La crisis económica en Estados Unidos y la mayoría republicana

Más que una habilidad particular de Juan Manuel Santos, la crisis económica en Estados Unidos fue fundamental para aprobar este tratado. También el cambio de composición política del Congreso gringo, en el que los republicanos -que son más pro-comercio y menos sensibles a las presiones sindicales- se convirtieron en mayoría en la Cámara de Representantes.

El gobierno de Obama necesita mostrar pronto resultados positivos en la economía gringa para reelegirse el próximo año y para él el tratado con Colombia ayudaba a su propósito. Así lo muestra en una carta que le envió al Congreso gringo el 3 de octubre, en que dice: “Este acuerdo hace parte de los esfuerzos en mi administración para fomentar el crecimiento económico, aumentar las exportaciones y crear trabajos en Estados Unidos".

Anexo a esta carta, en la que Obama dice que el tratado es de interés nacional, el gobierno estadounidense entregó a los congresistas informes con las cifras económicas que muestran los beneficios para Estados Unidos (ver anexo). Entre estos, se dice que las exportaciones de bienes estadounidences pueden expandirse hasta 1.1 billones de dólares y que el PIB podría aumentar en 2.5 billones, contando el comercio y la creación de nuevos trabajos. Aproximadamente el 80 por ciento de las exportaciones a Colombia desde Estados Unidos quedan ahora libres de impuestos, beneficiando sobre todo a sectores como la agricultura, el maderero, el de construcción, el de autopartes, los fertilizantes o agroquímicos, y el de la tecnología.

Pasar del discurso de la negación al Plan de Acción

Aunque la crisis económica gringa fue el factor clave para que se aprobara el TLC, el cambio que hizo Santos en la política exterior ayudó a empujar el acuerdo. En el gobierno anterior, cuando los demócratas hicieron críticas al gobierno colombiano por la situación de los sindicalistas, Álvaro Uribe negó que los trabajadores vivieran en situaciones precarias. “Se mantuvo en un discurso en que los trabajadores vivían en un paraíso laboral por la política de Seguridad Democrática, cuando la evidencia mostraba todo lo contrario”, dijo a La Silla Vacía uno de los líderes sindicales.

Santos, en cambio, arrancó por reconocer el error. En enero y febrero, Angelino Garzón viajó a Washington para escuchar las críticas de los demócratas, reconoció las violaciones a derechos humanos en el sector sindical, y estuvo de acuerdo con el diseño de un Plan de Acción -una exigencia de los demócratas respondiendo a las presiones de los sindicatos en Estados Unidos y Colombia- en el que se tomarían unas medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores antes de implementar el TLC. En marzo se construyó el Plan, y desde entonces la Alta Consejera Catalina Crane ha estado a cargo de cada paso en su implementación. Es decir, el gobierno renegoció el tratado con los demócratas permitiendo que desde la Casa Blanca se definiera la futura política laboral del país (ver artículo).

“Santos también le vendió a Estados Unidos la idea de que Colombia era un Estado paria”, dijo un conocedor del proceso a La Silla Vacía. Durante sus visitas a Estados Unidos, y a través de sus funcionarios del Gobierno, vendió la idea de que durante el período de Uribe Colombia terminó aislada por un mal manejo de la política exterior, sobre todo con organismos como la OIT o la ONU. Y los convenció que ratificar el TLC era una forma de reintegrar a Colombia con la comunidad internacional y reconocer la buena voluntad del Gobierno para mejorar la situación de derechos humanos. Es más, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue una de las evidencias que el Gobierno utilizó para mostrar que estaba comprometido con las bases sociales. 

'Asustarlos' con el tratado de Canadá

Otro punto a favor de Santos fue que el 15 de agosto entrara en vigor el TLC con Canadá. Después de su aprobación, empresarios estadounidenses aumentaron el lobby en el Congreso, ya que para ellos el tratado de libre comercio entre Canadá y Colombia representaba una desventaja comercial. Además, que un país miembro del G8 y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE- aprobara un tratado de libre comercio, era igual a dar un visto bueno a Estados Unidos sobre el potencial comercial en Colombia. 

La agenda interna se quedó en pañales

Desde que se acordó con el gobierno de George Bush el TLC en 2006 (ver cronograma), el gobierno de Uribe se comprometió a desarrollar la 'Agenda Interna' que buscaba precisamente preparar al país para la futura entrada en vigor del Tratado. Y aunque este se demoró en aprobarse otros cinco años, no se avanzó lo que se necesitaba para estar listos. La construcción de las grandes vías para conectar el centro del país con los puertos, una condición básica para ser medianamente competitivos ante una apertura de mercados fue reemplazada por Uribe por el Plan 2500. Este fue pensado inicialmente como un empujón del gobierno central para que las regiones superaran su rezago en infraestructura vial y se conectaran con la red primaria, pero en la práctica se convirtió en una herramienta clave del Presidente Uribe y su Ministro de Transporte para negociar con las comunidades, sin intermediarios, la asignación del presupuesto vial y ganar así adhesiones al proyecto político del presidente (ver artículo).

