No hay certeza sobre sus impactos ambientales

El poco consenso científico que existe a nivel mundial sobre los efectos del fracking es el argumento que más ha aparecido en el debate público y el más recurrente entre quienes proponen una moratoria en Colombia hasta que no exista evidencia científica concluyente.

El hecho es que el fracking sigue siendo controversial, aun en los países que lo están impulsando, por razones que van desde la enorme cantidad de agua que se necesita inyectar hasta el riesgo de contaminación de fuentes hídricas, tanto en la superficie como debajo de ésta, por el agua residual que deja. También ha sido señalado de aumentar la actividad sísmica: una investigación reciente de la Universidad de Columbia sobre el mayor terremoto en la historia reciente de Oklahoma concluyó que su origen podría haber sido la inyección de agua residual usada en el fracking -la técnica más recomendada- pero dentro de pozos de residuos existentes.

En Estados Unidos -que invirtió billones de dólares en apoyar una tecnología que tras la crisis financiera de 2008 le permitió dejar de ser un comprador neto de crudo y abaratar los costos de la energía- aún sigue generando polémica.

La Unión de Científicos Preocupados, una influyente organización de académicos fundada en el Massachussetts Institute of Technology (MIT) en los años setenta, le pidió el año pasado al gobierno de Barack Obama suspenderla hasta que no haya evidencia científica sobre sus efectos sociales, ambientales y de salud pública. A una recomendación similar llegó el Consejo de Académicos Canadienses en mayo de este año.

Incluso dentro del sector petrolero hay algunas reticencias: como contó el Wall Street Journal, hasta el presidente de Exxon -una de las petroleras líderes en esta tecnología- interpuso una demanda para frenar la instalación de una torre de agua usada para fracking cerca de su casa en Texas, argumentando que disminuiría el valor de su propiedad.

Entre los países que la prohibieron o la tienen temporalmente bloqueada están Alemania, Francia, Dinamarca y Nueva Zelanda (aunque casi todos derivan su energía de fuentes como plantas nucleares y no necesitan generar nuevas). En cambio, está permitida en Estados Unidos, Canadá, Argentina, España o Gran Bretaña, que tuvo una moratoria y luego la levantó. En la mayoría, el debate ha sido álgido.

La angustia en Colombia tiene que ver con que los yacimientos no convencionales no están localizados en los lugares donde actualmente se explota petróleo, como los Llanos orientales o el Putumayo, sino en zonas más densamente pobladas y con abundancia de fuentes hídricas, como los Andes. Actualmente hay, según la ANH, seis bloques adjudicados para exploración de este tipo de yacimientos (en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima y Caldas) y otros 22 pensados para futuras rondas de hidrocarburos.

Y también a que avanza la discusión sobre el fracking, pero la de energías renovables para combatir el cambio climático sigue estancada. “Eso muestra que no somos muy buenos priorizando ni haciendo cálculos a mediano y largo plazo. Siempre parece que el mundo se acaba mañana”, dice José Yunis, el ex representante en Colombia de The Nature Conservancy -la mayor ONG medioambiental en el mundo- y uno de los científicos más reconocidos del país.

No hay quién supervise el fracking

Una de las principales incógnitas sobre la llegada del fracking a Colombia es cómo se prepararán las instituciones ambientales, como la Anla y las corporaciones autónomas regionales, para supervisarlo.

Según todas las personas consultadas por La Silla, actualmente ninguna de ellas cuenta con las capacidades técnicas ni la gente para hacerlo, y el Ministerio de Ambiente -o el de Minas- no han explicado cómo se corregirán esas carencias. Aunque este tema no está detallado en el marco regulatorio que sacó Minas, el Ministro le dijo a La Silla que el sector está dispuesto a financiar esas necesidades.

“En este momento no tenemos la capacidad de hacer seguimiento a los proyectos de gran impacto, sobre todo de hidrocarburos. El marco regulatorio no dice cómo se va a fortalecer esa capacidad, de dónde saldrán los técnicos o la infraestructura -como laboratorios- que requiere”, dice Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro de Ambiente que tuvo el país y uno de los críticos más vocales de la falta de debate público con que el Gobierno ha conducido el tema del fracking.

“Tenemos muchas limitaciones para hacer esta clase de análisis. Ni siquiera tenemos, en el sector de hidrocarburos, evaluaciones ambientales de fondo sobre los impactos completos de la sísmica o en la hidrología superior. Si en esos temas estamos aún colgados, ¿cómo será el trabajo con esta nueva tecnología?”, dice la ecóloga Brigitte Baptiste, que dirige el Instituto Humboldt que se encarga de los estudios de ecosistemas estratégicos y biodiversidad.

Un escollo adicional es que el país tiene muy pocos científicos formados en hidrología o hidrogeología, ya que la carrera no existe en ninguna universidad nacional (como tampoco la de meteorología) y apenas hay una decena de profesionales repartidos entre las entidades públicas. Es decir, no queda claro de dónde saldrán los profesionales -que, según las fuentes consultadas, idealmente deberían tener entre cinco y ocho años de experiencia- para poder monitorear a las empresas que usen esas nuevas tecnologías. Si esa carencia existe en la Anla nacional, es aún más aguda en las CAR en regiones que están más politizadas que tecnificadas.

