Nelson Mariño

Casanare

Mariño, que fue elegido por el Movimiento Afrovides, ha enfrentado varias polémicas desde que fue alcalde de Yopal y Diputado a la Asamblea de su departamento. Como lo contó hace poco La Silla Vacía, Mariño tiene abiertos algunos procesos en su contra tanto en la Fiscalía, como en la Procuraduría y en la Contraloría.

Mariño ha sido relacionado con grupos al margen de la ley, pero él ha insistido varias veces en que no tiene “ninguna investigación sobre paramilitarismo, guerrilla, bacrim o narcotráfico”. Esto es cierto, pero en la Procuraduría tiene tres procesos en curso por otros asuntos: una investigación disciplinaria por destinación indebida de regalías, una investigación por la celebración irregular de convenios y una condena en primera instancia por irregularidades en un contrato de obra pública; en la Contraloría enfrenta un proceso por una deuda solidaria por 118 mil millones de pesos desde el 30 de junio de 2009; y en la Fiscalía, tiene un proceso abierto por peculado por apropiación y otro por amenazas contra la vida de un edil de Yopal.

Varios de estos procesos son por hechos ocurridos durante la Alcaldía de Mariño, pero el Gobernador electo ha dicho que “las supuestas irregularidades en la contratación como Alcalde de Yopal responden eminentemente a cuestiones de forma y no de fondo, y que en nada me inhabilita para ser el próximo gobernador de Casanare”. Sin embargo, los procesos siguen avanzando.

Héctor Fabio Useche

Valle del Cauca

El Gobernador electo del Valle, que se lanzó por el MIO, ha sido cuestionado por su cercanía con el ex senador condenado por parapolítica Juan Carlos Martínez. Pero, además, por presuntas irregularidades durante su tiempo al frente de la Secretaría de Salud del departamento cuando el gobernador era Juan Carlos Abadía.

En concreto, después de varias investigaciones adelantadas por el actual gobernador del Valle, Francisco Lourido y su secretario general Élmer Montaña, Useche fue denunciado a finales de octubre penalmente junto con otros funcionarios por el delito de prevaricato por acción, al celebrar un contrato sin cumplir los requisitos legales. Fue acusado de firmar contratos con Eduardo Bolaños IPS Ltda. para que ésta prestara el servicio de salud de cirugía bariátrica sin cumplir con el proceso de licitación previa.

Ante esta denuncia, Useche aseguró que todo el proceso forma parte de una persecución política en su contra y negó los cargos. Pero la investigación continúa en la Fiscalía.
 

Cielo González

Huila

En el Huila, ganó la candidata de La U, Cielo González, quien durante la camapaña tuvo que enfrentarse a varios líos, pues tanto la Fiscalía, como la Procuraduría y la Contraloría le abrieron procesos.

A principios de octubre, la Fiscalía le abrió investigación por irregularidades en el proyecto del Reservorio, un proyecto de su época como alcaldesa que consistía en un convenio de cooperación internacional para mejorar el acueducto de Neiva.

La Fiscalía investiga a González por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por firmar, sin una licitación previa, un acuerdo entre el Convenio Andrés Bello, Secab, empresa internacional y la Alcaldía de Neiva, para la asesoría y asistencia técnica para mejorar el sistema de acueducto de la ciudad de Neiva.

González se ha declarado inocente y ha dicho que, según la Ley 80 de 1993 (Estatuto Contractual) podía hacer los trámites directamente, o trasladar los recursos a las Empresas Públicas de Neiva. También ha dicho que sí hubo licitación.

Pero poco después, la Procuraduría le abrió pliego de cargos acusándola de falta gravísima por inversiones irregulares durante su período como Alcaldesa. Además, la Contraloría le abrió una investigación por responsabilidad fiscal por la pérdida de más de 350 millones de pesos de rendimientos financieros que la empresa TIGSA nunca entregó al municipio.
 

Édgar Díaz

Norte de Santander

Díaz, del movimiento Un Norte Pa’lante, enfrenta una demanda -que el martes aceptó darle trámite el Tribunal Administrativo de Norte de Santander- que busca anular su elección.

Después de que dos demandas parecidas fueran rechazadas por el Consejo Nacional Electoral, esta fue hecha ante el Tribunal el 13 de diciembre y se basa en una posible inhabilidad en la que habría incurrido Díaz al lanzarse al cargo de Gobernador tras haber ejercido como Gobernador encargado en septiembre de 2009.

El demandante, Luis Palacios, recuerda que no habían pasado dos años -como lo exige la ley- entre el encargo el 15 de septiembre de 2009 y el día en el que Díaz inscribió su candidatura el 5 de julio de 2011. El caso sigue bajo estudio en el Tribunal.

José Facundo Castillo

Arauca

Castillo, del Partido de La U, enfrenta demandas desde antes de las elecciones que ahora podrían hacer tambalear su Gobernación.

Una de las denuncias (ante la Procuraduría y la Fiscalía) es por posiblemente haber incurrido en interés ilícito en celebración de contratos cuando era director del Hospital San Vicente de Arauca. En ese cargo, firmó un contrato para realizar actividades educativas.

Según el denunciante, el interventor de ese contrato fue el hijo de la contratista.
Otra denuncia, ésta por prevaricato por omisión, tiene que ver con el reintegro de un camillero que fue condenado a 75 meses de prisión y a una pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 100 meses.

La campaña de Castillo, se defendió diciendo que el reintegro del camillero se produjo cuando el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Arauca le concedió la libertad condicional al procesado y que sus actuaciones fueron cobijadas por la presunción de inocencia.

Pero, además, un informe de la Fundación Nuevo Arco Iris dice que existen en su contra cuatro investigaciones de la  Procuraduría, pero en el sistema de consulta del Ministerio Público no aparece ninguna.

Luis Gilberto Murillo

Chocó

Después de dos meses de conteos y escrutinios, el Consejo Nacional Electoral finalmente le entregó la credencial de Gobernador del Chocó a Luis Gilberto Murillo Urrutia, cuya elección había sido cuestionada porque supuestamente el candidato estaba inhabilitado.

El nuevo Gobernador tenía una sentencia en su contra proferida en 1997, por el delito de peculado oficial diferente. Pero ese delito fue eliminado cuando se aprobó la reforma al Código Penal en el año 2000, así que el candidato y sus abogados le pidieron a la Procuraduría retirar el antecedente, teniendo en cuenta que ese delito ya no existe en la legislación colombiana.

Aunque el CNE le dio la razón a los abogados de Murillo, la Procuraduría, además de haber pedido la revocatoria de la inscripción ante la Registraduría, no retiró el antecedente de la sentencia de 1997. Así que este puede no ser el fin de los líos judiciales de Murillo.