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Las Farc le propusieron ayer al Gobierno por primera vez que se estudie cómo hacer una transición de los cultivos ilícitos a otras alternativas sostenibles para los campesinos que viven de éstos. |
Ayer las Farc sorprendieron en La Habana con un comunicado en el que plantean por primera vez un vuelco a la política contra las drogas. En concreto, la guerrilla propone explorar maneras para transitar de los cultivos ilícitos hacia “producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales".
No han elaborado mucho en la propuesta, pero su postura concuerda con lo que vienen planteando los investigadores que han estudiado el tema, como Alejandro Gaviria, Álvaro Camacho y Francisco Thoumi. “La propuesta de las FARC -una de las únicas concretas y ligeramente viables- es algo que muchas personas de sectores como las ONG y la academia venimos proponiendo desde hace tiempo”, le dijo a La Silla el economista Daniel Mejía Londoño, uno de los investigadores que más ha trabajado en el tema de cultivos ilícitos. “La guerra contra las drogas, enfocada primordialmente en Colombia en la aspersión y erradicación de cultivos ilícitos, no ha funcionado y está ampliamente documentado que los efectos de éstas son muy pequeños o nulos sobre la producción potencial de cocaína”.
Sin embargo, la propuesta no es tan fácil de vender. La legalización "requeriría que Colombia retara a estándares internacionales (además de la oposición firme de Washington), que conllevaría costos y beneficios sociales complejos y difíciles de medir, y que encontraría mucha oposición doméstica. Sería importante que el estado y la sociedad colombiana tuviera oportunidad de discutir esa cuestión. Pero una discusión de varias semanas entre unos representantes del gobierno y de la guerrilla no es el foro apropiado”, le dijo a La Silla Adam Isacson, investigador de la Washington Office on Latin America (WOLA). "Pero la primera parte sobre producciones alternativas es muy sensata. Y también sería útil una discusión de la erradicación forzosa y especialmente la fumigación".
Estas son seis razones por las que valdría la pena que el país discutiera a fondo la propuesta de las Farc:
Cualquier solución al problema de drogas pasa por las Farc
Las principales zonas cocaleras del país están en zonas con presencia de las Farc. Las zonas de mayor producción son el suroccidente del país (especialmente Nariño, Putumayo, Cauca y Caquetá), el Guaviare, el centro del Chocó, el sur de Bolívar, el noreste antioqueño y el Catatumbo en Norte de Santander, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). En todos ellos hay presencia importante de las Farc y son frecuentes las acciones de esa guerrilla.
Las Farc se financian con la coca (inicialmente solo con el cultivo, en la última década cada vez con más frecuencia con el narcotráfico), pero también ayudan a regular la producción a través de impuestos como el ‘gramaje’, la definición del precio de compra y el monopolio de la compra de toda la producción. Por eso han sido un obstáculo para las labores de erradicación con campos minados, amenazas y asesinatos a erradicadores, por ejemplo.
Se calcula que 60 por ciento de los cultivos ilícitos de coca está controlado por las Farc, según un estudio de Daniel Mejía Londoño y Daniel Mauricio Rico publicado en el libro Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos. En 2003, el Banco Mundial estimaba que las Farc recibían anualmente mil millones de pesos sólo por el control del cultivo de coca.
Entonces, necesariamente si se quiere atacar el primer eslabón de la cadena del narcotráfico hay que contar con las Farc. Y para la guerrilla sería insostenible cualquier acuerdo de paz que solucione su problema pero no el de las comunidades cocaleras que han vivido bajo su control y que constituyen su base social más firme.
Además, si las Farc se retiraran del negocio de los cultivos, pero éste permanece ilegal, otros grupos armados ilegales entrarían a competir por él. Dada la ilegalidad del negocio, tener un grupo armado ilegal que lo regule es fundamental. Por eso, es mejor encontrar una solución que convierta a las Farc en aliados de la solución y no en parte del problema.
Mapa del informe Monitoreo de cultivos de coca (2012) de la Unodc
Va en la misma línea de los cambios en Estados Unidos y Europa
En Estados Unidos con las consultas sobre uso medicinal de la marihuana, que ha sido aprobada en ocho estados, y más aún con su despenalización del consumo en los estados de Colorado y Washington la discusión sobre las drogas está abandonando las políticas prohibicionistas y tratando de encontrar fórmulas intermedias. Eso ya viene ocurriendo hace décadas en naciones europeas como Portugal y los Países Bajos.
La propuesta de las Farc va en ese sentido, en momentos en que cada vez más líderes políticos de talla internacional abogan por una revisión a la política mundial contra la droga, como los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria e incluso presidentes en ejercicio como el guatemalteco Otto Pérez Molina o el uruguayo José Mujica.
