?En un país donde la tierra ha sido una de las mayores fuentes de conflicto, el derecho se ha olvidado casi por completo de ella. Aunque en otra época fueron comunes, hoy son muy pocas las universidades que tienen cursos -y menos aún especializaciones- en derecho agrario.

Para lograr resolver esos conflictos que surjan de la formalización de tierras y en general en el campo, el primer acuerdo contempla una nueva jurisdicción agraria. Es decir, que la solución de los conflictos en torno a la tierra –hoy en manos de jueces civiles y promiscuos- pase a jueces especializados en el tema agrario.

“Es urgente, haya paz o no: el nivel de conflictividad agraria requiere un sistema de justicia especial. Hay un resurgir en los estudios económicos y sociales sobre temas agrarios, pero el derecho está en mora”, dice la socióloga Rocío Londoño, que está coordinando el informe del Centro de Memoria Histórica sobre tierras y organizaciones sociales.

Un primer paso fue la Ley de Víctimas que creó jueces y magistrados para la restitución de tierras, a quienes primero tuvo que formar durante seis meses no solo en las especificidades de ese proceso sino en las normas básicas del derecho agrario.

Esto porque, aunque Colombia ha intentado crear jueces de tierras dos veces en su historia, nunca consiguió hacerlo: los que creó la reforma agraria de Alfonso López Pumarejo en 1936 nunca arrancaron. De los que creó Virgilio Barco en 1989 solo hubo en un par de municipios de Cundinamarca y dos salas agrarias en los Tribunales Departamentales -en Antioquia y Cundinamarca- que luego fueron eliminadas.

“Así como hay ingenieros y economistas agrarios, se necesitan abogados cuya mirada tenga un criterio social sobre la tierra. Que entiendan que el derecho agrario regula el derecho entre actores en desigualdad de condiciones, no entre iguales, siempre mediado por el Estado”, dice Manuel Ramos, uno de los mayores expertos en derecho agrario en el país y cerebro de varias leyes de reforma agraria como la 160 de 1994 que creó las UAF.

Actualmente no hay, hasta donde La Silla pudo verificar, ninguna universidad con esta especialización y en muchas ni siquiera es una electiva. Eso hace que se vean lejanas las épocas en que el tema era liderado en instituciones como el Externado por pesos pesados como Joaquín Vanin Tello, el ex ministro de Agricultura que ayudó a Enrique Peñalosa padre a fundar el extinto Incora y que luego fue su gerente.

?Uno de los mayores problemas del campo colombiano es que el Estado no tiene un inventario actualizado con mapas que muestren quién es dueño de cada pedazo de tierra. Por eso uno de los ejes del acuerdo sobre el campo es la actualización -o más bien, el rediseño- del catastro rural, una tarea imposible sin una buena legión de ingenieros catastrales y topógrafos.

Sin estas dos profesiones -que en otros países latinoamericanos se llaman agrimensores- es imposible sacar al catastro que lleva el Igac de su atraso de décadas. Hacerlo requiere visitar, uno por uno, unos 4 millones de predios para hacer los levantamientos del terreno, mapear bien cuáles sus linderos y poderlos levantar en relieve (con un sistema de georreferenciación o GPS).

Es decir, para superar el sinnúmero de diferencias que existen entre el catastro, el registro en notarías y la vida real. Y, sobre todo, para dejar atrás el tiempo de los 'registros costumbristas' donde un terreno se describía con frases como “lo que va de la piedra gris a la ceiba”.

Y serán más indispensables con La Habana. Esto porque -como mostró un estudio de la economista y experta en tierras Ana María Ibáñez- una quinta parte de todos los predios rurales del país tienen problemas de titulación y uno de cada dos pequeños campesinos no tiene derechos formales sobre su tierra. Eso los ha marginado del acceso a créditos, asistencia técnica u otras inversiones que podrían mejorar su situación.

“Si vamos a formalizar el país necesitaremos muchos topógrafos, en un país cuyas bases de datos de identificación de predios están en su infancia y en donde esa deficiencia facilitó el despojo de tierras a campesinos y al propio Estado”, dice Ricardo Sabogal, el director de la Unidad de Restitución de Tierras.

El problema es que en la actualidad solo la Universidad Distrital en Bogotá tiene un pregrado en ingeniería catastral y algunas instituciones, como el Sena, programas técnicos para formar topógrafos. La gran mayoría de graduados están contratados en los sectores de petróleo, minería e infraestructura, con salarios muy altos que hacen que al Estado le quede muy difícil competir.

