Martín Perdomo tiene sembradas cuatro hectáreas de café en su finquita en una vereda de Chaparral, en el sur del Tolima. Tiene la cédula cafetera que lo acredita como socio de la Federación Nacional de Cafeteros, está afiliado a una de las cooperativas cafeteras más dinámicas del país y vive en una región que se está ganando, año tras año, la mejor taza de café de Colombia. Pero no puede sacarle el potencial a su finca porque no tiene un título que lo acredite como dueño.

Perdomo no lo tiene porque la parcela que le compró a su papá -y que éste había adquirido en 1996- nunca tuvo escrituras. Como no tiene ese título, no puede ir al banco a pedir un préstamo para su cosecha. Tampoco puede pedir un subsidio para arreglar su alicaída casa de bahareque. Ni postularse para alguno de los programas del Ministerio de Agricultura.

Él es uno de los miles de campesinos en todo el país que están marginados de cualquier apoyo del Estado, a causa del altísimo nivel de informalidad en la tenencia de la tierra que afecta -según un estudio que hizo la economista y experta en tierras Ana María Ibáñez- a uno de cada dos predios rurales.

Solo en el sur del Tolima, una región que está a solo cuatro horas en carro de Ibagué y Bogotá, entre el 60 y el 70 por ciento de los campesinos no tiene títulos sobre sus parcelas.

De ahí que para Perdomo y para miles de campesinos sea tan importante el punto de tierras en los acuerdos de La Habana, que –si se firma un Acuerdo final y se cumple lo negociado- vería un programa masivo y gratuito de formalización de la tierra, que será la piedra angular de un ambicioso plan de transformación de las condiciones de vida en el campo que busca que sus habitantes dejen de ser ciudadanos de segunda.

Carlos Méndez acaba de recibir el título de su predio tras más de una década de estar marginado, por culpa de la informalidad en la tierra, de créditos y subsidios del Estado. Fotos: Andrés Bermúdez Liévano

Perdomo, un campesino de 37 años y espaldas anchas, tiene un solo papel que lo acredita como dueño de su finca.

Esa escritura de mejoras certifica que su padre le compró la parcela ubicada a una hora de Chaparral a la familia Iriarte, histórica propietaria de una enorme hacienda llamada Ambeima que llegaba hasta la frontera con el Valle del Cauca, y que todo lo que han invertido en ella es suyo.

El problema es que ese documento de Martín no tiene validez legal. Pero eso él no lo sabía.

Se enteró hace dos años, cuando el Incoder hizo una reunión en la vereda vecina de Lagunillo y animó a los campesinos a postularse para un proyecto de 12 millones de pesos por familia cafetera. A cada uno le iban a dar una despulpadora, una guadaña, una fumigadora a motor, un beneficiadero ecológico y algunos insumos químicos.

Martín se animó. Eso le ayudaría a sacarle provecho a los cafetales que había renovado dos años antes, gracias a un préstamo del Comité Cafetero Municipal que le permitió reemplazar las viejas variedades Caturra y Típica por 20 mil plantas del Castillo que sí resiste la roya.

“Sus documentos no sirven, usted no aplica”, le dijo el funcionario de la entidad que ejecuta los proyectos de desarrollo rural del Gobierno. “¿Cómo así?”, repuso Martín. “Sí, no haga los papeles porque no tiene título. ¿Para qué le hacemos perder el tiempo?”, le respondió.

Hace un año Perdomo intentó sacar un préstamo en el Banco de Bogotá del pueblo. Su meta era pedir 10 millones de pesos, para sembrar 200 palos de aguacate entre el café -como un cultivo de sombrío- y así tener una segunda fuente de ingresos. De nuevo se estrelló con un muro: sin título, no había nada.

Se fue a la Oficina de registro de Chaparral: pidió el certificado de tradición y libertad de la finca Ambeima –en el que aparece registrada su mejora- y lo llevó al banco, pero no se lo aceptaron porque no estaba individualizada la propiedad. Eso equivaldría a una falsa tradición, le explicaron. Pidió entonces un certificado de sana posesión, que es un documento que puede expedir el alcalde y que suele aceptar el Banco Agrario como aval de la propiedad, pero en la Alcaldía ya no estaban entregándolos.

