En muchos municipios del país, como aquí en Montería, las víctimas hacen largas filas para que los atiendan los funcionarios. El problema es que en los de quinta y sexta categoría solo están el personero y su auxiliar. Foto: Janca, donación Proyecto Rosa.

Ahora que el 7 de agosto es el corte de cuentas del tercer año del presidente Juan Manuel Santos, la ejecución de la Ley de Víctimas -una de las reformas más importantes de este gobierno- volverá a estar dentro del balance oficial. Y aunque seguramente habrá un parte positivo, el eslabón más cercano a las víctimas en muchos rincones del país siente que está a punto de quebrarse.

La mayoría de los personeros municipales de todo el país, sobre cuyos hombros recae una parte importante de la Ley de Víctimas a nivel local, no cuentan con los recursos ni los equipos necesarios para cumplir con sus funciones.

La Federación Nacional de Personeros (Fenalper) -que dirige Andrés Santamaría, el personero de Cali- está impulsando un proyecto de ley para fortalecer las personerías municipales. Foto: Cortesia El Espectador

Uno de los mayores retos de la Unidad de Víctimas que dirige Paula Gaviria es llevar la atención integral a los municipios más pequeños, donde los personeros son el funcionario clave. Foto: Juan Pablo Pino

“Somos la ruta de acceso de las víctimas a sus derechos, pero la verdad es que es una dificultad constante. Y todos los días atendemos a 50 personas, el 90 por ciento de ellas víctimas, pero no damos abasto entre mi secretaria y yo”, dice Harry Mosquera, el personero de Necoclí (Antioquia).

En su pequeña oficina de 2 x 2 metros cuadrados apenas hay sillas para él y su secretaria, más dos -en mal estado- afuera en la sala de espera.

Su municipio, que registró 1.070 nuevas víctimas en los primeros dos meses del año, fue priorizado porque figura en el puesto 53 de municipios con nuevas solicitudes. Recibió hace dos meses un computador de la Unidad de Víctimas para poder hacer los trámites en línea, pero todavía no está en uso. Y está esperando la llegada de unas sillas que les donará la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la Onu.

Esta es la realidad en más de un centenar de municipios más pequeños y con menor presupuesto (equivalente a quinta y sexta categoría), que han sido -o siguen siendo- azotados por el conflicto y que reúnen hoy un número considerable de víctimas.

Pero que, por su rango, no cuentan sino con una Personería Municipal con dos funcionarios -el personero y un auxiliar- y un presupuesto anual de 80 a 90 millones de pesos que no les alcanza.

“Nos dieron toda la carga de las víctimas en los municipios pequeños, pero no nos dieron con qué sobrellevarla. Yo tengo un estrés terrible porque dedico todo mi tiempo a las víctimas, pero me abrieron dos procesos disciplinarios porque no alcanzo a cumplir con mis otras funciones. He llegado a pensar en renunciar, pero estoy comprometida con mi trabajo y con las víctimas”, cuenta Sonia Cifuentes, la personera de Policarpa (Nariño).

Su municipio en el norte de Nariño, fuertemente golpeado por las Farc y los Rastrojos, es un buen caso de estudio. Cuenta con unas 7 mil víctimas, que equivalen casi a la mitad de la población total. En los primeros tres meses del año, 2.632 policarpenses solicitaron ser incluidos en el registro que lleva la Unidad de Víctimas, apenas 150 menos que en Pasto. Eso los colocó en el puesto 19 a nivel nacional, por encima de ciudades como Ibagué, Cúcuta o Bucaramanga.

Como Cifuentes, muchos personeros se quejan de que con la Ley de Víctimas les cayeron nuevas responsabilidades que rápidamente se han convertido en su única misión. Son ellos quienes se encargan de tomar las declaraciones a las víctimas para que la Unidad de Víctimas las evalúe y el Estado pueda reconocerlas como tal.

