Cinco debates en el Concejo de Bogotá y los pronunciamientos de la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios Públicos e incluso informes de prensa, todos advirtiendo dudas, no bastaron para que el alcalde Gustavo Petro desistiera de imponer un esquema de basuras que parece haber llegado a su final, con costosas consecuencias para los bogotanos y sin haber ni siquiera despegado del todo a pesar de que prometía traer beneficios a todos los recicladores de la ciudad.
En el que parece el último capítulo de la novela de las basuras que comenzó en diciembre de 2012, ayer la Superintendencia de Industria y Comercio ratificó en última instancia una decisión de abril pasado que ordena cesar el modelo de aseo de Petro por considerarlo “inconstitucional e ilegal”, y que multa a 10 funcionarios (incluido Petro) por 1.500 millones de pesos en total y a tres entidades del Distrito por 80 mil millones de pesos entre todas.
La SIC dio un plazo de seis meses para que en Bogotá vuelva a regir la libre competencia, que según esa entidad es el derecho que el esquema de Petro violó, lo que en la práctica significa que cualquier empresa pública o privada podrá a entrar a la ciudad para prestar el servicio de recolección de basuras.
Otra opción es que en ese periodo entre a regir la competencia con áreas de servicio exclusivo que deber ser aprobadas por la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento Básico, CRA. La Superintendencia dijo que en cualquier caso se debe mantener la participación en el negocio de la población recicladora, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional.
“Por desprivatizar un servicio público e incluir a los recicladores debo pagar 400 millones de multa. Mi patrimonio personal se ha extinguido”, trinó Petro después de conocerse la noticia contra la cual no procede ningún recurso.
Pero más allá del drama personal del mandatario y de los demás empleados públicos -que deberán cancelar de su patrimonio montos que van de los 19 a los 410 millones de pesos- está la realidad de los bogotanos que tendrán que pagar por la decisión castigada a Petro 80 mil millones de pesos así: 61 mil millones la Empresa de Acueducto, 17 mil millones la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y 1.330 millones el operador público Aguas de Bogotá. Todo de dinero público que vuelve al Estado pero no a las arcas de Bogotá.
El asunto ya tiene a algunos (como los concejales María Victoria Vargas y Antonio Sanguino, que lideraron debates a las basuras en el Concejo) pensando en la incidencia que tendrá el castigo en las finanzas de estas entidades, especialmente de Aguas de Bogotá que este año ha atravesado dificultades financieras debido a que -por lo menos a marzo- a la empresa no le alcanzaban sus recursos para cubrir sus costos operacionales y a corte de diciembre de 2013 tenía un déficit de 5 mil millones de pesos.
“Aguas de Bogotá es una caja negra, una entidad en la que nada es claro, no se sabe para dónde va en términos financieros ¿Qué van a hacer para no poner en riesgo sus finanzas? ¿van a subir las tarifas de aseo?”, le dijo a La Silla la liberal María Victoria Vargas, quien hace tres meses denunció inconsistencias en los balances financieros de ese, el operador público que sin mayor experiencia tiene a cargo la recolección de las basuras en la mitad de la ciudad por decisión del Alcalde.
La Silla intentó comunicarse con el Acueducto (del que Aguas de Bogotá es filial) y con la Uaesp para preguntar por este impacto fiscal, pero no fue posible. En el Acueducto dijeron que van a demandar el fallo ante el contencioso. Un asunto que, sin embargo, no los exime de pagar la multa en los próximos días, a menos de que el Consejo de Estado dicte medidas cautelares.
En la Uaesp, la directora dice que no se pronunciará hasta que no la notifiquen oficialmente de la decisión de la Superintendencia.
Las tres entidades, y así se lo explicaron a La Silla en la SIC y en el Acueducto, tienen la posibilidad de acordar un plan de pagos para pagar en cuotas y que el efecto financiero no sea tan fuerte. Pero no es difícil prever que no será sencillo, teniendo en cuenta por ejemplo que la multa al Acueducto equivale a la mitad de sus utilidades en 2013.
Las utilidades del Acueducto, por cierto, bajaron de 175 mil millones de pesos en 2011 a 120 mil millones de pesos el año pasado, segín cifras oficiales que le dio a La Silla el Concejal Sanguino.