En el sector del agro, la lógica inicial del polémico programa Agro Ingreso Seguro era preparar a los empresarios del campo para el desafío de competir con los mercados abiertos a los productos agrícolas subsidiados en Estados Unidos, que ahora entrarán con cero aranceles. Solo en distritos de riego, el ministro Andrés Felipe Arias otorgó 245 mil millones en tres años. Pero la inequitativa asignación de los recursos (un total de 1,4 billones de pesos entre 2007 y 2009) (ver historia), llevó a concluir a la firma Econometría, que evaluó el programa para el Ministerio de Agricultura en febrero de 2011 que “AIS no llevó a aumentar las condiciones de vida de los hogares beneficiados” y que los pequeños productores beneficiarios de AIS no aumentaron sus ingresos netos mientras que los grandes productores sí lo hicieron.

Y la evaluación es similar si se analiza la situación de los puertos, el catastro minero, la capacidad de regular el sector farmacéutico, etc. Colombia perdió estos años valiosos para estar lista.

El gabinete de Santos no ha mostrado capacidad de ejecución

Si bien es cierto que el gobierno de Santos heredó unos problemas institucionales crónicos, en el año y pico que lleva al mando su 'dream team' -con contadas excepciones, sobre todo del equipo económico- ha demostrado ser mejor para la retórica, para elaborar leyes (más bien mediocres) y hacerlas aprobar en tiempo récord, que en ejecutar proyectos concretos.

Por ejemplo, el Ministro de Transporte e Infraestructura anunció hace poco en la Revista Semana "sus cartas en materia de contratación de infraestructura". Y dijo que el Inco "definió seis megaproyectos que conectarán al país de norte a sur y de oriente a occidente, con dobles calzadas, túneles, viaductos, puentes y ferrocarriles. Con estos seis grupos de obras se adicionarán unos 5.000 kilómetros de carreteras a la red vial nacional y otros 1.000 de líneas de ferrocarril."

Dijo que a mediados de octubre se abrirán los pliegos y antes de finalizar el año se habrán escogido los estructuradores de las carreteras. Pero dos expertos consultados por La Silla Vacía dijeron que ese cronograma era irreal y que antes de 2014 no se habrá comenzado a construir la primera carretera. La razón de esto es que, por más eficientes que sean, los estudios se demoran mínimo 10 meses, otros seis meses para hacer diseños definitivos y cierre financiero. Y ni siquiera han arrancado a comprar los predios y mucho menos a tramitar las consultas previas con las autoridades de los territorios afro e indígenas por donde pasarán. Esto sin contar con que el gerente del Inco calcula que para financiar estas obras se requieren 40 billones de pesos y el presupuesto del Estado destinado a infraestructura son solo 6 billones al año, de los cuales cuatro ya fueron comprometidos por Uribe en vigencias futuras.

A este ritmo, el gobierno de Santos culminará sin haber hecho la primera carretera y sin carreteras los empresarios colombianos difícilmente podrán competir en Estados Unidos en condiciones de mínima igualdad.

Si a esto se le suma que en el año y pico que lleva el gobierno no ha logrado organizar todavía (aunque ha avanzado) el catastro minero, la adjudicación de las licencias ambientales, el control de los precios de medicamentos, solo para mencionar algunos puntos clave. Y ni siquiera controlar efectivamente el territorio. Mientras el gobierno está enfrascado discutiendo 'el marco para la paz', las bandas criminales avanzan rápidamente por el Pacífico, por Córdoba, por Sucre y por el Cauca, consolidando su poder.

Y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, confiesa que "Colombia no está preparada para el TLC", como si fuera una idea reciente en el país y no algo que se sabe hace cinco años.

Así las cosas, si el gobierno de Santos responde a este nuevo desafío con las mismas dificultades que ha tenido para enfrentar la crisis invernal no hay espacio para tanto optimismo.

La aprobación del TLC llega en un momento de 'crispación' social

Aunque las marchas de protesta en Colombia están lejos de las de los 'indignados' en España o incluso de las de Wall Street, los indicadores tanto de la Policía como de la Escuela Sindical muestran que solo en lo corrido de este año ya ha habido un tercio más de protestas callejeras que en el 2010. Éstas siguen estando circunscritas a sectores directamente afectados por las reformas de Santos y lideradas por gremios específicos que no han visto sus voces representadas en el Congreso de la Unidad Nacional,donde la única voz de oposición que todavía se oye es la del senador Jorge Enrique Robledo.

Pero la aprobación del TLC obligará al gobierno a implementar nuevas reformas que pueden agitar aún más el clima social. Solo un ejemplo: el Plan de Acción aprobado como parte del TLC obliga al Estado a acabar con la intermediación laboral. Solo el Ministerio de Protección Social tiene 400 empleados sin contrato laboral. ¿Los van a despedir? ¿De dónde saldrá la plata para contratarlos de acuerdo a los nuevos compromisos adquiridos? En el campo, al mismo tiempo que se tratará de implementar la restitución de tierras, sectores como el lechero se verán afectados duramente por la competencia de Estados Unidos. Esto provocará protestas. Y así, en cada sector que se considere 'perdedor'.

En conclusión, aunque con el TLC se espera que muchos colombianos ganen, esto dependerá de la velocidad que le aplique el gobierno a su gabinete para que así sea.