Uribe reconoce como interlocutor suyo a Álvaro Leyva, quien ha asesorado a las Farc. Aún si Leyva lo hizo a motu propio y no por iniciativa de la guerrilla, dado que ha estado en la Habana hablándoles al oído, Uribe envía la señal al contestarle y en los términos respetuosos en los que lo hizo de que está dispuesto a entablar un diálogo por lo menos semi-directo con las Farc.

Uribe reitera su visión de las Farc como un grupo terrorista y plantea nuevamente su desacuerdo sobre el esquema del proceso, que busca una negociación bilateral sobre cómo crear las condiciones para ponerle fin al conflicto y para que no se repita y no solo para pactar la entrega de armas. Lo que es novedoso es que con esta carta, Uribe se ubica dentro del contexto de la negociación y no, como antes, criticando el hecho de que haya una negociación.

Este es uno de los puntos más esenciales de la diferencia entre Uribe y Santos frente a las Farc. Mientras el primero los ve como una amenaza terrorista a una democracia con problemas pero vigorosa, con los cuales en principio no hay debate político posible, Santos asumió a partir de la Ley de Víctimas que en Colombia existe un conflicto armado y que las Farc son una parte de él, reconociéndoles así un móvil político sin negar por eso el carácter terrorista de sus acciones. Y porque tienen ese móvil político es que se puede negociar con ellos las condiciones políticas que se tendrían que crear para ponerle fin a su luchar armada.

Aunque con resignación, Uribe por fin aceptó que este proceso no se hizo con un cese unilateral de hostilidades por parte de las Farc, lo que le permite entrar en un diálogo sobre el contenido del proceso y no solo sobre su diseño como había sido hasta sus 52 capitulaciones.

Las cifras oficiales muestran que en el 2014 las Farc han disminuído sus acciones armadas en un 51 por ciento frente al año anterior, en gran parte también por los 45 días de tregua que ofrecieron. También hay una reducción en casi todos los hechos de violencia menos los ataques a la infraestructura, que han subido, y que además, se han realizado en lugares más cercanos a las cabeceras municipales. La extorsión pasó de 3.787 denuncias en 2013 a 2.336 este año. Sin embargo, en 2010 cuando Uribe dejó el cargo fueron 995. Los homicidios a agosto habían bajado en un 16 por ciento frente al mismo mes de 2013.

La Silla confirmó estos datos que recogen por aparte la Fundación Paz y Reconciliación y Cerac, y ambas ONG coinciden en que hay una disminución en la inseguridad y no un aumento como dice el expresidente.

Esta crítica de fondo de Uribe se deriva de la diferencia de concepción frente a si existe un conflicto armado o una amenaza terrorista. Dado que el proceso parte del primer supuesto, la negociación sí asume que existe una simetría entre ambas partes, así no se crea que ambas tienen la misma legitimidad. Por eso, en las delegaciones de víctimas van tanto las que sufrieron a manos de la guerrilla como las que fueron víctimas de las Fuerzas Militares. También es cierto que Santos le ha dicho a los militares que ellos no recibirán menos ‘generosidad’ judicial que la que reciban los guerrilleros. La justicia transicional para los militares será el resultado de los acuerdos para ponerle fin al conflicto aunque no necesariamente esto se pacte con los guerrilleros. Pero es que si no hay fin de la guerra, no hay justicia transicional para nadie. Con estas quejas, Uribe le da voz a un descontento que sí hay entre los militares, aunque no es solo por esto, como contó La Silla. Lo que sí es cierto es que las acciones de iniciativa de las Fuerzas Militares han bajado un 28 por ciento en lo que va del año, en parte por la tregua de las Farc y en parte porque nadie quiere ser el último muerto de esta guerra.

Con esta afirmación, Uribe es más generoso de entrada con los guerrilleros rasos de lo que ha sido hasta ahora el gobierno que nunca ha hablado de amnistías o indultos y ha ido hasta plantear que el Congreso debata qué delitos el Fiscal puede no seleccionar. El de rebelión sería uno de ellos seguramente. Con esta aceptación, entonces, el debate con Uribe sería realmente alrededor de la responsabilidad de los jefes máximos y eso ya “solucionaría” el problema de por lo menos el 99 por ciento de los combatientes de las Farc.

La semana pasada, las Farc sacaron un comunicado con el que niegan ser responsables de crimenes de guerra o de lesa humanidad: “Ello se acredita atendiendo a que cuando en algunas de nuestras acciones militares realizadas durante el conflicto se han causado víctimas no combatientes, ello nunca se ha debido a la perpetración de ataques intencionados contra la población civil, sino debido a situaciones imprevisibles en unos casos y también a errores desafortunados en otros, ocasionados siempre por un accionar armado en situación de tremenda desventaja militar respecto a nuestros adversarios.”

Con la reiteración de que los responsables de crímenes atroces deben pagar cárcel, Uribe les responde que sí han cometido crímenes de guerra y que por lo tanto a los máximos responsables no se les debería dejar participar en política.

Esto es otro derivado de la concepción de que dado que lo que existe es un atentado terrorista, no habría que negociar con ellos nada diferente a las condiciones de su desmovilización.

Es interesante que Uribe defienda la Constitución del 91, porque durante su mandato se fue varias veces en contra de ella y ha sido el Presidente que más la ha reformado.