Un año y nueve meses duró el modelo del aseo del Alcalde de la Bogotá Humana en medio de críticas y de una profunda crisis institucional por la destitución inédita -y posterior reintegro gracias a un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá- a Petro por parte de la Procuraduría, que considera que él cometió tres faltas disciplinarias gravísimas en la implementación de su iniciativa.
Pero también hubo guiños al proyecto petrista de las basuras. Hace un mes la todavía ministra de Ambiente Luz Elena Sarmiento, en la inauguración de la conferencia sobre desarrollo sostenible Río+20, dijo que el modelo de aseo de Bogotá con la recolección separada de los residuos y el material reciclaje y la inclusión de los recicladores sería impulsado en todo el país. Además en febrero en un fallo de primera instancia un juzgado estipuló que el demandado decreto de Petro cambiando el esquema de la basura era legal.
Esos dos asuntos han sido destacados por Petro en su twitter para defender la propuesta.
Sin embargo, más allá de las declaraciones de lado y lado y de la misma sanción de la SIC, ¿qué logró en concreto la apuesta de Petro que lo enfrentó a buena parte de los ciudadanos y del establecimiento? La respuesta es: no mucho. Y en cualquier caso, no todo lo que prometió el Alcalde.
Enarbolando la causa de los recicladores de la ciudad (cuya inclusión en el negocio de la basura no fue un invento de Petro sino una orden de la Corte Constitucional), el Alcalde de Bogotá anunció en 2012 la creación de un operador público del aseo para la capital, lo que se interpretó como la salida de los privados, a los que señaló de tener ganancias exorbitantes y sobre quienes llegó a referirse como “mafia paramilitar”.
Esas eran las dos ideas básicas del modelo que Petro vendió a la ciudad: que los privados se irían y se acabarían sus ganancias excesivas y que la población recicladora se vería beneficiada.
Hoy, y aunque ni en el Acueducto ni en la Uaesp quieren hablar, La Silla supo que tres de los cuatro operadores privados a los que el mandatario señaló de mafias siguen contratados por el Distrito con contratos a término indefinido o hasta que se haga una licitación de basuras.
Ciudad Limpia se gana 3.900 millones de pesos al mes, Lime 2.900 millones y Aseo Capital 3.300 millones Su tarea es recolectar la basura.
Entre las tres prestan el servicio al 48 por ciento de la ciudad, mientras que el público Aguas de Bogotá cubre el 52 por ciento.
Al no tener la experiencia Aguas de Bogotá, al principio Aseo Capital y Lime firmaron otrosíes en sus contratos, con una mayor ganancia, para apoyar la prestación de su servicio.
Incluso hoy Aguas de Bogotá tiene arrendada una base operativa en Fontibón que pertenece a una empresa de la cual es socio el empresario William Vélez, dueño de Atesa, el cuarto operador que no fue contratado. Atesa también le alquiló un tiempo unos equipos de recolección de basuras al operador público.
Esos privados ahora ganan un poco menos de lo que ganaban antes, como lo contó La Silla poco tiempo después de que entrara el nuevo esquema del aseo. Sin embargo, esas empresas ahora tienen unas ventajas: no tienen la concesión, sino que están contratados por la Uaesp para operar. Eso significa que reciben un pago mensual que no depende de lo que se recaude vía tarifa. Es decir, tiene menos riesgos y un ingreso fijo.
“La cartera ahora es un problema del Acueducto y no de nosotros”, le dijo a La Silla una persona de los privados.
Pero además, dos de los privados (Lime y Aseo Capital) aún hoy mantienen el negocio de la facturación con un contrato que va hasta el próximo 1 de noviembre y que entre junio de 2013 y agosto de este año ascendió a 22 mil millones de pesos.
Antes del esquema de Petro, esos privados tenían la facturación (igual que ahora con el Centro Único de Procesamiento de la Información Comercial del Servicio de Aseo, Cupic, creado por los operadores en 2003), pero ellos corrían con ese gasto pues hacía parte de la concesión. Ahora les pagan por ello. Y aunque no es claro si tienen más o menos utilidad que antes, este hecho evidencia que tampoco la facturación se ha podido desprivatizar.
El Acueducto intentó hacer la facturación un tiempo, pero tuvo inconvenientes y por eso volvió a contratar los privados del Cupic en junio del año pasado.
