A raíz del Niño, pero sobre todo por las variaciones en temperatura que ha traído el cambio climático y la escasez del agua, el Tolima este año producirá la mitad del arroz del que suele producir usualmente. Fotos: Andrés Bermúdez Liévano.

El primer semestre del 2014 Óscar Pérez tomó la decisión de no hacer lo que lleva haciendo desde hace casi dos décadas. Contraviniendo su instinto de mediano agricultor, este cordobés de 47 años decidió pararle bolas al consejo que le dio un grupo de científicos: no sembró arroz en abril y tampoco sembró en mayo.

Nunca llegaron las lluvias que debían anegar el arroz en ese temprano 2014, dándole forma al espejo de agua en el que crecen -entre zancudos y libélulas- las espigas del cereal. En cambio, los arroceros de Montería y Cereté que sí sembraron lo perdieron todo. No cosecharon ni un bulto cuando vino agosto.

Él y los otros 179 productores que decidieron confiar en esos pronósticos climáticos -repartidos entre la región de Montería y la de Lorica- evitaron unas pérdidas que, sumadas, llegaban a unos 8 mil millones de pesos. Al menos ese es el cálculo que hacen, multiplicando los 4 millones que cuesta sembrar una hectárea con riego y las 2 mil hectáreas que se quedaron en tierra negra.

Un semestre después la historia se repitió, aunque con menor dramatismo. En vez de sembrar en septiembre y recoger en enero como siempre hacían, Pérez y sus vecinos aplazaron un par de meses: siguiendo los mismos consejos, solo cultivaron en noviembre y cosecharon en marzo.

“Salió perfecto: cogimos una buena producción y buenos precios”, cuenta Óscar, explicando que -dado que agarraron un momento en el mercado en que había poca oferta- vendieron la carga un 40 por ciento más cara. Y este año, el más caliente que se ha registrado en Colombia en toda su historia, todos volvieron a consultar a los científicos antes de hundir las semillas de arroz en el barro.

Esa experiencia muestra cómo los datos científicos están convirtiéndose -así sea todavía solo en estos pilotos- en una de las mejores herramientas que tienen los agricultores para adaptarse a la realidad del cambio climático que, como ha contado La Silla Rural, ellos ya están sintiendo fuertemente en sus parcelas.

Y cómo el Gobierno, si quiere realmente transformar las condiciones de vida en el campo para millones de campesinos -como plantean los acuerdos de La Habana- y convertir a Colombia en una potencia de producción de alimentos, tendrá que invertir en multiplicar esos datos y volverlos accesibles en los rincones más alejados del mundo rural.

Gracias a un piloto entre Fedearroz y el CIAT, los arroceros en Córdoba y en Tolima están experimentando con tres 'medidas' que podrían adaptarlos al cambio climático y posiblemente salvarlos a futuro: pronosticar el clima, con datos entender cuándo sembrar y qué, y calcular milimétricamente el agua que necesitan.

En los últimos cuatro o cinco años las temperaturas han cambiado en todo el país y, con ellas, se volvieron locos los calendarios de lluvias a los que estaban acostumbrados los campesinos colombianos.

“Acá antes los aguaceros eran distribuidos: llovía cada semana, cada quince días. Ahora, cuando llega, llega de una vez -muchas veces en los meses en que menos te lo esperas- y cae salvaje. Lo pone a uno apurado a sacar el agua”, dice Roberto Botero, un agrónomo mientras camina por los bordes de un campo recién sembrado en el pueblo de Saldaña, corazón de la producción de arroz del Tolima y del país.

Esos cambios, que se han traducido en miles de cosechas perdidas y que han dejado a los agricultores en todo el país sin herramientas prácticas para entender cómo volver a ser productivos, subrayan uno de los mayores problemas que enfrenta Colombia en las próximas décadas.

El país tiene emisiones de gases de efecto invernadero relativamente bajas comparado con otros países pero es -como demostraron las devastadoras olas invernales de 2010 y 2011- muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Y, por lo tanto, debe concentrar buena parte de sus esfuerzos -y de su plata- en adaptarse a esa realidad. Algo que hasta ahora está comenzando a pensar.

Esa es la razón por la que Colombia y un grupo de países aliados latinoamericanos promovieron fuertemente, como contó La Silla, que el nuevo acuerdo global para luchar contra el cambio climático -al que llegaron 195 países hace tres semanas en París- reconozca por primera vez la importancia no sólo de mitigar los gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera, sino también de gradualmente incluir compromisos en adaptarse a su impacto. Y aunque por ahora las metas en adaptación del nuevo tratado que reemplaza al de Kioto no serán obligatorias para los países, que aparezca es toda una victoria para los países en desarrollo.