Sin título, Martín está marginado por completo de los préstamos de la ‘línea Finagro’ en cualquier banco, que le dan a los campesinos una tasa de interés mucho más favorable (equivalente a menos del 1 por cientom mensual) y le ‘devuelven’ un redescuento hasta del 40 por ciento de lo que invierten.

“Toca a punta de solo pulso, trabajo y sudor. No hay opciones: yo puedo ahorrar 10 millones, pero 40 es muy difícil y uno necesita endeudarse. Y si uno no saca [un crédito] línea Finagro no puede, porque los otros préstamos con cooperativas son casi un gota a gota que se lo traga a uno”, dice Martín, refiriéndose a la decena de cooperativas que pululan alrededor de la plaza de Chaparral y que le prestan con intereses hasta del 3 por ciento mensual.

Así que buscó a un abogado de Chaparral que le arreglara el problema. Abandonó la idea: le cobraba 7 millones por el trámite (incluyendo el pago del perito y el topógrafo), quizás 5 si conseguía otras familias de la misma vereda que estuvieran en las mismas. Y aunque hay 11 vecinos en la misma situación, organizar a todos resultó muy difícil y el precio seguía siendo muy alto.

Uno de los puntos más ambiciosos del acuerdo agrario de La Habana es hacer un programa masivo de formalización de tierras, que ayude a que familias como la de Carlos y Milena dejen de ser ciudadanos de segunda.

Como Martín hay cientos de miles de campesinos en todo el país. Los primeros datos del Censo Agropecuario revelaron, como contó Natalia Gómez en La Silla Rural, que apenas el 11 por ciento de los 7 millones de productores del campo ha tenido acceso a créditos.

Eso afecta sobre todo a los pequeños.

“El crédito es la carretera principal por donde uno debe desplazarse si quiere vivir del campo. Muchas veces la pregunta que nos hacemos es: si no tienes activos, ¿sí puedes superar la pobreza? Pero no hemos visto que, aún teniéndolos, puedes estar totalmente marginado de cualquier apoyo del Estado”, dice Luz Amparo Fonseca, la ex viceministra de Agricultura que está investigando los efectos para los campesinos de no tener títulos formales. “Incluso en momentos de crisis, como la ola invernal de 2010 y 2011, los alivios del Estado se han dado vía crédito. ¿Y dónde quedan todos los que no tienen acceso?”.

Los pocos campesinos sin títulos que logran sacar créditos lo hacen a través de una serie de maromas jurídicas.

Unos recurren a los certificados de sana posesión que expiden los alcaldes, que avalan –tras consultar al presidente de la junta de acción veredal- que esa finca les pertenece.

Sin embargo, según le contaron cuatro personas a La Silla, es común que se cuele una variable política a la hora de pedirlos.

“Si usted es amigo del alcalde, eso le sale rápido. Si no es de su línea política se lo demoran cualquier cantidad de tiempo”, cuenta un líder campesino que prefirió omitir su nombre. Eso significa que, como dice Fonseca, “en la medida en que creas intermediarios, termina mediando la subjetividad y todo se vuelve un favor”.

Otra fórmula común son los contratos de arrendamiento. Dado de que los bancos solo le prestan a quienes tienen títulos, muchos campesinos están arrendando fincas para poder pedirlos, así muchas veces sean contratos ‘fachada’.

Con un título en mano, el Banco les presta hasta 8 a 10 millones de pesos por hectárea. Esa cifra se cae a la mitad con un certificado de sana posesión o un contrato de arrendamiento, dado que el banco está dispuesto a arriesgarse menos cuando no hay un predio titulado como garantía de pago.

El Ministerio de Agricultura acepta que en algunos de sus incentivos, como el de desarrollo rural (Ipdr) o el de capitalización rural (ICR), los campesinos presenten un certificado de colindancia, que expiden los directores regionales del Incoder. El único requisito es que todos los vecinos sean propietarios legales y que ellos ‘avalen’ la propiedad del campesino que pide el incentivo.

