El domingo El Espectador publicó una entrevista con Rafael Nieto Loaiza, quien actuó como Agente de Colombia en la defensa del caso del Palacio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya audiencia está teniendo lugar hoy en Brasil. Hace un par de meses, Nieto fue retirado de la defensa, después de que el Gobierno de Santos reconociera que la tesis sostenida en su contestación de la demanda era “insostenible”.
Pues, entre otras cosas, Nieto decía que no se había probado que hubiera habido desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia; tampoco que algunos de los que salieron vivos hayan sido torturados; puso en duda que el magistrado Carlos Urán hubiera salido vivo; y negaba que las Fuerzas Militares hubieran sabido de la toma por parte del M-19 y hubieran retirado la seguridad. Todos estos hechos que ya la Comisión de la Verdad, creada por la Corte Suprema en 2005 para esclarecer los hechos del Palacio de Justicia, y tres sentencias judiciales, habían declarado ciertos.
En esa entrevista, Nieto defiende su defensa, pero -nuevamente- dice varias cosas que no se sustentan en los hechos. Estas son algunas de ellas:
¿Por qué hablar hoy? ¿Para qué?
Antes no podía, por la confidencialidad que exigía mi contrato con la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado. Por eso me dieron tanto palo y nunca salí a defenderme.
¿Está de acuerdo con la estrategia de defensa con la que llega el Estado a Brasil?
No conozco esa estrategia, salvo por lo que los medios han dicho. Pero sólo veo una diferencia con lo que propuse desde el principio: que aparentemente se reconocería la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera. No creo que haya bases para ese reconocimiento, me parece que no hay en el expediente internacional evidencia que pruebe esa desaparición.
¿Habría reconocido la desaparición de la guerrillera Irma Franco?
Sin la menor duda. Así está planteado en la contestación de la demanda, aunque no se dice expresamente. Era la primera base para el reconocimiento posterior.
Uno podría pensar que usted está acomodándose después del escándalo que causó su defensa...
En lo absoluto. Hay un documento y correos cruzados con la Agencia Jurídica para el Estado y testigos de muchas conversaciones. Les consta a los nuevos abogados y al comité que creó la Agencia para estudiar el caso, que la posición mía siempre fue el reconocimiento de Irma Franco.
Pero usted dijo que la CIDH no tenía competencia para evaluar los casos de torturas a Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo.
Si van a hacer el reconocimiento de la tortura sí hay una diferencia adicional. No creo que haya pruebas en el proceso internacional de que la tortura sí ocurrió. Además, Santodomingo y Matson no reclamaron en el derecho interno por estas supuestas torturas. Lo mínimo que podían haber hecho era reclamar en el derecho interno por esos procesos.
¿Hubo o no desaparecidos en el Palacio de Justicia?
Desaparecidos en el sentido vulgar del término, por supuesto. Es decir, un conjunto de personas que salen de sus casas una mañana y no vuelven por la noche y su paradero se desconoce. Seguimos sin saber por la suerte de 11 personas. Nunca los he negado. Pero el derecho internacional le da otro sentido al término: desaparición forzada, que significa que desaparecido es quien lo es a manos de agentes del Estado. En ese sentido sí hubo un desaparecida en el Palacio, Irma Franco. Los otros casos están lejos de estar probados.
¿Para reconocer a Irma Franco en qué se basó?
Hay pruebas de que entró al Palacio, salió viva y, además, quedó en manos de agentes del Estado. En los otros supuestos desaparecidos, dichas pruebas no existen.
Pero el Tribunal de Bogotá reconoce tanto a Irma Franco como a Carlos Rodríguez como desaparecidos.