Eso significa que la misión central para Colombia -y sus campesinos- es aprender a vivir con esos cambios.

Pero para lograrlo hay que entender mejor cómo nos están afectando los patrones climáticos y ayudar a los productores a tomar mejores decisiones usando esa información.

Por eso, un grupo de científicos del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) -un prestigioso centro de investigación aliado del brazo agrario de la ONU y ubicado en Palmira- está trabajando en acercarlos.

Su idea es agarrar la información estadística que el Gobierno y los gremios del campo tienen archivada en anaqueles (y muchas veces olvidada), analizarla usando sofisticados modelos tecnológicos y darle a los campesinos consejos hechos a su medida.

Por ejemplo, poder contarles cuáles fueron las variedades de arroz que mejor se comportaron durante las fuertes sequías que vinieron con el fenómeno del Niño en 1997 en el sur del Tolima o en el Meta, en un momento en que se repitan esas condiciones. O identificar cuáles son las que más han aguantado las intensas lluvias como las que azotaron a todo el país al comienzo del gobierno Santos.

A eso se suma que están haciendo pronósticos bastante certeros de cómo será al clima a cuatro y cinco meses, lo que les da una ventana privilegiada para entender cuándo es mejor sembrar y cuándo no.

Para agricultores como Óscar, que ya se dieron cuenta de que su experiencia empírica ya no es suficiente, esa puede ser la diferencia entre seguir cultivando o perderlo todo. Y, a medida que se acentúan más las temperaturas, entre poder vivir de la tierra del todo.

Los estragos del cambio climático están mostrando que, si el Gobierno quiere transformar la vida en el campo como plantean los acuerdos de La Habana, tendrá que tomarse en serio el tema. Sobre todo dado que, al ser los distritos de riego como el de Saldaña una excepción, casi todos los campesinos dependen del agua de ríos.

Los arroceros, el grupo de campesinos que más dependen del agua para sus cultivos, se convirtieron en los conejillos de indias perfectos para los científicos del CIAT.

Más que nada porque Fedearroz, el gremio que los reúne, tiene más de dos décadas de información guardada: las fechas de siembra y cosecha en cada lugar del país, el volumen de arroz producido por región, los tipos de sistemas de riego y de secado para cada productor, las enfermedades detectadas y hasta datos sobre cómo viven las familias cultivadoras, recogidos por la Encuesta Nacional Arrocera que hacen periódicamente.

A eso le sumaron los datos que tiene el Ideam -el brazo meteorológico del Ministerio de Ambiente- sobre temperaturas, radiación solar y lluvia en cada lugar.

“Si juntamos todo eso, es muy poderoso. El tema es cómo usarlo para tomar mejores decisiones. Porque imagínese un agrónomo: si tiene toda esa información en terreno, puede darle una asesoría muy precisa a cada productor y eso nos va a disparar la competitividad en agricultura”, dice Daniel Jiménez, el agrónomo del CIAT que coordinó el experimento en Córdoba.

Eso es precisamente lo que están haciendo. Primero Jiménez y su equipo del CIAT -que incluye agrónomos, meteorólogos, biólogos de laboratorio especializados en semillas e ingenieros de sistemas- analizan esos datos usando algoritmos especializados y hacen 'minería de datos' para llenar los vacíos.

Luego le pasan las conclusiones de ese trabajo a los agrónomos y técnicos de Fedearroz, que se reúnen con los arroceros y les cuentan sus recomendaciones de cuándo sembrar y qué variedad creen que se comportará mejor ante el panorama climático que se viene.

El resultado del primer piloto en Córdoba de esa metodología científica -que ellos llaman 'Big Data'- fue tan novedoso que recibieron el premio al mejor trabajo en cambio climático y datos de Naciones Unidas.

Pero ha supuesto, también, todo un cambio de mentalidad para el campesino.

“Nosotros [en Córdoba] no estamos acostumbrados a sembrar todo el año como en Tolima, así que piensas ¿y en el primer semestre del año qué hago? ¿A qué me dedico? La lógica de toda la vida te dice una cosa -aunque sabes que desde hace cinco años empezaste a perder platica- y por el otro te dicen ‘es que vas a perder lo que inviertas’. La primera vez uno es un incrédulo”, dice Óscar Pérez.

Sin embargo, él ya era consciente de que las cosas ya no funcionaban como siempre en su finca de 98 hectáreas. Sus dos períodos de siembra fijos -en abril y en agosto- muchas veces ya no están llegando con aguaceros, con lo que ya venía perdiendo hasta un tercio de sus cosechas.

