Esta semana empieza en serio este corto período legislativo, en el que la reforma al sistema de salud es uno de los platos fuertes. Su discusión no parece fácil. Se tienen que poner de acuerdo muchos interesados, es un tema técnico que no es fácil de explicar a la opinión pública y ya arrancó una fuerte oposición a la reforma desde dos lados, los que preferirían un sistema con menos presencia de los privados y los que están en contra de que la reforma le de más poder a organismos públicos.

Además del capital político que se juega el gobierno y de un mejor servicio de salud para todos los colombianos, esto es lo que la reforma pone en juego para los principales actores del sector:

Como contó La Silla, inicialmente las desacreditadas EPS se quedaron calladas frente a la reforma a la salud. Pero la semana pasada Jaime Arias, el presidente de su gremio, dijo que la reforma es politiquera. Esas declaraciones mostraron que las EPS están dispuestas a dar la pelea. Ya se han reunido con el Ministro, como muestra la foto.

De aprobarse la reforma, desaparecerían las EPS tal como funcionan actualmente. Podrían pasar a ser dueñas de hospitales, o convertirse en gestoras de servicios de salud. En este caso harían algo similar a las EPS actuales, pues serían las encargadas de garantizar a los usuarios el acceso a los servicios de salud aunque no en todo el país y solo podrían tener hospitales para los servicios más complejos (es decir, perderían parte de la batalla por la integración vertical). El mayor cambio estaría en que en lugar de manejar directamente la plata de los usuarios como hacen las EPS, los gestores le dirían a un fondo público, Salud Mía, cuándo y cuánto girarle a médicos y hospitales.

De esta manera, las EPS perderían el negocio financiero de recibir la plata directamente de los usuarios y tratar de pagar lo menos posible a quienes presten servicios. Las EPS están definiendo si sí les sirve convertirse en gestoras o en dueñas de clínicas y hospitales; jugadores importantes, como las cajas de compensación, aún no han definido qué posición tomar. Las EPS del régimen subsidiado, que son unas 40 y ahora tendrán que enfrentarse a gestores públicos, sí tienen una posición más clara y más fuerte contra la reforma.

El futuro del régimen subsidiado también está en medio de una puja. Un grupo importante de secretarios de salud esperaba quedarse con el monopolio para manejar la atención de la salud de los más pobres. De hecho, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, reiteró varias veces que quería que pudieran manejar la salud. El proyecto efectivamente dice que pueden gestionar recursos del régimen subsidiado, pero no de forma exclusiva: es decir, probablemente tendrán que competir con gestores privados.

Eso ha motivado una molestia en varios secretarios, liderados por Guillermo Alfonso Jaramillo, de Bogotá, que argumentan que el régimen para los más pobres debería tener una mayor presencia de actores públicos y evitar que los privados se queden con parte de los recursos. Pero esa decisión, para Gaviria, habría creado mayores diferencias con el régimen contributivo, en el que, debido a la competencia, probablemente terminaría siendo más económico.

En todo caso, los alcaldes y gobernadores ganan la posibilidad de entrar a ser gestores, por lo que otros están contentos, como lo ha manifestado Carlos Alberto Botero, gobernador de Risaralda y coordinador de la Mesa de Salud de la Federación Nacional de Departamentos.

Curiosamente, los alcaldes y gobernadores tienen otra gran ganancia en la reforma: podrán nombrar directamente los gerentes de los hospitales, una decisión que ya empezó a crear polémica. La Ley 1438 había creado un proceso meritocrático para nombrar los gerentes, gerenciado por universidades públicas, cuya aplicación ha tenido muchas dificultades por irregularidades en los procesos, como contó El Heraldo. Además, según Gaviria, en muchos casos terminaban seleccionados gerentes de hospitales que, buenos o malos, no se entendían con los alcaldes o gobernadores.

Así que el gobierno se la va a jugar por darle este poder a los mandatarios, con la idea de que así tendrán más responsabilidad en el funcionamiento de la salud en sus municipios. Pero también es un ‘regalito’ muy apreciado por alcaldes y gobernadores meses antes de las elecciones legislativas.

