Después del optimismo suscitado por el primer acuerdo con las Farc sobre el desarrollo agrario integral, el proceso de paz entrado en una crisis. Foto: AP

El presidente Juan Manuel Santos aprovechó su intervención ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para hablar del proceso de paz y para dejar en el aire una especie de ultimátum para las Farc: “Ya llevamos un año de conversaciones y hemos logrado acuerdos en tan solo uno de los seis puntos de la agenda. Yo sigo optimista, pero la paciencia del pueblo colombiano no es infinita”, dijo. “Las guerrillas tendrán que decidir si optan por una paz honorable y duradera, o si reinciden en la guerra. Desde acá les hago un llamado para que entiendan que la historia nos ha conducido a este momento definitivo.”

Fue un discurso que reflejó el momento crítico por el que atraviesa la Mesa de Negociación en la Habana, que está enfrentando tres nudos gordianos: el de los tiempos políticos, el de representatividad política, y el de justicia.

Los tiempos políticos –como contó en su momento La Silla- han sido desde el arranque el gran Talón de Aquiles de la negociación.

Una vez definida una Agenda Marco acotada entre el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo y el jefe guerrillero ‘El Médico’, el Gobierno pensó que se llegaría a un Acuerdo Final de Paz en menos de un año. Noviembre fue la fecha fijada por Santos, una fecha que permitía evitar que la negociación se conviertiera en el tema de la campaña política.

Fue un cálculo excesivamente optimista y cada día que avanza la negociación sin acercarse al punto final queda claro que el proceso de paz y las elecciones se cruzarán con todo lo que esto implica. Sobre todo, cuando las encuestas muestran que Santos –con una desfavorabilidad mayor que su favorabilidad- no tiene asegurada su reelección.

Los jefes guerrilleros tienen –con razón- una gran incertidumbre respecto en manos de quién estará su futuro. ¿Estará en manos de un Congreso integrado en una tercera parte por opositores del proceso de paz si en efecto la lista uribista saca tantos votos como anticipa el Centro Democrático y se produce una alianza con los conservadores y el PIN? ¿Estará en manos de un Presidente que desconocerá los acuerdos firmados por Santos? ¿Ante una caída aún mayor en la popularidad de Santos, terminará el gobierno extraditaándolos como hizo el presidente Uribe con los paramilitares, que ni siquiera eran enemigos del Establecimiento? ¿Si está Santos dispuesto a cumplir los acuerdos cuando al mismo tiempo le reduce el presupuesto al Ministerio de Agricultura y le entrega entidades clave para el desarrollo agrario como el Banco Agrario a los políticos como si no estuviera en juego el proceso de paz?

Cualquiera que sea la causa de su temor, es un hecho en la Mesa que los guerrilleros no parecen ya tener afán. Quizá porque –como se lo han expresado a algunas personas- leyeron el gran paro agrario como una evidencia de que el país está viviendo un “estado prerevolucionario”, que ellos eventualmente podrían capitalizar mejor desde la clandestinidad que desde la política democrática; o quizá porque creen que entre más caiga Santos en las encuestas más dispuesto estará en ceder a sus peticiones en la mesa como una medida desesperada para salvar su reelección.

Por su parte, el presidente Santos se declara optimista ante la ONU, pero lo cierto –según dos personas cercanas a él consultadas por La Silla- es que sus dudas frente a la sinceridad de la guerrilla persisten ¿Aprovecharán esta oportunidad - así como lo hicieron en el Caguán- para utilizar el espacio mediático e internacional para fortalecer su lucha armada? ¿El rechazo que reflejan las encuestas a realizar cualquier concesión frente a las Farc indicaría que todavía no es el momento político para dar el salto hacia la paz?

Los temores de lado y lado se retroalimentan y se fortalecen, aunque ambas partes saben que no habría un mejor momento que éste para firmar un acuerdo, dijo una fuente que conoce la situación del proceso.

El gran paro agrario fue leído por algunos jefes guerrilleros como un indicio de que el país ha entrado en un ambiente "prerevolucionario".

