Foto: Presidencia de la República
El gobierno de Juan Manuel Santos ha perdido varios pulsos que ha sostenido este año. Pero hay uno que, por lo menos por ahora, no parece dispuesto a perder: el de la Reforma a la Justicia. La próxima semana será el cuarto debate de esta reforma constitucional y si es aprobada seguirá siendo discutida en el 2012. Lo más seguro es que se salve puesto que incluye varias de las cosas que llevan años pidiendo los congresistas. Las Cortes, en cambio, que han tenido todas las oportunidades de participar y opinar, decidieron retirarse del debate como un mecanismo de presión y rechazo a la reforma. Los argumentos que han dado para retirarse son solo una parte de sus razones. Lo que no dicen abiertamente puede pesar más.
Esto es lo que está en juego en esta reforma para cada poder y lo que está detrás de su 'pataleta':
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1. El Consejo de Estado: su proyecto fue ignorado
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| Lo que dijo: A finales de noviembre, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, anunció que su corporación se retiraba de la discusión sobre la Reforma a la Justicia porque “el texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia, como son la congestión de los despachos judiciales, la garantía del derecho constitucional de acceso de administración a la justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y de un orden justo”. Lo que no dijo: una de las razones principales para que el Consejo de Estado se retirara es que en agosto había presentado su propia reforma constitucional a la Justicia, que básicamente fue ignorada tanto por el Gobierno como por el Congreso. La reforma aumentaba considerablemente -algunos expertos dicen que "descaradamente"- el propio poder del Consejo de Estado, en detrimento del poder actual de la Corte Constitucional. Por ejemplo, duplicaba los días que tenían para estudiar y decretar la pérdida de investidura de congresistas; aumentaba las oportunidades del Consejo de Estado de conocer las demandas de nulidad por inconstitucionalidad de los actos de Gobierno restringiendo aquellas de competencia de la Corte Constitucional; excluía la competencia de la Corte Constitucional para conocer tutelas contra sentencias de las altas cortes. Y metía un artículo muy polémico que obligaba constitucionalmente al Gobierno a destinar cada año el 5 por ciento del Presupuesto General de la Nación a la justicia, sin incluir el presupuesto destinado a la Fiscalía. Esto equivaldría a cuadruplicar los recursos que actualmente recibe la Rama Judicial, que oscila alrededor de los dos billones de pesos anuales sin contar los 1,7 billones que recibe la Fiscalía anualmente. En el Congreso se aprobó que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigencia del esta reforma, el Gobierno asignará un fondo de un billón de pesos que se desembolsará en cuantías de 200.000 millones de pesos en cada año y se destinarán a procesos de descongestión judicial. |
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2. La Corte Suprema de Justicia: la tutela y el fantasma de la reelección
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Lo que dijo: El 6 de diciembre, Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunció Lo que no dijo: para la Corte Suprema de Justicia era clave resolver en la reforma el "choque de trenes" por la tutela contra sentencias. La Corte intentó negociar que la Comisión Primera del Senado metiera la prohibición de que la Corte Constitucional revisara las tutelas contra sentencias de las otras cortes, que ha sido un punto de honor para los magistrados de la Suprema. Sin embargo, perdió esta pelea, con lo cual la posición de la Corte Constitucional sigue primando. Esta derrota de la Corte Suprema está en parte detrás de su retiro del debate. Pero también hay una preocupación real porque la Reforma les está quitando poder y aumentando el del Presidente, en un contexto de reelección. El proyecto del Gobierno, en un intento por despolitizar a las Cortes, les quita la facultad de presentar ternas para elegir Procurador, Contralor, Registrador y Auditor General de la Nación. Pero concentra ese poder en el Presidente. La Corte Suprema fue la institución que más se opuso a la reelección del Presidente Uribe y lo hizo con el argumento que esta desequilibraba el esquema de pesos y contrapesos de la Constitución. Con Santos, con quien tienen mucha mejor relación, no existe una oposición política coyuntural, pero la perspectiva institucional sigue siendo la misma: la Corte no quiere darle más poderes al Presidente y a los partidos de su coalición y esta reforma se las da. No solo le quita el poder nominador a las Cortes sino que se crea un tribunal alterno para investigar y juzgar a los congresistas, a los ministros, al Procurador y al Defensor que hoy en día son juzgados por la Corte Suprema. De acuerdo a como va hoy la reforma, este nuevo Tribunal de Investigación y Juzgamiento –conformado por dos magistrados nombrados por el Presidente de la República, dos por la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura y dos del Congreso- investigará y juzgará en primera instancia a los congresistas y demás funcionarios aforados. La Corte Suprema solo lo hará en segunda instancia. |
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3. La Sala Administrativa del C.Superior de la Judicatura: su existencia
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| Lo que dijo: El miércoles 7 de diciembre, el vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy Church anunció que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura también se retiraba del debate sobre la Reforma a la Justicia.