Una de las peleas que menos se ha mencionado pero que puede tener más efectos en la salud es la que hasta ahora está empezando entre los laboratorios farmacéuticos y el Ministerio. Para el Ministerio es clave tener bajo control el costo de los medicamentos pues la reforma amplía el plan de beneficios de lo que hoy es el POS, y si los cotoso son muy altos, el sistema se podría quebrar. De lograrlo, Colombia iría a la vanguardia de los controles a medicamentos, a niveles similares a los de Brasil.

Al final del capítulo tercero del proyecto de ley hay tres artículos que pueden cambiar el panorama de los medicamentos. El primero establece que para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda patentar un bien relacionado con la salud, debe pedir un concepto previo al Ministerio. Aunque ese concepto no es obligatorio, es muy difícil que un Superintendente otorgue una patente en contravía con lo que dice el Ministerio, que además probablemente va a conceptuar de forma negativa muchas solicitudes.

Según funcionarios del Ministerio, las farmacéuticas hacen cambios pequeños a los medicamentos (como cambiarles el revestimiento) para pedir una nueva patente y así prolongar la protección. La decisión es tan fuerte que Colombia se arriesga a quedar en una lista negra de países que no protegen la propiedad industrial pero para los técnicos del Ministerio ese es un precio a pagar por mejorar la protección de la salud. Lo que está por verse es si sus contrapartes dentro del gobierno, en el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, están de acuerdo. La Silla Vacía supo que ya hay choques y que seguramente la negociación va a ser muy dura, como lo ha sido en otras partes del mundo.

Los otros dos cambios van en el mismo sentido: el proyecto elimina la comisión de precios de medicamentos, en la que participan Presidencia, Mincomercio y Minsalud, y deja las decisiones de precios en manos del Ministerio de Salud; y también establece que la información de precios de medicamentos será pública.

Según supo La Silla, Afidro, el gremio de las grandes farmacéuticas multinacionales, está preparando una carta pública para plantear sus argumentos contra este punto de la reforma y ya se quejó ante el gobierno. Mejor dicho, la pelea apenas empieza.

Sandra Morelli ya criticó públicamente la reforma pues, a su juicio, esta va a impedir que le siga haciendo control a los dineros de la salud, ya que cuando Salud Mía le gire los recursos a los gestores, dejarán de ser públicos.

Gaviria respondió en su blog, explicando que los recursos solo pasan a ser privados si al final del año a los gestores le sobran recursos y, además, éstos no se usaron para construir una reserva en Salud Mía.

Aunque la Contralora no lo haya señalado aún, esta polémica apunta a otro punto complicado. Como los gestores van a ordenarle a Salud Mía cuánto y cuándo pagarle a las clínicas y hospitales, es posible argumentar que van a actuar como ordenadores de gasto público. Y eso querría decir que tendrían una serie de obligaciones como las que tienen los funcionarios públicos cuando deciden gastar dinero del Estado, incluyendo vigilancia de la Contraloría.

Aunque es difícil saber exactamente la posición de un gremio tan grande y sin una voz unificada (existe una federación médica que es representativa pero no agrupa a todos los médicos y que no quedó contenta con la reforma; las sociedades científicas agrupan a especialistas y otros grupos pero tampoco son gremios amplios, pero sí quedaron contentas), los médicos, enfermeros, instrumentadores y demás trabajadores de la salud son salen ganadores con la reforma, pues si los hospitales y clíneas tienen más liquidez, deberían sufrir menos por demora en el pago de salarios.

Pero eso no es todo. Curiosamente hasta ahora ha pasado desapercibido que la reforma también le otorga facultades extraordinarias al Presidente para que formalice la situación laboral de quienes trabajan en las entidades públicas de salud. Esas facultades, si son bien utilizadas, permitirían regularizar la situación de más de 200 mil personas que actualmente son contratistas o están enganchados como trabajadores temporales, lo que además es uno de los compromisos de Colombia para el TLC con Estados Unidos.

