?A ocho meses de las elecciones, el Presidente Juan Manuel Santos ha tomado una decisión que -si logra mantenerla- le puede generar mucho guayabo después.
El gobierno decidió aprovechar el trámite exprés del Plan de Desarrollo para modificar el impuesto al alcohol y modificar el monopolio que tienen los departamentos en la venta de licores. Dos medidas muy arriesgadas en plena época electoral. Pero que Santos necesitaba hacer para quitarse de encima la presión de los europeos, cuyo respaldo necesita para el proceso de paz, y para tener otro 'chulito' de la lista de requisitos para entrar a la Oecd.
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?Según le contó una fuente allegada al Gobierno a La Silla, en su último viaje a Europa para explicar el proceso de paz no faltaron las alusiones de los presidentes europeos al compromiso adquirido por Colombia en los TLC de no discriminar el trago extranjero. Para estos países es muy importante evitar que se cree un precedente de incumplimiento de sus tratados bilaterales (además de que muchos de ellos son grandes exportadores de licores).
Como el comité de comercio de la Oecd - a donde Santos quiere que este país ingrese- también ha exigido un trato igual para los licores de otros países, el Presidente decidió no darle más largas al asunto y encomendó a la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, y sobre todo a su ministra consejera María Lorena Gutiérrez que le resolvieran el asunto.
La solución que encontraron fue meter en el Plan de Desarrollo 15 artículos sobre licores, en los que se propone que haya un impuesto único por grado de alcohol, pues hoy hay una discriminación implícita entre tragos nacionales e importados.
El impuesto se cobra por cada grado de alcohol que tiene una bebida, pero en dos franjas: si tienen hasta 35 grados, pagan 197 pesos por cada grado; si tienen más, pagan 487 pesos. Y resulta que todos los productos nacionales tienen menos de 35 grados, mientras que la mayoría de importados tienen más de 35.
La propuesta es bajar los impuestos de las dos franjas, pero mucho más de la de los importados (quedarían en 185 y 300 pesos desde el 1 de julio, respectivamente) y luego irlas unificando para que a partir del 2019, se pague 207 por cada grado. Eso implicará que el aguardiente y el ron nacional seguirán valiendo prácticamente lo mismo mientras que el whisky y la ginebra serán más asequibles, aunque deja esos cinco años para que el efecto no sea tan duro para las licoreras
También incluye un Iva del 10 por ciento al trago (aunque el gobierno le cede a los departamentos ese recaudo).
El Plan de Desarrollo también se mete con el monopolio de los gobernadores, que hoy no tiene reglas y por eso lo pueden ejercer con mucha discrecionalidad. Como lo único que dicen las normas es que los gobernadores determinan los requisitos para que los licores entren a un departamento (y le deja al departamento el monopolio para producirlo en su territorio), pueden poner cualquier traba o requisito. Además, elijen sin restricción a quiénes pueden comercializar los licores que produce, directamente o a través de un tercero, el departamento.
El Plan, sin eliminar el monopolio de producción, sí cambia la regla actual: ya no solo podrá entrar a un departamento el distribuidor que tiene permiso del gobernador, sino que cualquiera puede entrar a menos de que no se registre para hacerlo. Y dice que solo hay algunos casos específicos en los que el departamento puede negar el registro, como cuando el que lo pide haya sido condenado por un delito o cuando el producto no tiene registro sanitario.
Esa propuesta quedó en el Plan a última hora (tanto, que en la primera versión del articulado había un error en la numeración por esos artículos porque fueron los últimos en entrar) porque los intereses en juego son tan grandes que no era fácil definirla.
Al final, lo que quedó fue producto de un trabajo conjunto de dos gremios que casi nunca se ponen de acuerdo: la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (Acil), cuya cabeza es Luz María Zapata, esposa del vicepresidente Germán Vargas Lleras; y la la Asociación Colombiana de Importadores de Vinos y Licores (Acodil), que dirige el ex superindente de Sociedades Luis Guillermo Vélez (bloguer de La Silla Vacía).
Esos dos gremios, que suelen oponerse porque al primero le interesa que se mantenga la protección frente al trago importado y al segundo, una política de fronteras abiertas, trabajaron a marchas forzadas entre diciembre y enero para construir una propuesta conjunta y presentársela al gobierno.
La propuesta de los gremios tenía como presupuesto que no se afectara al recaudo de los departamentos y para asegurarse de que eso era así contrataron a E-Concept, la consultora de los ex ministros Juan Carlos Echeverry y Mauricio Santa María.
A mediados de enero tenían la propuesta lista. El 19, en una reunión en la embajada de la Unión Europea en la que estaban todos los embajadores de los países miembros de la Unión, directivos de los dos gremios, representantes de los gobernadores a través de la Federación Nacional, la ministra Álvarez-Correa y la ministra consejera Gutiérrez, la presentaron.