Pero, en un rincón del país como el sur del Tolima donde dos de cada tres campesinos no tienen títulos, esa es difícilmente una opción.

Al final, los que logran sacar un préstamo son una minoría, haciendo más difícil que las cosas mejoren incluso en regiones donde la guerra ha menguado.

En el Cañón de las Hermosas y todo el sur del Tolima, donde nacieron las Farc hace medio siglo, la informalidad en la tenencia de la tierra supera el 70 por ciento.

En marzo de este año una campesina de Gaitania, una vereda del municipio de Planadas, se ganó el premio a la ‘taza de oro’ que cada año otorga la Federación Nacional de Cafeteros.

Su suegro se llevó el tercer lugar. Y otros nueve campesinos del sur del Tolima también se metieron con ellos entre los 61 mejores cafés del país, un honor que les permitió vender sus cargas de café en unas subastas internacionales donde les pagan hasta cuatro veces el precio internacional.

Esos galardones muestran el potencial que tiene esta región, donde nacieron las Farc hace medio siglo y que por décadas fue un corredor estratégico –y casi inexpugnable- de la guerrilla entre las dos cordilleras. Y que hoy, de la mano de los cafés selectos y del cacao que se está convirtiendo –gracias a la alta demanda internacional y a los precios altos- en el nuevo producto estrella de las zonas menos elevadas, está volviéndose a conectar a los mercados en Bogotá e Ibagué.

El centro de ese boom es Cafisur, una cooperativa que reúne a 2.500 caficultores de los seis municipios del sur del Tolima. Desde su edificio de tres pisos en una esquina de la plaza de Chaparral, se ha convertido en la mano derecha de los campesinos: les compra el café para vendérselo a tostadores como Starbucks, les provee insumos, les da asistencia técnica y les envía expertos en seguridad alimentaria que les enseñan cómo mantener huertas caseras.

Pero dos de cada tres afiliados tienen problemas con sus títulos: escrituras de mejoras nunca registradas en una notaría, cartas-venta informales escritas a mano y guardadas debajo del colchón, predios que siguen a nombre de un muerto porque sus hijos nunca hicieron el proceso de sucesión, ocupantes de baldíos de la Nación que –décadas después y pese a cumplir ya con el requisito de posesión- nunca los han recibido en adjudicación. 

Es decir, todas las variedades del 'registro costumbrista' tan común en un país que no tiene catastro rural, donde los terrenos se describen con frases como “lo que va de la piedra gris a la ceiba”.

“Acá están todas las variables de los problemas de la propiedad. Eso limita la capacidad de la gente de ser ambiciosa en sus proyectos”, dice Alexander Osorio, que acaba de inaugurar la oficina de Usaid en el Tolima y que venía de ser el director económico de Cafisur.

Carlos Méndez, un campesino risueño que cultiva café en la escarpada ladera de su finca en el Cañón de las Hermosas y que hasta hace tres meses apenas tenía una carta-venta, va a sacar su primer préstamo con un banco este año.

Él es uno de los 203 caficultores a los que Cafisur les ayudó a sacar el título, gracias a un proyecto de la ONG gringa Mercy Corps que financió la tostadora Keurig Green Mountain Coffee que les compra el café.

“Uno busca los proyectos y lo primero que le preguntan es si tiene certificado de tradición y libertad. Yo no había tenido la oportunidad para hacer la escritura porque siempre vale por barato 300 o 400 [mil pesos]. Más los pasajes de 20, cada ida, porque eso nunca es de ir una vez y ya”, cuenta, mientras rastrilla el café especial que se está secando en su terraza con vista al serpenteante cañón donde por muchos años se refugió ‘Alfonso Cano’ y donde hasta hace apenas unos años era común que guerrilleros llegaran a las escuelas veredales a decretar un ‘día de cátedra’ con ellos. Al fondo, entre neblina, se ven las cumbres del parque nacional de Las Hermosas.

