Pierde Santos

Si hubiera acatado la solicitud de la Cidh, suspendiendo la destitución, Santos habría tomado la decisión en contra del sentir de la mayoría de la gente que lo acompaña en su campaña reeleccionista.

Desde su fórmula vicepresidencial, Germán Vargas Lleras, para abajo, Santos se topa con santistas que, en palabras de Horacio Serpa, tienen un “odio rabioso contra Petro” y esperaban que el Presidente no acatara la solicitud de la Comisión.

Según Serpa, que es uno de los pocos ‘santistas petristas’, La U y Cambio Radical - dos de los tres partidos que acompañan la reelección de Santos - están a favor de que Petro deje la Alcaldía. Además, sectores del propio Partido Liberal, también juegan en esa línea, como los concejales de Bogotá Miguel Uribe Turbay, María Victoria Vargas y Jorge Durán.

Rodrigo Lara elegido como representante a la Cámara por Bogotá con la lista de Cambio Radical, que sacó 100 mil votos, le dijo a La Silla que, aunque la sanción disciplinaria puede ser considerada “excesiva”, el Presidente Santos no tenía opción.

“El único camino que tiene es acatar la decisión pero del Procurador,” le dijo Lara a La Silla antes de que Santos anunciara su decisión, y agregó que “el Presidente no puede desconocer las decisiones de la justicia colombiana, sobre la base de las recomendaciones de un organismo extranjero”.

Pero más allá de la posición que tengan los directivos de que Cambio Radical o La U, la pregunta importante políticamente desde la perspectiva de Santos era si acatar la solicitud del Cidh le hacía perder definitivamente a Bogotá, que en las elecciones presidenciales pone alrededor de un 20 por ciento de los votos.

YaÓscar Iván Zuluaga había fijado su posición y dijo que Santos no debía acatar la decisión de la Cidh, una manifestación que lo alíneaba aún más con los 318 mil votos de los uribistas de Bogotá.

La lista del Centro Democrático en Bogotá fue la más votada en la Cámara, con María Fernanda Cabal a la cabeza, criticando a Petro.

Aunque Enrique Peñalosa no se ha pronunciado frente a las medidas (La Silla lo llamó y en su campaña dijeron que estaría todo el día en una finca encerrando preparando su plan de gobierno) él también ha criticado la gestión del Alcalde distrital, y los bogotanos que rechazan a Petro (el 64 por ciento según la Gallup del 5 de marzo) podrían utilizar la decisión de Santos de acatar para inclinarse por alguno de sus rivales.

En conclusión, si hubiera aceptado las medidas cautelares de la Comisión Santos no sólo habría dejado que el uribismo se consolidara como el antipetrismo en Bogotá sino que podría haber perdido su electorado contrario a Petro que está con él (por ejemplo, los que votaron por Cambio Radical) pero que hubiera visto esa decisión como una debilidad del presidente ante la izquierda y un golpe a la institucionalidad nacional.

Además de esto, dando vía libre a la suspensión de la destitución Santos se habría ganado un enemigo que pocos quisieran tener en época electoral como Alejandro Ordóñez y mucho menos cuando está en juego el proceso de paz con las Farc y el Procurador se ha convertido en una piedra en el zapato.  

Si hubiera acogido las medidas cautelares, Santos también le hubiera abierto la puerta a la revocatoria, que de ganar el SÍ podría terminar de coronar al uribismo en Bogotá vía Pacho Santos - el abanderado del SÍ - y Miguel Gómez, el promotor de la revocatoria desde sus inicios, con un impacto impredecible sobre las presidenciales.

Finalmente, acatando la solicitud de la comisión, Santos habría perdido votos entre quienes, de derecha o de izquierda, tienen sentimientos nacionalistas y consideran que la justicia colombiana ha funcionado y Petro ha tenido toda las garantías para defenderse. Tanto que en algún momento instancias de la justicia le dieron la razón a los petristas, aunque al final triunfará en las altas cortes otra visión.

“Si el Presidente acata envía el mensaje de que la justicia colombiana no sirve, arrasa la institucionalidad, habría un derrumbe del sistema judicial”, le dijo Pacho Santos a La Silla, antes de que se conociera la decisión de no acoger las medidas cautelares.

Sin embargo, no acatando la solicitud de la Cidh y haciendo efectiva la destitución, Santos también perdió.

Terminó de cerrarle la puerta al electorado de izquierda, que aunque guardaba alguna simpatía por el presidente debido al proceso de paz, ya se había empezado a alejar desde que Santos eligió a Vargas Lleras como fórmula vicepresidencial.

