Entregó puestos a cuotas de senadores y magistrados: como lo contó La Silla Vacía al armar el universo del Procurador, durante esta campaña se conoció la dimensión verdadera de su poder burocrático. Ordóñez es el funcionario con más capacidad de hacer nombramientos bien pagados, con sueldos entre 6 y 21,5 millones de pesos. Y eso lo ha sabido manejar muy bien. En un trabajo con resultados parciales, debido a que en cuatro años Ordóñez ha nombrado y mantenido en sus cargos a más de mil personas, La Silla encontró en su lista de nombramientos a familiares y amigos de 31 senadores y 21 magistrados de las altas cortes. Los senadores son quienes lo eligen de una terna en la que, en esta segunda ocasión, fue postulado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, por punta y punta, el procurador supo repartir su pastel de los puestos.

El Procurador ha sido uno de los responsables del problema fiscal causado por las astronómicas pensiones de los magistrados: como lo contó este domingo Norbey Quevedo en El Espectador, Alejandro Ordoñez cuando era magistrado del Consejo de Estado fue ponente de una polémica sentencia que le ajustó la pensión a un consejero de Estado y por esa vía abrió un boquete para que otros magistrados pidieran un reajuste de su pensión. El mismo Ordoñez pidió y logró ser beneficiario con su propio fallo.

Ya como Procurador tampoco ha estado exento de darle 'palomitas' a jueces para mejorar su pensión. Así lo hizo con la hermana del representante tolimense Alfredo Bocanegra, María Luisa, a quien nombró el año pasado procuradora en Ibagué durante unos meses con lo cual esta ex juez se pudo jubilar con una pensión de más de diez millones triplicando la pensión que habría tenido como juez de circuito que había sido hasta ese momento. Una decisión que expertos económicos calculan que podría costarle a los contribuyentes unos 3 mil millones de pesos.

Nombró en la Procuraduría a familiares de magistrados que podían tener injerencia en su postulación:  el sindicalista del Ministerio Público Jorge Eliécer Riaño puso en conocimiento de la Corte Suprema que Ordóñez había nombrado en la Procuraduría familiares de seis magistrados que podían tener injerencia en su postulación al cargo, tal y como lo detalló La Silla. La Constitución prohíbe que un funcionario nombre a familiares muy cercanos, como esposas, hermanos o hasta primos, de los “servidores públicos competentes para intervenir en su designación”. En este caso, el debate está sobre si por 'designación' se debe entender también la postulación en la terna. Varios constitucionalistas consideran que sí.

Ha utilizado los cargos de libre nombramiento y remoción como regla y no como excepción: en una entrevista en Kien&ke, el Procurador explicó que tenía unos 2200 cargos de libre nombramiento y remoción para explicar por qué no podría verificar en cada caso si la persona nombrada es o no familiar de un magistrado. De esta manera, como lo anotó en una columna Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, reconoció que desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha dicho que la carrera administrativa es la regla y que los empleos de libre nombramiento y remoción deben ser la excepción y estar reservados a cargos que por su naturaleza sean directivos o requieran una especial confianza del director de la entidad.

Mintió públicamente para avanzar su agenda religiosa: ya había habido voces ciudadanas que advertían que, en sus actuaciones públicas, el Procurador anteponía sus creencias religiosas a, por ejemplo, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que autoriza el aborto en tres casos específicos. Pero durante esta campaña por su reelección, fue la misma Corte, en respuesta a una tutela que pusieron 1.200 mujeres, la que dictaminó que Ordóñez le mintió a los ciudadanos en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, al decir que la píldora del día después es abortiva.