En las ciudades más grandes las víctimas pueden ir a las oficinas de la Unidad de Víctimas, de la Procuraduría o de la Defensoría del Pueblo, pero en los municipios con menos de 20 mil habitantes el personero es el único responsable.  Y de las 247 mil víctimas que solicitaron ser incluidas en el registro desde 2012 hasta febrero de este año, cuatro de cada cinco acudieron a una personería municipal, según un diagnóstico que hicieron la Federación Nacional de Personeros (Fenalper) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

Los personeros son además quienes orientan a las víctimas sobre sus derechos y quienes les cuentan cómo van sus trámites -como ayudas humanitarias, indemnizaciones o procesos de restitución- ante la Unidad de Víctimas o de Restitución, la Fiscalía, el Departamento para la Prosperidad Social o el Incoder. Son ellos quienes registran las organizaciones de víctimas y quienes coordinan las mesas de participación de las víctimas a nivel local.

Y en muchos de los casos ni siquiera cuentan con los equipos apropiados para hacer su trabajo. Muchas, como la de Yondó (Antioquia), han pasado temporadas de más de un mes sin formularios para hacer la inscripción. En El Cerrito (Valle) se gastaron 1.900 minutos celular en tres meses llamando a Bogotá -ante la falta de conexión a Internet- para averiguar por los trámites de las víctimas.

Para que la implementación de la Ley de Víctimas avance, los personeros le están insistiendo al presidente Juan Manuel Santos en que necesita darles más recursos a quienes trabajan en el día a día con las víctimas. Foto: Juan Pablo Pino.

Mientras la Fiscalía, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo -que lidera Jorge Armando Otálora- recibieron recursos para implementar la Ley de Víctimas, los personeros no fueron tenidos en cuenta. Foto: Juan Pablo Pino

“Es la única institución de derechos humanos que está presente en todos los municipios, pero con esas carencias y limitaciones no puede ejercer sus responsabilidades a cabalidad”, dice Andrés Santamaría, el personero de Cali que además dirige Fenalper.

Esta entidad, que tradicionalmente tuvo un perfil muy bajo, está tratando de reabrir ahora este tipo de discusiones en torno a la Ley de Víctimas. Hace un mes, la Corte Constitucional le dio razón a otro de sus caballitos de batalla: la inclusión de las víctimas de las 'bacrim'.

Y ahora quieren impulsar, con la ayuda del Pnud, un proyecto de ley para fortalecer las personerías en todo el país.

Su propuesta central es aumentar el presupuesto de las más pequeñas en unos 40 millones de pesos, para que puedan contratar una o dos personas y atender a las víctimas. Esto porque el plan de financiación de la Ley de Víctimas aportó recursos a las instituciones que tendrían que implementarla, como la Procuraduría, Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, pero no a las personerías municipales.

Para sacarle la politiquería a las personerías, están proponiendo que su elección se haga -igual de la del Procurador o la Contralora- a mitad de período del alcalde.

Además, que la elección se haga en base a un concurso de méritos -con un mínimo de conocimiento de derechos humanos-, con una audiencia pública y por una mayoría calificada de dos terceras partes del concejo. Y que quienes han estado en la campaña electoral del alcalde no puedan postularse, ni los personeros luego volverse candidatos.

La idea es asegurar que los personeros sean las personas idóneas para hacer de 'abogados de las víctimas', porque es una realidad que en muchos municipios han sido cooptados por los paramilitares o han estado más interesados por la política local.

Ya se sentaron a discutir el proyecto con el Ministro del Interior Fernando Carrillo y con el senador Juan Fernando Cristo -nuevo presidente del Congreso-, así como con el Procurador Alejandro Ordóñez y con el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.

Los personeros están convencidos que mientras no se logre fortalecer este primer eslabón de la cadena la reparación y restitución de tierras no logrará tener el impacto deseado, más allá de lo que diga el presidente Santos en sus discursos.