Gloria Constanza Gaona

Esta mañana la juez penal especializada del Circuito Penal de Saravena, Arauca, Gloria Constanza Gaona, fue asesinada a balazos en el centro de ese municipio llanero. La juez, que adelantaba procesos por terrorismo y rebelión en la región, alcanzó cierta prominencia desde que comenzó a investigar el caso de tres niños asesinados el año pasado en Flor Amarillo, una vereda de Tame, Arauca.

En esos hechos, ocurridos en octubre del año pasado, dos hermanos, de 6 y 9 años, y su hermana de 14, fueron encontrados muertos en una fosa común de la vereda de Caño Tembladores. El cuerpo de la niña, además, presentaba signos de violación. Álvaro Torres, el padre de los niños, mantuvo desde un principio que el asesino y violador hacía parte del Ejército y que poco antes del asesinato había recibido una visita sospechosa de uniformados de la unidad militar de Tame. El 3 de noviembre un subteniente de la Brigada Móvil No. 5, Raúl Muñoz, aceptó haber tenido relaciones sexuales con la niña asesinada y con otra niña también de Flor Amarillo y de 13 años, pero mantuvo que eran consensuadas y que él no tuvo nada que ver en el asesinato. Por esa confesión, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía.

Ese día el Ejército destituyó a 7 militares entre oficiales y suboficiales que consideró que estaban relacionados con el caso. En diciembre la Fiscalía, que había abierto investigación desde finales de octubre, radicó una acusación contra Muñoz ante el Juzgado Penal del Circuito de Saravena. Desde entonces Gaona se ocupó del caso. En él, además, rechazó solictudes de las abogadas de la Defensoría Militar de que se aplicara el vencimiento de términos y las acusó de falta de indoneidad y de utilizar tácticas dilatorias, después de que dos abogadas renunciaran a la defensa de Muñoz. También regañó públicamente a la defensa de Muñoz por esas "tretas" dilatorias. Por esto, hace pocos días, había anunciado que compulsaría copias para que el Consejo Superior de la Judicatura investigara a las abogadas de Muñoz, integrantes de la Defensoría Militar Integral, DEMIL.

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, pidió que el proceso se trasladara a otra parte de país por razones de seguridad, pero Gaona no había denunciado amenazas, ni pedido protección especial. El Gobierno ya ofreció una recompensa de 500 millones a quien dé información sobre los asesinos, mientras que Luis Eduardo Ataya, Gobernador de Arauca, dijo que ya tenían identificado al sicario responsable.

María Stella Jara

María Stella Jara fue la juez que condenó a 30 años de prisión al Coronel Alfonso Plazas Vega en junio del año pasado cuando era Juez Tercera Penal Especializada de Bogotá. Después de esa sentencia, aumentaron las amenazas en su contra que ya venía recibiendo desde que el caso llegó a sus manos en 2009.

Eventualmente tuvo que irse al exilio. En agosto de ese año denunció públicamente que estaba siendo intimidada para influenciar su decisión final en el caso de Plazas Vega. Dijo que desconocidos intentaron forzar la entrada de su casa. Luego, en septiembre, denunció que las intimidaciones se habían transformado en amenazas. Recibió un sufragio invitándola a su propio entierro y una carta, atribuida a un paramilitar, en la que le daba el pésame por su muerte y la de su familia y en la que se adjuntaba una columna que criticaba su parcialidad en el proceso.

También ese año apareció un informe falsificado del DAS en el que un supuesto testigo decía que una red de narcotraficantes había sobornado a Jara para que fallara a favor de sus miembros. Desde enero de 2010 se dictaron unas medidas de protección para Jara y su familia que, según ella, la Rama Ejecutiva no hizo cumplir y que sólo entraron en efecto cuando ella denunció sus problemas de seguridad en una audiencia pública tras la que el coronel Salamanca, de la Dirección de Protección de la Policía, se enteró de su situación. Jara dice que antes de eso tuvo que recurrir a la Comisión Interameriacana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares, pues en Colombia nadie parecía creer que su vida estuviera en riesgo. Dos semanas después del fallo decidió exiliarse en Alemania, desde donde ha sido crítica de la persecución contra la Rama Judicial en Colombia.

Fiscales de los falsos positivos

A finales de 2008 se descubrió que, desde 2003, algunos miembros del Ejército disfrazaban a muertos civiles de bajas guerrilleras para aumentar las estadísticas de efectividad y acceder a ciertos beneficios. Varios organismos de control comenzaron investigar y, para 2009, la Fiscalía estaba investigando a 943 personas y la Procuraduría a 1043. Además, el Ejército destituyó, en noviembre de 2008, a 27 oficiales y suboficiales por este caso.

En marzo de 2010, Christian Salazar representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, presentó el informe de 2009 sobre la situación de derechos humanos en Colombia. El informe habla que en ese año hubo amenazas de muerte y presiones a los fiscales e investigadores vinculados a los procesos judiciales por falsos positivos, así como a algunos militares que decidieron colaborar con el proceso.

Ángela María Buitrago

Buitrago fue la fiscal encargada ante la Corte Suprema de Justicia desde 2005. Ella desenterró el proceso del Palacio de Justicia y pidió la condena a 30 años de cárcel a Alfonso Plazas Vegas. Por la firmeza en la toma de decisiones en este caso, los medios la llamaron ‘la fiscal de hierro’. En septiembre del año pasado fue relevada por orden del Fiscal encargado de ese entonces Guillermo Mendoza Diago justo cuando llamó a indagatoria a tres generales retirados por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia.

Mendoza Diago dijo que la salida de Buitrago se debió a su ineficiencia, debido a que tenía 54 investigaciones que no había tocado desde 2008, aunque fuentes de la Fiscalía le contaron entonces a La Silla Vacía que la congestión en su despacho no era mayor a la de los demás fiscales.
 

Javier Giraldo

En 2005, una comisión de fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos había ido a San José de Apartadó, Antioquia, dos meses después de ocurrida la masacre en la que fueron asesinados tres niños y cinco adultos, y fue recibida con disparos de fusil y fuegos de mortero mientras intentaba investigar los hechos. Además, la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo hicieron públicas amenazas a sus vidas luego de denunciar la participación de militares en la masacre. 

Giraldo también acusó, en 2008, al General (r.) Rito Alejo del Río de haber sido cómplice de las autodefensas del Urabá, entre al menos otros 200 crímenes cometidos por el Ejército en la zona de Urabá.

Desde 2008 ha habido amenazas contra la Comisión intereclesiástica de Justicia y Paz, de la que hace parte Giraldo. Además, en 2010 comenzaron a aparecer graffitis por Bogotá en la que se pedía la muerte de Giraldo y se le acusaba de “cura marxista”.

Jorge Lara

En julio de 2002 fue asesinado en Medellín el juez penal militar Jorge Lara. Lara estaba a cargo de la investigación de la muerte de seis niños por un error militar en Puerto Rico, Antioquia. Durante dos años, el Ejército había culpado a la guerrilla por la muerte de los niños, pero tres meses antes del asesinato de Lara los militares aceptaron su responsabilidad.