Son varios los procesos sobre el Palacio. Hay un fallo que declaró inocente al general Rafael Samudio. Otro que declaró inocente al general Iván Ramírez, pero está apelado. Otro que condena en primera instancia, por 11 desaparecidos, al general Arias Cabrales. Otro que condena al coronel Plazas Vega; otro contra el coronel Edilberto Sánchez y otros. El sexto proceso contra Irma Franco y otros guerrilleros del M-19 que entraron al Palacio. No siempre lo que dice una instancia lo concluye la otra. Pero siempre peleé para que la Corte Suprema pudiese tomar sus decisiones en materia de casación con respecto al general Arias Cabrales y al coronel Plazas Vega sin la presión que pueda significar un fallo de la Corte Interamericana.
¿Y la responsabilidad del Estado en la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán? Usted tampoco la iba a reconocer...
En el proceso internacional obran unas pruebas que hacen dudosa la desaparición de Urán. Entre ellas, declaraciones de magistrados que estaban cuando se produjo el asalto y que dicen haberlo visto morir frente a sus ojos.
¿Pero por qué desconoció las investigación que sigue abierta contra tres generales (r) por la muerte de Urán?
En el caso de Carlos Urán hay una sentencia contra los guerrilleros del M-19 diciendo que son los responsables del asesinato.
Sí, pero también hay un proceso en curso contra tres oficiales (r).
En el proceso internacional no hay pruebas para mencionar que Urán salió vivo del Palacio.
Uno de las críticas más fuertes es que usted hizo una defensa de los militares, no del Estado...
No hubo tal. Yo defiendo al Estado, que es al que le adjudican responsabilidad internacional por los hechos. Contra el Estado hay peticiones por 24 millones de dólares por parte de las supuestas víctimas, que equivalen al monto total de todas las condenas que el Estado ha pagado en los 12 casos previos en los que ha sido condenado por la Corte Interamericana.
¿Y las conclusiones de la Comisión de la Verdad qué?
No era una comisión judicial. Sería inaceptable que la CIDH condenara al Estado con base en unas opiniones de unos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia muy prestigiosos pero que no constituyen prueba judicial.
Usted dice que defendía al Estado, no a los militares, pero el abogado Jorge Ibáñez dijo que los militares lo querían a usted para defender al Estado. ¿Por qué?
Yo pedí que Ibáñez estuviera conmigo. No es cierto que los militares lo hubieran vetado. No sé si era el preferido de los militares, pero a mí me designa la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, como antes me había designado para los casos Santo Domingo y Génesis. Yo no le estaba haciendo el favor a nadie. Si les parecía bien a los militares, eso me era indiferente.
La administración de justicia en el caso del Palacio ha sido desastrosa. ¿Usted está de acuerdo?
Absolutamente. Mi posición siempre fue, además de reconocer la responsabilidad por la desaparición de Irma Franco, reconocer responsabilidad por fallas en la administración de justicia. Hubo un inadecuado manejo de la escena de los hechos, de los cadáveres. Se equivocaron en la entrega a los familiares. Hubo una inhumación, en la fosa común del sur, que no cumplió con los requisitos adecuados. La exhumación posterior, en el año 98, tampoco cumplió los requisitos. A esta fecha hay cadáveres exhumados de la fosa común que no han sido identificados y ya han pasado casi 30 años.
Pero en la exhumación del 98 la Universidad Nacional dijo que en esa fosa no estaban desaparecidos.
En el 98, cuando se hacen las exhumaciones, se recuperan al menos 90 cuerpos. De esos, sólo 62 estuvieron en manos del Instituto de Antropología de la Universidad Nacional. Los otros 28 nunca llegaron a sus manos porque, aparentemente, no estaban en condiciones para ser identificados. De manera que, al menos 28 cuerpos exhumados de esa fosa siempre han estado en manos del CTI, de esos solamente se han identificado cinco. Hay 23 cuerpos sin identificar. Mientras el Estado no haga la plena identificación de esos cuerpos, no podemos afirmar que ahí no están todos o algunas de las personas cuyo paradero se desconoce. Dentro de los cinco identificados está Ana Rosa Castiblanco, una de las trabajadoras del Palacio. Si está Ana Rosa Castiblanco, ¿por qué no pueden estar los demás?
