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El secretario de Estado de Estados Unidos Jhon Kerry se reunión con la delegación del gobierno (en la foto) y luego con la de las Farc en La Habana en el marco de la visita de Obama a la Isla. Foto: Presidencia

A un día de cumplirse el plazo fatal que le puso Juan Manuel Santos a las negociaciones en la Habana, ya es claro que el 23 de marzo pasará en blanco, que Barack Obama se irá de Cuba sin la anhelada foto de la paz, que Enrique Santos fue y volvió sin apagar ningún incendio y que los negociadores del gobierno y las Farc seguirán intentando acercar sus posiciones sobre cómo terminar la última fase de este proceso que ya casi alcanza los cuatro años desde que se inauguró oficialmente. Lo lograrán pero no será fácil.

No será fácil porque el episodio de Conejo fue un gran golpe de realidad para ambas partes y tanto el Gobierno como las Farc (como la mayoría de colombianos) todavía siguen más aferrados a su realidad individual que a un imaginario compartido.

La aparición del jefe guerrillero Iván Márquez en el corregimiento de Conejo, en La Guajira, rodeado de decenas de guerrilleros cuidándolo, haciendo política a favor de la paz y de la Asamblea Constituyente y el escándalo que esto provocó en la opinión pública se han convertido para el Gobierno en el telón de fondo de la discusión sobre cómo deberían ser las zonas de ubicación de la guerrilla. 

Igualmente, la reacción – ‘histérica’ en palabras de uno de ellos- del Establecimiento, incluida la amenaza del Ministro de Defensa de denunciarlos internacionalmente (advertencia que era solo para la galería, según dijo un empresario que se presentó como 'emisario del Presidente' que Santos le mandó decir con él a los guerrilleros) y la constancia de todos los partidos de la Unidad Nacional liderados por Álvaro Uribe en la ley de Orden público solicitándole al Gobierno que imponga unos límites unilaterales a las zonas, fortalecieron la convicción de las Farc de que lo que se quiere es someterlos.

En medio de este ambiente de confianza fracturada estuvo La Silla Vacía en La Habana dos días antes de la llegada de Obama.

El hermano del Presidente, Enrique Santos, viajó el pasado 14 de marzo a La Habana a reunirse con la delegación de Las Farc.  Al final, volvió con un mensaje para el Presidente pero la mesa de negociación quedó debilitada porque quedó la impresión de que existe otro puente de negociación por encima de ella.

Cubrir el proceso en La Habana es fácil y es difícil a la vez. Es fácil porque no toca hacer nada diferente a sentarse en la desapacible cafetería del Hotel Palco, adyacente al Palacio de Convenciones donde se reúnen las Farc y el Gobierno, a esperar.  Y es difícil porque no hay nada más que hacer que sentarse en la cafetería del Hotel Palco a esperar.

¿Qué espera uno? Que algún negociador de la guerrilla o del Gobierno le conceda una entrevista. Conseguir una cita con alguno de ellos es una tarea incierta –incluso si uno la cuadra desde Bogotá- porque aún en esta época en que la negociación atraviesa por un momento de crisis, los negociadores del Gobierno y de las Farc están reunidos ocho o más horas al día. Cuando termina la negociación, se reúnen entre ellos a preparar sus posiciones para el día siguiente.

Por eso, cuando aparece algún negociador, los periodistas –que invierten las horas hablando entre sí o navegando en Internet a cinco dólares la hora- les caen encima como un enjambre de abejas en busca de una gota de miel. Pero uno solo es el elegido en cada oportunidad, a los demás no les queda otra opción que esperar.

Mientras La Silla estuvo allí habló con dos negociadores de la guerrilla y con tres fuentes del gobierno –todas off the record- y la conclusión a la que llegó es que faltan más que días para llegar a un Acuerdo Final. Quizás varios meses.?

Las Farc en el corregimiento de Conejo del municipio de Fonseca, en La Guajira, despertaron los temores del Caguán en muchos colombianos, y también en el Gobierno.

El presidente Santos envió la semana pasada a su hermano Enrique a La Habana con el fin de que ayudara –como lo había hecho en el pasado- a desenredar los nudos que tenían trabada la Mesa de Negociación en un último intento por lograr que alcanzaran las ‘líneas rojas’  que le había impuesto a la negociación el 19 de febrero.

Ese día, ofuscado por el episodio de Conejo, Santos dijo que si para el 23 de marzo no se habían acordado las zonas de concentración para el cese del fuego bilateral, el mecanismo de refrendación del Acuerdo de Paz, la forma de confomar el tribunal de paz y un cronograma preciso para la dejación de armas él entendería que a las “Farc no estaban preparadas para la paz”.

