Nariño se ha convertido en uno de los epicentros del cultivo de coca del país, sobre todo desde que el Gobierno fue concentrando sus esfuerzos de erradicar la coca en regiones como el Meta. Y pese a ser una de las zonas de Consolidación creadas por Santos y dirigidas por el político nariñense Germán Chamorro, sigue siendo el principal puerto de salida de la cocaína en el Pacífico.

El último informe de cultivos ilícitos, que lanzó la semana pasada la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), es optimista y señala que en Nariño los cultivos cayeron un 39 por ciento. Pero la realidad es que -como contó La Silla- el Gobierno concentró muchos de sus esfuerzos de aspersión y erradicación manual justo antes de que se tomaran a finales de diciembre las fotos satelitales que se usan para calcular los cultivos, por lo que no tienen cómo reflejar la resiembra tan común en todas las zonas cocaleras.

Basta una mirada al mapa de cultivos para darse cuenta que en los últimos años la coca se ha venido desplazando desde zonas como Meta y el Guaviare hacia las zonas fronterizas de Nariño, Putumayo y el Catatumbo. Y es ahí donde Tumaco tiene otro triste récord: 5 mil hectáreas de cultivos, o más del doble más que el segundo municipio más cocalero. Es decir, el 10 por ciento del total en el país. A pesar de Consolidación, la mayoría de locales cree que la erradicación no está funcionando. Y que cuando lo ha hecho, coinciden tres personas consultadas por La Silla, ha sido más bien porque las comunidades se lo han propuesto.

“Mi percepción es que ha bajado, pero sobre todo porque muchos consejos comunitarios están tomando la decisión voluntaria de erradicar. Primero fue Rescate las Varas, donde 1200 familias lo decidieron, y cuatro o cinco le están siguiendo los pasos. En las zonas donde hay fumigación o erradicación manual forzosa siento que sí vuelven a resembrar”, le dijo a La Silla un tumaqueño y funcionario público que conoce bien los problemas de la región.

La fuerte disputa territorial entre las Farc y los paras -y hoy los Rastrojos- han convertido a Tumaco en uno de los municipios con mayor número de víctimas en el país. En total, había 67.809 víctimas registradas ante la Unidad de Víctimas a finales de junio. Es decir, uno de cada tres tumaqueños. (Y eso que las víctimas de las bacrim sólo están siendo incluidas desde que lo ordenó la Corte Constitucional en mayo de este año).

Hoy por hoy, se trata -en su gran mayoría- de personas que han buscado refugio dentro de la misma ciudad, una modalidad de desplazamiento que fue observado por primera vez en Medellín en los años noventa y que no suele ser denunciada, precisamente porque la gente no se siente víctima. Detrás de este desplazamiento intraurbano -un fenómeno igualmente dramático en otras ciudades del Pacífico como Buenaventura y Quibdó- está el deseo de los grupos en disputa de apropiarse de espacios estratégicos como las casas esquineras o las que están frente al mar, idóneas para controlar sus negocios.

La principal estrategia de los grupos es mantener en zozobra a las comunidades locales. Y nada lo logra con mayor eficacia que atentando contra sus líderes. En diciembre pasado fue asesinado Miller Angulo, quien con sólo 33 años se había convertido en uno de los líderes de víctimas más visibles de Nariño y se desempeñaba como secretario técnico de la Mesa Departamental de Víctimas, coordinador de la mesa departamental para desplazados de la Costa Pacífica y representante de las organizaciones de víctimas ante el Consejo Territorial de Planeación.

“La participación política y social quedó muy tocada desde el asesinato de Miller. La gente no quiere denunciar, porque el que habla se tiene que ir. El silencio y el subregistro son enormes. Por eso nunca oímos hablar de Tumaco en los noticieros”, cuenta Gabriel Rojas, un investigador de Codhes, que ha venido haciéndole seguimiento al fenómeno en seis ciudades país. Y, según Codhes, las cifras están aumentando a niveles aún más alarmantes que cuando lo advirtieron en diciembre pasado.

En las zonas rurales de Tumaco también hay efectos devastadores. Hoy por hoy es uno de los municipios más críticos en incidentes con minas antipersonal, registrando 113 víctimas en los últimos ocho años. A pesar de que no solía ser uno de los más afectados, en 2011 y 2012 ocupó el primer lugar a nivel nacional y en lo que va de este año, va segundo detrás de Puerto Asís (Putumayo).

Al sumarle la baja proporción de denuncias al reducido número de fiscales que tiene Tumaco, el resultado es una sensación entre la población de que la impunidad frente a los grupos armados es total.

Tumaco ha sido tradicionalmente una de las áreas del país con mayores índices de pobreza, con dos de cada tres hogares sin agua y tres de cada cuatro sin baño, según el Índice de Pobreza Multidimensional del Gobierno.

Esa situación económica se hizo más crítica desde que en 2004 estalló la pudrición de cogollo en los cultivos de palma. Con esta epidemia -que ataca las hojas nacientes (flechas), frena el crecimiento de la planta y termina por pudrir todo el tejido en su interior- se evaporaron 10 mil empleos y la principal actividad económica del municipio. Sus efectos fueron devastadores, ya que la mitad del área cultivada estaba en manos de grandes palmicultores y el otro 45 por ciento, en las de pequeños productores en su mayoría afrocolombianos.

Y en un municipio donde el 98 por ciento de la gente vive del empleo informal, las alternativas son muy escasas. Mucha gente se dedicó -o volvió- a la coca, y muchos otros se cambiaron a la minería informal o ilegal, quedando nuevamente a merced de los grupos armados.

A eso se le suman un problema serio de reclutamiento de menores por parte de las bandas criminales y uno de prostitución infantil en la zona turística de El Morro.

Otro de los flagelos de Tumaco es la extorsión, que afecta afecta casi todas las actividades económicas en el municipio. Tanto, que el alcalde Víctor Gallo calcula que el 80 por ciento de todos los negocios tienen que pagarlo o exponerse a los grupos armados.

Y afecta a todos los sectores por igual, tanto rurales como urbanos, formales como informales. Más de 1400 negocios -incluyendo Casa Luker y la empresa ecuatoriana Puerto Hondo- han tenido que cerrar sus puertas en tres años, según datos de la Cámara de Comercio de Tumaco. Entre los negocios informales -de los que vive la inmensa mayoría de tumaqueños- la situación es igual: las 'vacunas' están tan extendidas que hasta los mototaxistas y los vendedores ambulantes de minutos deben pagar cuotas.

Dos personas le contaron a La Silla que incluso quienes ejecutan recursos de cooperación internacional han sido amenazados para que paguen su cuota, una realidad alarmante en un municipio donde operan una veintena de agencias de cooperación y Ong.

Durante el consejo de seguridad en Cali, el gobernador nariñense Raúl Delgado anunció que se crearía un grupo especial contra la extorsión, con integrantes de la Armada, el Ejército y la Policía y coordinado por el general Humberto Guatibonza, que dirige el Gaula. Y recompensas por la captura del “Doctor”, el cabecilla de la Daniel Aldana de las Farc a quien todos señalan de ser el cerebro detrás de la mayor red de extorsión.