¿No cree que el tema sea mucho más que una indemnización y plata?
Claro, el tema es la verdad, para que los familiares de los supuestos desaparecidos sepan en realidad dónde están. El tema es que se pueda establecer si efectivamente estas personas quedaron en manos de agentes del Estado y si fueron desaparecidas. Pero no podemos llegar a sostener que hay desaparición forzada si cabe la posibilidad de que ellos estén entre los cadáveres sin identificar. Pero también hay un tema de indemnizaciones, y esos señores familiares de los desaparecidos han recibido indemnizaciones en Colombia, por eso me pregunto por qué reclaman nuevas indemnizaciones en el sistema internacional. Están pidiendo US$24 millones, van a recibir aquí y allá. Es injusto con el Estado y los ciudadanos porque esa plata sale del bolsillo de todos.
Hace unos meses El Espectador reveló que la Fiscalía había hecho un informe en el que decía que ya no había dónde más buscar a los desaparecidos del Palacio. ¿Cómo entender estas circunstancias?
El informe al que usted se refiere es el mismo que yo le he mostrado y en él no se sostiene lo que El Espectador dice. No existe otro. En ese no dice que se hicieron exámenes de ADN a todos los cuerpos.
La gente sigue viendo el sistema interamericano de derechos humanos como un enemigo de los Estados, cuando es todo lo contrario! hay que ver este proceso como la oportunidad de analizar responsabilidades y hechos a través de un garante imparcial. Y por cierto, la imagen de Colombia en el sistema interamericano ya no tiene nada que perder jeje.
Esto es visión de la conspiración de la Derecha colombiana. Me recuerda una columna, o tal vez panfleto, de Alfredo Rangel.
Si son los mismos Estados los que nominan a los Magistrados y Comisionados, y luego la Asamblea de la OEA los selecciona, ¿dónde podrá verse el viso izquierdista?
A menos que las razones que se fungan, en especial porque tocan la fibra sensible de los derechosos -sus fuerzas militares-, los afecte directamente.
Pero no se preocupe: también las visiones de tipo autoritario de la Izquierda están en contra de que el SIDH se involucre en sus violaciones masivas de DD.HH. Por eso la famosa Venezuela ha demandado el Pacto de San José para salirse del Sistema. Y algo así está pensando Ecuador.
Me imagino que usted quisiera que, como Fujimori, se declarará que no se acatan los fallos (Cantuta y Barrios Altos) todo porque "ofenden" al Estado.
No, tengo un poco más de disernimiento que aquellos que no tienen razones validas para criticar lo que no les agrada. A menos, claro, que demuestre la tendencia izquierdista del Sistema Interamericano. Tal vez un Rafael Guarín pueda darle pistas de como panfletear a favor de la Fuerza Pública y en contra del SIDH.
Una defensa basada en la mentira funciona a nivel interno donde los Godofachos & Cía. Ltda. pueden hacer uso y abuso del poder para continuar cegándose en el país de mierda que nos tocó.
La alcahuetería de nuestro sistema político no será premiada, el estado en cabeza de Santos esta haciendo bien, partiendo del hecho de reconocer la culpa y encaminarse a reparar y punto.
...QUE NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER.
¡Mil gracias! Corregido.
La importancia del argumento de Uprimny es que está alineado con la propia doctrina de la Corte, pero es normal que los uribistas salgan a defender a esta gente así ni sepan de lo que hablan.
No sé si crea que esto es alguna cede uribista donde la amenaza sea la prioridad.
Sencillo: Rodrigo Uprimny es abogado de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Sociología Jurídica de París II (Pantheon-Assas); Máster en Socieconomía del Desarrollo de París I (Pantheon-Sorbonne) y Doctor en Economía Política de la Universidad Amiens Picardie. (Vale la pena reforzar que todo lo anterior lo sacó con honores).