Aunque hubo algunas intervenciones duras, según dos asistentes a la reunión, al final el tono que se había alcanzado un acuerdo, pero la Federación y el gobierno dijeron que iban a validar las cifras para asegurarse de que el recaudo no se iba a afectar.
Finalmente esa propuesta fue la que quedó. Pero no evitó la pelea.
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El tema de los licores es un tema muy sensible políticamente. Por un lado, porque los distribuidores de licores financian las campañas de políticos, ya sean legales como en el caso del ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, o ilegales, como en el del ex gobernador de Chocó Julio Ibargüen. Y si no les ponen la plata directamente, por lo menos ponen el trago con el que se 'anima' la campaña.
También es fundamental porque constituye una de las principales fuentes de ingresos para los departamentos y suele ser el impuesto propio más importante que tienen. Por ejemplo, el año pasado Antioquia recibió 230 mil millones de pesos por ese impuesto, más que los 130 mil que le giró la Nación para pagar la salud.
El tema es tan importante en las regiones que en ocasiones ha llevado a guerras comerciales entre los departamentos y los importadores, como cuando en diciembre el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz prohibió la entrada de licores de otros departamentos; cuando hace un año en un diputado del Valle propuso cerrar las fronteras para proteger a la Industria de Licores del Valle; o cuando en 2011 todos los gobernadores amenazaron con cerrarle las fronteras a los importadores.
Esa potestad ilimitada ha llevado a un problema grande de corrupción y amiguismo en muchas gobernaciones, como en el caso del intento del ex gerente de la Industria Licorera de Caldas de cobrar una mordida a cambio de entregarle a cierta empresa la distribución en el Valle.
Si el Plan sale como está, los gobernadores podrían perder esa posibilidad de conseguir esos financiadores y animadores de sus campañas, pues se qudarían sin la potestad de conceder o negar la distribución en sus departamentos. Y por eso el asunto no es menor.
El 15 de febrero, nueve días después de presentado el Plan de Desarrollo, la pelea se hizo pública. El ex ministro de Minas Amilkar Acosta, director de la Federación Nacional de Departamentos, publicó una columna en la que se va con toda contra la reforma.
Aparentemente, cuando en la Federación corrieron las cifras para ver si efectivamente no se reducía el recaudo, encontraron lo contrario. La Silla llamo a Acosta para preguntarle qué encontraron pero no lo pudo conseguir.
Sin embargo, el comunicado es claro: “Esta propuesta, además de improcedente, es altamente inconveniente para los fiscos departamentales que tienen en el monopolio rentístico de licores una de sus principales fuentes de recursos para su financiamiento”, dice.
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?Además, para Acosta el proyecto daría “al traste con la estabilidad financiera de las 6 fábricas departamentales de licores que aún subsisten (...) para ellas significaría la extremaunción”.
De hecho, gobernadores de departamentos que tienen fábricas como Sergio Fajardo de Antioquia y Álvaro Cruz de Cundinamarca se han opuesto a la reforma. En el consejo de ministros del sábado pasado los dos lo hicieron saber, aunque de forma distinta: según un asistente que no quiso dar su nombre, Cruz pasó de la vehemencia a la grosería.
Otras dos fuentes que han participado del proceso coinciden en que el gobernador de Cundinamarca ha sido muy activo en su oposición, y en el editorial de ayer en Portafolio Ricardo Ávila escribió “El gobernador de Cundinamarca se erigió como una voz sonora en contra de la idea, lo cual ha ocasionado tensiones al interior de la agremiación”.
La caída del recaudo y la potencial quiebra de las licoreras no es su único argumento. Junto con Acosta, argumenta que la Constitución obliga a que el tema se regule por una ley especial, y por eso el Plan no puede tocar el monopolio. Eso le quitaría al gobierno la estrategia de sacarlo rápido en el Plan.
Parte de ese problema es que del lado de los departamentos hay tres intereses que muchas veces no coinciden.
Para las industrias licoreras fuertes, como empresas, es conveniente que se reduzca el monopolio para poder vender sus productos más fácilmente en otros departamentos. Por ejemplo, para la Fábrica de Licores de Antioquia es un avance poder vender en Atlántico o Santander, que no tienen fábricas, sin trabas.
Ese interés suele coincidir con el de los departamentos sin licoreras, porque para ellos lo mejor es que se venda más trago para recaudar más impuestos. O, por lo menos, que se venda más trago legal y menos adulterado o contrabandeado, un efecto probable si hay menores impuestos al importado y menos trabas al nacional.