Esta propuesta, de ser acogida por el Gobierno, le abriría a Colombia un protagonismo diferente en esta nueva discusión.
Facilitaría a las Farc un espacio político y eventualmente electoral
Las Farc no están dispuestas a negociar si eso implica abandonar las bases sociales que han construído durante 40 años y si no pueden conseguir sus mismos objetivos por medios alternativos a las armas. Desde que en los años ochenta las Farc tomaron la decisión de meterse en el cultivo de coca, las comunidades bajo su influencia han vivido primordialmente de esta economía ilegal. Encontrar una nueva economía para estas comunidades es un paso previo primordial para que la guerrilla piense en dejar las armas.
Y en caso de que los diálogos con las Farc prosperen, la seguridad en las zonas productoras de droga será un factor clave para la eventual participación del grupo en la política local. “Es un tema fundamental porque si no se logra reducir el peso de los cultivos ilícitos en las economías locales, el posconflicto va a ser muy violento en esas zonas donde se encuentran. Sería muy difícil evitar que lleguen a disputar esos territorios otros grupos armados o que se rearmen sectores mismos de las Farc. E incluso podría suceder lo mismo que con la Unión Patriótica”, le dijo a La Silla Ariel Ávila, investigador de la Corporación Arco Iris.
La propuesta de las Farc es, a la larga, tanto económica como política. Económica, porque si se desmovilizan pero los cultivos ilícitos se mantienen, sus zonas de influencia seguirán viviendo la zozobra, en cambio, con cultivos lícitos podrán aprovechar mejor las utilidades del negocio. Y política porque de lograrlo las Farc habrán logrado alcanzar una de las más fuertes reivindicaciones de su base popular.
El desarrollo rural pasa necesariamente por los cultivos ilícitos
Uno de los temas claves en las negociaciones con las Farc en La Habana es el desarrollo rural. Estudios como los que ha realizado Daniel Mejía Londoño, coautor de Políticas antidroga en Colombia con el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, han comprobado que la coca deja un margen de ganancias muy bajas al campesino, por lo que -en la teoría- no debería resultar difícil encontrar productos que puedan sustituirla en la economía campesina.
Sin embargo, en la práctica el mayor obstáculo para los cultivos de sustitución como los palmitos es que no existen cadenas de comercialización que permitan la salida al mercado de estos productos y su venta a precios competitivos. Y la infraestructura es precisamente uno de los puntos que más dificultan su distribución. Esta es, según Mejía, una de las razones primordiales para que muchos de los campesinos vuelvan a cultivar coca.
Si se legalizara el cultivo de coca, la consolidación de estos territorios por parte del Estado sería menos difícil, pues para comenzar, el Estado podría entrar a estas zonas y construir infraestructura. Los altísimos costos de transporte para sacar los productos lícitos son uno de los incentivos más grandes que tienen los campesinos para cultivar la hoja de coca.
En todo caso, para Mejía es necesario que los programas de desarrollo alternativo se implementen con una visión integral de la problemática, y no -como ha sucedido con la mayoría- de manera aislada. El mejor ejemplo a seguir podría ser es el Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM) que dirigió Álvaro Balcázar en cuatro municipios del Meta.
Este proyecto, planteado a largo plazo y enmarcado en el plan de consolidación del Gobierno, está basado en un plan de desarrollo económico regional de carácter integral que ya ha obtenido resultados favorables a corto plazo, según un estudio del propio Mejía, Ana María Ibáñez y María José Uribe.
Daría al Estado más legitimidad en zonas del país aún por consolidar
Hoy en día la lucha contrainsurgente y la lucha antinarcóticos terminan teniendo objetivos encontrados porque lo primero que hace el Ejército cuando llega a una zona bajo influencia de la guerrilla es tratar de acabar con la economía de la droga. Esto lleva a criminalizar a la mayor parte de la comunidad, que vive de los cultivos. Esto conduce, a su vez, a que -aunque odien a la guerrilla- terminen viendo en la Fuerza Pública a un enemigo más que a un aliado pues les acaba su principal fuente de ingresos.
“En general, entre más fuertes son las estrategias de erradicación -como la fumigación-, mayor es el costo en legitimidad para las instituciones del Estado en esas zonas donde la economía gira en torno al cultivo. Al dejar al campesino en una situación muy difícil y sin alternativas, la desconfianza en el Estado crece”, le dijo a La Silla el politólogo Miguel García Sánchez, quien ha estudiado la relación entre el negocio de la droga y la cultura política.
Esta propuesta de las Farc permitiría al Estado entablar un tipo de relación muy diferente con las comunidades y facilitaría la consolidación de territorios donde si se acaba la guerrilla surgirían o ya están otros grupos criminales pues verían que el Estado está de su lado. Es por esto que, por ejemplo, en Afganistán se decidió dejar de combatir el cultivo de drogas, que a la larga perjudicaba al Gobierno en su lucha contra Al Qaeda pues ponía a las comunidades del lado de los talibanes.
