No hay nadie más lejano ideológicamente que el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el Procurador Alejandro Ordóñez. Sin embargo, los tres se han comportado igual: han criminalizado la opinión, un delito, que por lo menos en los códigos colombianos, no existe.

El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó hoy como “grave y susceptible de judicializar” la actuación de Piedad Córdoba por un discurso politiquero de ella ante los indígenas del Cauca, que divulgó Cablenoticias. 

Pinzón dijo que espera que la Fiscalía inicie una investigación de oficio y que está indignado con las acusaciones que Córdoba formula contra el Ejército.

El Procurador, Alejandro Ordóñez, no se aguantó las ganas y también se pronunció hoy a pesar de que, debido a que él  destituyó a Córdoba, la política ya no es una funcionaria pública y por ende, está fuera de su competencia. Dijo que el video representaba una “noticia criminal” y que las autoridades debían iniciar una investigación en su contra por instigación, asonada, concierto para delinquir y otras conductas.

En la misma línea de criminalizar como primera instancia, Gustavo Petro apareció ayer en Colmundo Radio afirmando que denunciaría penalmente a Noticias Uno por una nota que sacaron el fin de semana sobre la presencia de la bacteria e-coli, una bacteria que puede producir infecciones gastrointestinales, en el agua del acueducto de Bogotá. 

Para Petro, la cadena de noticias manipuló el sentimiento de salud pública, especialmente entre los más vulnerables.

¿Delito de opinión?

En su discurso, Piedad Córdoba habla de revocarle el mandato a los congresistas y de pensar incluso en tumbar al Presidente de la República. El delito de instigación se da  cuando una persona trata de convencer a otra de que cometa un delito, siempre que sea claro que el objetivo es cometer un delito. En este caso, tumbar al Presidente sería instigación si hubiera dicho que habría que hacerlo por vías no legales. Pero ella no solo no lo dijo sino que lo estaba relacionando con el referendo revocatorio de los congresistas, que es un procedimiento totalmente legal y sobre el cual ha habido voces que dicen que debería incluir la revocatoria del Presidente. Lo de la asonada es aún más descabellado puesto que su definición penal incluye que haya un tumulto, que haya una exigencia violenta a una autoridad y que lo que se exija sea que la autoridad haga o deje de hacer algo. Y claramente ese no era el caso.

Sin duda ese discurso no es lo que normalmente se espera de una ex congresista y líder política. Muchos podrán pensar que es una opinión deleznable. Pero, por lo menos por ahora, la opinión en Colombia es libre.

Piedad Córdoba también denunció “la existencia de minas quiebrapatas afuera de las bases para impedirle el acceso a la comunidad”. La Silla Vacía habló con la Campaña Colombiana contra las Minas, que se encarga de monitorear las denuncias de minas antipersonales, y la Campaña solo ha recibido una denuncia en los últimos 12 años sobre el uso de estas minas por parte del Ejército y fue por parte de los indígenas arhuacos en la Sierra. 

Sobre el Cauca, específicamente, no ha recibido ninguna denuncia de que el Ejército haya sembrado este tipo de artefactos y hoy mismo hablaron con la organización indígena del Norte del Cauca ACIN, quienes dijeron que no tenían conocimiento de que hubiera este tipo de minas.

Lo que sí es cierto es que en lo que va corrido del año, ha habido 27 víctimas civiles en el Cauca por municiones sin explotar. Cuando hay combates entre el Ejército y las Farc, quedan cilindros-bomba, granadas de mortero o de fusil y otros explosivos activados pero sin explotar. Como son objetos brillantes, los niños las confunden con juguetes y les explotan. Veintiún menores de edad han sido víctimas de estos artefactos, que son tanto del Ejército como de la guerrilla. Esto es muy grave para la población civil pero es diferente a acusar al Ejercito de usar minas antipersonales, lo cual contravendría obligaciones internacionales que ha asumido Colombia.

Sin embargo, ni el Ministro ni el Procurador pidieron a Córdoba rectificar esta información. Ni siquiera la acusaron de injuria y calumnia ni argumentaron que es falso que el Ejército no use minas antipersonales. Simplemente criminalizaron su discurso.

En el caso de Petro sucedió lo mismo. El informe de Noticias Uno mostró los documentos internos del director del laboratorio del acueducto que hablaban de la bacteria e-coli y lo contrastaron con los documentos oficiales donde el Acueducto dice que el agua es pura. Y cuenta que el funcionario que examina la pureza del agua de Bogotá habría sido despedido luego de firmar un par de informes que dan cuenta de esas irregularidades.

Hasta el momento, ni Petro ni el gerente del Acueducto han salido a probar que el informe de Noticias Uno es falso. Ni siquiera le han pedido una rectificación, que es la acción obvia. Sencillamente acusan al noticiero de un delito.

El delito de pánico está definido como “el que por cualquier medio suscite pánico en lugar público, abierto al público o en transporte colectivo”. El ejemplo clásico es el que grita “fuego” en un estadio cuando no hay tal. Es difícil entender cómo esto se extrapola a lo del noticiero. Y por lo tanto, parece más bien una estrategia de intimidación no solo para Noticias Uno sino para todos los medios que critiquen al Alcalde.

“Al Alcalde no le gusta la democracia informativa cuando no le conviene”, dijo la directora de Noticias Uno Cecilia Orozco a La Silla Vacía. “Estamos dispuestos en Noticias Uno, como corresponde a un recto ejercicio del periodismo, a rectificar si se nos demuestra que estamos equivocados. Pero no estamos dispuestos a dejarnos intimidar por las actitudes tipo Correa del Alcalde Petro”.

Al final, los grandes perdedores de ambos incidentes son los ciudadanos. En el caso del incidente de Córdoba, este Gobierno no parece diferenciarse mucho de su antecesor. Cuando Juan Manuel Santos se posesionó le dedicó varios minutos de su discurso a darle la bienvenida a las críticas y al disenso y de hecho, una de las cosas que más se le ha elogiado es el haber acabado con la estigmatización de sus detractores. El discurso de Pinzón de hoy parece un “regreso al pasado”.

En el caso de Petro, no solo cae en lo que tanto criticó como congresista, sino que los bogotanos se quedan sin saber si pueden tomar agua sin riesgo o no.