Ahora, con título en mano, las cosas pintan mejores. Hace un mes se postuló –junto con su asociación de cultivadores de cafés especiales de todo el cañón, llamada Cooagrohermosas- a un proyecto de la Corporación Colombia Internacional, que ejecuta los recursos del Ministerio de Agricultura, para cambiar sus beneficiaderos. A su esposa Milena, que tiene una asociación de mujeres campesinas en la vereda de Ríonegro, ya le aprobó hace un par de meses el Ministerio un proyecto de producción de miel.

Pero los Méndez son una excepción. Aunque Cafisur acaba de arrancar otro proyecto para formalizar otros 150 predios, con Mercy Corps y plata de Starbucks, siguen siendo más de mil las familias afiliadas que -espantadas por la tramitología y los altos costos- siguen con sus documentos caseros.

El mayor escollo es que un título formal no baja de un salario mínimo mensual, entre los 250 y 500 mil pesos de la escritura, los 100 mil de la boleta fiscal, los 16.500 del registro en la oficina de instrumentos públicos y los 200 a 300 mil de los honorarios de un abogado.

En esa situación están todavía su papá y sus cuatro hermanos, que tienen sus fincas justo del otro lado del profundo hueco de la quebrada de Rionegro. Para ellos la única alternativa de financiación son las cooperativas de microcrédito, como las que aún lo llaman a él de tanto en tanto a preguntarle, “Don Carlos, ¿no necesita un crédito para la cosecha?”

Uno de los retos del acuerdo sobre el campo de La Habana es -si se firma un Acuerdo final- garantizar que los campesinos tendrán acceso a créditos, asistencia técnica y bienes públicos rurales, todos puntos que dependen de que la gente tenga titularidad plena de sus parcelas.

Dos horas más al sur, en Ataco, esa informalidad en la tenencia de la tierra ha llevado a muchos campesinos frustrados a intentar hacerle trampa al Estado.

La ‘víctima’ de esa frustración ha sido la Unidad de Restitución de Tierras, que le ayuda a los campesinos a recuperar las tierras que perdieron a causa de la guerra y que –dado que, de paso, les ayuda a arreglar el problema del título- está viéndose desbordada por solicitudes de personas que los ven como su tabla de salvación.

Esto se debe a que, cuando un campesino restituido no tiene escrituras de su parcela, el juez de restitución incluye en su sentencia una orden al Estado para que se la formalice, como manera de hacer más difícil un nuevo despojo.

Solo en Ataco, donde las Farc forzaron a miles de familias a abandonar sus predios en una zona que usaban como corredor, 39 de las 139 sentencias incluyen esa orden de formalización. Y a nivel nacional, de las 1.344 sentencias falladas, 568 han venido con esa orden. Es decir, casi la mitad.

Viendo esto, muchos campesinos atacunos han intentado colarse en la Ley de Víctimas, pese a que la Unidad les explica que el programa solo aplica para quienes han sido víctimas y perdieron su tierra por la guerra. “Pero ellos ven en Restitución una respuesta rápida y efectiva a sus necesidades de título, subsidios de vivienda y proyectos productivos. Se están aprendiendo el libreto -saben lo que tienen que decir- y se están intentando colar en el programa”, le contó a La Silla una persona que conoce bien la región y que prefiere omitir su nombre porque es funcionaria pública.

Como consecuencia, aún a pesar de que mentirle al programa de Restitución acarrea consecuencias penales, el número de personas excluidas porque sus solicitudes no aplican ha aumentado.

Ese es otro indicio de que, en una región donde hay unas 25 mil familias cafeteras y unas 5 mil cacaoteras, los títulos son un bien preciado y escaso.

Pese a estar ubicado a apenas cinco horas de Ibagué o Bogotá, el sur del Tolima tiene todas las carencias que busca corregir la transformación del campo que vislumbran los acuerdos de La Habana.

Que campesinos como Martín Perdomo y Carlos Méndez tengan un título es la piedra angular del acuerdo sobre el campo firmado en La Habana, que apunta a crear los instrumentos para solucionar los problemas estructurales del atraso del campo que han alimentado la guerra.