Tan difícil ha sido que a la Unidad de Restitución -una de las primeras tener que salir a mapear los predios despojados a las víctimas del conflicto- le tomó meses de búsqueda y al final tuvo que recurrir a licitaciones con empresas de topografía. El Incoder, que gestiona las tierras del país, también tuvo que salir a contratarlos para mapear los predios en procesos de compras de tierras para campesinos, recuperación de baldíos o ampliación de resguardos y consejos comunitarios. E incluso en algunos casos se los sonsacaron entre sí, mostrando la competencia por ellos incluso dentro del sector público.

Eso requerirá que entidades como el Sena y las universidades redoblen sus esfuerzos en titularlos. Como dice una persona que trabaja con tierras, “¿Por qué la Universidad Nacional no lo tiene? ¿O las otras públicas grandes como la de Antioquia y la del Valle?”

?Colombia conoce muy poco sus suelos, por lo que los años que vienen seguramente verán una demanda en los especialistas en su reconocimiento físico y también de su adecuación para temas productivos.

Otra de las piedras angulares del catastro rural -junto con los ingenieros catastrales- son los edafólogos, una profesión especializada en el estudio físico de los suelos que tuvo maestría en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y que hoy no tiene doliente.

“Los reconocedores de suelos entraron en vía de extinción. Y son fundamentales porque el catastro tiene que evaluar el valor de la tierra y el componente más importante de la tierra es el suelo”, dice Abdón Cortés, uno de los edafólogos más reconocidos del país y ex decano de agrología en la Tadeo.

No fue así en otra época. En los años setenta surgió una especialización para reconocedores y taxónomos de suelos dentro del programa de agrología de la Tadeo y se estableció en Bogotá el Centro Interamericano de Fotointerpretación (Ciaf), gracias a un convenio del Gobierno con el prestigioso Instituto holandés para prospecciones aéreas y ciencias de la tierra (ITC) de Enschede. El Igac, donde en otra época había media centenar de edafólogos, hoy no llega a la decena.

Algo similar ocurre con los agrólogos, que trabajan en temas como la adecuación o la biología de los suelos y que son claves para sacarle el máximo potencial a la tierra. “Llevamos mil años hablando de que el suelo en Colombia está mal usado, de que está sobreexplotado por los ganaderos y subexplotado en la Orinoquía, de que se sigue degradando por erosión y por deforestación, pero no lo estamos estudiando a fondo”, dice Ricardo Sánchez, el primer viceministro de agricultura del gobierno Santos que hoy es director de seguridad alimentaria para América Latina de The Nature Conservancy, la mayor ONG de temas ambientales en el mundo.

Sin entender cuáles suelos están degradados y requieren adecuación, cualquier retorno de campesinos desplazados o cualquier proyecto de economía campesina como los que plantea el acuerdo rural se quedaría cojo.

A eso se suma que los estudios nacionales de suelos se hacen una vez cada década, por lo que no hay información confiable. Eso impide que, como explica la socióloga y experta en tierras Rocío Londoño- no se sepa cuándo hay que reajustar la Unidad Agrícola Familiar, la extensión de tierras -variable según la región- necesaria para que una familia campesina viva dignamente de la tierra y que depende de factores como las carreteras cercanas, la existencia de servicios públicos y la calidad del suelo.

“Como con todo el problema estadístico en el país, no hay ninguna periodicidad. Todos los estudios de suelos son esporádicos”, dice Londoño.

?Aunque Colombia tiene muchos ingenieros agrónomos y civiles que saben de agua, hay pocos formados en los sistemas más innovadores de riego y manejo del agua.

Eso se debe en parte a que el país ha invertido muy poco en distritos de riego, uno de los bienes públicos rurales que son centrales en el punto agrario de La Habana y que tienen una probabilidad mucho mayor de ayudar a grupos grandes de productores que los subsidios individuales tan comunes en el sector. De hecho, los últimos distritos grandes nuevos datan de los años sesenta y solo algunos pequeños se han hecho desde entonces, en lugares como Boyacá o Nariño.

Eso le da un margen de acción grande a quienes puedan ayudar a crear mini distritos de riego que -usando las técnicas más novedosas de riego a precisión o por goteo que han desarrollado países como Holanda o Israel- benefician sobre todo a pequeños y medianos productores.

Eso incluye técnicas como los sistemas de irrigación por condensación de México -en donde se riega de manera controlada con vapor en invernaderos- que reducen el gasto de agua y predicen mejor cuándo lloverá. Y que, en Colombia, apenas han trabajado sectores como los cañicultores del Valle.

?El campo más alejado es donde se concentrará buena parte del aterrizaje de los acuerdos, por lo que una de las necesidades más apremiantes son herramientas que acerquen esas regiones no solo mediante carreteras sino tecnológicamente.