Sin embargo, como dijo una persona de la delegación del gobierno, “esta vez con Enrique todo salió mal”.

Primero, decidieron enviarlo en el único vuelo directo de Avianca a La Habana, que en vísperas de una Semana Santa con visita de Obama y concierto gratuito de los Rolling Stones, iba a reventar.

Santos fue el último en subirse al avión y lo vio todo el mundo. Incluyendo una persona que mandó el trino “Enrique Santos camino a La Habana” y copió a medio Centro Democrático. La noticia la dio entonces el periodista Hassán Nassar en La FM, forzando a Presidencia a informarlo de afán después.

La reunión no fue solo con el jefe de las Farc Timochenko, sino también con Carlos Antonio Lozada, que había estado a cargo de la Subcomisión de Fin del Conflicto por parte de la guerrilla, lo que terminó tocando sensibilidades de delegados del Gobierno en esa misma subcomisión.

Pero todo eso hubiera sido irrelevante si al final el hermano del Presidente hubiera logrado su cometido de abrir puertas. Pero los guerrilleros reafirmaron su posición.

El periodista volvió con un mensaje de las Farc para el Presidente. Semana (que es dirigida por el hijo de Enrique) dice que se trata de “una propuesta de las Farc de construir una hoja de ruta para lo que resta de la negociación”.

Por esa idea que trajo y que ya la había tenido el Presidente en su último ultimátum, dejó un equipo negociador debilitado a los ojos de los guerrilleros (un guerrillero le dijo a La Silla que ellos querían saber si "le han informado al presidente de cómo vamos") y de muchos opinadores del país que en radio se fueron lanza en ristre contra los jefes negociadores del Gobierno. Pero, en realidad, nada sustancial cambió.

Porque lo que hay es un pulso grande sobre temas de fondo que pueden definir el futuro inmediato del país después de la firma del Acuerdo Final y una gran desconfianza entre las partes por las historias que los preceden.  

La delegación del Fin del Conflicto entregó su informe final a finales de enero de este año.

La discusión sobre las zonas de concentración de los guerrilleros se ha topado con varios nudos gordianos.

El primero, y más fundamental, tiene que ver con su objetivo.

Para el gobierno deberían ser unas zonas de ubicación temporales y de corta duración para que los guerrilleros puedan dejar las armas y empezar su proceso de reincorporación a la vida civil.

Para las Farc, en cambio, estas zonas deberían ser lo que ellos han llamado las terrepaz. Que consisten básicamente en los territorios de retaguardia donde ya tienen presencia y ejercen ‘autoridad’ y donde puedan comenzar a hacer política, pagar sus penas alternativas y comenzar a implementar los acuerdos mientras dejan las armas como una forma de transitar hacia su actividad como partido político legal.

De esta divergencia en la definición de lo que deberían ser las áreas se desprenden las demás diferencias: el tiempo en el que estarán allí (para el gobierno serían meses y definitivamente menos de un año) mientras que para las Farc serían donde seguramente muchos se quedarían haciendo política; y sobre todo, las reglas para interactuar con la población y para hacer política.

El gobierno considera que estas zonas de ubicación deben estar lo más aisladas que se puedan de la población civil, que las autoridades civiles deben permanecer allí y que incluso debe existir la policía comunitaria. Y que bajo ninguna circunstancia puede haber proselitismo armado porque toda la idea del proceso de paz es romper el vínculo entre política y armas.

“Conejo cambia la perspectiva porque nos deja en evidencia cosas que no se habían pensado”, dice una de las personas de la delegación oficial.  Temas como quién va a cuidar a los comandantes, cuál va a ser la relación con la comunidad y los medios, y sobre todo qué estaba dispuesto a aceptar el país. Definitivamente, concluyeron, no iban a aceptar 10 o 20 conejos permanentes, y que una reacción generalizada en su contra podría echar por la borda el proceso de paz o ponerlos en serio peligro.  “Conejo fue un golpe de realidad”.

Una vez que dejen las armas, los guerrilleros que serían amnistiados podrían irse a donde quieran y los que cometieron delitos atroces tendrían que someterse al Tribunal de Paz, que será el que determinará las penas que tienen que cumplir y el lugar para hacerlo. Este lugar podría ser el mismo o diferente al de la zona de ubicación.

En el gobierno creen que decidir de antemano que las penas se pagarán en estas zonas sería meterse con la potestad del Tribunal y le restaría solidez frente a la justicia internacional.

“No se nos puede confinar”, dice uno de los negociadores de la guerrilla con el que habló La Silla y que hizo eco de lo que ya había dicho en su carta del 6 de marzo Timochenko de que lo que el gobierno quería era meterlos en cárceles a cielo abierto. “No nos pueden ubicar donde no podemos hablar con las comunidades”.