“El proyecto no aborda los retos más inminentes del sistema judicial, como las causas de la congestión, el desconocimiento reiterado de la jurisprudencia por las autoridades administrativas, la consistencia del sistema jurídico y su correlación con la protección de los derechos, el desarrollo económico y la competitividad, el acceso igualitario y universal a la administración de justicia y su cobertura descentralizada, la articulación institucional de los organismos públicos en un contexto de respeto al principio de separación de las Ramas del Poder Público y muchas otras materias ausentes del proceso precipitado de deliberación y aprobación”, dijo en su comunicado. Lo que no dijo: la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –que es la que hoy gerencia la Rama Judicial- desaparece con la Reforma a la Justicia y es reemplazada por una Sala de Gobierno. Esta Sala actuará como una junta directiva de la Rama, y será integrada por los presidentes de las cortes y sus delegados y por el Ministro de Justicia y la Fiscal con voz pero sin voto. Y tendrá un gerente de la Rama. La idea es que esta Sala de Gobierno actúe como un verdadero órgano gerencial y no como una Corte, que es como funciona hoy. Hoy la conforman abogados magistrados, que incluso hacen ‘salvamentos de voto” para decisiones meramente administrativas, que además tienen que tomar por consenso. Esto ha hecho que la Rama Judicial no tenga cifras confiables de nada, que administrativamente sea lenta y desordenada y que ni siquiera tenga la capacidad de ejecutar el presupuesto que piden y que aún así pidan más cada año. No es raro que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no haya dicho nada sobre retirarse del debate. A hoy, a pesar de que es uno de los órganos más desprestigiados del Estado, va saliendo fortalecida. |
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4. El Congreso: logra varios deseos reprimidos
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| Lo que dijo: el miércoles después de que la Corte Suprema de Justicia anunciara su retiro del debate, el presidente de la Cámara de Representantes Simón Gaviria dijo que “es muy grave que el proyecto vaya perdiendo consensos y es importante reconstruirlos para que vuelva a tener credibilidad". El vicepresidente del Senado se pronunció en el mismo sentido.
Lo que no dijo: el Congreso va a seguir adelante con la reforma. Y la razón es que si a alguien le sirve esta Refoma a la Justicia es a los congresistas, pues incluye varios temas que son de su máximo interés. Para comenzar, crea la doble instancia para el juzgamiento de congresistas que es algo que ellos –con razón- vienen pidiendo hace mucho tiempo. Y en cambio de que esta investigación y juzgamiento esté en cabeza de la Corte Suprema, se crea un tribunal especial –conformado por seis jueces, dos de ellos elegidos por los congresistas- para que los investigue y juzgue en primera instancia. También se crea una “gradualidad’ para la pérdida de investidura; se crean nuevas excepciones para “la silla vacía”, ya que contrario a lo que decía el proyecto inicial del gobierno, el partido ya no perdería la curul cuando el congresista haya sido condenado por delitos electorales, políticos o culposos; tienen mayor injerencia en la elección del Contralor, Procurador y Registrador. Y además, le devuelven a los militares y policías los privilegios del fuero militar tal como existía hace 20 años. |
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5. El gobierno: tiene que mostrar 'algo' a los ciudadanos en justicia
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Lo que dijo: Después del retiro de las Cortes de la discusión del proyecto, tanto el ministro del Interior como el de Justicia han insistido en que el Gobierno seguirá adelante con la Reforma a la Justicia. “Estoy más convencido que nunca de las bondades del proyecto, de las enormes ventajas que significan para la organización y estructura de la administración de justicia, para caminar en la vía de la descongestión de los despachos judiciales”, dijo el Ministro Esguerra el miércoles en una rueda de prensa. Lo que no dijo: Juan Manuel Santos se comprometió desde su campaña a hacer una reforma a la Justicia, que ayudara a superar la enorme ineficiencia de la Rama Judicial. Y la gente espera que cumpla porque las demoras en la justicia afectan al ciudadano común, incentivan la justicia por mano propia, son un obstáculo para la inversión extranjera. Por otro lado, Santos quería lograr una relación armónica con las Cortes –que durante los dos gobiernos de Uribe se convirtieron en enemigos del gobierno- y para ello le apuntó en la reforma a solucionar los problemas de poder interno de las ramas, y en particular, el choque de trenes alrededor de la tutela contra sentencias. Dado que complacer a todo el mundo en este caso está siendo muy difícil, el gobierno ya dejó de lado el tema de la tutela contra sentencias, con lo cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido que ella tiene el último poder de revisar sentencias queda en pie. Pero hay dos objetivos por los cuales el Gobierno considera que todavía vale la