Eso significa que, aunque no se trata propiamente de una profesión, el posconflicto requerirá que muchos de los ingenieros de sistemas y desarrolladores web vuelquen sus innovaciones hacia el campo.

Actualmente en Colombia hay un sinnúmero de aplicaciones digitales para todo tipo de empresas -desde para hacer reuniones a distancia hasta para llevar la contabilidad- pero casi ninguna pensada para productores agrarios y, sobre todo, campesinos. La única excepción es Agronet, un portal que desarrolló el Ministerio de Agricultura hace una década para traer la información sobre precios en tiempo real.

Pero aún estamos a años luz de proyectos como Digital Green, que permite a millones de campesinos indios recibir video capacitaciones en el celular para aprender desde cómo hacer los cimientos de una casa hasta cómo lavar una lechuga.

O de MasAgro Móvil, el programa mexicano que conecta en tiempo real a campesinos con expertos para que, por ejemplo, un zootecnista pueda explicarle a distancia si la vaca en la foto que le envió tiene un cólico u otra dolencia.

El problema no es necesariamente de falta de profesionales sino de convencerlos que volteen a mirar al campo. “Necesitamos los incentivos correctos para que esa creatividad se mueva para acá y sobre todo para que la gente -viéndole la utilidad- se apropie y la divulgue masivamente. Porque vivimos en un país donde ni siquiera muchos grandes productores usan herramientas tecnológicas en la producción”, dice el ex viceministro agrario Andrés Felipe García.

?Si uno de los mayores problemas que tiene hoy el Gobierno Santos es su falta de diálogo con las comunidades, esa será una prueba aún más dura cuando tenga que aterrizar los acuerdos -la “paz territorial” que acuñó el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo- en las regiones más azotadas por la violencia y más abandonadas por el Estado. Para eso necesitará sociólogos rurales y demógrafos, que entienden los territorios y le puedan servir de puentes con los locales.

“En todas las instituciones exitosas del campo, como el Incora en sus inicios, los sociólogos rurales eran fundamentales como interfases. Llevar una institución al campo pasa por un acercamiento con los campesinos que solo sabe hacer quien trabaja en el terreno”, dice el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín, uno de los súper pensadores del conflicto que actualmente dirige el Observatorio para la Restitución de Tierras que montaron cinco universidades nacionales e integra la Comisión de Esclarecimiento del Conflicto.

El problema es que la mayoría de las facultades de sociología están volcadas hacia temas urbanos y la mayoría de los rurales se formaron por fuera, en lugares como los Países Bajos.

El país tiene aún menos demógrafos, una especialidad similar cuya fortaleza consiste en entender las particularidades de una población para poder diseñar mejor las políticas públicas para ellos.

Esto permitirá que herramientas estadísticas como el Censo Agrario que está haciendo el Dane -y que Colombia llevaba cuarenta años sin hacer- puedan ser utilizadas en todo su potencial. O, como dice un funcionario del sector, para garantizar que “el Estado no llegue como una aplanadora y no sepa cómo hacer las cosas”.

Con el campo de vuelta a las prioridades del Gobierno, la investigación en temas agropecuarios también debería despegar.

Eso permitirá que lleguen cada vez más investigadores a programas de innovación biotecnológica en los centros de investigación en el país, comenzando por Corpoica a nivel nacional y el prestigioso Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat) en Palmira que depende de la Cgiar internacional y que financian organismos de Naciones Unidas, pero también a los privados como Cenicafé de los cafeteros o los que tienen palmicultores, bananeros y cacaoteros.

Esto incluye biólogos que sepan de mejoramiento de semillas, de híbridos (el llamado crossbreeding, que no debe confundirse con transgénicos), de rescate de semillas nativas y de desarrollo de resistencia a plagas.

Es decir, de camadas de investigadores de campo más que de laboratorio, que puedan generar trabajos de impacto como la bacteria que sirve como control biológico contra un hongo que afecta la uchuva y que fue premiado por la Organización Internacional de Control Biológico en Suecia. O el trabajo de datos que permitió salvar cultivos de arroz al predecir correctamente los patrones del cambio climático, que acaba de recibir el premio de Naciones Unidas.

?Uno de los mayores problemas para que los campesinos retornen a muchas zonas del país es que no saben si sus tierras -o las vías que las rodean- están minadas. Como el país sólo ha logrado declarar hasta ahora cuatro municipios libres de minas antipersonal, los próximos años verán no solo una demanda en desminado sino también de personas que sepan de prevención de minas.

En 2010 Colombia pidió una prórroga de diez años para cumplir con la Convención de Ottawa y liberar de minas todo el país y firmó dos compromisos: incrementar la capacidad del Batallón de Desminado Humanitario que tiene el Ejército -que no da abasto hoy- y vincular a organizaciones de la sociedad civil en las tareas de desminado.