De ahí que el “vigoroso programa de formalización de tierras” que acordaron el Gobierno y las Farc sea quizás el punto más revolucionario del acuerdo agrario, porque -aunque el Ministerio de Agricultura comenzó a trabajar en el tema bajo la batuta del ex ministro Juan Camilo Restrepo y se creó una dirección de formalización- el trabajo que queda por hacer es enorme.

Lo es porque de que los millones de campesinos del país tengan el estatus legal de propietarios depende el éxito del aterrizaje de lo que el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo llama la “paz territorial”, que no es otra cosa que asegurar que las grandes transformaciones se hagan en las regiones más golpeadas por la guerra y más abandonadas por el Estado.

“Es que hay seis millones de colombianos que ni siquiera tienen cédula en el campo, que no existen. Esta formalización a todo nivel es una forma de pagar una deuda histórica con ellos”, le dijo ‘Ricardo Téllez’, vocero de las Farc, a La Silla Vacía cuando se firmó el acuerdo, que estipula que el trámite sea gratuito para los campesinos y que, cuando sus parcelas sean más pequeñas que la Unidad Agrícola Familiar mínima para tener una vida digna, puedan recibir más tierra del Fondo de tierras que se creará.

También es una forma de que –como dice el acuerdo- “no se vuelva a recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con [la tierra] y como garantía del despojo de cualquier tipo” ya que más de la mitad de los campesinos desplazados tenían originalmente acceso a la tierra.

La mayoría eran pequeños productores cuyas parcelas tenían en promedio 13 hectáreas -según el estudio de la economista Ana María Ibáñez- pero hoy solo uno de cada tres campesinos desplazados tiene títulos formales para sus tierras, lo que dificulta su retorno. De ahí que ella insista en que “si solo se lograra la formalización de la tierra, ya sería un gran logro”.

Esa informalidad también ha hecho imposible que exista un verdadero mercado de tierras en el país y que no haya inversiones significativas en el campo. Para ponerlo de manera sencilla, la gente solo invierte en su casa cuando es propia, nunca cuando es arrendada, y -sin títulos ciertos y sin un colateral para pedir créditos- no hay incentivos para invertir.

Además, como está documentando la ex viceministra Luz Amparo Fonseca en el sur del Tolima, en Cesar y en Córdoba, los precios en las ventas de la tierra castigan a quienes no tienen una escritura formal.

El sur del Tolima, que seguramente será una de las regiones que priorizará el proceso de paz una vez se firme un Acuerdo final, podría ser el laboratorio perfecto para arrancar el piloto de formalización.

Tiene todos los ingredientes: hay más de 10 mil campesinos que necesitan títulos, dos cultivos rentables que pueden darles de qué comer, cooperativas sólidas de cafeteros y cacaoteros, una cercanía con los centros de acopio en Ibagué y Bogotá, y un anillo vial local de dos carreteras (Coyaima-Planadas y Guamo-Rioblanco) que ya fue pavimentado por el programa de Consolidación. Le faltan los distritos de riego, puestos de salud, acueductos veredales y el transporte escolar que -bajo el nombre de bienes públicos rurales- complementa esa transformación. Pero sobre todo los títulos que les abren las puertas de bancos y subsidios. “Si el Gobierno desea mostrar victorias tempranas, sería el lugar perfecto”, dice Alexander Osorio.

Eso permitiría que miles de campesinos como Martín Perdomo puedan recibir el apoyo del Estado. Porque, como dice él, “la pobreza hay que corregirla por algún lado”.

Se calcula que al menos unos 4 millones de campesinos no tienen títulos formales sobre sus predios, como hasta hace unos meses le ocurría a Carlos Méndez.

A raíz de la importancia del tema de la informalidad en la tenencia de la tierra, La Silla Rural abrió una discusión sobre cómo debería el Gobierno manejar -en el caso de que se firme un Acuerdo final en La Habana- el aterrizaje del plan masivo de formalización en todo el país. Dado que los acuerdos proponen un plan masivo, gratuito y gradual de formalización en todo el país, ¿cree usted que -mientras ese plan se ejecuta- deben tener acceso a los programas del Gobierno solo los campesinos con títulos o debe haber una solución gradual que no los margine mientras se formaliza a todos?

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