Pero para los gobernadores que no quieren perder feudos de poder, el interés es otro. Tener un menor margen de discrecionalidad para hacer contratos de distribución y para permitir el ingreso de licores es una derrota.
La pelea ya produjo su primera víctima. Según supo La Silla por dos fuentes independientes, Luz María Zapata renunció al cargo que ocupa hace casi 14 años.
Uno de los motivos habría sido que aunque logró meter en el Plan avances como que se le reconociera a los departamentos un monopolio sobre todos los alcoholes (ampliando de los de bebidas a otros como el alcohol antiséptico) y que su junta directiva votó a favor de la reforma al monopolio, ahora algunos de sus afiliados están molestos.
El presidente de esa junta y gerente de la Licorera de Caldas, Jorge Iván Orozco, dijo que el gremio había enviado una propuesta al gobierno de forma distinta a lo que se había aprobado, lo que según le dijo una fuente conocedora a La Silla fue una manera de desautorizar una carta que le envió Zapata a María Lorena Gutiérrez impulsando la propuesta.
La Silla buscó a Zapata para confirmar estas versiones pero no pudo encontrarla.
En el trasfondo de la pelea también está un fallido acuerdo de conciliación entre los gobernadores y las dos grandes multinacionales, por el que los departamentos iban a renunciar a una demanda que presentaron en 2004 (impulsada justamente por Álvaro Cruz) en Nueva York, a cambio de que éstas pagaran 200 millones de dólares, 10 por ciento de lo cual irían a la Federación de Departamentos. Una de las exigencias de Diageo y Pernod-Ricard era, precisamente, que en el futuro pudieran entrar libremente a los departamentos.
Cuando Daniel Coronell reveló este dato y dijo que de firmarse el acuerdo los gobernadores podrían terminar en la cárcel por aministiar a las multinacionales del pago de impuestos pasados, el entonces director de la Federación Germán Chica empezó a tambalear.
Un mes más tarde, el mismo Coronell reveló el escándalo de los presuntos 12 millones de dólares que los hermanos Comba le habrían pagado a Chica y que terminó por tumbarlo, lo que dejó a la Federación en interinidad y al acuerdo de conciliación en el aire.
Según supo La Silla, el acuerdo no se ha firmado y el proceso está suspendido. Pero podrían resucitar, dependiendo de lo que pase con el Plan.
Por ahora, María Lorena Gutiérrez convocó a una reunión con los gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos esta tarde. Como Santos ya dijo que el cambio va porque va, pero que está dispuesto a hacer algunos ajustes como cambiar el período de transición del impuesto o cortarle menos las alas al monopolio (dejando, por ejemplo, que los gobernadores nieguen la entrada de licores por motivos de salud pública), y Acil tiene una propuesta para unificar los impuestos de nacionales e importados en cinco años, hay luz para un acuerdo.
Más cuando las elecciones de gobernadores están a ocho meses y muchos de ellos tienen un candidato heredero, por lo que a nadie le conviene una pelea.
Sin duda que es un tema con muchas aristas. La anotación de que con estos impuestos se paga la educación y la salud no es consecuente con la demanda de licor en los países occidentales. Hay demanda, luego hay oferta y esa ley es independiente de la destinación de los dineros tributados. Lo que merece atención es la lucha de los gobernadores por impedir que el manejo siga en sus manos, no solo por lo que estos tributos pesan en el presupuesto regional si no porque pierden capacidad de negociación con las licoreras e importadores y eso representa una suma importante para sus bolsillos. El negocio es turbio, pero muy rentable. Quitárselo de las manos puede ser una buena manera de acabar con una de las fuentes de corrupción.
Dos temas muy puntuales: 1) El problema del contrabando de licores no tiene causa en los impuestos, sino que se tratam primordialmente de lavado de dinero, como se ha precisado por comentaristas y lectores en otros medios. 2) Elk temor de los gobernadores, en efecto, es que les quiten el manejo torticero de las licitaciones y el de introducción de licores. Ya hay decisión del Tribunal Andino de Justicia sobre este tema del cierre de fronteras, frente a Ecuador, concretamente, y en Colombia no se ha dado el impulso normativo.
Infortunadamente la educación y la salud se paga con el incremento de la enfermedad de otros, en este caso con el consumo de licor y para los departamentos es una fuente de ingresos que a la vez les sirve para cumplir con compromisos políticos y es un espacio de corrupción, por lo único que estaría de acuerdo con esta propuesta: Pero permitir que ingrese licor a nuestro país y acabar con la producción nacional es seguir entregando autonomía a los que siempre nos han impuesto sus productos, muy pronto nos obligan a comprarles la marihuana, la cocaína y todo lo que aquí nos está costando sangre para erradicar.