“[El nuevo ministro Gabriel] Vallejo garantizó que subirá la inversión en capacidad del Ministerio, pero por lo pronto no se ha visto y eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Uno no consigue diez evaluadores serios y bien formados para fracking así no más. Y toca tenerlos mucho antes de que comience”, dice otra persona que trabaja en el sector. El presupuesto que presentó el Gobierno Santos II al Congreso parece darle la razón: el Ministerio de Ambiente tendrá en 2015 un presupuesto de 333 mil millones de pesos, un aumento del 15 por ciento que todavía lo sitúa como el segundo más pequeño del Gobierno (sólo por detrás de Cultura).

De hecho, según dicen varios de ellos, ni siquiera hay un contrapeso dentro del gabinete que pueda defender las preocupaciones del sector, ya que Vallejo -que apenas está comenzando a empaparse de los temas de su cartera- se pronunció sobre el tema por primera vez este viernes y no dijo nada muy diferente a lo que ya había dicho su homólogo de Minas.

Incluso la Ocde, el 'club de buenas prácticas' al que Santos aspira a entrar y que se ha convertido en una hoja de ruta de gobierno, recomendaba en su informe al Gobierno fortalecer a las instituciones ambientales.

Colombia no conoce sus aguas subterráneas

Una de las principales preocupaciones es que Colombia tiene relativamente bien mapeados sus cuencas, sus humedales y sus cuerpos de agua, pero prácticamente nada sus aguas subterráneas o acuíferos. Como el fracking implica fracturar varias capas geológicas, entender cómo podrían verse afectadas esas fuentes subterráneas de agua -o cómo evitarlo- debería ser, para los ambientalistas que consultó La Silla, una de las prioridades.

“Es una de las deudas históricas que tenemos, que en Estados Unidos está resuelta desde hace unos cuarenta años y de la que en Colombia apenas estamos haciendo conciencia”, dice una persona que trabaja en el sector ambiental y que por eso no puede dar su nombre. “Necesitamos tener un diagnóstico de nuestros acuíferos y de su capacidad de recarga. Y no estamos invirtiendo en eso”.

La primera vez que el país hizo un mapeo regional de sus acuíferos fue en el último Estudio Nacional de Agua, que en 2010 elaboró el Ideam con ayuda del extinto Ingeominas. Esa fue apenas una primera aproximación científica a entender dónde están y cómo se recargan a partir del agua de lluvia que se va infiltrando a través de las capas del subsuelo. De hecho, ese informe advertía que el conocimiento de acuíferos aún es muy limitado.

Y sobre todo no tiene, de momento, la capacidad de entender qué sucede en los lugares donde hay yacimientos no convencionales.

“Como es un hueco que se abre en un punto determinado, que tendrá un impacto en ese lugar específico, se necesita un modelo hidrogeológico local que permita entender la dinámica de las aguas subterráneas ahí. Sólo así podremos saber cuál es el riesgo, tanto en cantidad como calidad del agua, que se asumiría”, dice el geólogo Ricardo Lozano, que dirigió el Ideam en la época del último estudio de aguas y que hoy lidera una consultora en tema de gestión de riesgos.

En la actualidad los únicos que tienen información precisa sobre los acuíferos son las propias empresas, ya que es uno de los temas que examinan sus estudios de exploración. La cuestión radica, según señalan varios de los expertos que consultó La Silla, en que esa información deje de ser privada y sea incluida en los estudios de impacto ambientales (EIA) que presentan las empresas y que deben evaluar tanto la Anla como las corporaciones autónomas a la hora de decidir una licencia ambiental para un proyecto.

Por lo pronto no hay planes del Gobierno Santos II para avanzar en el estudio de acuíferos, un proyecto científico que es costoso y técnicamente complejo. Y las entidades que estarían a cargo de éste enfrentan ajustes significativos en sus presupuestos de inversión, si el presupuesto que termina saliendo del Congreso se asemeja al que le presentó el Gobierno.

El Servicio Geológico Colombiano -que reemplazó al extinto Ingeominas y se encarga del conocimiento técnico del subsuelo- verá recortado su presupuesto de inversión en una tercera parte, pasando de 33 mil millones de pesos a 22 mil millones. El Ideam -que tiene bajo su ala los temas de regulación hídrica- tendrá un incremento de 1.700 millones de pesos, o menos del 7 por ciento. 

Eso hace que sea muy difícil entender el impacto real del fracking sobre los acuíferos. “Es como mirar desde el satélite y decir que en el Amazonas hay bosque. A la hora de tomar una decisión, es total la incertidumbre”, dice otra persona que trabaja en el sector.

Podría aumentar el potencial de conflictos sociales

En momentos en que los conflictos sociales ligados a temas ambientales se han venido agudizando y que incluso han terminado (tanto en minería como hidrocarburos) en consultas populares, a muchos en el sector les preocupa que una nueva tecnología que aún resulta desconocida para el país los podría disparar aún más.

Por un lado, dice una persona que ha seguido los conflictos ambientales, será un papayazo para los grupos ambientalistas más fundamentalistas que seguramente lo agarrarán como bandera de oposición contra el Gobierno. Por otra parte, en zonas donde ya hay resistencia a proyectos de minería y de 'petróleo clásico' como en Tolima o Casanare, podría intensificarse.

La preocupación es que, sin conocer bien los acuíferos y con regiones que ya experimentan escasez de agua, los conflictos sociales giren cada vez más en torno al agua. De hecho, con la sequía actual, ya se han venido generando toda una conflictividad social en varias regiones azotadas.