Esto puede ser especialmente perjudicial en la segunda vuelta, cuando el 10 por ciento de votos de la izquierda podría terminar inclinando la balanza a favor de la reelección, sobre todo si como indican las encuestas, habrá un cabeza a cabeza frente a Peñalosa.

En su propio equipo también generará fricciones. Horacio Serpa, el senador más votado del Partido Liberal, le confirmó a La Silla que él está convencido de que Santos está en la obligación de acatar la decisión de la Comisión. Su hijo, Horacio José Serpa, concejal de Bogotá y miembro oficial del equipo de la reelección, tiene la misma posición.

Otro riesgo para Santos es que el Alcalde se convierta en el mayor promotor del voto en blanco, alejando aún más la posibilidad de que Santos logre ganar en primera vuelta.

También, finalmente con Petro saliendo de la Alcaldía y sin revocatoria, se tendran que convocar a elecciones para elegir nuevo Alcalde en Bogotá. Una competencia que se daría en plena campaña presidencial y para la que el santismo - le dijo a La Silla una fuente cercana al Presidente - no tiene candidato, mientras que el uribismo tiene a Pacho listo.

Una última razón por la que Santos perdió no acogiendo la solicitud de la Cidh es que su imagen de respetar las instituciones, sobre todo a nivel internacional, podría venirse abajo. Máxime cuando Colombia ha acatado este tipo de medidas históricamente cuando el derecho protegido es el de la vida.

Aquí, sin embargo, es posible que el Presidente alegue que no acata en defensa de la institucionalidad colombiana pues la Corte Constitucional ha dicho que el Procurador puede destituir y así lo ratificaron las otras altas cortes.  

La oposición de izquierda  volverá este un tema de campaña presidencial, le confirmó a La Silla el Senador Jorge Robledo. “La decisión de la Cidh es vinculante. Sería gravísimo tener un presidente que desatiende los asuntos legales, violando la Constitución y la Ley” dijo Robledo, antes de que Santos anunciara la decisión final. 

Pierde Petro

Para el alcalde de Bogotá, la situación es un pierde-pierde. Sólo le habría ido bien si Santos hubiera acogido las medidas cautelares y en la revocatoria por una mayoría contundente lograra refrendar y oxigenar su mandato. Esto, sin embargo, si las encuestas aciertan, parecía improbable. 

Cualquier resultado diferente a una victoria contundente en la revocatoria habría sido una derrota: si el Sí ganara o quedara muy cerca del No pero la revocatoria no pasa el umbral, Petro habría perdido aunque no resultara revocado, porque perdía legitimidad dado que siempre sostuvo que lo que refrendaba su mandato es la votación. Y si saliera revocado, la respuesta era obvia: una derrota enorme.

El panorama de la revocatoria le era cada día menos favorable, posiblemente porque los renovados problemas de basuras han resucitado el fantasma de los tres días de caos en diciembre de 2012 y porque el primer choque de la destitución va quedando atrás.

Hace un mes, dos tercios de los bogotanos encuestados por Cifras y Conceptos dijeron que saldrían a votar,y Petro ganaría porque solo el 30 por ciento de éstos votaría para revocarlo y el 36 en contra. Sin embargo, una encuesta más reciente de Gallup señala que pasaría el umbral y que el 64 por ciento de los votantes votaría en favor de la revocatoria. Es decir, existe el riesgo de que salga revocado, la peor alternativa para él.

Ahora, con Santos no acatando las medidas cautelares - como efectivamente sucedió - y procediendo con la destitución, Petro podría gozar de un nuevo momento favorable. En diciembre pasado su imagen positiva se recuperó, luego de más de un año estancada ligeramente encima del 30 por ciento, porque Ordóñez lo convirtió en un mártir. Esta nueva decisión podría producir una reacción similar pero, como muestra la caída actual, nada garantiza que ese golpe se mantenga en el tiempo. Y como su objetivo final es ser presidente y consolidar el progresismo, ese aumento temporal no es suficiente. Además perdió por lo obvio: dejó de ser el Alcalde y su esperanza de que la Cidh lo salvaría y Santos acogería la solicitud, se desvaneció en un día. 

Pierde Bogotá

Acatara Santos o no las medidas cautelares otorgadas a Petro por la CIDH, Bogotá ha venido perdiendo desde que empezó la crisis por la destitución al mandatario de Bogotá y también antes. Desde el Concejo, el cabildante independiente Juan Carlos Flórez dice que es como si los funcionarios de la Administración simplemente “hubieran dejado caer los brazos y sicológicamente empacado maletas”.