Uno de los puntos centrales del acuerdo sobre el punto 3 es que las Farc se comprometen a ayudar a erradicar los cultivos pero dejan el tema de la fumigación como último recurso posible. Seguramente es por esto, que Uribe puede decir que son “permisivos” frente al os cultivos. También es cierto que quedó explícita la conexidad entre el narcotráfico y la rebelión, como una fórmula que eventualmente los salvaría de la extradición pues al ser conexos podrían ser objeto de los beneficios de la justicia transicional.

Con este párrafo, Uribe deja claro que no acepta esa ‘conexidad’, un argumento que tendrá mucho eco ahora que los republicanos ampliaron su ventaja en la Cámara y obtuvieron la mayoría en el Senado gringo. Para un congreso republicano será más difícil aceptar que el narcotráfico quede subsumido dentro del delito político como una forma de blindarlos frente a la extradición.

Uribe se refiere al reciente fallo de la Corte Constitucional que permite al gobierno poner a consideración de los ciudadanos la refrendación de los acuerdos firmados con la guerrilla el mismo día de las elecciones locales. Esta decisión de la Corte plantea una gran oportunidad para movilizar a los ciudadanos a favor de la refrendación de los acuerdos pues si los políticos sacan a sus militantes a votar es más factible que ya en las urnas voten a favor.

En términos políticos, poder unir las elecciones con la refrendación del Acuerdo le daría una ventaja ‘emocional’, como dice Uribe, a la coalición santista pues es más fácil hacer campaña con la esperanza de que haya paz que hacer campaña en contra como lo haría el Centro Democrático.

Este párrafo de Uribe ha disparado las alarmas en algunos sectores porque es el punto en el que coincidirían las posiciones del ex presidente y las Farc: la guerrilla aboga -en gran parte por consejo de Leyva- por una Asamblea Constituyente que eleve a rango constitucional los acuerdos firmados por las Farc y que les permita discutir en ese foro los temas que han estado vedados en la negociación como la del modelo económico. Para los uribistas sería la oportunidad de modificar la Constitución para permitir una segunda reelección del ex mandatario. Que las Farc y Uribe hagan un ‘frente común’ a favor de la Constituyente sería un riesgo grande para el Gobierno que se opone a ello.

Uribe siempre ha defendido el cese unilateral de fuego. Ahora, además, propone su concentración al estilo ‘Ralito’. Sin embargo, en la práctica, si se concentran en la práctica sería un cese bilateral puesto que el Ejército combate es a la guerrilla puesto que las Bacrim, por lo menos en teoría, son un objetivo policial. Esto que propone el ex presidente es lo que se dará en la fase de implementación.

Uribe hace una crítica a la integración de la Subcomisión Técnica para debatir el Fin del Conflicto, que discutirá entre otras cosas cómo sería un eventual cese del fuego y la dejación de las armas, y que hasta ahora no se ha reunido. Como para Uribe lo que hay es una amenaza terrorista, no hay lugar para una simetría en la negociación y menos entre la Fuerza Pública y la guerrilla. Pero otros analistas consideran que el que ya esté casi todo el Secretariado en la Habana y que se de esta discusión entre los que han estado en el fragor de la guerra es una señal de que el proceso entró en una fase de resolución.

Estas preguntas sobre el “Plan B” del Gobierno no han sido respondidas todavía por el gobierno, que ha insistido en que la arremetida militar oficial no ha cedido en razón del proceso de paz, algo que muchas fuentes que conocen a las fuerzas por dentro desmienten. Los grupos de justicia privada desafortunadamente nunca han dejado de existir. No es claro a cuales ‘nuevos’ se refiere Uribe pero La Silla va a averiguar.

Según las reglas del derecho internacional humanitario, que ahora los militares quieren que sea el que los rija, las muertes de los combatientes son admisibles dentro de las reglas de la guerra, sin perjuicio de lo terrible que es que muera un colombiano en una guerra inútil. Como Uribe creía que lo que existía era una amenaza terrorista, la muerte de un soldado se percibía como equivalente a la de un civil porque no se aplicaba ese ‘principio de distinción’ del DIH.

En esos objetivos, tanto Uribe como el gobierno de Santos coinciden: buscan ponerle fin al conflicto armado y evitar que se repita.

En esta frase, Uribe vuelve a poner el foco sobre crímenes que podrían ser considerados de lesa humanidad cometidos por las Farc como el secuestro y el reclutamiento de menores, ambos cometidos de manera sistemática e incluso a partir de políticas escritas como la terrible ley 002. Si se define que son de lesa humanidad no podrían ser no ‘seleccionados’ por la Fiscalía ni quedarse sin cárcel ni permitirles hacer política a los responsables. Es un mensaje, además, para la Corte Penal Internacional, que persigue estos crímenes, y cuya eventual acción Santos estaría tratando de contrarrrestar buscando el apoyo de los países signatarios al proceso con giras como las de la semana pasada. La afirmación de Uribe de que esta discusión versa sobre el cartel de cocaína más grande del mundo (que no es verdad puesto que algunos carteles mexicanos les ganan) nuevamente le habla al Congreso en EE.UU.

Aunque la propiedad privada no está en juego en los acuerdos, Uribe sí ha hecho notar que el que la tierra “inexplotada” pueda ser expropiada por vía administrativa la pone en riesgo. Es en realidad una norma que existe desde 1936 pero la diferencia si hay un proceso de paz es que habría toda una poderosa fuerza política como el partido que creen las Farc defendiendo que se cumpla, cosa que no sucede ahora. Uribe, que representa sectores más asociados a lo rural, se ha vuelto vocero de esta preocupación. Lo interesante de su afirmación es que está debatiendo el contenido ideológico de los acuerdos, que es un paso más adelante del de simplemente discutir que haya una negociación.