Los negociadores del Gobierno y de las Farc llevan una semana en la Habana hablando. El acuerdo sobre el Foro de desarrollo agrario es el primer resultado de la mesa de negociación. Foto: www.presidencia.gov.co

El primer acuerdo de la Mesa de Negociación con las Farc parece inocuo. Pero, dependiendo de cómo salga, podría marcar el espíritu de la negociación a futuro.

Según el comunicado conjunto, el 17,18 y 19 de diciembre, se organizará en Bogotá el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial) para que la sociedad civil participe con propuestas que puedan ser útiles para la discusión del primer punto de la Agenda de Negociación que es la política de desarrollo agrario integral.

El foro será organizado por las Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Este centro de pensamiento fue creado hace poco por Alejo Vargas, el Vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional con el fin de acompañar y producir documentos sobre las temáticas que hacen parte de la agenda de diálogo con las Farc, abrir espacios de reflexión y debate sobre estos temas y hacerle seguimiento a la negociación.

El grupo está conformado por profesores de la Nacional expertos en cada uno de los temas de la agenda. El coordinador del grupo que estudiará el tema del desarrollo rural -según el documento de propuesta de creación del Centro- es Jairo Estrada, un economista del departamento de Ciencia Política que dirige la cátedra de Marx y que ha escrito varios libros con críticas al modelo neoliberal. El año pasado, Estrada dictó una charla en la Campaña por la Dignidad Campesina analizando de manera crítica el proyecto de Ley de Desarrollo Rural del Gobierno Santos, que sin duda será uno de los ejes de discusión de este Foro.

El Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo aplaudió la idea del Foro pero dijo que la restitución de tierras no será un tema de negociación en la Habana.

El pulso de las Farc

En el punto seis de las reglas de funcionamiento del Acuerdo Marco, en lo que tiene que ver con la participación ciudadana, está establecido que “de común acuerdo y en un tiempo determinado, la Mesa podrá hacer consultas directas y recibir propuestas sobre dichos puntos, o delegar en un tercero la organización de espacios de participación.” Este foro entraría entre esos espacios delegados en un tercero para que las diversas organizaciones aporten sus insumos a la Mesa.

Los organizadores del Foro aún no han explicado cómo se llevará a cabo. En todo caso, a primera vista, en el peor de los casos, sería inocuo. Y en el mejor de los casos, podría ir legitimando el proceso ante la sociedad.

En la realidad, sin embargo, dado que el Gobierno no tiene una verdadera estrategia para el manejo de la participación ciudadana, como lo señaló la revista Semana , las implicaciones podrían ser más complejas.

“Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones”, dijo Iván Márquez en la instalación de la mesa en Oslo. El punto de la participación ciudadana ha sido reiterativo en todos los discursos de las Farc desde que arrancó el proceso y por eso, que este foro sea el primer resultado de la Mesa ha sido interpretado como que las Farc ganó su primer pulso.

“Para las Farc es importante mostrar que la Mesa no es para resolverle los problemas a ellos”, dice Carlos Lozano, dirigente del Partido Comunista y líder de la Marcha Patriótica. “El conflicto tiene unas causas estructurales que afectan a la sociedad civil en general y en estos foros se puede ayudar a legitimar el proceso’.

Desde que se anunció el inicio de los diálogos con las Farc, organizaciones, tanto de izquierda como de derecha, han abogado por tener una verdadera incidencia en la Mesa.

Por un lado, las organizaciones políticas, campesinas y estudiantiles agrupadas en la Marcha Patriótica han dicho que esa mesa no puede ser cerrada. “A esa mesa le hace falta una pata”, dijo David Flórez en una entrevista con La Silla.

Las comunidades afrocolombianas, indígenas y los pequeños mineros también quieren tener una voz puesto que comienzan a ver con preocupación que en la Mesa se llegue a acuerdos de distribución de tierras con las Farc en sus territorios y a costa de ellos.

Como lo contó La Silla, sobre los baldíos de la Nación, que es uno de los temas centrales en la discusión del primer punto, ya hay todo tipo de compromisos. Aunque cualquier acuerdo que lleguen con los guerrilleros tendría que en principio ir a consulta previa si buscan convertirse en ley, organizaciones que representan a los grupos étnicos también quieren tener incidencia en la Mesa.

Del otro lado, están los dueños de las tierras, que temen que el gobierno, a puerta cerrada, les termine afectando sus derechos de propiedad. "No entiendo cómo es posible que el empresariado citadino, que nunca ha padecido de frente los efectos de la guerra, en términos de pobreza, abandono, sangre y fuego termine por decidir el futuro del campo, mientras éste es relegado a convidado de piedra", escribió en su columna "¿Quiénes ponen para la paz?" José Félix Lafourie.

Como todo el diseño de este proceso está pensado para evitar los errores del Caguán, desde un principio se evitó que la participación de la sociedad civil fuera usado por las Farc como una táctica dilatoria del proceso. Por eso, el Gobierno definió como un asunto prácticamente subsidiario que las organizaciones mandaran por mail sus propuestas para terminar el conflicto armado y dijo que la verdadera participación vendría en la tercera fase, cuando los colombianos construyamos entre todos la paz.

Por las mismas razones, tampoco definió una estrategia para la participación ciudadana, ni un interlocutor frente al tema. En principio sería Lucho Garzón, pero como dejó claro Semana, nadie sabe muy bien, ni siquiera él, en qué consiste su cargo.

El resultado es que el Gobierno ha ido a la zaga de los otros en cuanto a la participación ciudadana. Mientras el Gobierno no lidera nada con la sociedad civil, el Congreso cogió la delantera y comenzó a organizar las Mesas de Paz. Acaban de concluir y fueron un éxito en participación. Más de tres mil personas asistieron a estas reuniones y 1.300 organizaciones hicieron sus propuestas que se consolidarán y enviarán a la Habana el 6 de diciembre.

Ahora la Marcha Patriótica, Colombianas y Colombianos por la Paz, el Congreso de los Pueblos y otras organizaciones de izquierda, están organizando para diciembre la Ruta Social por la Paz que desembocará en un Congreso Nacional donde también aportarán sus insumos a la mesa.

La mayoría de estos grupos de la sociedad civil están interesados en debatir el modelo de desarrollo económico, replantear el uso del suelo para la minería y presionar para que no haya un modelo para el campo basado en la inversión extranjera y los grandes proyectos agroindustriales, precisamente tres temas que el Gobierno ha dicho que no está dispuesto a discutir.  El proyecto de Desarrollo Rural del Ministro de Agricultura, que todavía no se ha presentado al Congreso a pesar de haberlo anunciado desde que arrancó el Gobierno, será, sin duda, uno de los ejes de discusión en ese foro.

La pregunta, entonces, es qué va a pasar cuando lleguen a la Habana esta avalancha de propuestas. ¿El Gobierno no estará dispuesto a debatirlas porque considera que el Acuerdo Marco definido en la etapa exploratoria es taxativo y la agenda cerrada? Es improbable que lo pueda hacer y además, sería contraproducente si quiere que el Acuerdo al que lleguen sea aceptado y refrendado por los colombianos.

Pero si las toma en cuenta en serio, eso significaría que la Agenda de discusión necesariamente se tendrá que abrir o por lo menos interpretar en una forma más amplia de lo que el Gobierno quisiera y que como dijo Márquez, la participación ciudadana comenzará a marcar la ruta de la negociación. Para bien y para mal.