Como ahora no parece tan evidente que la decisión de firmar la paz ya esté tomada, la discusión en la Mesa se ha enredado en un punto específico que no es de poca monta, y es el de la representación política.

Algunos analistas entendieron que el tema de la participación política –que es el segundo punto de la Agenda- giraría alrededor de cuántas curules asignarle a las Farc en el Congreso una vez se desmovilicen y que una vez se llegara a un número razonable este punto se resolvería relativamente rápido.

Sin embargo, la discusión con la guerrilla ha sido mucho más profunda y ha girado en realidad sobre qué se debe entender por representación política, uno de los ejes fundamentales de una democracia.

El Establecimiento ha entendido que los partidos políticos son la expresión o el instrumento que permite representar los intereses de los ciudadanos en el escenario público.

Por eso, por más desprestigiados que estén, la representatividad política de un partido está dada por el número de votos que consiga (independientemente de cómo los consiga). Esto se refleja no solo en el tamaño e influencia de sus bancadas en el Congreso sino en los puestos de las mesas directivas de esta corporación, en los asientos que tienen en el Consejo Nacional Electoral e inclusive en las cuotas burocráticas que obtienen en todo el Estado.

Las Farc, en cambio, defienden la idea de que los movimientos sociales son mucho más representativos de los intereses del pueblo que los partidos políticos (a los cuales perciben como corruptos, poco autónomos frente al gobierno de turno y que no expresan los intereses de su representados) y están pidiendo en la Mesa de la Habana que las garantías de un eventual Estatuto para la Oposición se hagan extensivas a estas movilizaciones sociales.

Es decir, que un grupo como la Mane, que defiende una reforma alternativa a la educación, o como la Minga Indígena, o como las Dignidades que participaron en el paro agrario, gocen de prerrogativas similares a las que tienen los partidos políticos.

Es una idea a la que se han opuesto los negociadores del Gobierno pues consideran que, si avanza, se reventarían los partidos políticos y se abriría un camino hacia el autoritarismo.

Su lógica es que la democracia representativa que existe hoy –con todas sus falencias- sigue un estándar formal y objetivo: cuántos votos sacó el partido. El otro esquema abre la puerta para que sea el gobernante de turno el que brinde de manera subjetiva ese estándar de legitimidad. Un poco como funcionó Hugo Chávez en Venezuela durante la última década: él decidía qué representantes de la sociedad eran legítimos interlocutores de su gobierno y cuáles no.

En esta discusión lo que está en juego es la misma definición de democracia, que en el fondo también está bajo discusión en otros países de América Latina e incluso en Europa, y que es mucho más compleja que el debate sobre cuántas curules concederles en el Congreso (de por sí ya una discusión bien espinosa).

Aunque este punto es complejo, no es irresoluble. Una fórmula que se ha planteado en la Mesa es que se cree un Estatuto de la Oposición para los partidos y un régimen de garantías a la expresión social.

Obviamente después de la estigmatización por parte del Gobierno de Santos a algunos líderes del paro –incluido el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo- y de los videos que circularon en las redes sobre los abusos del Esmad en algunas regiones, los negociadores se tendrán que emplear a fondo para convencer a los guerrilleros de que esas garantías a la movilización social serán suficientes.

En su discurso ante la ONU el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no habrá impunidad, aunque también aclaró que no se pretende investigar todos los delitos cometidos por las Farc. Foto: Presidencia.

Aún así, este punto es más fácil que el de la justicia. E incluso más que el de la justicia, el de la lucha sobre quién y cómo escribirá la Historia.

Del lado del Establecimiento, la discusión sobre la justicia ha girado alrededor de cómo pagarán los guerrilleros por sus crímenes, y específicamente, de cuántos años deberían pasar sus líderes en la cárcel. Con la aprobación del Marco para la Paz por parte de la Corte, el gobierno y el fiscal Montealegre han ido ambientando la idea de que solo algunos de los guerrilleros -los que han cometido los actos más atroces- serán castigados pues es físicamente imposible investigar y sancionar a los 8 mil o 10 mil combatientes que se reinserten.

