Todos los que lo conocen bien dicen que Juan Manuel Santos quiere pasar a la historia y que la forma de hacerlo es firmando un acuerdo de paz con las Farc que le ponga fin a la guerra en Colombia. El día de su inauguración como Presidente dedicó un espacio considerable para hablar de la “llave” de la paz. La próxima semana se comenzará a debatir en el Congreso el proyecto de acto legislativo que podría abrir esa puerta si es que algún día la guerrilla decide dejar las armas.
El proyecto de reforma constitucional que se comenzará a discutir el próximo martes tiene solo tres artículos. Pero son tres artículos que abrirán –o por lo menos deberían suscitar- una discusión profunda en el país por las implicaciones que tienen tanto hacia el pasado como hacia el futuro.
Hacia el pasado, el proyecto busca remediar los problemas que han llevado a que todo el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares haya colapsado. Y hacia el futuro, busca crear el marco legal para una posible negociación con la guerrilla. La idea de Santos es que si algún día se dan las condiciones políticas para un proceso de paz con las Farc, el Gobierno debe tener las herramientas jurídicas para hacerlo.
Estas son las reformas que introduce, los problemas que busca solucionar, y la polémica que suscita el acto legislativo elaborado por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Seguridad Nacional:
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1. Eleva a rango constitucional la justicia transicional
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El proyecto presentado es un acto legislativo que busca reversar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y sobre todo, de la Corte Suprema de Justicia que han creado unos estándares de justicia que hacen prácticamente imposible cualquier negociación de paz con la guerrilla En 2008, la Corte Suprema sentó un precedente que establece que se presumirá que toda persona que pertenece a un grupo armado ilegal se concertó para cometer delitos con fines de lesa humanidad si era público que ese grupo cometía este tipo de crímenes y si entró a ese grupo de manera voluntaria. Con esta jurisprudencia, la mayoría de combatientes rasos de la guerrilla y paramilitares habrían cometido delitos de lesa humanidad así no hubieran participado directamente en masacres o asesinado a nadie directamente. Incluso, algunos parapolíticos han sido acusados de delitos de lesa humanidad por haber sido cómplices de un grupo que los cometió. El Gobierno de Santos, después de revisar la doctrina y la jurisprudencia internacional, concluyó que las posiciones recientes de las cortes colombianas son más estrictas que los tratados y estándares internacionales. Y uno de los objetivos del proyecto es reversar esa jurisprudencia. Para hacerlo necesitan cambiar la Constitución. Un aspecto importante del proyecto es que específica que “el fin prevalente de la justicia transicional es la paz”. Esto con el fin de obligar o ayudar a la Corte a ponderar el valor de la paz con otros valores como los derechos de las víctimas para aceptar que muchos guerrilleros y paramilitares pueden no ser juzgados por sus delitos si con esto el país logra alcanzar la paz. En realidad, cuando la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del Tratado de Roma que crea la Corte Penal Interacional dejó expresamente consignado una exhortación al entonces Presidente Pastrana para que dejara explícito que Colombia se reservaba la posibilidad de declarar amnistías en una eventual negociación de paz. Pero esta consideración de la paz se fue diluyendo en posteriores sentencias y poco a poco las cortes le fueron cerrando el espacio a la justicia transicional. Este proyecto busca abrirlo de nuevo. Polémica: hay quienes consideran que es absurdo cambiar la Constitución para solucionar un problema transitorio, que podría definirse mejor a nivel de política pública. Los que aprueban que sea de rango constitucional creen que no hay ningún problema más estructural de Colombia que el conflicto interno y que con la jurisprudencia de la Corte será imposible lograr un proceso de paz con la guerrilla pues Alfonso Cano nunca va a entregar las armas a cambio de pasar el resto de su vida en la cárcel. Y que elevarlo a rango constitucional establece una sola dirección para la interpretación de la justicia transicional, algo que hoy no sucede frente a una ley como la de Justicia y Paz. |
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2. Abre posibilidad para mecanismos no judiciales de justicia transicional
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| El Alto Comisionado considera que en Colombia ha hecho carrera erróneamente la idea que si no se juzga penalmente a todos los guerrilleros y paramilitares esto constituiría impunidad y la Corte Penal Internacional podría intervenir en el país. Y cree que, por el contrario, se pueden diseñar instrumentos no judiciales como Comisiones de la Verdad o iniciativas como las de Memoria Histórica que permiten la investigación y la sanción social o simbólica de los crímenes sin necesidad de recurrir a un proceso judicial.
