Pasó el primer año del gobierno Santos. Excepto el invierno, Santos no ha tenido imprevistos. Ha podido desarrollar la agenda política que escogió y, aunque no fue la que ofreció en campaña, ha encontrado respaldo en la mayoría de la opinión.

De las cinco locomotoras que Santos prometió, la única que ha hecho andar es la que no prometió: la legislativa. Las bancadas de la “unidad nacional” son los únicos vagones que marchan sobre ruedas. La locomotora minera Santos la heredó desbocada de la era Uribe y no ha hecho nada para encarrilarla en los rieles de la sostenibilidad social y ambiental como prometió (ver historia de LSV). Las otras cuatro locomotoras -infraestructura, vivienda, agricultura y tecnología-  siguen en los talleres ministeriales y aún no arrancan.

No sé si con más retórica que convicción, Santos ha dicho en varias oportunidades que aspira cumplir todas sus promesas en cuatro años. Si de verdad quiere eso, el Presidente necesita que su capacidad de sancionar leyes y seducir a la opinión nacional, se trasladen al terreno de la seguridad y gobernabilidad regional.

Y a juzgar por el panorama electoral que presentó el propio Gobierno hace unas semanas, las cosas no marchan nada bien en esos frentes. Si Santos no logra que la fuerza pública, los alcaldes y gobernadores trasladen sus prioridades y agenda legislativa a la realidad de las regiones, no logrará que sus metas se cumplan, ni en cuatro, ni en ocho años.

El deterioro de la seguridad urbana y rural no es un asunto de percepción, ni un complot, es una realidad que viene ocurriendo desde 2009. La seguridad no se ha deteriorado con Santos. La seguridad ya venía deteriorada desde el final de Uribe II y Santos I no ha logrado revertir la tendencia.

La propaganda sobre el fin de las Farc y el liderazgo mediático de Uribe lograron mantener una buena percepción de seguridad a pesar del deterioro en los hechos y las cifras. Santos no le da por los tobillos a Uribe en el liderazgo de la fuerza pública y en la propaganda de la seguridad democrática. Eso es lo que sí ha cambiado en el último año.

Dado que Santos no tiene las dotes de Uribe, necesita que los hechos, no la propaganda, mejoren la realidad y la percepción. Mientras Santos no recupere el liderazgo presidencial, ministerial y militar sobre las tropas, ajuste la táctica y recupere la eficacia operativa, la sombra de Uribe seguirá cubriéndolo y el uribismo seguirá teniendo en la seguridad una bandera. A falta de oxígeno propio en el campo de la seguridad, Santos ha optado por restarle oxígeno a Uribe en el de la corrupción. Pero esa fórmula se está agotando.

En materia de seguridad y gobernabilidad regional el Presidente Santos también tiene enormes desafíos. Desde los tiempos de Alberto Lleras la fórmula para derrotar a los bandoleros, guerrilleros o terroristas -y para integrar a las regiones- ha consistido en “llevar el estado central a las regiones problemáticas”.

La mitad de la lista de regiones problemáticas no ha cambiado desde que Lleras creó la Comisión Nacional de Rehabilitación a mediados de los años 50. Por ejemplo, el Magdalena Medio, el sur del Huila y Tolima, la región del Nudo de Paramilllo y la Serranía del Perijá, la región de Montes de María en Sucre y Bolívar y las zonas del piedemonte en Caquetá y Meta seguían apareciendo en los listados gubernamentales de la estrategia para superar las causas objetivas de la violencia que propuso Belisario Betancur en 1982, del Plan Nacional de Rehabilitación de Barco en 1986, de la Recuperación Social del Territorio de Uribe en 2004 y allí siguen, tanto en la estrategia de Consolidación, como en el informe de regiones con mayor riesgo electoral del gobierno Santos. Que el listado de regiones problemáticas sea tan estable por más de 60 años testifica el  fracaso de la receta de “llevar el Estado Nacional a las regiones”.

Si Santos aspira cumplir sus ambiciosas metas, tiene que hacerle cambios profundos a esa receta. Pretender llevar el Estado central a las regiones es inútil si, a la par, el Gobierno nacional permite que en las “regiones problemáticas” los gobiernos locales y regionales estén acaparados por elites políticas no sólo clientelistas sino criminalizadas, que cogobiernan con narcos, paramilitares o guerrilleros y que entre todos saqueen las arcas públicas y las usen para hacerle lavado al narcotráfico impunemente. Mientras el Gobierno nacional tolere ese tipo de política regional y la consienta en el Congreso para que le funcione su locomotora legislativa, no habrá gobernabilidad local y regional democrática y narcos armados y caciques locales seguirán siendo barrera a la “llevada” del Estado central a las regiones. En otras palabras, mientras la gobernabilidad nacional tolere y dependa del status quo de la ingobernabilidad regional, no habrá desarrollo ni Estado consolidado en Colombia. 

Romper ese círculo vicioso en la relación entre el Gobierno central y las regiones es el desafío de fondo para el Presidente Santos en las próximas elecciones de Octubre. Es evidente que ese desafío no se soluciona con que la “Unidad Nacional” gane la mayoría de alcaldías y gobernaciones. Lo que se requiere es romper las estructuras ilegales de poder regional y sus vínculos con la Unidad Nacional. Hacer esa ruptura pasa inexorablemente por depurar a fondo tanto la fuerza pública como los partidos políticos. Y por comprometer al conjunto de la tropa y de los políticos para que construyan estado y gobernabilidad democrática regional y nacional y para que cambien la manera chantajista y oportunista de relacionarse.

Lograr eso no es un asunto de cambio de tono y buenas maneras cachacas, sino de crear unos sujetos políticos capaces y comprometidos con echarse semejante tarea al hombro, por muchos años más que los cuatro que Santos dice querer gobernar.

De todo eso, por ahora, no se ve sino el cambio de tono y las buenas maneras cachacas.