Juan Manuel Santos decidió incluir en la Ley de Víctimas, que pasa a último debate, una línea reconociendo que en Colombia existe un conflicto armado. Es una afirmación obvia pero recargada políticamente.

Esta precisión fue introducida con el fin de eliminar cualquier ambigüedad sobre quién podía ser beneficiario de esta ley. El artículo 3 del proyecto de Ley de Víctimas que comenzará a discutirse en la plenaria del Senado ya decía que la reparación prevista en esta ley solo cubría a las víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Lo cual, en palabras sencillas, significa cualquier infracción cometida en medio del conflicto armado interno. Y si esto no era suficientemente claro, el proyecto también decía explícitamente que en ningún caso cubriría a las víctimas de la delincuencia común.

Santos junto a los líderes de lo partidos políticos, el día que presentó la Ley de Víctimas.

Operación del ejército en un laboratorio de las Farc. El Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que el reconocimiento del conflicto interno es lo que permite que, entre otras cosas, se pueda bombardear a la guerrilla dentro del marco jurídico del Derecho Internacional Humanitario.

El ex Presidente Álvaro Uribe teme que con el reconocimiento de un conflicto armado interno se le termine otorgando el estatus de beligerancia a grupos guerrilleros como las Farc.

Los ponentes de la ley habían dejado deliberadamente por fuera cualquier alusión al conflicto armado interno con el fin de no tocar las sensibilidades de los uribistas y del expresidente Uribe, quien durante sus ocho años de gobierno insistió en que en Colombia lo que había era una amenaza terrorista y no un conflicto armado interno.

El argumento de José Obdulio Gaviria, el ‘ideólogo’ del régimen y quien mejor elaboró esta teoría, es que reconocer que había un conflicto armado interno equivalía a reconocer que había una guerra civil entre los colombianos. Consideraba, erróneamente, que era el primer paso para que otros países -por ejemplo, Venezuela- les reconocieran a las Farc la condición de beligerancia. El reconocimiento de beligerancia es, a su vez, un paso previo para crear una ‘república independiente’ del Estado al que combaten.

La obsesión con eliminar esa definición del diccionario colombiano llegó a tal extremo durante el gobierno de Uribe, que prohibió mencionarlo en el Plan 2019, donde quedó plasmada la visión del Presidente para los próximos 15 años, se eliminó de los planes de desarrollo y de los discursos e, incluso, llevó a que José Obdulio dijera que los desplazados eran ‘migrantes’.

Era tapar el sol con una mano, porque lo cierto es que el conflicto armado interno ha existido durante varias décadas y por más avances logrados con la Seguridad Democrática para debilitar a la guerrilla, las Farc aún existen y siguen atacando.

Entonces, con ese reconocimiento público de que sí existe un conflicto armado, Juan Manuel Santos corta de raíz otro de los pilares ideológicos del uribismo que lo ayudó a elegir y ratifica lo que ya era obvio para cualquier persona que vive de cerca la violencia: el conflicto armado interno existe y ha existido desde hace muchos años.

Las razones de la resurrección

La pregunta es por qué Santos escoge este momento para resucitar ese debate, que no era estrictamente necesario para la ley, puesto que ya el artículo 3 era suficientemente claro. El Presidente, además, ya había dicho explícitamente que no cobijaría a las víctimas de las bandas criminales.

Es una posición polémica dadas las semejanzas que existen entre las bandas criminales y sus antecesores, los paramilitares, ya que son ellas las principales generadores de violencia hoy día, pero su intervención no dejaba mucho espacio para otras interpretaciones.

Revivir este debate precisamente cuando comienza la fase definitiva de la discusión de Ley de Víctimas, ya que es la última oportunidad que tiene el Presidente Uribe y sus seguidores de torpedear una ley en la que no creen, es arriesgado.

Inmediatamente después de eso, el senador de la U Roy Barreras, ponente del proyecto y una persona que ha mostrado todo el interés de sacar adelante esta ley, pidió que se postergara una semana la presentación de la ponencia para poder "socializar con su bancada" la alusión al conflicto interno. Barreras, además, le pidió a Santos que se reuniera con él y toda la bancada de La U en el Senado el próximo martes para discutir el tema antes de que, finalmente, se radique la ponencia.

Introducir este tema ahorita es particularmente riesgoso puesto que la salida del General Matamoros y la condena del General Arias Cabrales por los hechos posteriores a la retoma del Palacio de Justicia tienen a varios grupos cercanos a las Fuerzas Militares con la sensibilidad a flor de piel respecto a cualquier movida que pueda ser interpretada en contra de ellos.

Ya las Fuerzas Militares aceptaron que en la Ley de Víctimas se tratara igual a las víctimas de los grupos armados ilegales y a los de las Fuerzas Militares después de que se introdujo en el debate en Comisión Primera del Senado un mecanismo de revisión de casos excepcionales, cuando la Procuraduría, la Defensoría o el Ministerio de Defensa tengan dudas sobre la calidad de víctima de una persona que esté pidiendo la reparación.

En estos casos pueden pedir la revisión del caso ante el Comité Ejecutivo de la Reparación, que estará integrado por el Presidente de la República, los Ministros de Hacienda y del Interior, el director de Planeación, el director de la entidad que reemplazará a Acción Social y el director de la Unidad Especial de Reparación o sus delegados. Esto, en teoría, permitiría que, si el Ministerio de Defensa ve que una ‘falsa’ víctima está alegando haber sido agredida por un miembro de la Fuerza Pública, pueda pedir la revisión del caso. Con esto, el ministro Rodrigo Rivera dijo que las Fuerzas Militares se sentían tranquilas con la ley y hoy expidió un comunicado ratificando que para las fuerza pública sí existe un conflicto armado y que eso no cambia nada de lo que ha pasado en los últimos ocho años, apartandose de la interpretación de Uribe.

En Presidencia también le agregaron al proyecto en los últimos días unas 'correcciones' que había pedido el Ministerio de Defensa, en el sentido de incluir este ministerio en varias instancias para asegurar la seguridad del proceso de restitución de tierras, lo cual tiene mucho sentido, según dijeron algunos de los ponentes a La Silla Vacía.

Obviamente, cualquier cosa puede pasar en el último debate en plenaria del Senado y en conciliación en las próximas semanas. Y es posible que reviviendo ese debate sobre el conflicto armado, lo que quiera el presidente Santos sea precisamente darles ‘un hueso’ a los uribistas para centrar su atención en la discusión semántica sobre el conflicto armado mientras se vuelve ineludible este paso histórico que sería crear la obligación legal de reparar a todas las víctimas de la guerra. Si este era un propósito, evidentemente se logró pues el expresidente Uribe inmediatamente reaccionó vía twitter y luego en la W durante más de una hora.

De paso, también, se centra la atención mediática en esto y no en el escándalo de Fondelibertad, que salpica indirectamente a Santos, quien era el jefe de Harlan Henao, ni en el de Ferrostal; ni en los viajes en el avión de los Nule tanto de él como de su Ministro de Interior.

En todo caso, la discusión sobre si existe o no un conflicto armado, más allá del valor simbólico de romper con el lado más radical de derecha del uribismo, son puros fuegos artificiales. Lo realmente importante es que esa ley de víctimas se apruebe con lo fundamental. Que esa línea añadida a último momento esté o no esté, da igual.