“El desarrollo de procedimientos no judiciales no podría interpretarse en momento alguno como la negación o falta de disposición del Estado para adelantar la investigación”, dice la exposición de motivos del proyecto. “En contextos de violencia masiva, los grandes contextos de verdad responden típicamente a procesos no judiciales; que en vez de probar cada hecho, esclarecen contextos amplios y buscan explicar las causas mismas del conflicto armado interno.” Polémica: Hay quienes consideran que para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia debe haber una investigación judicial y una condena penal de los crímenes cometidos. Y que no basta con saber la verdad o con obtener una reparación simbólica. La Corte Constitucional y la Corte Suprema, por ejemplo, han avalado esta teoría recientemente. |
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3. Crea la posibilidad de priorizar y seleccionar qué delitos investigar
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Este es uno de los puntos más polémicos puesto que parte del supuesto que dado que el sistema judicial colombiano es totalmente incapaz de investigar todos los crímenes cometidos en el conflicto armado, el país tiene que crear unos criterios para definir a quién juzgar y quién dejar pasar impunemente. Para llegar a esta conclusión no hay que ser terriblemente pesimista. La realidad es que “seis años después de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, y luego de la desmovilización de 35,299 miembros de grupos paramilitares, se han producido cuatro sentencias de las cuales sólo una está en firme”, según dice la exposición de motivos. Asumiendo que la sola imputación de cada crimen denunciado le toma a un fiscal 20 minutos, la Alta Consejería ha calculado que se necesitarían 100 años solo para imputar los cerca de 340 mil delitos confesados por los paramilitares. Y eso que solo hay 4,800 postulados a Justicia y Paz. ¿Cómo sería si se desmovilizaran los guerrilleros? El proyecto dice que el Congreso, a iniciativa del gobierno, definirá los criterios de selección y que “podrá autorizar la renuncia a la persecución penal o la suspensión de la ejecución de la pena en los casos a los que haya lugar”. La idea detrás de esto es que se debe priorizar el juzgamiento de los más responsables, ya sea por su nivel jerárquico dentro de la organización, o porque cometieron los delitos más atroces o porque causaron el mayor nível de víctimas. Pero a esos juzgarlos con todo el peso de la ley y conseguir de ellos la mayor verdad posible sobre cómo funcionaba todo el aparato ilegal. Tratar de juzgarlos a todos lo que ha llevado es a que colapse el sistema judicial y no se logre condenar sino a muy poquitos y no necesariamente a los que más daño infligieron. En Nuremberg, por ejemplo, se juzgó a 24 criminales. En Rwanda y Yugoslavia a 55, en Sierra Leona a 13. Polémica: siempre es polémico decir que hay miles de crímenes que se quedarán sin juzgar. También es polémico que sea el mismo Congreso, un tercio de cuyos miembros en el pasado terminaron involucrados en la parapolítica, quienes decidan quienes deberán quedar exonerados de ser juzgados. No faltará quién proponga que, por ejemplo, no perseguir a los parapolíticos. Por eso, es de esperarse que haya una discusión profunda sobre este punto. La Fiscal General Viviane Morales en un proyecto de ley que presentó hace unos días para reformar los procedimientos de Justicia y Paz crea la posibilidad de priorizar la investigación de delitos pero no de seleccionar cuáles investigar y cuáles simplemente no judicializar. |
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4. Abre la posibilidad de que ex guerrilleros participen en política
