Timochenko le envió a Santos una carta pública acusando al gobierno de enredar la firma del acuerdo de justicia. Santos le respondió que si se han demorado no es por culpa del gobierno.

El anuncio prematuro y espectacular el pasado 23 de septiembre del acuerdo de justicia transicional que estaba todavía a medio cocinar fue una audacia de Santos que le dio un salto cualitativo al proceso de negociación con las Farc, pero que a la vez creó mucha confusión. Como dijo a La Silla una fuente cercana al proceso, “el Presidente ha pagado un precio por eso y todavía no se sabe si fue un error o una genialidad”. Seguramente en los próximos días, cuando culmine la reunión entre los abogados de lado y lado para finiquitar este punto, se sabrá cuál de las dos.

La subcomisión de justicia integrada por los juristas Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao y Doug Cassel fue creada por Santos para que encontrara una fórmula de justicia después de más de un año de que la comisión oficial de negociadores estuviera trabada. Pero los detalles estaban lejos de estar acordados cuando anunciaron el acuerdo. Archivo Alto comisionado de paz.

En una carta que le escribió Timochenko a Santos este domingo, el jefe guerrillero dice “de pronto resultó que el acuerdo sobre justicia no podía considerarse cerrado, que lo único oficial era un comunicado. Que había que revisar una serie de temas. A una escasa semana de cumplirse dos meses del acto solemne en que se anunció el feliz acuerdo, sigue resultando imposible su cierre definitivo. Y no porque las FARC-EP hayamos desconocido una sola letra de lo aprobado”.

Aunque Santos le respondió ayer desde Manila, Filipinas, que “No es por culpa del gobierno que se retrasen las negociaciones,” hay varios elementos que aguaron la fiesta después del famoso anuncio, que se hizo –y no de manera coincidencial- un día después de la reunión con el Papa y uno antes de la reunión con Obama y los presidentes en la Onu.

El primero es que como dice Timochenko en su carta el único acuerdo considerado “oficial” por el gobierno fueron los diez puntos divulgados en el comunicado. Frente a los 75 que habían redactado los abogados de parte y parte, el jefe negociador Humberto de la Calle escribió al margen del texto “documento en desarrollo” porque había varias salvedades y temas pendientes.

Puntos que aún no se habían negociado y que son claves para la jurisdicción que juzgará los crímenes atroces cometidos durante el conflicto. Por ejemplo, cómo se integrará este tribunal.

En los acuerdos sobre los otros puntos también han quedado salvedades o temas por desarrollar, pero en el caso del acuerdo sobre justicia con los días, comenzaron a aflorar también diferencias de interpretación frente a lo acordado, tanto entre los abogados y los respectivos equipos de negociación y entre el gobierno y las Farc.

Entre los equipos del gobierno parte de la confusión obedece a que –según le confirmó una fuente cercana al Presidente- Santos no fue totalmente claro sobre en qué calidad actuaban los ex magistrados de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao y el jurista Doug Cassel. Si lo hacían como negociadores que le respondían directamente a Santos o como una subcomisión igual a la creada para definir el cese bilateral, que está subordinada al equipo liderado por De la Calle.

“Se está pagando el error de la no claridad”, dijo esta fuente cercana al Presidente.

Aunque los negociadores oficiales estaban al tanto de lo que estaban discutiendo los abogados, no tenían la información “en tiempo real” y cuando se vieron abocados a las preguntas de los periodistas una vez divulgado el acuerdo se dieron cuenta que no compartían necesariamente la misma interpretación de los textos.  Eso los obligó a hacer una lectura colectiva con el Presidente para fijar explícitamente una interpretación común.

Estas diferencias interpretativas también surgieron entre el equipo negociador de las Farc y el abogado principal de ellos Enrique Santiago, según supo La Silla.

Y, como ha sucedido antes, entre el gobierno y las Farc las discrepancias post acuerdo fueron aún más profundas.