Ordoñez, cuando era magistrado del Consejo de Estado, suspendió la destitución del general Mauricio Santoyo: cuando surgió el escándalo por la extradición del exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, el nombre de Ordóñez también salió a relucir. Se supo que después de que el entonces procurador Edgardo Maya había destituído e inhabilitado a Santoyo para desempeñar cargos públicos por cinco años por chuzar a activistas de derechos humanos desde el Gaula, una sala del Consejo de Estado – integrada por los entonces consejeros Tarcisio Cáceres Toro, Jesús María Lemus Bustamante y Alejandro Ordóñez- encontró que la notificación del fallo de la Procuraduría en contra del general en retiro se hizo unas semanas después de vencerse el término que da la ley para imponer una sanción disciplinaria. Los magistrados consideraron que se le había violado el debido proceso a Santoyo y por eso le “suspendieron” la destitución. Como contó La Silla, Lo insólito en este caso es que el Consejo de Estado tradicionalmente utiliza un criterio muy riguroso para aceptar suspender un acto administrativo mientras decide sobre su nulidad y suele concederlo solo cuando la ilegalidad es evidente. En este caso, según Noticias Uno el caso había prescrito hacía unos días porque Santoyo no se había dejado notificar y lo tuvieron que hacer por edicto.

En Santander, en agosto de 2011 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al entonces alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza. Lo hizo mediante un proceso verbal que duró tres meses. Su reemplazo, el exalcalde Héctor Moreno Galvis, serpista de pura cepa y excongresista por el Partido Liberal, en apenas cuatro meses de gestión celebró contratos que fueron objeto de graves denuncias en los medios de comunicación. Pero frente a este carrusel de contratos Ordóñez no ha actuado con la misma diligencia y aún no hay ninguna sanción, como contó La Silla.

Mantuvo a Diego Bravo en la Procuraduría a pesar de que estaba inhabilitado: Cuando Ordóñez nombró a Diego Bravo en junio de 2009 como su Procurador Delegado, la Contraloría le tenía abierto un proceso fiscal al ahora gerente del Acueducto de Bogotá,  pero no había ninguna sanción. Una vez quedó en firme el fallo de segunda instancia sancionando a Bravo su inhabilidad fue publicada en el boletín virtual de la misma Procuraduría General, entidad en la que trabajaba. Sin embargo, y a pesar de estar inhabilitado, Ordóñez lo mantuvo en el cargo hasta que el Contralor Julio César Turbay revocó el fallo con un procedimiento express, como lo contó La Silla.

Permitirá que senadores investigados por su despacho voten por él: ayer, el abogado Gabriel Pacheco presentó ante el presidente del Senado, Roy Barreras, una recusación a 28 congresistas que tienen indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias en su contra en la Procuraduría, para que éstos se declaren impedidos y no voten hoy. Elección Visible, un colectivo que reúne varias organizaciones ciudadanas, dio a conocer la lista, según la cual estos senadores tienen investigaciones por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley y supuestas irregularidades en la ejecución de contratos, entre otras faltas disciplinarias. La Silla supo que uno de los indagados por la Procuraduría, el senador Armando Benedetti, se declarará impedido hoy para votar. Es posible que varios de sus colegas le sigan los pasos, ante la posibilidad de que, si llegan a participar en la elección, sus investiduras puedan ser demandadas ante el Consejo de Estado. Sin embargo, ayer en la mañana el senador Eduardo Enríquez había dicho que los investigados por el Ministerio Público no tenían por qué declararse impedidos, pues tienen toda la facultad de ejercer su derecho al voto.

Se ha quedado callado frente a la queja de falta de garantías de sus compañeros de terna: Apenas una semana después de haber sido ternada para Procuradora por el presidente Juan Manuel Santos, la magistrada María Mercedes López empezó a quejarse de que ni ella ni su otro compañero en la terna, Orlando Suárez Gallo, contaban con las garantías para competirle a Ordóñez. López aseguró que el Procurador ha utilizado el cargo para reelegirse y que el Senado nunca ha considerado una opción distinta a él, a pesar de ser ella la candidata del presidente.

A través de su cuenta en twitter, López dijo que apenas había tenido seis días para reunirse con los senadores y que por eso espera que la elección de hoy se aplace. En ese punto recibió el respaldo de Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien coincidió en que el proceso ha sido inequitativo y en que también espera que hoy se postergue al menos unos 15 días. Ayer había rumores de que ella podía incluso renunciar a la terna y que algún sector conservador la estaría tratando de convencer de no lo hiciera, con la secreta intención de no dañar la elección del actual procurador.