Las firmas de Rodrigo Guerrero y Susana Correa. Con el anuncio por parte de la Registraduría de que no fueron suficientes las firmas que los candidatos a la Alcaldía de Cali Rodrigo Guerrero y Susana Correa entregaron para respaldar su aspiración, se abrió el debate sobre el método utilizado por la Registraduría para revisar las firmas de los grupos significativos de ciudadanos. Los dos aspirantes habían entregado más de cien mil firmas y con la muestra utilizada no alcanzaron el mínimo requerido para participar, que en el caso de Cali es de 50 mil firmas. Particularmente, hay cuestionamientos sobre la revisión grafológica de una submuestra de las firmas, que no solo no está contemplada en la resolución que regula la revisión de firmas, sino que la metodología que se aplica para esta fase es muy poco ortodoxa.

La defensa del Registrador es que la fórmula para la revisión existe desde 1996 y hasta hoy nunca había sido cuestionada. Sin embargo, accedió a hacer la revisión de todas las firmas, una a una, y los resultados de Rodrigo Guerrero se conocerán antes diez días. A partir de ahora, cuando un grupo no logre las firmas en la muestra, se realizará el conteo firma a firma.

Plata para “cuadrar” las firmas. El presidente Juan Manuel Santos sorprendió el lunes cuando terció a favor de la campaña de Rodrigo Guerrero. Dijo que en Cali algo huele mal y prueba de ello es que a Guerrero lo buscaron para ofrecerle arreglar las firmas en la Registraduría. La historia que el candidato contó a las autoridades es que un médico amigo suyo le contó quince días antes que la Alcaldía de Cali tenía precio en la Registraduría y que esa versión se estaba moviendo en Bogotá donde estaban pidiendo dos mil millones de pesos. Y dos semanas después recibió otra versión en que le contaron que iban a descalificar sus firmas y, para que eso no ocurriera, le estaban pidiendo 200 millones de pesos. Guerrero contó a las autoridades que rechazó la oferta y pensó que se trataba de un estafador, pero cuando supo que en efecto le habían rechazado las firmas, decidió hacer pública la denuncia. La otra candidata que no recibió la certificación también dice que se le acercaron a hacerle una oferta, sólo que esa fue un día después de conocerse la noticia. Según contó Susana Correa, a su campaña llegó una llamada donde le ofrecieron conseguir las firmas que faltaban por 40 millones de pesos.

El Registrador dijo que un comportamiento de estos es intolerable dentro de la Institución y pidió a las autoridades que lo investiguen.

Las licitaciones con un solo aspirante. La organización de las elecciones de octubre es una labor que requiere de una multimillonaria inversión y por ello la Registraduría contrata con empresas privadas las diferentes tareas. Con todos los cuestionamientos alrededor de Carlos Ariel Sánchez, no deja de causar ruido que este año se presentó un único proponente para cada una de las propuestas.

La razón, según el registrador Carlos Ariel Sánchez, es que no existen más empresas con la experiencia y la capacidad necesaria para encargarse de las elecciones.

Reforma política sin aplicar en lo que tiene que ver con evitar el fraude. Aunque la reforma política aprobada al final de la pasada legislatura tiene todo un capítulo de mecanismos para blindar el proceso electoral de eventuales fraudes, en estas elecciones no hubo plata para aplicar casi ninguno. La biometría no se aplicará en ningún caso y tampoco habrá fotocopias de los formularios E14 para cada testigo de mesa, según denunció la directora de la MOE, Alejandra Barrios. A esta crítica se sumó la analista Claudia López quien dijo que la Registraduría sólo se da cuenta que no tiene los recursos necesarios cuando ya no hay forma de pedirlos.

A esto responde la Registraduría que los recursos sí se solicitaron, pero el Ministerio del Interior no hizo la destinación de todo el presupuesto. Dice que en efecto no se hará biometría, pero sí se implementará por primera vez el escrutinio inmediato el mismo día lo cual evitará que funcionarios inescrupulosos 'cuadren' los resultados. El Registrador también tomó medidas para evitar que el día de elecciones hagan falta jurados y que políticos interesados terminen poniendo a su gente de reemplazo de los jurados. Los formularios E-14 no se entregarán a los testigos de mesa, pero se subirán en línea como el año pasado.

Procesos Electorales S. A. Después de las elecciones del 14 de marzo, cuando cientos de candidatos al Congreso duraron meses esperando para saber si lograban o no una curul, El Espectador hizo una denuncia en la que reveló la existencia de la firma Procesos Electorales S. A. que supuestamente ofrecía sus servicios a los candidatos que tenían en duda su elección para modificar los resultados con la vigilancia de los escrutinios, la “orientación y direccionamiento de las actuaciones de los testigos” y la presentación de las impugnaciones necesarias contra las decisiones adoptadas hasta lograr su curul. A cambio, el grupo de abogados cobraba 500 millones de pesos. La revelación de la investigación periodística fue que esa empresa había sido fundada por Henry Villarraga Oliveros (Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura), Alfonso Portela Herrán (Registrador Delegado de lo Electoral) y el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez.

Este episodio que ya estaba enterrado en el pasado ha resurgido porque en ese momento el Registrador explicó que antes de ser nombrado Registrador había cedido sus acciones a Hollman Ibáñez. El nombre de Ibañez salió a relucir ahora porque era el director de Censo Electoral que cayó con el reciente escándalo de las firmas de Cali. En todo caso, Ibáñez, ya nombrado como funcionario, mostró documentos en que comprobó que también había cedido sus acciones.