La última revista Dinero señaló que el Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, debería declararse impedido en el proceso de liquidación de Interbolsa por ser amigo de algunos de los socios de la compañía. Vélez dijo que su amistad era “casual” y que, en cualquier caso, él no se encarga directamente del proceso sino que lo hace la Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia, Ángela María Echeverri. Más allá de la naturaleza de la relación entre Vélez y los implicados en este escándalo, su superintendencia inició el proceso de sanción más duro que puede sufrir un hombre o una mujer de negocios:  la muerte comercial.

Efectivamente, en medio del proceso de liquidación de Interbolsa, el 25 de noviembre -un mes antes del artículo de Dinero- la Superintendencia de Sociedades abrió un proceso que busca inhabilitar comercialmente a Rodrigo y Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado, Jorge Arabia y Ruth Estella Upegui.

Luis Guillermo Vélez, Superintendente de Sociedades (y antiguo blogger de La Silla), quiere que la entidad a su cargo use con mucha más frecuencia la sanción de la 'muerte comercial'

Víctor Maldonado, uno de los accionistas de Interbolsa, puede ser el más afectado por la inhabilidad, pues es cabeza de otras compañías.

Jorge Arabia Wartenberg, miembro de la junta directiva y vicepresidente financiero de Interbolsa, también enfrenta la muerte comercial.

La muerte comercial consiste en que durante el tiempo de la inhabilidad, la persona no puede “ejercer el comercio”.

No puede, por ejemplo, crear una sociedad, ser corredor de bolsa, girar un cheque o suscribir un pagaré ni montar una compraventa o un almacén. Hay dudas, incluso, de si podría tener una cuenta en un banco o comprar un carro en un concesionario porque, en los dos casos, ese acto sería comercial para el banco o el vendedor del carro, y por ello es posible que quede prohibido.

Tampoco está claro de que pueda percibir dividendos si lo hacen como una actividad comercial para luego reinvertirlos.

Un concepto de la misma Superintendencia, de 2007, dice que sí podría abrir una cuenta corriente en un banco, pero no para fines comerciales. Y que el inhabilitado podría mantener o vender las acciones de una empresa que tenga desde antes a menos de que lo haga para controlar o ser administrador de una sociedad.

La decisión, que se daría después de un proceso en el que las cabezas de Interbolsa podrán defenderse y exponer sus argumentos, se demora entre seis meses y un año, mucho menos que un eventual proceso penal (que, si llega hasta la Corte Suprema, se puede demorar unos 12 años). Además, la decisión la toma la Superintendencia actuando como juez de la liquidación de Interbolsa S.A., por lo que tiene el mismo peso de una sentencia judicial. Y no puede ser apelada.

Esta sanción existe hace más de 40 años pero solo ha sido aplicada en un puñado de ocasiones.

Vélez (antiguo bloguer de La Silla Vacía) anunció su intención de darle más uso a la figura de la muerte comercial en agosto de 2011, cuando la Superintendencia empezó los procesos para inhabilitar a los primos Nule y varios directivos de sus empresas. Finalmente los tres primos terminaron inhabilitados para ejercer el comercio por 10 años, y algunos de los gerentes por entre 3 y 7 años.

En el caso de los de Interbolsa, personas que solo se han dedicado a hacer negocios, esta sanción sería un golpe muy duro, incluso comparable con la cárcel porque los declara parias en el mundo que se han movido, dándole bendición oficial a la pésima imagen que hoy tienen en ese mundo..

En caso de Víctor Maldonado, que a diferencia de los otros tiene una larga trayectoria empresarial por fuera del mundo financiero, es aún más duro. Él es dueño de empresas como la cadena de restaurantes Archie’s, Foto Japón o el Hotel Santa Clara de Cartagena. Su muerte comercial implicaría que no podría estar ni siquiera en la junta directiva de ninguna de sus empresas, que si las vende no podría crear ni comprar otras y que la plata que ha ganado en esos negocios –si es que le queda algo después del descalabro de Interbolsa- no la puede reinvertir, por lo menos en Colombia.

La figura de la muerte comercial no es perfecta. Hay zonas grises sobre algunas de las actividades que están prohibidas. El otro problema es que no es fácil controlar lo que hacen los inhabilitados. Lo único que puede hacer la Superintendencia es enviar a las Cámaras de Comercio la resolución que inhabilita a las personas, y multarlos con 50 mil pesos si violan la inhabilidad.

Sin embargo, cualquier acto comercial que hagan sería nulo, una amenaza que pende sobre la cabeza de cualquier persona que haga un negocio con ellos, así no haya ido hasta la Cámara de Comercio a averiguar si están inhabilitados ni esté seguro de que el negocio específico sea uno de los prohibidos. Mejor dicho, probablemente una persona que quiera comprarles un apartamento lo piense dos veces por el miedo a que luego alguien pida la nulidad de esa transacción y toque deshacerla.

Además de que vuelve casi imposible hacer negocios en Colombia, la muerte comercial deja la marca de haber sido tan mal comerciante que el Estado lo deja en el mismo estado de un menor de edad, que puede comprar chicles en una tienda pero no montar una tienda propia.

Nota: inicialmente la historia señalaba que Hernando Ramírez, quien fue la cabeza de la Cervecería Ancla, había sido sabncionado con la muerte comercial. La Silla Vacía rectifica esta información, pues fue desmentida por uel hijo del señor Ramírez y no pudo ser verificada de forma independiente. La Silla Vacía pide excusas al señor Ramírez y a sus lectores.