Santos lo dijo claramente ante la Asamblea de la ONU: “No podemos pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables para luego no cumplir, pero sí podemos construir una estrategia realista y transparente que permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas.”

Desde una perspectiva de justicia transicional, el Gobierno está tratando de centrar la discusión, más que en las penas, en la reparación a las víctimas: “Me refiero a medidas como el esclarecimiento real de lo sucedido, el reconocimiento de responsabilidad, la recuperación de confianza, el acceso a una reparación, o aquellas destinadas a garantizar la no repetición”, explicó Santos ante la ONU.” Pero acto seguido aclaró: “Y quiero ser claro: NO habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.”

Por más que el Presidente le haya pedido, en este mismo escenario, a la comunidad internacional que respete el proceso de paz en Colombia; y que haya insistido en que la Fiscal de la Corte Penal Internacional - que le envió a la Corte Constitucional días antes de que fallara sobre el Marco para la Paz una carta diciendo que la Corte no toleraría la suspensión total de penas para los autores de crímenes atroces y de lesa humanidad -  había sido “malentendida”, el Gobierno sabe que sin un verdadero reconocimiento de responsabilidad por parte de las Farc frente a las víctimas y una condena –así ésta se suspenda- el proceso es insostenible en el mediano plazo.

Las Farc, por su parte, han dicho que no están dispuestas a ser sancionadas judicialmente así les suspendan sus penas y se encuentren sanciones “alternativas” como el confinamiento durante un tiempo en un país extranjero.

La razón, en este caso, también tiene un componente “filosófico”. Las Farc consideran –como lo han dicho mil veces- que la guerra no la empezaron ellas. Que el conflicto comenzó en 1936, cuando se frustró la reforma agraria de López Pumarejo, y que lo que ellas han sido es un grupo legítimo de autodefensa campesina frente al terrorismo de Estado, ejercido principalmente a través de la Fuerza Pública. 

Últimamente, la guerrilla ha aceptado  que en esa actitud "defensiva" han cometido abusos y que estarían dispuestos a aceptar su responsabilidad por ellos. Pero una cosa es pedirles perdón a los familiares de los diputados del Valle, acribillados vilmente por la guerrilla, y otra es someterse a un marco jurídico que los trate como delincuentes. Su pelea también es por cómo se escribe la Historia de este país y su rol en ella.

Por eso, los negociadores de las Farc en la Habana han insistido en crear una Comisión de Revisión y Esclarecimiento de la Verdad de la Historia del Conflicto Interno Colombiano, que complemente el informe del Grupo de Memoria Histórica y "de la cual se deben desprender las responsabilidades insoslayables para quienes han sido parte del conflicto más allá de los alzados en armas".

La guerrilla quiere que una comisión integrada por expertos nacionales y extranjeros recoja también los años del conflicto entre liberales y conservadores (Memoria Histórica escogió como punto de partida 1958) y que el resultado de esta comisión “prepare” el debate sobre la verdad y derechos de las víctimas del conflicto.

El Gobierno ha dicho en la Mesa que está dispuesto a que exista esta Comisión de la Verdad pero después de que se firme el Acuerdo de Paz y no como un paso previo para hablar de los derechos de las víctimas. Las Farc quieren que queden en evidencia y por escrito las atrocidades cometidas a lo largo de la historia por las fuerzas de seguridad del Establecimiento y si el Gobierno cede en este punto, la oposición de los militares reventaría el proceso. Además, iría en contravía del principio definido desde un principio de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado" que evita que existan ganancias graduales.

Así las cosas, mientras Gobierno y Farc tratan de deshacer estos nudos gordianos, no solo el apoyo de los colombianos al proceso de paz decrece, según lo muestran las encuestas, sino que aumenta el riesgo de que este se ‘guatemalice’. Que aún si llegan a un acuerdo de paz, al final a muy pocos les importe lo suficiente como para avalarlo en un referendo.