A pesar de que Palomino cayó después de que la Procuraduría le abrió ayer investigación formal disciplinaria por su supuesta participación en tres delitos -enriquecimiento ilícito, chuzadas a periodistas y la creación y puesta en marcha de una supuesta red de prostitución masculina-, éste último es el que más ha mojado prensa.

La investigación de esta red conocida como “la comunidad del anillo” arrancó luego de que en enero de 2006, apareció muerta la alférez Maritza Zapata en la Escuela General Santander en Bogotá. Los familiares dicen que no fue un suicidio sino que fue asesinada tras descubrir esta red de prostitución.

El caso cayó en manos de la justicia penal militar pero luego fue trasladada a la Fiscalía. En enero del 2014, Noticias Uno reveló unos testimonios de 10 oficiales de la Policía que contaron cómo operaba esta red en cabeza del coronel retirado, Jerson Jair Castellanos quien reclutaba a los cadetes en la escuela y les paga por tener sexo. Castellanos ya fue interrogado por la Fiscalía.

En octubre del año pasado otra vez el tema volvió a los medios. Esta vez por unas grabaciones que reveló la Fm en las que se oye que dos coroneles y un mayor de la Policía le piden al coronel Reinaldo Gómez que cambie una versión que dio dirigida al director de la policía Rodolfo Palomino, sobre un supuesto acoso sexual del que había sido víctima cuando Palomino era teniente coronel de la Policía en 1998.

Tras el escándalo, Palomino retiró a los tres altos oficiales de la Policía y comenzaron una serie de seguimientos y chuzadas contra la directora de la FM, Vicky Dávila, y Claudia Morales. El escándalo no quedó ahí. En noviembre, la FM reveló una grabación del Capitán Palacios en la que acusaba a Castellanos de haberlo violado y donde también mencionó que Palomino hacía parte y se beneficiaba de esa red de prostitución de la fiscalía.

En diciembre, el periodista Daniel Coronell publicó una columna en la que mostraba un intercambio de bienes entre Castellanos y Palomino a muy bajo precio a pesar de lo bien localizadas que están esas propiedades.

Palomino ha negado todas las acusaciones y sólo hasta hoy renunció.

Hace 10 días tras una investigación que duró 16 meses la Dijin capturó a 14 policías (un teniente, cuatro suboficiales y nueve patrulleros) que “estaban en la nómina”, según dijo Palomino, de un traficante de drogas que operaba en el San Victorino, en el centro de Bogotá. Los policías eran los encargados de cuidar la distribución de la droga alrededor de los colegios.

No es la primera vez que el país se entera de estas noticias. Según Semana, en los últimos dos años, 3.500 policías han sido retirados de sus cargos y 1.600 han sido capturados por la Dijin de la Policía y la Fiscalía por estar envueltos en delitos con bandas criminales y narcotráfico o haber participado directamente en delitos graves.

Casos sonados como el de nueve policías que cayeron en Ibagué, señalados de hacer parte de la banda criminal llamada “La Mina” donde dos de ellos, un oficial y un intendente están acusados de ser los jefes de la organización. O la captura en 2014 del subcomandante de la Policía de Cauca, coronel Néstor Enrique Maestre, que desde su cargo le ayudaba a una banda de narcos a transportar droga a través del puerto de Cartagena hasta Alemania, han sido sólo algunos de ellos.

Lo curioso no es sólo la cantidad de casos de policías vinculados a bandas criminales sino que detrás de estas capturas y posteriores llamados a calificar servicios se ha organizado un multimillonario cártel de reintegros.

Como contó Semana a principios del año, el cartel que involucra a policías, abogados, juzgados, tribunales y ex periodistas logra que oficiales que salen por la puerta trasera vuelvan a ingresar a las filas de la Policía tras presentar demandas de reintegro que ganan con contactos en la justicia.

Además, tras ganar esas demandas, los reintegrados reciben una indemnización del Estado que puede ser de 500 millones de pesos. Según la Revista, en lo corrido de los últimos 10 años, el cártel ha logrado ganar unos 900 procesos.

Tras la publicación, la Fiscalía abrió una investigación para determinar quiénes están involucrados en este cartel.

El 5 de diciembre del 2014, 14 armas desaparecieron de la Estación de Carabineros de Suba luego de que unos delincuentes entraron y drogaron al patrullero que estaba de guardia. Al día siguiente, en una ceremonia de ascensos, Santos dijo que el robo no contribuía en nada al objetivo de mantener la legitimidad y lo calificó de absurdo y hasta ridículo.

En enero del 2015, la investigación avanzó y se comprobó no sólo que eran 17 y no 14 las armas robadas sino que uno de los tres delincuentes que participaron en el robo era un patrullero de la Policía. Según Álvaro Sarmiento, entonces jefe de la Unidad Nacional contra Bandas Emergentes de la Fiscalía, “la planeación del robo se hizo desde dentro de la Policía que se puso de acuerdo con la banda de traficantes de armas. Con interceptaciones de llamadas logramos en diciembre pasado recuperar los elementos hurtados y asimismo llegamos a cada uno de los implicados”.

Los tres fueron capturados en Cúcuta. Las armas estaban siendo negociadas y tenían como destino final un frente de la guerrilla en los Llanos Orientales.

En noviembre del 2014, luego del secuestro del general Rubén Darío Alzate, el frente 29 de las Farc atacó la estación de Policía de la Isla de Gorgona dejando un teniente de la policía muerto y otros 6 patrulleros heridos.

Después del ataque, la Fiscalía capturó al intendente Buenaventura Oribio Caicedo, subcomandante de la estación de la Policía de Timbiquí, en Cauca luego de que recibieron unas grabaciones en las que el intendente habla por teléfono con un comandante de las Farc, y hablan no sólo de las bajas sino del éxito del ataque. Además, la Fiscalía tiene dos testimonios de ex guerrilleros desmovilizados que dicen que el intendente era informante de las Farc desde hacía tiempo a cambio de un pago.

