Congreso y el propio Presidente, les demostraron.

No es asimétrica si se considera la gravedad de los delitos por los que se le condena. Ni al Coronel Plazas ni a Arias Cabrales se les reprocha la retoma del Palacio, ni que combatieran, como era su deber, al M19. Se les condena por su responsabilidad mediata en la desaparición de once civiles. En el entendido de que el Ejército es una organización, valga la redundancia, organizada y con jerarquías y no una horda de soldados.

Y tampoco es asimétrica si se compara con la Ley de Justicia y Paz, pues los paramilitares han recibido un beneficio sobre la base del supuesto que entregarán verdad y reparación, y sobre todo, que han dejado las armas y de ejercer el poder que tienen. Supuestos que en todo caso no se han cumplido a cabalidad y que generan, sin duda, un escenario de impunidad. Pero ¿estarían los militares dispuestos a entregar algo de verdad y sobre todo, a transformar su aparato de poder?

Más que pedir una justicia blanda con las violaciones de derechos humanos, los militares deberían sintonizarse con las nuevas realidades del país y dejar de pensar sólo hacia adentro, con un alma corporativista, ataviada con el San Benito de la moral de las tropas.

¿Por qué, me pregunto yo, el honor militar no se siente mancillado cuando un oficial viola a una niña que luego aparece muerta junto a su hermano o cuando un puñado de militares se ve involucrado en ejecuciones de civiles fríamente calculadas como ocurrió con los muchachos de Soacha, y en cambio sí se afecta la moral cuando muchos de estos delitos son castigados? ¿Qué tipo de valores son los que acuñan esta moral?

Muchos sectores de las fuerzas armadas -y en especial de la alta oficialidad- están anclados ideológicamente en el régimen de los 80. Un régimen indeseable y del que heredamos un país bañado en sangre. Por eso Santos no debe equivocarse en su mensaje al país, para tranquilizar a quienes creen que la institución militar está por encima de la democracia.