Colombia necesita un vuelco en su política de drogas
A pesar de que a nivel internacional el fracaso en la actual política antidrogas genera cada vez mayor consenso, Colombia ha sido lenta en reconocerlo. En diciembre, la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa anunció la creación de una Comisión Asesora en Política de Drogas, que busca evaluar los resultados y el impacto de las estrategias en materia de política antidrogas de los últimos 10 años. Correa aún no ha develado cómo trabajará la Comisión ni quiénes la integrarán, pero varios de los investigadores en temas de drogas le confirmaron a La Silla que esperan un anuncio al respecto muy pronto.
Como contó La Silla en agosto pasado, una de las recomendaciones más importantes que hizo la Comisión Asesora en Política Criminal al Gobierno de Santos fue que Colombia debería liderar el debate mundial de la política antidrogas. A nivel interno, recomendó no penalizar ni criminalizar la dosis personal.
De ser acogida la propuesta de las Farc, permitiría a Colombia un protagonismo en el área que más le concierne -la producción- y que tiene que ver con su parte en el eslabón del negocio.
“El desarrollo rural pasa necesariamente por los cultivos ilícitos.”
Claro, de la misma manera en que el desarrollo urbano necesariamente pasa por negociar con los que controlan las redes de trata de blancas.
Farc 4 – Instituciones 0
“Legalizar los cultivos daría al Estado una nueva legitimidad en las zonas periféricas del país que aún faltan por consolidar”
Es decir, el Estado obtendría una “nueva legitimidad” dejando de perseguir el crimen y doblegándose ante los criminales.
Farc 6 – Instituciones 0 (este vale por dos)
“Colombia necesita darle un vuelco a su política de drogas y esta propuesta permitiría convertir a las Farc en un aliado clave en ese propósito”
Sin duda. Para disminuir el robo de apartamentos, ¿qué mejor aliado que los apartamenteros?
Farc 7 – Instituciones 0
Decir que el desarrollo rural pasa por los cultivos ilícitos no es lo mismo que decir que pasa por las mafias que se benefician de los cultivos ilícitos. Eso quiere decir que se debe tener políticas de control y aprovechamiento de las áreas históricamente dedicadas a los cultivos ilícitos para que sean productivas para los campesinos. ¿No leyó el párrafo correspondiente?
Reflexión 5 - Maniqueísmo 0
Otra vez, no leyó bien. El Estado no deja de perseguir a nadie. La Autoridad del Estado sería acatada porque no se vería simplemente como opuesta a los intereses de los campesinos. Por otro lado, no habría ningún crimen al que se deja de perseguir porque los cultivos ilícitos o serían reemplazados o LEGALIZADOS (=NO CRIMEN).
Reflexión 9 - Maniqueísmo 0 (vale por cuatro)
Claramente, si usted convence a los apartamentos de que no deben robarlo, ellos serían sus mejores aliados
Relfexión 10 - Maniqueísmo 0
Claro, porque los cultivos ilícitos aparecieron por generación espontánea. Las mafias y los cultivos ilícitos no están relacionadas.
Justificación a las Farc 5 - "Reflexión" 0
Claro, entonces para que las autoridades tengan legitimidad ante los apartamenteros, lo mejor que se puede hacer es legalizar el robo. Maravilloso.
Justificación a las Farc 6 - "Reflexión" 0 (estuvo muy flojo así que solo vale por 1)
Claramente, lo que hay que hacer para que los apartamenteros no roben es meterlos a la cárcel, no legalizar el robo ni la extorsión.
Justificación a las Farc 7 - "Reflexión" 0
Lea bien el informe de LSV y mis respuestas a sus comentarios. Su respuesta tergiversa lo escrito. Por otro lado, ya otros lectores observaron la falsedad de la analogía con ladrones.
El objetivo de las Farc es ganar espacio político GRACIAS a los innumerables crímenes que han cometido (no a pesar de ellos).
Y ya lo lograron: el gobierno elegido democráticamente negocia las instituciones con un grupo de personas que no tiene niguna representación política. Si las Farc tuvieran representación política o "base social", no necesitarían asesinar gente para modificar las instituciones.
Supongamos que las Farc "son un producto de la desigualdad social, de la exclusión política, de una pobreza desbocada y de una economía rural que se ha adaptado a las dinámicas del capitalismo sin tocar, en muchas ocasiones, estructuras de propiedad y de producción casi coloniales".
Entonces como soy pobre, ¿estoy justificado para asesinar gente a menos que me den lo que sea que considero "justo"?