Esos cambios en el clima ya los están sintiendo los agricultores en todo el país. Y tienen efectos económicos, a los que el CIAT está empezando a ponerle números.

Por ejemplo, calcularon que en Buga, con el aumento en los últimos años de un grado centígrado en la temperatura máxima (de 31 a 32 grados), los productores de maíz pasaron de recoger ocho toneladas anuales por hectárea a seis. Es decir, se evaporó el 25 por ciento de sus cosechas.

En otras regiones está cambiando el microclima que determina qué tan viable es un producto. En el sur del Tolima, que produce uno de los mejores cafés del país, la zona óptima de cultivo se movió unos 200 metros de altura hacia arriba. Como contó La Silla en otro reportaje de esta serie, los caficultores que viven en las lomas donde se solía sembrar el grano tuvieron que reconvertirse a otro cultivo más cálido como el cacao (que, afortunadamente para ellos, tiene alta demanda y un alto precio internacional). En Boyacá, el cultivo de trigo y cebada prácticamente se extinguió, en parte por razones climáticas.

“Los campesinos ni siquiera saben por qué sucede. Por no saber del clima, están perdiendo millones de pesos como productores. Y no solo por eventos extremos como las grandes sequías e inundaciones, sino que esto está sucediendo todos los días. Imagínese el costo total para el país”, dice Jeimar Tapasco, el agrónomo del CIAT e integrante de La Silla Rural que lidera todo este proyecto, que arrancó gracias a un convenio con el gobierno Santos cuando el ministro de Agricultura era Juan Camilo Restrepo.

Su idea es que trabajos como los que están haciendo con los arroceros se extiendan por todo el país y que todos los agricultores puedan tener esos datos precisos a la mano.

De hecho, invertir más en asistencia técnica para los pequeños productores -como la que representan los agrónomos- es uno de los ejes del acuerdo agrario de La Habana, que busca transformar las oportunidades en el campo y que sus habitantes dejen de ser ciudadanos de segunda.

“Tenemos que volvernos más eficientes en la extensión técnica. Hay unos 40 mil agrónomos en el país y se necesitan más, pero sobre todo se necesita un cambio en el modelo y fortalecerlos con equipos”, dice Daniel Jiménez. Ese cambio en el modelo significa información más precisa y contextualizada para cada campesino.

El tema es que no hay todavía el mismo nivel de información para todos los cultivos.

Algunos gremios importantes para los pequeños productores, como el de los paperos y los cacaoteros, tienen muy pocos datos. Los cerealeros y los fruticultores no los tenían, pero llevan dos años recopilándolos con juicio gracias a otro proyecto con el CIAT. E incluso los cafeteros tienen en el Sistema de Información Cafetera (Sica), según un científico, “la mejor base de datos, pero no la usan”.

Como dice Jiménez, “datos hay en muchas instituciones, pero no hay ni conciencia de lo que hay ni la capacidad para analizarla. Y no es que se necesite la súper información más sofisticada, sino analizar bien la que hay”.

Los arroceros del país como Alberto Mejía Fortich ya están entendiendo que si continúa la tendencia decreciente del agua -dado el alto consumo de ésta que requiere su cultivo- estarán en unos años fuera del mercado.

Esos datos pueden tener un impacto inmediato. Quizás el más evidente sea poder manejar con más eficiencia el uso del agua, algo aún más sensible en épocas de escasez como ahora.

Por ejemplo, el distrito de riego de Saldaña -que, tras ser construido en 1949 por Mariano Ospina Pérez, es uno de los más antiguos del país y uno de los más importantes para los arroceros- tomó varias decisiones apoyándose en los pronósticos del clima del CIAT a seis meses.

A raíz de la poca lluvia anunciada para este año, Usosaldaña extremó las precauciones sobre las aguas del río Saldaña que distribuye a los arroceros de toda la planicie al sur del Espinal y el Guamo.

Decidieron, por ejemplo, cerrar los canales que están más lejanos de la bocatoma del río, ya que es mucha el agua perdida por infiltración y captación en esos 36 kilómetros de recorrido. También optaron por no surtirle agua a todos los que tuvieran lotes considerados difíciles, por estar demasiado desnivelados o ser muy arenosos, dado que toca regarlos más tiempo del normal.

En cambio, priorizaron a los productores que invirtieron en micronivelar con láser sus predios, un procedimiento técnico que elimina la pendiente en el suelo y evita que se gaste más agua de la necesaria. A los que ya sacaron dos cosechas en el año, les dijeron 'dense por bien servidos ya'.