Para las Farc estar cerca de las comunidades es primordial por varias razones. La primera es una cuestión de orgullo pues llevan décadas conviviendo con ellas en esas regiones donde tienen su retaguardia y sienten que sería absurdo que la firma de la paz “vaya a desraizar a la fuerza guerrillera” en vez de consolidar su presencia en estas regiones.

También hay consideraciones prácticas. Una de ellas es que sienten que le deben protección a las comunidades y que a la vez son protegidos por ellas, pues no solo sus más estrechos colaboradores sino muchas veces sus familiares viven cerca de ellos.

Varios guerrilleros le insistieron a La Silla que después de las últimas jornadas pedagógicas, los campesinos de la zona les decían que en cambio de dejar las armas se las dieran a ellos porque temían que si las Farc se iba llegarían los paramilitares a vengarse de ellos por haber apoyado a los guerrilleros como ya lo hicieron en el pasado.

También hay un componente psicológico. “Si no pueden hablar con nadie, se disparan las prevenciones porque van a saber dónde estamos”, dijo uno de ellos y aunque evadió mi pregunta sobre si el problema de eso era que temían que los bombardearan o que llegaran los paramilitares era claro el miedo por su seguridad.  

Entre los guerrilleros estaban circulando unas fotos macabras de un líder social en Buenaventura que había sobrevivido a unas torturas de los paramilitares: le habían desollado la piel de las manos y le habían destajado la nuca. Era el retrato de su temor más profundo. En la reunión de ayer, el secretario de Estado estadounidense Kerry les ofreció seguridad.

También se oponen a las zonas de ubicación del gobierno con un argumento de supervivencia. Cosas tan básicas como cómo conseguir la alimentación si no podían salir de la zona a buscar la remesa ni gente que no estuviera “empadronada” se las podía traer. Ni pensar en que les dejaran raciones como al Ejército.

“Si uno oye a las unidades militares llorando porque no les llevan la comida después de 15 días, ¿qué sería de nosotros?”.

Hay un argumento clave sobre cómo mantener la cohesión de la tropa y evitar 'su degradación', involucrandolos desde el primer día en la ejecución de los acuerdos bajo el mando de los respectivos jefes guerrilleros.

Pero quizás la razón más poderosa es que ellos quieren hacer política con miras a las elecciones del 2018 y como lo sabe cualquier político, estar cerca de las bases y organizarlas con tiempo es fundamental para obtener luego los votos. Si, además, pueden contar con los recursos destinados para la implementación de los acuerdos que ellos ayudarían a ejecutar en estas zonas tanto mejor.

Las Farc parecen genuinamente comprometidas a dejar las armas. Y a hacerlo antes del 2018, cuando esperan participar en las presidenciales con un candidato de un frente amplio por la paz, en el que incluyen no solo a gente de izquierda sino también nombres como los de Sergio Fajardo.

Pero no es claro de aquí a ese momento cuando es que pretenderían dejar las armas. Aunque ya no dicen que las van a guardar mientras el Gobierno cumple con su parte de los acuerdos.

“Las armas no van a definir si gobierno cumple o no. Quien va a definir el cumplimiento es la capacidad de movilización de sectores que respalden el proceso”, dijo uno de los negociadores.

Pero para llegar a ese momento, la Mesa de Negociación todavía tiene que definir varios puntos además del de las zonas de concentración. Que son igual de difíciles, como el mecanismo de refrendación.

Las Farc insiste en que debería ser una Asamblea Constituyente, previo un acuerdo político, la forma de blindar los acuerdos, algo que Santos ha dicho en todos los tonos que no es una opción. Y se oponen a la idea del plebiscito del Gobierno que le entregaría facultades extraordinarias al Presidente para decretar la implementación de los acuerdos porque creen que eso anularía la Mesa de Negociación.

También toca pasar una ley de amnistía, que es relativamente fácil de aprobar aunque enfrentará una discusión difícil en el Congreso sobre los delitos conexos y en la Mesa sobre el momento en que los guerrilleros se podrán beneficiar de ella.

La guerrilla cree que tendría que darse en dos etapas. Una primera ley de amnistía que cobije guerrilleros y personas que están en cárceles por la protesta social y otra, más amplia, empezando la dejación de armas. El Gobierno considera que será cuando dejen las armas.

El tema de la conformación del Tribunal de Paz ni siquiera se ha tocado y tampoco los puntos pendientes del Fondo de Tierras o de las zonas de reserva campesina.

En conclusión, todavía falta para la firma del Acuerdo Final. Pero pese a las múltiples dificultades, cansancio de los equipos y frustraciones de lado y lado, no hubo una sola persona consultada por La Silla en La Habana que no estuviera convencida de que al final se firmará.