Entre las tareas de los privados del Cupic está además atender las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios de Aguas de Bogotá, el operador público. Lo que evidencia que esa parte no la logró estatizar Petro.
En cuanto a la inclusión de los recicladores, como lo contó ayer La Silla, de 20.643 recicladores registrados en el Ruro, que es el Registro Único de Recicladores de Oficio que creó la Administración, 7.419 tienen carnet de recicladores de oficio y 8.112 tienen cuenta en el banco para recibir un pago por reciclar.
Sin embargo, apenas el 45 por ciento de los recicladores inscritos en el Roru registra haber llevado material reciclable a los centro de pesaje 24 veces en 18 meses.
Cada reciclador que esté llevando su material a los centros de pesaje autorizados por el Distrito recibe 87 pesos por kilo de material reciclable.
Las cifras de Planeación en el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo señalan que durante los primeros seis meses de este año el Distrito pagó 10.579 millones de pesos a 22.055 recicladores de oficio (aunque dicen esas mismas cifras que en Roru hay apenas 20.643 recicladores). Según esos datos, cada reciclador recibió 80 mil pesos mensuales por reciclar. Es decir, cada reciclador logró reciclar menos de una tonelada mensual.
Además de eso, el hecho de que al relleno Doña Juana actualmente estén entrando en promedio unas 6.400 toneladas de residuos diarios indica que la ciudad no está reciclando más que hace dos años, cuando entraban más o menos las mismas toneladas al botadero.
El modelo de aseo petrista, cuya inversión del principio fue de unos 236 mil millones de pesos en un negocio que producía unos excedentes que estaban en una bolsa general del aseo y que se pagaba vía tarifa, tiene otros procesos pendientes en la Superintendencia de Servicios y en la Contraloría Distrital por supuestas irregularidades.
Al menos durante los próximos seis meses seguirá funcionando tal y como está. Este tiempo será clave para ver si el Alcalde espera a que se abra la libre competencia o si gestiona la autorización que necesita de la CRA para que haya áreas de servicio exclusivo y las entrega mediante una licitación en la que podría concursar Aguas de Bogotá.
El problema de la licitación es que como no se ha podido estructurar en tres años, parece poco probable que el Distrito lo logre hacer en seis meses. Más teniendo en cuenta que en la CRA actualmente no está andando ninguna petición de Bogotá sobre áreas de servicio exclusivo, como se lo confirmó la entidad a La Silla, y que ese proceso de autorización tarda precisamente al menos unos seis meses como dijo la misma fuente.
Seguramente pronto la ciudad verá el próximo capítulo de la novela de las basuras de Petro.
Petro debería llamarse el Alcalde Fraude !!! Todas sus medidas han sido un desastre para la ciudad. El modelo de aseo, arrancó muy mal, los pobres recicladores, no han hecho mas que antes y los sobre costos del famoso modelo, lo pagaremos los Bogotanos. La culpa es de lo que votaron por semejante inepto !!!
Todos los extremos autoritarios y fanáticos son malos. Si algo prueba el equilibrio de La Silla es que, si los uribistas no la quieren, los petristas ciegos y sordos, tampoco. Sólo los gusta cuando le da palo al bando contrario, porque el mesías propio, perfecto e inmaculado, no admite crítica alguna.
Estar exento de crítica es sinónimo de equilibrio y criticar lo es de fanatismo. La mejor descripción del idiosincrásico principio que guía el discurso de los colombianos con "opinión". Cubre tanto a políticos, como periodistas, educadores y escritores. Nunca falta en los debates llevados "con altura."
Pero si contrato nuevamente a las mafias, tanto en Basuras como en trasmilenio y les regaló mas dinero del que ganaban con las contrataciones a dedo. Aún no se esclarece que corrupción tiene Petro detras de todo ésto
Les recomiendo que lean otar visión del tema: http://www.las2orillas.co/guerra-sucia-contra-bogota/, tiene la ventaja de que cita las fuentes y se sale un poco de la linea editorial de Laura. No se si es que la pusieron ahí para eso o es simplemente un tema personal. Espero hace rato de LSV algo de balance con respecto al tema de Bogotá.
Obviamente para Laurita el dotor Gonzalez y el dotorsisimo Velez son las santas palomas de la prosperidad y la paz, pero para los contratistas!