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En 2009, en el acto legislativo 1 de reforma política, le añadieron un inciso al artículo 122 de la Constitución para prohibir que cualquier persona que hubiera pertenecido o financiado un grupo armado ilegal pudiera ser funcionario público o elegido popularmente. El proyecto se aprobó en el momento más crítico de la judicialización de la parapolítica y le cerró la puerta a los paramilitares o guerrilleros que algún día aspiraron a hacer política dentro de la legalidad. Este proyecto busca reabrir esa puerta. La lógica detrás de este artículo es que ningún jefe guerrillero aceptará dejar las armas y firmar la paz si sabe que tendrá que pasar los próximos diez años de vida o más tras las rejas. El artículo propone que solo por iniciativa del gobierno nacional, el Congreso podrá aprobar por la mayoría absoluta de los votos de Senado y Cámara suspender la aplicación de la restricción a la participación política a miembros de los grupos armados ilegales cuando se hayan desmovilizado en el marco de un proceso de paz y una vez hayan cumplido con las sanciones a que haya lugar. El proyecto es claro que sólo se aplicará a futuros procesos de paz lo que dejaría por fuera a personajes como Mancuso o Jorge 40 de volver a la política. Y también que es para terminar procesos de paz y no una condición para arrancar pues solo se podría aplicar si así lo decide la mayoría del Congreso para desmovilizados. La polémica: este es uno de los artículos más polémicos puesto que después de ocho años de Seguridad Democrática y discursos de mano dura, algunos piensan que esto envía una señal de debilidad a los grupos armados ilegales. Que básicamente les entrega la mayor concesión que podría hacer el Estado antes de ni siquiera empezar a negociar. El contra-argumento para esto es que el Congreso tendrá que votar la iniciativa y aprobarla con una mayoría calificada, lo que implica necesariamente que el grupo guerrillero o paramilitar en cuestión realmente tenga un propósito de paz y se haya desmovilizado. El otro punto polémico es que si se aprueba probablemente significará que a los jefes guerrilleros se les dará un tratamiento diferente al que se le dio a los jefes paramilitares, que no podrán beneficiarse de este privilegio. |
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5. Abre la posibilidad de incluir a los militares en la justicia transicional
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Hasta el momento no existe ningún sistema de justicia transicional que incluya a los militares que han cometido delitos en el marco del conflicto armado. Esto es un problema para un futuro proceso de paz puesto que habrá mucha resistencia por parte del estamento militar a ver los guerrilleros recibiendo subsidios del Estado u ocupando cargos públicos mientras miembros de las fuerzas pasan 25 años tras las rejas por haber cometido crímenes con frecuencia menos atroces. El proyecto no los menciona explícitamente pero la intención de Santos, según supo La Silla Vacía, es que los militares también puedan ser cobijados en los criterios de selectividad y priorización en el juzgamiento. Uno de los artículos dice que ese acto legislativo es para todas las partes del conflicto armado, lo que de entrada los incluiría. Y aunque luego todo esto tendrá que ser desarrollado por ua ley, es el primer paso que abre esa puerta. Lo polémico: este punto será muy difícil puesto que si bien el Tratado de Roma permite en algunos casos las amnistías para ciertos crímenes, sí prohíbe explícitamente las auto-amnistías, como lo que quiso hacer Argentina con los militares de la dictadura. Tampoco es claro si, por ejemplo, esto podría cobijar a los soldados que están siendo investigados por falsos positivos, pues no hay forma de comprender cómo esos asesinatos se cometieron como parte del conflicto armado. Este es un punto que tendrá que ser discutido a profundidad. |
Indudablemente la guerrilla ha sido y será un negocio redondo para todos los gobiernos..... Los periodistas y quien los quiera entevistar, localizan a los máximos jefes o cabecillas de estos movimientos subversivos, llámense FARC, EPL, etc. con una facilidad increible, en cambio las fuerzas militares y su "Inteligencia", no hacen sino respirarles en la nuca a todos ellos, pero jamás logran establecer su paradero. ¿Qué diablos es eso...?, todo lo que se diga es puro bla,bla,bla. Si el gobierno quisiera acabar de raíz este peligroso flagelo, ya lo hubiera logrado. Dónde quedarían las ayudas internacionales que suman cientos o miles de millones de dolares, y ni hablar del impuesto a la guerra que por todo se cobra en Colombia y finalmente va a parar a las arcas del estado especialmente al Ministerio de Defensa, para beneficio de una tracalada de generales y otros oficiales de alto rango. Negociaciones de paz..cuándo? Jamás, muchos menos mientras esos dementes sigan asesinando colombianos.