Sin embargo, también están pendientes de la ley estatutaria y quedaron contentos con la que presentó el gobierno hace pocos días. Como contó La Silla, en realidad es un proyecto que redactaron varios líderes gremiales de los médicos y que Roy Barreras logró que Santos presentara a última hora. Pero el futuro del proyecto no está despejadoporque en realidad más que un proyecto de ley estatutaria parece una declaración de principios y porque hay otros proyectos de ley estatutaria con los que tiene que cometir o unificarse (dos que ya están en el Congreso, uno de los cuales tiene el aval del gobierno, y otro que va a presentar el Polo) y los tiempos son cortos.

Este grupo, que de los usuarios es el que tiene una voz más unificada, ha sido crítico de la reforma hasta ahora. Su preocupación se concentra en que temen que los tratamientos más complejos, que en gran medida son los que requieren los pacientes de alto costo, se queden por fuera del plan de beneficios que reemplazará al POS. Sin embargo, el contenido del plan de beneficios que va a cubrir el sistema no se definirá en sus detalles en la reforma, sino en su implementación, pero curiosamente plantea que en los seis meses siguientes a la aprobación, va a incluir beneficios que no están en el POS. Es decir, incluir más cosas.

Lo que sí puede producir nerviosismo entre los pacientes de alto costo son las declaraciones del Ministro de que el sistema debe lidiar con la “inflación tecnológica”, es decir, sopesar qué tratamientos debe cubrir, sopesando su costo contra sus efectos sobre la salud y la calidad de vida de los pacientes. Esa pregunta, que es una de las centrales en la discusión de la salud pública en el mundo, naturalmente puede molestar a los pacientes de alto costo.

A través de las pólizas de medicina prepagada, las aseguradoras tienen un pie en el mundo de la salud. Y esa entrada puede cambiar radicalmente pues la reforma abre la puerta para que las personas de mayores ingresos dejen de tener a la vez un cubrimiento por el sistema contributivo y una póliza de medicina prepagada, pues el sistema le pagaría el valor de su UPC directamente a la prepagada. Eso probablemente haría que más personas se fueran a la prepagada, lo que sería en principio beneficioso para las aseguradoras. La pregunta es si a ellos les conviene tener más personas pero también más demanda de servicios.

Las clínicas y los hospitales son los grandes ganadores en el proyecto porque ahora la plata les va a llegar directamente desde el fondo público Salud Mía, lo que debería mejorar su liquidez. El fondo de salvamento, que ha sido criticado por la senadora del Mira Gloria Stella Díaz por entender que servirá para sacar de líos a "pícaros", pero que es sencillamente el heredero de una de las subcuentas del Fosyga, la de garantía, es clave para las clínicas y hospitales, que tienen así un respaldo de liquidez.

Además, los hospitales públicos tendrán la prioridad para prestar sus servicios en el régimen subsidiado (los nuevos gestores del régimen subsidiado sólo podrán contratar con privados si se copa la oferta de los hospitales públicos), lo que les garantiza trabajo e ingresos suficientes.

Los hospitales privados lograron una de sus grandes reivindicaciones: la prohibición de la integración vertical (EPS dueñas de clínicas), excepto en los niveles más básicos de atención. Eso les quita de encima la difícil competencia como la que tenían con SaludCoop, que contrataba con su propia red todo tipo de procedimientos, a valores más bajos. Para SaludCoop esos menores valores eran un ahorro del sistema, que ahora se perdería; para las clínicas eran una forma de concentrar todo el trabajo y podían ser artificialmente bajos, por lo que sin integración el sistema ganaría transparencia.

Las cajas son uno de los grandes interrogantes de la reforma. Forman parte del sistema de salud como dueños de clínicas y hospitales, situación que seguramente no cambiará, pero su participación como gestoras de salud sí está en veremos. Aunque aún no ha habido una pronunciamiento oficial, La Silla supo que no están muy contentas con la reforma y ya le hicieron saber esta molestia al Presidente. Su molestia está en que sienten que han hecho un trabajo serio, durante décadas, pero no les resulta atractivo convertirse en gestoras de salud.