Y a pesar de que en esta región súper productora de arroz se puede cultivar todo el año, hicieron cronogramas y le pusieron plazos a los arroceros: el que no sembrara antes de este 15 de diciembre no recibirá agua, para evitar tener que enviarla por puchitos en muchas direcciones.

“La idea es ordenarnos en las siembras, que todos vayan más o menos al tiempo y así poder ser más eficientes”, dice Cristian Roberto Pinto, el ingeniero encargado de las operaciones en Usosaldaña. Eso los convierte en uno de los pocos gremios que están comenzando a pensar en el uso del agua, junto con los cañicultores que se sentaron y esbozaron un sistema de rotación que establece cuándo cada uno puede tomar agua de los ríos.

Pero el mayor impacto que pueden tener esos datos en un mejor uso del agua se ve más a unos cien kilómetros, en los arrozales que rodean a Ibagué.

Allí, enterrados en las acequias que rodean cada uno de los potreros sembrados de la hacienda Calicanto, hay unos tabiques aguamarinas con forma de flechas y la altura de un zapato. Por la pequeña canaleta que hay entre los dos muros fluye el agua que inunda el cultivo al sembrar. Y debajo, un sensor que envía a un computador el cálculo exacto del volumen que entra o sale.

Ese aparato es el secreto para que los arroceros puedan medir con precisión cuánta agua necesitan en sus cultivos -los más intensivos en agua de todos- y, sin perder productividad, dejar de gastar más de la cuenta. O, en la jerga científica, calcular su huella hídrica.

“En la medida en que seamos más eficientes con el recurso del agua, se podrá seguir cultivando arroz. Si seguimos cómo vamos, salimos del mercado. Es una cuestión de pura supervivencia”, dice Alberto Mejía Fortich, el dueño de la finca donde se está haciendo el experimento e integrante de la junta directiva de Fedearroz.

En Calicanto ya se están viendo los resultados: él pasó este año de usar unos 17 mil litros de agua por segundo por cada lote a lo largo de una temporada de cosecha a unos 8 mil. Es decir, ahorró la mitad pasando del 'ojímetro' al cálculo exacto.

Multiplicar ese experimento es difícil, porque cada sistema de aforadores cuesta 40 millones de pesos. Pero sus beneficios ambientales pueden ser enormes en un país con grandes problemas en la gestión de sus cuencas y en el departamento más arrocero, donde la producción se ha caído en los últimos años por las temperaturas más altas y, sobre todo, por falta de agua.

En su finca de Ibagué, donde Mejía usualmente sembraba 80 hectáreas y usa el agua que viene del río Chipalo, hoy no pasa de 37. Y en su segunda finca de El Chaco, en el cercano municipio de Piedras, tiene sembradas 60 hectáreas de 110.

“El susto que yo tengo es que siembro por gravedad, no por lluvia. Si esa agua de los ríos se acaba, nos saca del mercado. En este momento las fincas de la meseta de Ibagué estamos en un 30 a 40 por ciento del área de siembra”, dice Mejía, explicando que los únicos departamentos donde podría crecer la producción de arroz -si se mantienen las condiciones climáticas- son Casanare y Meta. “Pero todavía estamos en pañales frente a lo que se puede hacer para economizar agua”.

Aunque el arroz es de lejos el cultivo más intensivo en el uso del agua, para los científicos su gestión debería ser una prioridad no solo por las actuales sequías sino porque, como explica Jeimar Tapasco, “estamos en un país que en su inmensa mayoría depende del agua de lluvia, donde no hay casi distritos de riego y los pocos que hay son ineficientes”.

Y la mejor manera, insisten, para entender los impactos ya visibles del cambio climático y adaptarse a ellos es con buena información y recomendaciones precisas para que cada productor pueda tomar decisiones. Como la de sembrar o no que le salvó el pellejo a Óscar Pérez y sus 179 colegas cordobeses. 

Como dice Daniel Jiménez, “la información es poder hoy en día”.

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Dada la importancia de la adaptación cambio climático para la agricultura y la ganadería en el país, La Silla Rural abrió una discusión sobre el tema. Aunque los efectos del cambio climático ya son visibles en el campo, ¿cree usted que los productores ya son conscientes de que para sobrevivir como agricultores y ganadores se requiere un cambio de mentalidad y de hábitos? ¿Y el Gobierno también lo es? 

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Aunque los aforadores en la hacienda Calicanto de Alberto Mejía apenas son un piloto, podrían ayudar a que los arroceros consuman la mitad del agua que suelen usar a ojo y sin perder productividad.

Esta historia es parte de una serie sobre desarrollo rural financiada por el Grupo Diálogo Popular Colombia, Rimisp y la Corporación PBA, en alianza con La Silla Rural