El gobierno no sabe que debe hacer anda en un mar de confusiones y contradicciones lo que permite que estos grupos para los Colombianos terroristas pero para el señor SANTOS ACTORES del conflicto interno y Guerrilleros, pero en ocasiones sale públicamente a juzgarlos como terroristas, si ni siquiera ha podido definir que son realmente menos puede tener estrategias para combatirlos, por eso es mejor que haga cualquier disparate le seda la silla presidencial a CANO en fin lo que sea, pienso que el proceso con lo mal llamados paramilitares no fracaso ni ha fracasado, lo que sucede es que tiene casi la totalidad del aparato político de enemigo y no han permitido que se desarrolle satisfactoriamente, con el agravante de una justicia totalmente politizada que ayuda a enredar los procesos, les interesa mas sus logros personales y políticos que la misma suerte del país y de un pueblo que los mantiene en sitios privilegiados que no merecen, no le tengan miedo a la C.P.I.
Cano es un lunatico, pero no cree que piense eso.
El problema es que Colombia (se me olvido a partir de que año, pero creo que fue con el gobierno de Pastrana) esta bajo la jurisdiccion de la CPI y los crimenes de lesa humanidad cometidos por este grupo, no pueden tener indulto o penas irrisorias como la de Justicia y Paz, y esto a la final seria otro obstaculo para lograr alguna negociacion.
La Silla Vacia tiene mocion de auto-censura con Plazas Vega y hace rato. Ningun forista se ha dado cuenta, pero yo si.
????
Creo no haber leido algun articulo al respecto ultimamente en LSV sobre Plaza Vega, aunque el tema ha estado candente a nivel nacional por meses ...
Salud Hernandez nos convertira eu objetivo militar, pero ya sabemos de donde viene, el fundador del 'Bloque Capital' y ahora director de RCN.
umm lamentablemente no estoy de acuerdo con dicha propuesta, aunque se hable de sanción para los menos responsables y de investigación y sanción para los más responsables, en este momento las farc no son un grupo gerrillero si no mas bien narcoterrorista, luego habria que mirar que tan dispuestos estan ellos para soltar semejante negocio socio. Ademas no creo que la parte de retirados del ejercito este conforme con esta idea, pues si no existe la guerrilla como justificar su masiva existencia, tendria que bajar el numero de activos -que tampoco estaran contentos- y por tanto se bajaria considerablente las mesadas para los retirados... definitivamente algo muy complejo por que desafortunadamente en colombia como en muchas otras partes la guerra se volvio un negocio dificil de acabar..... Me inclino mas por el lado de un VERDADERO apoyo al sector rural y mas politicas sociales al sector obrero, para dejar sin fundamentos a los terroristas razos, o mas bien quitarles la lavada de cerebro.
Cholo: no trate de distraer la corrupcion de Uribe con asuntos ridiculos.
La mayoria de la gente que leen estos articulos, no obedecen a la filosofia de ignorantes: 'para donde va vicente, para donde va la gente'....
¿Entendio?
¿Ya que esta preocupado por el aborto, que piensa de las ejecuciones extrajudiciales de Uribe?
Estoy de acuerdo en la aplicación de una justicia transicional para los militares y los paramilitares pero en el caso de la Insurgencia lo que aplica es el DIH y específicamente el protocolo 2 de Ginebra respecto a conflictos internos. No aceptemos la afirmación de JM Santos de que la beligerancia pasó de moda porque lo que es absolutamente ilegal en el DIH es la fracasada legislación y actos de USA en su guerra, esa si terrorista, contra el terrorismo que generó. No nos debe convencer el Presidente de que aquí hay una lucha contra unos grupos terroristas cuando el conflicto lo generó el estado que siempre a respaldado a los terratenientes aplicando terror para usurpar las tierras. A la Insurgencia se le debe aplicar el DIH y no las doctrinas Bush Hijo, así lo quieran Santos y Uribe en Colombia, por que estás reglas mas temprano que tarde recibirán condenas internacionales basadas en el DIH.
Propongo que a los Paras y a los miembros de las FFMM que no hayan cometido crímenes de Guerra o de lesa humanidad graves se la aplique una sanción mínima para lograr su rehabilitación de el sitio de trabajo y vivienda controlados de 1 a 2 años. A los grandes criminales se les debiera permitir pagar penas mayores en las mismas condiciones (Hacienda por cárcel por ej.) con la adición que deben ayudar a rehabilitar a sus combatientes dándoles trabajo. Ver la propuesta en: http://bit.ly/q09QEQ
Bruno la guerra es muy fea pero hay que buscar las causas para establecer responsabilidades. Además es muy difícil para alguien que no ha sido Víctima del terror para usurpar sus tierras justificar la rebelión armada. Sin embargo esta rebelión está ajustada a derecho por el 3er considerando de la declaración de DH.
"Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión"
El asunto de la paz involucra muchas variables, incluidas la dejación de armas y los mecanismos jurídicos que hagan posible el tránsito a la vida civil de los alzados en armas. Sin embargo, eso es la puntada final, no el comienzo de esos procesos. Lo fundamental está en atacar las condiciones que originaron esa violencia: la falta de presencia del Estado en tantas regiones, la consolidación de una economía ilegal en muchas zonas del país, la inequidad social que resulta verdaderamente asombrosa y varios etcéteras. De lo contrario, estaríamos en un escenario parecido al de Guatema o El Salvador en donde los "procesos de paz" generaron básicamente un ejército de delincuentes comunes, atomizados que aún tienen sitiadas las ciudades y los campos.
Aspecto fundamental para la paz: que todos los actores involucrados en la guerra NOS CUENTEN LA VERDAD, lo que realmente ha pasado en Colombia durante estos oscuros episodios.
Con la Seguridad uribista, mal llamada democrática, se ha recreado o resucitado el mito del superhombre. A un costo sin precedentes en la historia de Colombia en cuanto hace al presupuesto de guerra se logró golpear sensiblemente y arrinconar a las FARC. El ELN lo hizo por sí solo.
Se ha pretendido a punta de normas jurídicas nacionales e internacionales, cerrar con llave la puerta de la negociación para el logro de la paz definitiva que en este momento puede ser viable por los contundentes golpes dados a la FARC. Se quiere continuar la política uribista, desdoblada igualmente como las acciones de las FARC en crímenes de lesa humanidad con los falsos positivos.
Para los paramilitares hubo zona de despeje en Santa Fé de Ralito, Ley de Justicia y Paz, etc. La gente olvida que aunque repudiables y condenables las muertes producidas por las FARC, los crímenes originados por los paracos quintuplicaron los de las FARC contra las gentes indefensas, humildes, trabajadores y campesinos.
La violencia no es un problema que para resolverlo se necesite recurrir a soluciones, principalmente de naturaleza jurídica. En 1980 y 1981, a falta de voluntad de paz en los círculos dominantes del Poder y la Sociedad, por un largo tiempo se debatió sobre la inconveniencia y la procedencia de decretar una amnistía amplia, general y sin condiciones. En principio el Gobierno y el Presidente de la República en el contexto de las facultades extraordinarias que otorgaba el Estado de Sitio contemplado en la Constitución de 1.886, decretaron una amnistía que no surtió los efectos esperados. Precisamente, al comienzo no se tuvo voluntad de paz. Después se amnistiaron numerosos presos del M-19, pero no hubo negociación para la entrega de armas, la que sí se produjo en 1.989, posterior a la ocurrencia de hechos e incidentes que no permitían lograr de parte del Ejecutivo y de los intereses superiores y "sagrados" por él representado, la voluntad necesaria para lograr la paz firmada ese año.
¿Será que las FARC sin Tirofijo y con Cano ya no tienen esa influencia y esos amigos en el exterior?
Es mejor el bla-bla-bla que el pum-pum-pum (Harol Mac Millan )
Nunca hubo una buena guerra ni una mala Paz (Benjamin Franklin )
No se entiende como profesionales del derecho llamasen jueces fiscales contralores, procuradores o magistrados, en las aulas enseñan una cosa sobre justicia, en los libros escriben otra y en los estrados donde son jueces aplican otra.
LO PEOR LE QUE PUEDE SUCEDER A UN COLOMBIANO ES SER ATRAPADO POR LOS CARTELES DE LA JUSTICIA.
Lo que santos pretende es HACER EL FRENTE NACIONAL DEL SIGLO 21 y JUBILAR A LOS COMANDANTES DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS. El país está como está, por culpa de los mercaderes de la justicia, quienes hacen del delito su negocio; mientras no exista trabajos con salarios justos y prestaciones justas que garanticen una estabilidad económica y emocional al grupo familiar, siempre habrá quien lidere grupos contra los explotadores y dictadores quienes desde sus puestos como mandatarios imponen el capitalismo de estado.
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