El día de su posesión, Juan Manuel Santos viajó a La Sierra Nevada de Santa Marta y allí se comprometió a ser un guardián de la naturaleza ante el pueblo kogui y su visita fue vista como un compromiso del Presidente con los cuatro pueblos indígenas que habitan esta zona. Pero ahora que anunció que está de acuerdo con la construcción de un hotel de siete estrellas en el norte del Parque Tayrona, a la que se oponen los mamos, su visita a la Sierra Nevada comienza a parecer más que un acto simbólico importante, una farsa presidencial.

El Presidente dijo que estaba de acuerdo con la construcción de este hotel, que será construido por la multinacional tailandesa Six Senses (Seis Sentidos) porque era una oportunidad para impulsar el desarrollo turístico de la región.

Aunque aún el Ministerio de Medio Ambiente no ha otorgado la licencia ambiental para realizar el hotel en este parque natural, ya el proyecto genera varios cuestionamientos. Estos son algunos de ellos:.

Paola Bernal en el resguardo Domingueka de la Sierra Nevada de Santa Marta pidió perdón porque el Ministerio del Interior había dicho que allí no había indígenas. Ahora el Ministerio repite el error por el cual se arrepintió hace unos meses.

El abogado samario Alejandro Arias reveló este fin de semana una carta del Ministerio del Interior, en la que la coordinadora del Grupo de Consulta Previa Paola Bernal afirma que “no se registran comunidades indígenas en el área denominada sector Arrecifes-El Cabo en el Parque Nacional Tayrona”.

Lo curioso es que la misma Paola Bernal, hace dos meses y medio, pidió perdón a los cuatro pueblos indígenas por no reconocer su presencia en un proceso parecido y muy cerca de allí.

Se trata del proyecto de Puerto Brisas. Como lo explicó La Silla Vacía, en la zona norte de La Sierra Nevada de Santa Marta, las empresas Prodeco S. A. y Carbones el Cerrejón quisieron construir un puerto a mediados de los noventas, pero en ese momento el Ministerio del Interior pidió que se hiciera consulta previa, porque se trataba de territorio indígena. Entonces ninguna de las dos empresas finalmente arrancó la consulta ni el proyecto.

Misteriosamente, en 2005 el Ministerio del Interior cambió de parecer. Cuando la empresa Puerto Brisas S. A. dijo que quería construir el puerto, la dirección de etnias dijo esa vez que no había comunidades indígenas. Así, la empresa arrancó a construir y los cuatro pueblos indígenas entraron en un proceso jurídico para frenar la construcción.

A mitades de 2010, la Corte Constitucional les dio la razón a los indígenas: era necesaria la consulta previa porque, aunque los indígenas no vivan exactamente en esa zona de la Sierra Nevada, el proyecto acababa con un cerro donde ellos hacían sus pagamentos y recogían los elementos necesarios para estos. 

Aunque el concepto de 2005 no lo había escrito ella, Paola Bernal tuvo que pedir disculpas a nombre del Ministerio en una reunión con los cuatro cabildos indígenas en junio de 2011 por haber notificado la no presencia de pueblos indígenas seis años atrás. Lo curioso es que en este caso Bernal esté cometiendo de nuevo el mismo error por el cual se arrepintió.

La zona donde se planea construir el nuevo complejo hotelero queda también dentro de lo que se denomina la ‘línea negra’. Es decir, la zona que fue reconocida en 1973 y ratificada en 1995 como el territorio de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Todo proyecto dentro de esa línea debe ser consultado con los cuatro cabildos (las autoridades tradicionales). Además, los indígenas también han argumentado que se trata de una zona espiritualmente importante para su cultura y aunque no tengan allí sus casas, no se separa del ‘todo’ de su hogar, que es la Sierra Nevada. 

La empresa que presentó el proyecto hotelero se llama Promotora Arrecifes y es de propiedad de miembros del grupo Daabon, de la familia Dávila Abondano, conocida por ser una de las familias que fraccionó predios para recibir subsidios de Agro Ingreso Seguro. Uno de los miembros de la familia aceptó que lo hicieron por indicación de Andrés Felipe Arias.

La junta directiva de Promotora Arrecifes está constituida por Nicolás Simón Solano Tribín, Juan Rafael Hurtado Yoda y los hermanos Manuel Julián y Alfonso Dávila Abondano. La representante legal es Claudia Dávila Zúñiga y su suplente, su hermana Beatriz Martha Dávila Zúñiga.

Manuel Julián Dávila es el presidente ejecutivo del grupo Daabon y su hermano Alfonso Dávila es el vicepresidente agroindustrial de ese grupo, que fue muy cercano al gobierno Uribe.

Solano Tribín recibió ayudas de AIS por casi 456 millones de pesos a título personal y otros 408 millones como representante legal de Inagro S. A. Alfonso Dávila Abondano recibió directamente 192 millones. Pero, sumando otros miembros del grupo familiar, fueron más de 5 mil millones de pesos que recibieron de Agro Ingreso Seguro, entre los Dávila y los Solano.

Hasta el momento, ninguno de los miembros de la familia Dávila Abondano ha sido llamado a imputación de cargos por la Fiscalía.

Tal como lo contó ayer Noticias Uno, los indígenas de la Sierra se oponen a este proyecto hotelero, que no ha sido consultado con ellos (porque según el Ministerio ellos no existen allí). En todo caso, el enfrentamiento entre la familia Dávila y los pueblos indígenas no es nuevo.

Como lo denunció Noticias Uno, la familia Dávila ha usado el nombre de los koguis para vender café en todo el mundo sin su consentimiento. La concejal Ati Quigua, que es muy cercana a los pueblos de la Sierra Nevada, dijo a La Silla Vacía que en foros internacionales aparecen fotos de este pueblo indígena cuando promocionan este café que ni es producido por los koguis, ni estos le dieron autorización a la familia para utilizar el nombre de su etnia en su proyecto comercial.

