El Consejo de Estado está a punto de declarar la nulidad de la reelección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. La ponencia redactada por el Magistrado Alberto Yepes, luego de un largo debate con sus compañeros de sección, tendría la mayoría si el lunes fuera votada como está programado que ocurra. El argumento central recrea la vieja definición del principio de legalidad según el cual mientras los particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido, los servidores públicos sólo aquello que les está permitido. Como la reelección no está permitida expresamente no podían los senadores reelegir a Ordoñez. Se había entendido –equivocadamente- que como no estaba prohibida estaba permitida, es decir que estaban aplicando a los funcionarios públicos la regla que corresponde a los particulares.

Me cuentan que el debate, que inició con una ponencia que permitía la reelección, se desarrolló alrededor de una profunda discusión sobre el principio democrático y una ponderación de los derechos del eventual elegido con los deberes del cuerpo elector. Como consecuencia de ese debate se cambió el sentido de la ponencia, lo cual es apenas lógico en un escenario de juez colegiado en el que se analizan argumentos y se llega a una conclusión. Ni más faltaba que las posiciones iniciales fueran inmodificables. Si fuese así el debate sería innecesario o estéril.

La sección Quinta va a esperar a que la Sala Plena se pronuncie sobre una petición –ya resuelta previamente- presentada por los amigos del Procurador –como lo contó La Silla- sobre si el caso es asumido por la Sala Plena dada la trascendencia de la decisión. Ahí las cargas están un poco más divididas y no es seguro que en ese escenario se anule la elección de Ordoñez.

Pero más allá que el debate jurídico, que puede resultar demasiado técnico y siempre controversial, lo que quiero resaltar es porqué se produce el paso de –como lo describió La Silla- un personaje tan poderoso a uno que ve declinar ese poder e incluso pone en peligro su permanencia en el cargo. En mi opinión la respuesta es el abuso. El sistema institucional colombiano reacciona frente a quien abusa del poder. A todo el mundo le llega su tatequieto.

Ocurrió con Álvaro Uribe, quien a pesar de tener un enorme apoyo ciudadano, de contar con las mayorías en el Congreso y tener a la mano la mayoría de los factores de poder no solo no pudo permanecer en el cargo como quería, ha visto a un grupo de sus cercanos colaboradores en dificultades judiciales y –a pesar de conservar una importancia política indiscutible- su imagen se deteriora.

Han mediado decisiones jurídicas discutibles y debates políticos duros. Los medios que estuvieron a su favor se le han puesto en contra. Incluso empresarios poderosos que lo tenían como salvador critican sus actitudes y su oposición al proceso de paz.

Andrés Felipe Arias, a quien Uribe tenía como su sucesor, acaba de ser condenado por la Corte Suprema de Justicia y parece que quiere evadir la acción de la justicia. Su caso es discutible tal como lo analizó La Silla, pero es parecido al de Ordoñez: un funcionario que se creyó todopoderoso, que abusó de su poder, que hizo alarde del mismo y que terminó generando una reacción institucional y social en su contra, que lo tiene sancionado por la Procuraduría, inhabilitado y aparentemente fugitivo.

El Alcalde Gustavo Petro también desperdició su oportunidad y su popularidad para hacer una alcaldía diferente. Lo hizo por despreciar los límites legales, por creer que podía imponer sus ideas a pesar, por ejemplo, de la oposición del Concejo. En resumen desperdició su mandato por abusar.

Hoy es un funcionario disminuido, sin capacidad de sacar adelante ningún proyecto importante ni transformador, su gobierno no tiene gobernabilidad. Es un funcionario, si se quiere, amenazado. Su actitud es distinta: ya no es el funcionario arrogante del primer año y parece acorralado.

Al magistrado Francisco Ricaurte lo acusaban de abusar de su poder. La gente decía que se valía de él para tratar de imponer como candidatos a personas recomendadas suyas. Cuánto de eso es verdad no importa, lo cierto es que había la percepción de que el funcionario abusaba y de que el sistema tenía que reaccionar.

La lista podría continuar, pero es suficientemente heterogénea y representativa que no vale la pena seguir.

Otros magistrados pasaron de una Corte a otra como Ricaurte. Edgardo Maya se hizo reelegir como Ordóñez en la Procuraduría. Muchos alcaldes distintos a Petro han cometido errores. Convenios como los que firmó Arias los han suscrito muchos otros ministros. Lo que no tenían los otros que si lo tenían estos era la percepción de que abusaban. Uribe abusaba y eso generó una movilización que llevó a opositores de Santos a votar por él para no permitir el retorno del abuso.

A mi juicio esta situación demuestra un dinámico sistema de controles que opera cuando se percibe que hay alguien que está desbordándose, que se está pasando, para decirlo en lenguaje coloquial. Son mecanismos formales de control, pero también sociales si se quiere, que responden a reglas formales e informales pero que en la mayoría de los casos han demostrado suficiente capacidad para parar el abuso.

Ordóñez puede no tener que salir de la Procuraduría pero está suficientemente notificado de que no podrá seguir abusando.