Desde 1988 es profesor en el área de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Teoría Jurídica, Sociología Jurídica, entre otros. Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional entre 1994 y 2005 (incluyendo un tiempo como Magistrado Encargado)Además de profesor en universidades internacionales como la American University. Asimismo, ha sido juez ad-hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
Dos links: http://bit.ly/1bDk0wF y http://bit.ly/1bDk1Ri
Rafael Nieto es Abogado de la Universidad Javeriana y Especialista en Derecho Penal. Solo sacó su Tarjeta Profesional de Abogado (requisito indispensable para ejercer el litigio)...
JEJEJE Yo creo que JDBM sabe mas de Uprimny que el mismo Uprimny.
Claro que sí Didundi, porque él fue mi profesor en la UN.
Bueno, la exposición selectiva a la información que tiene en su cabeza y que la hace ciego ante lo que hayan dicho sobre el caso del Palacio puede ser la razón que le exija responder mediante esta falacia. Me recuerda cuando los derechosos comparaban a Carlos Gaviria Díaz con Fernando Londoño Hoyos para tratar de "pordebajiar" a aquel.
Algo que no alcancé a incluir fue que Nieto Loaiza consiguió su Tarjeta Profesional de abogado poco antes de presentarse como agente de la extrema derecha, perdón, del Estado colombiano. En general, es necesario observar las posturas y los argumentos de ambos para saber quién de los dos tiene mayor criterio al momento de ponderar las razones sobre los errores de la estrategia de defensa colombiana.
Que bueno, cada contestación es en si misma una mentira, pero si se adorna bien una frase pues el estado o gobierno colombiano representado por estas clases dirigentes que siempre han alcahueteado a las fuerzas militares los abusos que han cometido contra la población civil, cuando su única razón de ser es proteger a cualquier persona independientemente de si es un criminal o no.
Cuando las pruebas se le presentan a tribunales con una mirada objetiva sobre los hechos, sin tintes políticos, ni partidistas, solo un tribunal que imparte justicia, la verdad sobre Colombia siempre es más oscura de lo que les gustaría a algunos, o que simplemente miran para otro lado.
Extraño que Nieto no mencione que su defensa se basó en exigir que esta corte tuviera competencia para juzgar el caso. Como que ya el absurdo de su defensa lo obliga a mostrar más profesionalismo. Ahora bien, como se ha mencionado en el foro, el Dr. Uprimny demuestra que Nieto confunde (tal vez a propósito) la responsabilidad que le cabe al Estado con la que le cabe a un particular en un caso penal. En este último caso, la duda de su culpabilidad no puede existir, o para condenar a alguien penalmente no se pueden dejar dudas razonables sin resolver
Otra cosa es la responsabilidad del Estado: si existe un hecho de violación de derechos humanos, el Estado se hace responsable si él mismo no puede probar razonablemente que no tiene responsabilidad. Pero como todo el mundo acepta, existen 12 desaparecidos, y como por otra parte al menos dos personas salieron vivas, y se comprobó el caso del magistrado Urán, y más aún, como se alteró la escena por parte de los mismos militares, y ya que el Estado (y menos en manos de este sñor) no ha ofrecido una explicación razonable de la actuación del mismo Estado, la demanda vale.
Que expresión tan interesante de resaltar en este cínico relato-entrevista: desaparecidos así en el sentido vulgar del termino.... Pregunto a los 2 o 3 letrados de LSV acostumbrados a corregir cuanto comentario se hace, acaso existe un termino elegante para definir la desaparición forzada?.
Si la CPI actúa alguna vez en Colombia, será precisamente por todo lo ocurrido en el Palacio de Justicia,
No se puede suponer que los argumentos que expone Nieto Loaiza en esa entrevista tengan validez pues es preciso recordar que él fue contratado faltando tres días para el cierre de los alegatos ante la Corte. Así, todo lo que dice en la entrevista es más pasión que razón, basándose en sus tendencias ideológicas.
Agradezco a LSV por presentar las contradicciones de este excelente representante de la Disonancia Cognitiva criolla.
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