Desde que el gobierno de Juan Manuel Santos prometió una restitución de tierras el año pasado, los asesinatos contra los líderes de tierras aumentaron. En los ocho años de Uribe fueron asesinados 35 líderes. Y en el gobierno de Santos, que todavía no ha terminado su primer año, ya han asesinado a 11 (ver lista).

Después del asesinato de Ana Fabricia Córdoba en Medellín hace dos semanas, la Mesa de Garantías, que reúne a líderes de víctimas y al gobierno en cabeza del Ministerio del Interior para definir las medidas de protección a las organizaciones de víctimas, quedó congelada.

“Yo no veo voluntad política”, dijo Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar y miembro de la Mesa. Y explicó que solo se volverán a sentar en la mesa cuando el Gobierno les brinde medidas que sean realmente efectivas.

Ya que la Mesa de Garantías quedó en el aire, el Ministerio del Interior decidió que se reuniría con los distintos grupos vulnerables, uno por uno, para discutir quiénes son los líderes amenazados. El jueves pasado fue la primera reunión con comunidades indígenas y afros y el balance no fue tan positivo como esperaban: las organizaciones entregaron al Ministerio una lista de dos mil personas que están siendo amenazadas y el Ministerio dijo que las analizaría, pero que por ahora no se hacía responsable de estas dos mil personas.

“Es imposible ponerle protección a cada uno”, dijo a La Silla Vacía un funcionario del Ministerio que estuvo en esa reunión. “El Ministerio ya protege a 11.200 personas y gasta ochenta millones de dólares por año en protección”.

Ante la sobredemanda, el Gobierno ya decidió que va a discriminar de acuerdo a los casos, pero teme que este proceso sea eterno si los sindicalistas, las mujeres, los defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables con quienes esperan reunirse también presentan listas de dos mil personas. “Hay recursos limitados”, dijo este funcionario.

Esta estrategia de discriminación por falta de recursos es precisamente la que se ha venido llevando a cabo en los últimos años y que fue ratificada por el decreto 1740 que firmó Álvaro Uribe en mayo del año pasado.

En este decreto se establece que los líderes de víctimas solo serán protegidos si van voluntariamente a la Policía para someterse a un análisis de riesgo. Si el riesgo resulta ordinario, se asume que corre el mismo riesgo que cualquier colombiano y no se le dan protecciones especiales, porque se parte de la premisa que todos los colombianos corremos cierto riesgo. Si se califica como extraordinario, tiene derecho a un avantel, un chaleco de balas, escoltas o rondas de policía otorgadas por el Ministerio del Interior.

“El problema es que muchas veces quienes hacen el estudio no conocen el contexto en el que vive la persona, no saben lo que pasa en la región. Yo conozco mucha gente que le hacen un atentado y luego el estudio de riesgo sale ordinario”, dijo a La Silla Vacía una de las líderes de víctimas. Este fue el caso de Hernando Pérez, defensor de tierras en el Urabá que fue asesinado el pasado 21 de septiembre, después de que la policía catalogara su riesgo como ordinario.

Por eso en la primera mesa con las organizaciones, líderes indígenas y afros plantearon reuniones regionales con el Ministerio para evaluar el riesgo en el contexto de cada uno de los municipios y una reunión con el Presidente Santos para que asumiera personalmente unas responsabilidades frente a las víctimas. Ninguno de los dos les fue otorgado.

“Nosotros no queremos solo medidas materiales, nosotros queremos medidas estructurales”, dijo a La Silla Vacía José Santos, miembro de PCN, una de las organizaciones afrocolombianas en la mesa.

Las organizaciones de víctimas han insistido en que hay que tener un concepto integral de protección. Y que esto tiene que pasar por una depuración de las Fuerzas Armadas en las regiones de aquellos miembros que fueron cómplices de los despojadores y que aún siguen allí. Y también mejorar su comunicación con las comunidades ya que los mismos líderes normalmente saben quién los desplazó, quién tiene sus tierras o quién los amenaza.

“Se han otorgado medidas de protección a 11 dirigentes de una organización de restitución de tierras”, contestó a La Silla María Paulina Riveros, la directora de la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior.

Otro funcionario cercano a este proceso del Ministerio dijo a La Silla Vacía que actualmente se está planeando un plan piloto en Curvaradó y Jiguaminadó, en el Chocó, en el que trabajan conjuntamente Policía, Ministerio del Interior y Ministerio de Agricultura. La idea es que crucen datos sobe el despojo de tierras con las solicitudes de protección y otorgar así las medidas necesarias.

La Silla Vacía habló con organizaciones en todas las regiones donde han asesinado líderes de tierras en los últimos meses y todas consideran que es necesario plantear una política pública nueva para proteger a los líderes de víctimas y los desplazados durante este proceso. En 12 de estos casos se reflejan las dificultades que tienen: algunos saben quiénes están detrás de las amenazas pero no ven que los procesos en su contra avancen, algunos sienten desconfianza para ir voluntariamente a la Policía y otros creen que lo hacen les niegan las medidas.

Sienten que la mejor medida de protección que tienen al final del día es mantener un bajo perfil, no hablar muy duro y, por eso, varios pidieron que sus nombres se mantuvieran bajo reserva.

Estas son las organizaciones de víctimas amenazadas por reclamar las tierras de los desplazados y las medidas de protección que siguen esperando.