El grupo Daabon también es propietario de la Terminal de Graneles Líquidos del Caribe (Terlica S. A.), que el 23 de abril de 2008 derramó 89,5 toneladas de aceite de palma industrial al sur de la bahía de Taganga, como lo contó en su momento El Tiempo. Esta misma empresa, cuatro meses después, derramó 360 toneladas de aceite nuevamente al mar afectando la bahía de Santa Marta, Taganga y Playa Grande. 

Las Pavas es una hacienda al sur de Bolívar que fue ocupada por campesinos en 1997, porque las tierras estaban abandonadas. A los dos años iniciaron un proceso con el Incoder para que les adjudicaran las tierras. Pero en 2003, fueron desplazados a la fuerza por los paramilitares y cuando retornaron en 2004 se encontraron con que su finca ya tenía nuevos dueños.

Los Dávila Abondano, a través de la compañía CI Tequendama y su socio José Ernesto Macías, con la empresa Aportes San Isidro habían comprado las tierras. Sin embargo, la venta a los Dávila Abondano se dio cuando las tierras estaban en un proceso de expropiación en el Incoder y la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos nunca reportó la transacción.

Ya que los campesinos no contaban con títulos que demostraran que habían estado allí y habían utilizado la tierra cuando estaba abandonada, tuvieron que desplazarse de nuevo en 2009 cuando la Policía los sacó a la fuerza por un fallo de tutela a favor de los Dávila. Pero esa acción no hizo más que aumentar la presión de los desplazados que llevó a que Body Shop le quitara un contrato importante a Daabon. Esto llevó a que los Dávila Abondano cedieran su propiedad sobre la Hacienda a su socio Macías.

Finalmente, mientras el Incoder resuelve a quién le pertenecen las tierras, hace unos meses los campesinos regresaron a vivir allí. (ver historia).

Sergio Díaz Granados, Ministro de Comercio Industria y Turismo (arriba); Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior; Juan Manuel Santos y Sergio Espinosa Posada en la Armada (abajo).

Este proyecto que, por todo lo anterior, es altamente polémico, tiene el ingrediente adicional que está relacionado con el gobierno de Juan Manuel Santos por diferentes lados.

Por un lado, Sergio Díaz-Granados, el Ministro de Comercio Industria y Turismo, es hermano de José Ignacio Díaz-Granados Guida, uno de los miembros del grupo Daabon, que es de la familia Dávila Abondano, que está detrás del proyecto hotelero.

A instancias de Díaz-Granados, el presidente Juan Manuel Santos se reunió en la Casa de Huéspedes de Cartagena con el Ministro de Comercio y con los promotores del proyecto. Después de esta reunión, Santos anunció la noticia sobre el hotel de siete estrellas.

El mismo presidente Santos fue compañero de curso en la Armada con Sergio Espinosa Posada, casado con Rosa Paulina Dávila Abondano, hermana de Alfonso Dávila Abondano, miembro de la junta directiva de la empresa que está interesada en el proyecto del Hotel.

Por otro lado, el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, de cuya división de etnias salió el concepto diciendo que no había indígenas en la Sierra, es aliado político de Miguel Pinedo Vidal, papá del candidato de Cambio Radical a la Gobernación del Magdalena José Pinedo.

A Pinedo lo financia el grupo Daabon, según lo han dicho varios medios locales sin que él lo haya desmentido, y cuenta con el apoyo de los Dávila Abondano, entre otros.

Aunque los medios locales también han dicho que financian al candidato liberal a la Alcaldía de Santa Marta, Carlos Caicedo, Caicedo dijo a La Silla Vacía que no es cierto que él haya recibido dinero del Grupo Daabon y que no tiene ninguna relación con los Díaz Granados.

"Con relación al hotel de siete estrellas, a Santa Marta no la pueden sorprender con decisiones de ese tipo sin consultar los intereses y las fuerzas vivas de la ciudad", dijo Caicedo.

Daabon financió también al actual alcalde de Santa Marta Juan Pablo Díazgranados, primo del Ministro de Comercio Exterior, como lo contó Votebien.com en 2007. 

Ya Pinedo, según el Informador de Santa Marta, dijo que aprobaba el proyecto hotelero.

El recién posesionado ministro de Medio Ambiente Frank Pearl se enteró del proyecto por los medios hace unos días, pero ya dijo que los indígenas deben ser consultados. La Alta Consejera de Medio Ambiente Sandra Bessudo tampoco se ha pronunciado pero, en todo caso, tendrá que declararse impedida pues su papá, Jean Claude Bessudo, es el dueño de Aviatur y concesionario del complejo hotelero en el Parque Tayrona, que sería el mayor competidor del nuevo hotel.

Varios miembros de la familia Dávila, comenzando por la representante legal de Arrecifes SAS, Claudia Dávila Zuñiga, son miembros de la Fundación Prosierra, corporación de defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta fundada por Juan Mayr, el actual Embajador de Colombia en Alemania y quien llevó a Santos a visitar a los mamos de la Sierra en su inaguración.

Y para rematar, Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales y quien tendrá que autorizar la concesión, es la esposa del Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra.

Con los antecedentes de los Dávila, los titubeos oficiales frente a la existencia o no de los indígenas en la zona y los nexos entre este proyecto y el gobierno de Santos, valdría la pena una discusión amplia y transparente sobre este megaproyecto antes de que siga avanzando.

Nota de la Editora: después de publicada la historia, Carlos Caicedo aclaró su posición frente al hotel y negó que los Daabon lo esté financiando.