Pero ese proceso hasta ahora va lento. La británica Halo Trust, que es la mayor ONG en temas de desminado en el mundo y que tiene una larga experiencia en Afganistán y Camboya, arrancó ya sus operaciones de desminado en Nariño y San Rafael (Antioquia).

Las otras siguen esperando: la Fundación Suiza para el Desminado (FSD), que trabaja actualmente en siete países, ya superó las primeras dos fases del proceso de acreditación y está ahora esperando arrancar la fase de evaluación en terreno. Otras ONG como el Grupo de Desminado Danés (DDG) y la Ayuda Popular Noruega (NPA), que trabajan en 10 y 18 países respectivamente, han manifestado su interés pero no han podido arrancar el proceso.

Todo el esfuerzo contra minas lo lidera el Programa Presidencial contra Minas (Paicma), al que el vice saliente Angelino Garzón le paró pocas bolas y que ahora pasará al ministerio del posconflicto que dirigirá el general Óscar Naranjo. Con solo 50 empleados, difícilmente logra coordinar a todos los actores -desde defensa hasta salud- con los que tiene que trabajar.

Pero, sobre todo, tiene muy poca gente en los lugares donde están plantadas las minas y donde más se necesita el trabajo pedagógico de prevención, que coinciden con los mapas de la violencia y el olvido estatal. Y también con los de ejes cruciales de los acuerdos de La Habana, como la erradicación manual de coca y la restitución de tierras.

“Estamos como un murciélago, porque tenemos bien radar para ver el problema pero no tan fino como para entender su dimensión, su localización exacta o las características de los territorios donde están”, dice Álvaro Jiménez, el coordinador de la Campaña Colombiana Contra Minas.

?Colombia ha reconocido hasta ahora oficialmente a 6,8 millones de víctimas, un grupo que será uno de los ejes de la implementación de los acuerdos y que seguirá necesitando atención psicosocial a medida que regrese a sus territorios.

Aunque el país tiene psicólogos y trabajadores sociales formados en atención a enfermedades como el estrés postraumático, la magnitud del número de víctimas hace que se quede corto.

A eso se suma que el Papsivi, el programa de atención psicosocial para las víctimas que diseñaron el Ministerio de Salud y la Unidad de Víctimas -y que contempla un tratamiento especializado para cada uno de los tipos de trauma y los perfiles de las víctimas- está listo pero ha tenido muchas dificultades en llegarle al grueso de la población que lo necesita. Al igual que sucede con otras profesiones, el déficit más grande está en las zonas más alejadas y en la atención a los traumas colectivos de comunidades enteras.

?Uno de los mayores retos para los acuerdos será convencer con buenos incentivos a las legiones de profesionales de carreras tradicionales -como médicos o profesores- para que se vayan a trabajar a las regiones más golpeadas por la guerra donde más hacen falta. O, como dice un asesor del Gobierno en temas agrarios, a gestionar “el déficit en medio de la abundancia”.

“A los educadores y médicos más formados les cuesta ir a estos sitios de realidad extrema y encima les pagan menos cuando lo hacen. El incentivo está al revés: uno debería pagarle más al que se va a Nuquí que al que se queda en Medellín”, dice Diego Bautista, que trabajó en temas de víctimas y tierras en Usaid durante cinco años y que coordinó el informe Visión Colombia 2019 desde Planeación Nacional.

Esos incentivos no tienen que ser solamente económicos, sino también de otro tipo como puntos en escalafones profesionales o requisitos para determinados ascensos. Así funcionan programas como Teach for America, que lleva jóvenes recién graduados de la universidad a enseñar durante dos años en los rincones más precarios de Estados Unidos. O el Servicio País chileno, que lleva a profesionales jóvenes de todas las áreas -desde ingeniería hasta odontología- a trabajar un año en comunidades marginadas.

Ese mismo tipo de incentivos se necesitan para que los asistentes técnicos -uno de los personajes fundamentales del acuerdo agrario- lleguen a acompañar a los campesinos en los rincones más apartados. Estos profesionales -graduados de una formación tecnológica del Sena que seguramente tendrá que ser ampliada- son quienes pueden guiarlos en todo el proceso productivo, desde cosas sencillas como sembrar bien una semilla hasta cómo añadirle valor a su producto, comercializarlo y construir un plan de negocios.

“El punto no es que un campesino produzca el tomate más bonito, sino que lo pueda embalar y llevar al mercado. Que sea él quien lleva el negocio”, dice el ex viceministro agrario Andrés Felipe García.