Al intendente le imputaron los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, terrorismo y rebelión.

Tras la captura, Palomino dijo "hoy, con la templanza que implica liderar tan magna institución, debo informarles que la propia Policía con apoyo de la Fiscalía acaba de capturar a un intendente, quien tendrá que responder por una eventual fuga de información hacía la cuadrilla terrorista que atacó a los policías de Gorgona y que causó la muerte de nuestro teniente John Suárez Carvajal". Santos también se refirió al caso y dijo que el intendente capturado era un traidor. Agregó que “Siempre habrán manzanas podridas en instituciones tan grandes, pero son las propias instituciones las que tienen que ser las más severas, las más rigurosas en el cumplimiento y defensa de esos valores”.

Eso decía el coronel Otaín Rodríguez, comandante de la policía de tránsito de Cundinamarca, en una grabación publicada por la F.M. el 12 de enero de este año. El oficial, en conversación con el coronel Milton Lagos, afirma que la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional es un negocio. Ambos dicen que cuando hay poco dinero, trabajar como policía de tránsito es la mejor opción porque la plata llegaba como salida de un “cajero electrónico”.

Los oficiales también hablan del cuidado que hay que tener al poner multas. Recuerdan en la conversación el caso del coronel Saulo Soto que, según dicen, fue comandante de tránsito hasta que le puso un parte a otro coronel y este se quejó ante Palomino. Los oficiales dicen que la Policía se mantenía con la unidad de narcóticos pero ahora las carreteras eran la fuente de dinero y el negocio se debía mantener. El coronel Otaín fue retirado de su cargo.

Recién posesionado Palomino, se publicó un video en el que agentes del Esmad le pegan a un campesino durante el paro agrario. La imágenes muestran cuatro uniformados golpeando al hombre en la terraza de una casa en Tibasosa, Boyacá.

Con ese y otros videos se denunció el exceso de fuerza de los antimotines durante las operaciones de control de los manifestantes del paro. Los señalamientos eran de campesinos y defensores de derechos humanos por igual. En su cuenta de Twitter, Palomino aseguró que se habían ordenado investigaciones para los casos de abuso y aseguró que los policías también estaban siendo víctimas de la violencia de lo manifestantes.

Ayer, el presidente Juan Manuel Santos llamó a calificar servicios al general general Luis Eduardo Martínez que hasta ayer estaba en cabeza de la dirección de carabineros de la Policía. Con esa decisión terminaron los escándalos alrededor de su nombre.

Los señalamientos contra Martínez arrancaron en el 2012, cuando alias “macaco” lo señaló de trabajar de la mano con Pacho Cifuentes, el enlace del cártel del Chapo Guzmán y haber firmado contratos con empresas de transporte aéreo de Cifuentes. En ese entonces, Martínez era el comandante de la policía de Antioquia.

En diciembre pasado, su ascenso a general de la Policía fue suspendido por petición del mismo ministro de Defensa, a raíz de un anónimo que llegó a la Comisión Segunda del Senado -la encargada de revisar los ascensos de oficiales- de tener nexos con la Oficina de Envigado y el narcotraficante Francisco Cifuentes Villa.

En 2014, Martínez volvió a ser mencionado por el ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe, el general Mauricio Santoyo, -condenado en Estados Unidos por colaborar con los paramilitares- que dijo tener pruebas de la relación entre Martínez y el cartel de Medellín y alias Don Berna.

Las menciones revivieron luego de que Martínez fuera uno de los generales que iba a recibir su ascenso a finales del año pasado. A la comisión segunda del Senado llegó un anónimo que alertaba a los congresistas de los señalamientos en contra Martínez que eran mencionados en documentos de la DEA.

Después de que una comisión evaluó la autenticidad de esos documentos, el ascenso de Martínez fue suspendido. Y fueron enviados a la Fiscalía y a la Procuraduría para que continuaran la investigación como informó el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.

Martínez ha dicho que si bien los documentos son auténticos, eso no quiere decir que el contenido sea cierto y ha asegurado que él no tiene investigaciones en su contra.

En febrero del 2015, la Policía Antinarcóticos y la Dirección de Inteligencia capturaron a los jefes y enlaces de la banda de sicarios ‘Los Rudos’, integrada por policías activos y en retiro. La banda tiene nexos con el ‘clan Úsuga’ que opera en Los Llanos, con las mafias de los Sanandresitos en Bogotá y con esmeralderos.

Como contó El Tiempo, en ese operativo cayeron 22 personas, incluidos Edwar Arcesio Navarro Hoyos, alias el ‘Capi’, un capitán en retiro de la Policía que asumió el liderazgo después del asesinato de Luis Fernando Trujillo Alcalá, alias ‘Cejas’ y quien era su socio. Trujillo era un teniente en retiro que trabajó en la Dijín.

En la banda había por lo menos cinco policías activos en Bogotá. Dos de ellos eran los patrulleros Yamid Alexander Duarte Gómez y Juan Pablo Álvarez Morales fueron capturados el 11 de septiembre del 2014 cuando transportaban en un camión 51 kilos de cocaína y 1.483 gramos de heroína. La droga había sido incautada días antes y fue robada de depósitos oficiales. La banda también es acusada de varios asesinatos y de planear un crimen contra el mayor en retiro, Rafael Castro Sarmiento, que fue jefe de la Unidad contra bandas criminales de la Policía Antinarcóticos y trabajó en operaciones contra ‘don Mario’, los ‘Mellizos’ y ‘Cuchillo’.