Como era previsible el 25 de mayo próximo en Colombia habrá en la práctica una consulta ciudadana sobre la manera de dar fin al conflicto armado con la guerrilla de las Farc. Las encuestas dan dos datos parecidos pero distintos:

1. Solo el 30 por ciento de los potenciales votantes en esa consulta están de acuerdo con la salida negociada en la forma como se intenta en La Habana. Otro 30 por ciento cree que hay que persistir en la derrota militar de la guerrilla y la otra tercera parte concibe la “negociación” como una rendición y por tanto rechaza la forma como desarrolla el proceso actual.

2. Los candidatos (Santos, Peñalosa, López) que respaldan el proceso de paz sumados tienen alrededor del 50% de intención de voto para la Presidencia de la República, mientras que los que (Zuluaga y Ramírez) lo conciben como una rendición alcanzan aproximadamente el 40%. Hay un 10% de indecisos o en blanco. Ninguno de los candidatos defiende la salida militar.

Ante la posibilidad de que la consulta ciudadana alrededor de la forma de terminar la guerra se repita, ahora solo con dos voceros, la intención de voto de los eventuales eliminados se distribuye equívocamente: algunos de los que estaban con un defensor del proceso de paz pasarían a votar por uno que concibe el proceso como una rendición y viceversa.

Lo que se decide en la elección presidencial, a pesar de que los ciudadanos que contestan en las encuestas digan que no les importa tanto, es si después del  15 de junio se continúa o no con el proceso de La Habana. Es evidente que si triunfa alguno de los candidatos que esperan un sometimiento a la justicia y no una negociación esas conversaciones dejan de tener sentido. El proceso se inició con unas condiciones que resultan –en la práctica- inmodificables a esta altura del partido, por lo que el tiempo que Zuluaga y Ramírez dicen que le darían a la guerrilla para decidir si aceptan o no las nuevas condiciones resultaría innecesario.

Si, en cambio, el Presidente Santos o eventualmente alguno de los otros dos candidatos que respaldan el proceso, logra la mayoría las conversaciones de La Habana deberán adquirir una nueva dinámica, pero especialmente será la hora de buscar un consenso político para hacer viable un acuerdo tanto jurídica como políticamente.

Los resultados de las consultas del 25 de mayo y el 15 de junio van a ser muy divididos y estrechos. Con el grado de división y polarización que tiene la sociedad colombiana alrededor del proceso es imposible sacar adelante un acuerdo con las implicaciones jurídicas, políticas e incluso éticas que comporta el que pueda salir de La Habana.

Si la decisión termina siendo mayoritariamente contra el proceso habrá que asumirlo, será la decisión democrática, si es a favor el mandato no será solo a seguir sino –ahora sí- a convocar a la sociedad sobre lo que estamos dispuestos a aceptar en un acuerdo, que además después tendrá que consultarse en un referendo tal como está pactado y ofrecido.

Pasadas las elecciones los opositores al proceso habrán perdido su principal incentivo: derrotar a Santos y probablemente estarán dispuestos a aceptar algún grado de acuerdo, probablemente lo quieran si va acompañado de la perspectiva de una Asamblea Constituyente, que es su verdadero propósito último. Al uribismo solo lo mueve el deseo de cambiar la Constitución, abrir las puertas de una reelección indefinida y con los resultados que obtendrá en la contienda presidencial volverá a creer que es posible obtener la mayoría en una eventual Constituyente.

Ese será el incentivo que tendrán para aceptar el proceso de paz. Las diatribas son contra el proceso y con fines puramente electorales: que no recluten niños, que no asesinen soldados, que no extorsionen, que no narcotrafiquen, que no pongan minas, que es inaceptable, que… etc. Los jefes del uribismo saben que todo eso es lo que se va a terminar si se logra un acuerdo pero insisten en confundir porque les produce réditos electorales.

Con un acuerdo les quedarán dos temas, sobre los cuales debería –a mi juicio- buscarse un consenso después de las elecciones, si es que la mayoría se decide por el acuerdo de paz y no por la confrontación: la cárcel y la posibilidad de que sean elegidos a cargos públicos.

Respecto de lo primero Zuluaga y Ramírez han bajado sus reclamos. El candidato del Centro Democrático ha dicho que podrían ser cinco años para los que cometieron los delitos más atroces. Entre cinco años y una pena excarcelable no estamos muy lejos por lo que el consenso sería posible en ese punto. Es probable que sobre el otro, en el que menos restricciones jurídicas hay, se pueda también llegar a algún acuerdo.

Insisto, pasadas las elecciones las expectativas son distintas, así que si se alcanza la mayoría en favor del proceso de paz en las consultas próximas, habrá que aprovechar los escenarios políticos futuros, no para dividir, sino al contrario, para hacer viable política y jurídicamente el eventual acuerdo.

Si la mayoría es contra el proceso...