""Los innumerables crimenes que han cometido" son un hecho innegable, y ante delitos de lesa humanidad debe haber justicia y reparación, sin embargo, ¿pagarán por sus delitos los generales y presidentes que para combatir a al insurgencia y también para proteger sus exhuberantes privilegios pusieron en marcha la maquinaria paramilitar?"
Claro que los generales y los presidentes deberían pagar por los crímenes que hayan cometido, ¿quién ha dicho algo distinto?
¿Le parecería mejor que quienes representan las instituciones "negociaran" con los generales y los presidentes criminales?
No, no está justificado porque es pobre. Está justificado porque el Estado diréctamente o como cómplice a violado sus derechos a la propiedad, la vida, la honra.
Nadie está arguyendo que no deba juzgarse las actividades criminales de las Farc. Pero así como cuando los soldados asesinan civiles para pasarlos por guerrilleros y se pide que no se juzgue al cuerpo militar por las acciones de unos pocos, las actividades criminales (no políticas como traición, rebeldía, etc.) de miembros de las Farc no explican la totalidad de las acciones de las Farc ni su lógica.
Es que hay una cosa en la que no estamos de acuerdo: para usted son un grupo político que ha cometido algunos crímenes y para mí es obvio que lo que define a las Farc es el asesinato y la extorsión como medio para tomar el poder.
Y eso es lo que las define porque es lo único que hacen. El delito político no tiene sentido en un país civilizado porque la gente puede creer lo que quiera y puede buscar, POR MEDIOS INSTITUCIONALES, alcanzar el poder político. Por eso, en los países decentes, cuando alguien asesina gente o pone bombas para lograr "objetivos políticos", ese alguien es un asesino, no un delincuente político.
Lo otro es que usted cree que como supuestamente "el Estado directamente o como cómplice ha violado sus derechos de propiedad, la vida, la honra"¿?, entonces los de las Farc están justificados para asesinar gente (en especial gente que no tiene nada que ver).
Si uno no está de acuerdo en cosas tan básicas, llega a un punto en el que no sepuede discutir más.
No, para mí no son un grupo político. Son un grupo insurgente que tiene una agenda política y unos medios de acción militares y, muchas veces, criminales. Las Farc han usado el asesinato y la extorsión para financiar sus aspiraciones políticas, también hacen propaganda política y control social en territorios del país.
En Colombia, quienes representan a las instituciones usan medios NO institucionales para ejercer y mantener el poder. Hay asesinos entre los cuerpos del gobierno: Senadores condenados por paralítica son cómplices de asesinato. El actual presidente fue cabeza del cuerpo militar que ha producido más asesinatos extrajudiciales en ocho años que la dictadura de Pinochet en una década.
La diferencia entre usted y yo, la diferencia es que usted es simplista y yo trato de no serlo. Y, claro con simplistas no hay argumentos válidos.
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Muy bien documentado la investigación y el correpondiente informe periodístico de ANDRÉS BERMÚDEZ LIÉVANO y JUAN ESTEBAN LEWIN.
Es una propuesta sensata que el gobierno debería negociar, pese a los múltiples inconvenientes y dificultades que tiene. Un tema clave e imporantísimo, donde el principal problema u obstáculo lo puede generar el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
¡De acuerdo! Este nivel de análisis es enriquecedor. Felicitaciones a los investigadores/periodistas.
¡Pero claro! A ver si Santos abre los ojos y mira cuánta prosperidad podría darse si aprovechamos el agro para hacerle honor, en serio, a la madre tierra y lo que tiene para ofrecer. Por ejemplo, si a los funcionarios públicos les dieran te de coca en vez de tanto tinto, bajarían los problemas de artritis y falta de calcio en todo el organigrama estatal - y ni hablar de su rendimiento para aflojar tan degastada burocracia. La hoja de la coca y de la marihuana nos podrían hacer bien a todos si tan solo se pillan que la cosa es aprovechar los usos tradicionales y medicinales de estas hierbas y cambiar el enfoque que hay que darle bala a las drogas. Una hoja es una hoja y ninguna mata mata. Esto no es nada nuevo. Como dice el artículo: llevamos años años pidiendo un nuevo enfoque. ¿Hasta cuándo Mr. Santos? Be progressive.
Que bonito y optimista suena todo eso; lástima que no sea cierto. El agro ya no puede ser motor de una economía como la nuestra. Por el lado de que ninguna mata mata, tomese una infucionsita con la semilla del Albarraz, a ver que le pasa. El uso de drogas si es perjudicial para la salud, la marihuana si mata neuronas y reduce capacidades cognitivas cuando se consume con frecuencia y el Estado si debe velar por la salud pública. Eso no quiere decir que no sea viable la legalización; simplemente quiere decir que legalización no es lo mismo que apología a las drogas y que no debe implicar que Colombia se convierta en un gran campamento Hippie. Entender eso es un paso importante hacia la legalización.
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