Por ejemplo, en el punto –también fundamental- de cómo se debería interpretar la restricción a la libertad, mientras el gobierno considera que esa limitación a la libertad de residencia (como dormir en un sitio fijo) o de movimiento (necesidad de permisos para moverse más allá de un área acordada) o de oficio (obligación de hacer una tarea específica) es parte de la pena, las Farc creen que dado que lo acordado es una justicia restaurativa y no punitiva la restricción de la libertad procederá solo cuando el tribunal la imponga como una forma de reparación.

También hay discrepancias interpretativas sobre el alcance de la prohibición de la extradición (si es para siempre o solo para los delitos cometidos hasta la fecha de la firma) y otros temas.

Y como si lo anterior fuera poco, hay elementos ‘externos’ al acuerdo de justicia que tienen que engranar y sobre los que tampoco hay un acuerdo todavía, como el que tiene que ver con el cese bilateral y el de las garantías.

Suponiendo que se pongan de acuerdo sobre la restricción de la libertad como una sanción, la forma cómo ésta se pague dependerá en gran parte de lo que decidan sobre si se concentrarán durante el cese bilateral en unos territorios definidos como lo quiere el gobierno (y no lo quieren las Farc, que prefieren que tanto ejército como guerrilla se queden como ‘estatuas’ cada uno en su lugar).

Uno de los factores de éxito de los procesos de paz es que los jefes del grupo insurgente logren mantener ‘amarrada’ a su gente mientras se desmovilizan para evitar que se bandolericen o sean reclutados por el narcotráfico.  La restricción de movimiento dependerá en parte de cómo se localicen mientras dejan las armas.

Para los jefes de la guerrilla una de sus grandes preocupaciones es su propia seguridad, para evitar que se repita el genocidio de la UP. Y esas garantías se siguen discutiendo en la Comisión de Garantías y están todavía pendientes de llegar a un acuerdo.

Y a todo esto se suma el rechazo de las Farc a lo que consideran ‘actos unilaterales’ del Gobierno, comenzando por la iniciativa del plebiscito que se votará mañana en comisiones primeras conjuntas del Congreso.

La refrendación de los acuerdos es un punto del Acuerdo Marco negociado antes de dar inicio al proceso de paz entre el Comisionado Sergio Jaramillo y el ‘médico’, delegado por las Farc.

Como este es un punto del acuerdo bilateral, la idea originalmente era que se discutiría con las Farc.

Según una fuente que conoció el origen de la iniciativa, uno de los argumentos de Roy Barreras para tramitar en el Congreso la iniciativa del plebiscito es que el partido del Presidente carecía de temas fuertes que le dieran un verdadero protagonismo nacional.

Inicialmente, como la idea era discutirlo en la mesa de la Habana, la idea se quedó en el cajón y no ganó tracción en el gobierno, pero en una nueva reunión con los congresistas después del triunfo arrasador de Cambio Radical en las elecciones de octubre, Roy convenció al Presidente de que le metiera la ficha al plebiscito con un umbral fácil de alcanzar. Santos, entonces, decidió meterle al proyecto un mensaje de urgencia y por eso hoy sesionarán las dos comisiones primeras al tiempo. (Vea hoy a las 12.30 el debate en vivo sobre el plebiscito de nuestra serie Sí o No, el poder de los argumentos entre Juan Carlos Flórez y Antonio Navarro)

En la Habana, la decisión del presidente fue recibida como un incumplimiento al Acuerdo Marco, y la reacción de la guerrilla fue similar a la que tuvieron hace unos años en contra del Marco Jurídico para la Paz, que como lo dijo el politólogo Juan Diego Duque en La Silla de la Paz ha terminado engavetado por el Gobierno después de haberlo defendido frente a la Corte Constitucional.

Sobre todo porque el plebiscito sustituiría el mecanismo de la Constituyente que es el que quisieran las Farc y que Santos ha reiterado que no sucederá.

Pese a lo cargado que está el ambiente, de lado y lado, hay fe en que de la reunión de los abogados que comienza hoy saldrá ‘humo blanco’. Pero con la presión de la fecha autoimpuesta del 23 de marzo, las Farc y el Gobierno están tratando de ganar sus últimos pulsos.