Un blogeconomistas hizo un recorderis d la Bogotá d los últimos 12 años dejando claro q la izquierda s la culpable d la debacle d Bogotá. El señor Nupia naturalmente no hizo análisis, simplemente expuso su opinión particular defendiendo a Castro, incluso a Peñalosa y a todo lo q signifique NO IZQUIERDA.
Sres Periodistas, analistas, especialistas, columnistas,OPINISTAS: La labor d Uds. n un país como este donde todo funciona a medias y d ahí p’abajo, necesariamente TIENE q ir mas allá dl mero rigor periodístico; si d verdad n el oficio q asumieron hay una dosis básica y mínima d SENTIDO SOCIAL, debe reflejarse n posiciones críticas, no sectarias q hagan eco al interés político dl candidato d turno afín a sus NECESIDADES. Hay q dejar huella para así morir con la tranquilidad dl deber cumplido.
En la W están anunciando un tal ’YO PUEDO’-o algo así-, con un listado ‘’exclusivo’’ d colegas, donde brilla x su ausencia el equilibrio x lo menos ideológico.
ASÍ COMO, ASÍ CUANDO..!
La otra tesis de Laura Ardila, como lo ejemplifica ella misma en su artículo (es decir, yo no me la inventé) es: si algo está funcionando mal, deje así, no trate de arreglarlo. (De hecho, si trata de arreglarlo, le van a caer encima la Procu, la Contra, la Perso, Arizmendi, los dos Yamid y hasta la Silla en la persona de Laura Ardila -no voy a decir que Juanita León no sepa nada de esto, porque claro que lo sabe y lo acolita-).
Si uno se toma el tiempo de leer "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2011/a275-11.htm" se da cuenta que lo que está haciendo Petro puede tener problemas de forma, pero no de fondo, y es lo correcto. Como lo dice muy claramente el documento, los derechos fundamentales van por encima del derecho a la libre comptencia. Me imagino que Petro no se va a contentar con "comer callado" frente al fallo de la SIC y que, si existen las posibilidades jurídicas, va a impugnarlo, apelarlo, demandarlo, cuestionarlo o buscar que quede sin efecto lo va a hacer. Es lo menos que puede y que debe hacer. Entre otras perlas reciclables, la mención en el titular de los 80 mil millones supauestamente perdidos es estrategia retórica de sensacionalismo (más digna del Espacio o Candela Stereo que de la Silla Vacía) y todo lo que se diga en el mismo tonito tremendista es exactamente basura, ya que estamos en ese tema. Nuevamente Laura Ardila mostró su "imparcialidad".
Todos los hechos que se han configurado en torno del caso PETRO son extremadamente complejos, variados y de múltiples repercusiones en doble o triple vía. En primer término está la ofensiva que todos los capitalistas, corruptos que viven a expensas de los recursos del Estado, mafiosos de todos los pelambres agazapados en la impunidad de algunos o numerosos jueces y las autoridades de control empezaron. Ésta últimas desproporcionadamene se extralimitaron en sus funciones.
En segundo lugar debemos situarnos en lo que representa en sí la gestión administrativa en el contexto de una sociedad, capitalista o no. Y de cuál manera esa gestión está perforada por la multiplicidad de intereses.
En tercer término están las equivocaciones de PETRO. Su concepción es vergonzante ante los aportes teóricos que históricamente hay frente a cómo interpretar los hechos en función de los intereses de las élites, clases sociales, grupos, conglomerados económicos o estamentos sociales.
Oye Laurita, deberias encabezar la defensa juridica del cartel de la contratación de Bogota. Que lástima que La Silla tenga Mercaderistas de verdades a medias-QUE SE CONVIERTEN EN MENTIRAS-en vez de serios columnistas y reales investigadores. Cuanta basofia, supuestos y delirantes rasgaduras de vestidura te haces por el Pueblo Bogotano, cuando todos saben que lo que te duele, lo mismo que a las mafias de la Contratación, es la pérdida del poder en un negocio que produce MILES DE MILLONES y que no han podido torcer y manipular para los poderosos de siempre, a pesar de estar todas las entidades de "control" para garantizar la Privatización de todo lo que sea servicio público en Colombia. Que mal estamos señores de la Silla de periodismo y sobre todo de voces que trabajen y luchen de verdad por la Gente y no por los "negociantes" que todo lo quieren volver GANANCIAS Y DINERO!!!.