Evidencia de ello es la baja ejecución histórica que ha registrado el Gobierno Petro. La Veeduría Distrital, en cabeza de Adriana Córdoba, reveló el año pasado que la de 2013 fue la ejecución más baja del Distrito desde 2005. Y ya en enero (cuando Petro ya había sido destituido en primera instancia y se concentraba más en su defensa que en Gobernar) esa línea se mantuvo y la Administración registró la ejecución más baja de los últimos años electorales.

Según la Veeduría, en enero de este año el Gobierno de Bogotá ejecutó el 14 por ciento de su presupuesto, cuando en otros años electorales como 2006 y 2010 en el mismo periodo la ejecución fue del 18 y el 35 por ciento, respectivamente. Además, en giros, es decir en dinero realmente pagado, la Administración Petro marcó el 1 por ciento apenas en el primer mes del año.

Ya en temas puntuales el panorama de inoperancia sigue siendo igual de desalentador. Como contó La Silla, hace ocho días se acabaron las sesiones ordinarias del Concejo y el Gobierno Petro no presentó ni uno de los proyectos clave que se supone debía impulsar ahí. Como por ejemplo, los peajes urbanos para descongestionar el tráfico, la Secretaría de Seguridad y la modernización tributaria.

En estas ordinarias, la Administración no se reunió ni una vez con la nueva mesa directiva del Concejo y si los funcionarios fueron a la corporación fue, mayormente, porque fueron citados a debates de control político y no para impulsar sus iniciativas.

En lo corrido de este año de destitución y revocatoria, Bogotá ha tenido que padecer las crisis que estallaron en Transmilenio y en la empresa Aguas de Bogotá, que Petro facultó para recoger una parte de las basuras de la ciudad.

Los usuarios de Transmilenio se manifestaron varios días en protesta a los problemas en el sistema. Aunque el sobrecupo y otros líos venían de tiempo atrás, como lo contó La Silla, esta Administración ha dejado de adelantar medidas que podrían descongestionar los buses y que no involucran los contratos con los operadores que el Alcalde quiere volver a renegociar.

Entre esas medidas están -según explicó un experto- habilitar carriles para rutas expresas en hora pico, crear un carril por el contraflujo de la séptima para que vaya un bus expreso desde la 32 con Caracas hasta la 100 con autopista para la gente que quiera ir más lejos.

El IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) tampoco ha podido sacar adelante las licitaciones para ampliar algunas estaciones de Transmilenio, lo que ayudaría a descongestionar en horas pico.

En cuanto al tema de las basuras, en las recientes semanas todo lo que hizo mal la Administración para implementar un nuevo modelo de aseo con un operador público explotó. Como han registrado varios medios, el operador público Aguas de Bogotá está en crisis porque se compraron unos camiones que hoy están fallando. Un concejal progresista, que pidió que se omitiera su nombre, le dijo a La Silla que incluso están pensando en subcontratar a los privados de las basuras para que arrienden camiones y operen en las zonas que tiene a cargo Aguas.

A principios de año se suponía que también el Distrito iba a modificar el pico y placa y no lo hizo, aunque se alcanzaron a anunciar cambios en la medida en el Centro, finalmente éstas no se concretaron.

En el escenario de las medidas cautelares de la CIDH a Petro, la ciudad sigue perdiendo con cara o con sello. Si Santos hubiera acatado las medidas y Petro se pudiera quedara, los ciudadanos seguirían en la incertidumbre porque aún faltaría por resolver el proceso de revocatoria que cursa en contra de Petro.

El mandatario, que ayer cuando se enteró de lo de la CIDH invitó a los ciudadanos a “celebrar”, habría seguido liderando la campaña por el NO en la revocatoria y posiblemente descuidando los temas que están descuidados. Aunque él y sus funcionarios habían prometido que seguirían gobernando, los hechos evidencian que hay más de un incendio por apagar en el Distrito.

Por otro lado, ahora Santos acogió las medidas y Petro tiene que dejar el cargo, Bogotá entra en un estado de interinidad y mientras se realizan elecciones para reemplazar al titular por el Palacio de Liévano podrían llegar a pasar hasta cuatro alcaldes en un año, con la respectiva inestabilidad que eso ocasionaría.

Cuatro alcaldes porque Rafael Pardo - a quien Santos encargó - estará en el Palacio Lievano mientras los progresistas le presentan una terna para designar un mandatario de ese movimiento. Este elegido de la terna estaría hasta que llegue un nuevo titular escogido en las urnas. Lo anterior, además, suponiendo que la ciudad no entrara en otro debate jurídico dado que Progresistas como tal ya no existe tras su fusión con la Alianza Verde.

Además, con Petro afuera, los proyectos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana pierden su principal promotor.