Tan linda Laura, toda inocente, todita ella de buen corazón creerá que las entidades son justas e imparciales, que tierna.
Hola, chévere que comentaras con argumentos puntuales sobre lo que dice la historia. Saludos
Este tema para mí, es igual de subjetivo a la interpretación de las leyes en nuestro país, que puedo decir objetivamente si no tengo fuentes que seguramente son tan reputadas como las tuyas. Simplemente pienso que tanta presión en los medios nuevamente por sentencias, ratificaciones, inconstitucionalidades emitidas por organismos tan untados tiene tanto de curioso y extraño que me preocupa la posición de personas inteligentes y juiciosas como tú, pero es inevitable ponerme de lado del perdedor cuando tanto se dice de sus castigos. Con respecto a lo que piense o no cualquiera, nunca me atrevería a discutir acerca de esto. Gracias por insistir con los foristas como yo.
Entiendo tu punto y la suspicacia que te generan algunas decisiones de ciertas autoridades. A mí en lo personal se me hace difícil pensar que absolutamente todo el mundo (léase esas entidades) se puso de acuerdo para fregar a Petro. Mucho más teniendo en cuenta que Petro apoyó la reelección de Santos. En cualquier caso, así uno no le quiera creer a la SIC, es increíble cómo esta entidad falla casi usando los mismos argumentos de quienes desde el principio le dijeron al mandatario que la implementación de su bien intencionado esquema de aseo era equivocada. Por otro lado, ten en cuenta que los datos verídicos y verificables sobre los pobres resultados de ese nuevo modelo de basuras son del oficiales, en lo que respecta a los recicladores. Saludos
Precisamente, la "increíble" utilización del mismo argumento en contra de Petro es indicio de que sí hay un complot contra su administración. Y no sólo es indicio porque todas las instancias que han utilizado ese argumento transforman una decisión administrativa en falta disciplinaria, sino porque el argumento de la violación a la "libre competencia" es completamente ridícula y deja, ahora sí, en claro la absoluta falta de dientes de los "opinadores" bogotanos (entre ellos, claro, los de LSV). Ni los dineros públicos, ni la prestación de servicios públicos son materiales de "libre competencia" sino de la potestad del gobierno local que representa los intereses ciudadanos. Privatizar, o no, la prestación de un servicio público es, en Colombia y en todo el mundo, una decisión ideológica y no una respuesta a algún "derecho fundamental" de los capitalistas. En Colombia, las licitaciones se tienen que hacer solo cuando el estado decide dejar a privados la prestación de un servicio público..
...no cuando el mismo estado decide prestarlo. Nacionalizar o privatizar es una de las disyuntivas que definen qué es izquierda y qué es derecha. Si la decisión de hacer cualquiera de las dos cosas se vuelve asunto punible tenemos que ponernos a pensar si de verdad estamos viviendo bajo una democracia. Y sí creemos que la pluralidad política si responde a un derecho ciudadano democrático que consideramos importante, tenemos que concluir que los verdaderos criminales son los que reprimen esa pluralidad.
Pues yo si pienso que hay complot, que me perdonen, pero así es.
Hola, cainem, te cuento: el hecho de que haya unos privados operando no quiere decir que Bogotá esté en libre competencia. La Administración Petro restringió eso y no es posible que una empresa entre a operar si quiere hacerlo. Precisamente, eso fue lo que castigó la SIC. Los tres privados que operan están porque así lo autorizó el Distrito (debido a que necesitó esa ayuda pues Aguas de Bogotá no tiene la capacidad para cubrir solo toda la ciudad) a través de unos contratos con la Uaesp. La idea del Alcalde era que la empresa pública operara sola, pero como no tuvieron la capacidad recurrieron a los privados. Pero no en libre competencia. Saludos
El tema es que, con todo respeto, tu crees que porque tu lo crees tu tienes razón y mis fuentes son la fm y rcn. Te cuento: en libre competencia puede entrar el que quiera a operar. Por supuesto, como por ejemplo pasa con las empresas de flotas, tienes que tener una vigilancia. En el caso de las basuras, la vigilancia a las empresas en libre competencia la hace la Superservicios. En Colombia hay dos modelos: A. libre competencia, entra el que quiere. B. áreas exclusivas que entregas con licitación. Bogotá lleva casi dos años en los que no está ni en A ni en B.
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