pena darse la pela y sacar adelante esta reforma: descongestionar la justicia y cambiar la gerencia actual de la Rama Judicial. Sobre el primer punto, el gobierno cree que ayudaría a descongestionar la justicia si permite que abogados particulares, secretarios de despachos judiciales, árbitros, centros de conciliación y notarios tienen la facultad de ejercer funciones judiciales. Hoy hay más de dos millones y medio de procesos judiciales represados. Un proceso ejecutivo hipotecario, que son lo más fáciles de resolver, dura 6,6 años antes de llegar a una decisión. Según los indicadores de Doing Business 2011, del Banco Mundial, Colombia es la sexta justicia más lenta del mundo a la hora de resolver conflictos básicos contractuales, lo que es un gran desincentivo para los inversionistas. Entonces, el Gobierno le apunta a que los notarios, por ejemplo, puedan resolver procesos ejecutivos, que hoy constituyen el 73 por ciento del total de procesos de la jurisdicción civil (una buena porción de estos son cobro de deudas de los bancos); que los secretarios de despachos judiciales puedan hacer diligencias de práctica de medidas cautelares y entrega de bienes sin la necesidad que participe directamente el juez; que los más de mil árbitros inscritos puedan conocer en primera instancia algunos procesos. En fin, el gobierno quiere que el Estado pueda delegar en los miles de abogados privados que existen en el país algunas funciones básicas que hoy tienen ocupados a los jueces y que estos se dediquen a evacuar los casos más complicados. Expertos consultados por La Silla Vacía creen que estas medidas de ‘emergencia’ pueden funcionar temporalmente pero que el verdadero problema de acceso a la justicia y de impunidad no se ataca de esta manera. Y que al gobierno le falta mucha creatividad para coger el verdadero problema de la justicia por los cuernos. El segundo punto por el cual el Gobierno está interesado en sacar al reforma tiene que ver con la administración de la Rama. El Consejo Superior de la Judicatura ha demostrado ser completamente inepto para gerenciar la justicia. Según la exposición de motivos del proyecto, tienen deficiencias en la información, en las cifras, en la planificación y en la ejecución del presupuesto. Fijan como prioridad en el Plan Sectorial de la Rama unos objetivos y tres meses después solicitan un presupuesto que nada tiene que ver con lo definido inicialmente. Este año, por ejemplo, pidieron en el Plan Sectorial 3 mil millones de pesos y en el anteproyecto 1,3 billones. Además, ni siquiera representan los intereses de su propia rama pues los magistrados de esta Sala son su propio feudo. El Gobierno piensa que si no se reforma la gerencia de la justicia todo peso invertido en ella termina en un hoyo negro. Y en esto, los expertos le dan la razón. Lo que muchos se preguntan es si para hacer estas dos reformas Santos tenía que hablar de una “histórica Reforma a la Justicia”, que ha dado pie para que todo el mundo le cuelgue de todo. Y si quizás no habría sido más inteligente pasar unas reformas puntuales dirigidas a hacer más eficiente la Rama. Nadie cree –ni siquiera el Gobierno- que con esta reforma los colombianos vayan a ver una verdadera revolución en la justicia. |
No entiendo porque el Contralor, Registrador y Auditor tienen que ser elegidos por votación. Cada rama del poder público debería postular un número alto de candidatos que reunieran las calidades para desempeñar estos cargos y de esa terna elegir al azar de modo que quien resultara ganador no estuviera debiéndole favores a nadie.
Ahora seguramente dirán que eso afecta la democracia cuando en realidad solamente afecta el clientelismo.
Es una pena que a ninguno de los poderes del Estado le interese la justicia, sólo es el comodín para detentar más poder. Los retiros provienen de que les quiten funciones distantes de su misión como jueces. ¿Alguno habla verdaderamente de cómo impartir justicia en forma más ágil y sobre todo eficaz? Ninguno. Para qué quiere la justicia nominar a contralores, auditores, registrador? para hacer carruseles de poder. En cambio, el juzgamiento de altos cargos es de la Corte Suprema, no del Congreso, ni de particulares. La tutela es contra toda autoridad y el máximo guardian es la Corte Constitucional. Las salas administrativas y disciplinarias han sido una verguenza para la Rama y su forma de elección, enseña que da igual, la disciplinaria proviene del ejecutivo-congreso, la administrativa de la Rama y los magistrados han salido igual de malos, los nombramientos van cargados de intereses. Disciplinar no es jurisdiccional y administrar es para administradores, sin salvamentos de voto.
Por aquí leo comentarios de individuos a los que todavía parece dolerles que las Cortes lograron ponerle freno a esa dictadura civil que Uribe había impuesto junto a sus socios narcoparamilitares y parapolíticos. Las Cortes están compuestas por seres humanos que pueden equivocarse, pero cuando esto ha pasado, no lo han hecho ni con el fin de enriquecerse ellos, ni sus familias, ni por mantenerse indefinidamente en el cargo. Totalmente diferente a ese hampón narcoparamilitar y asesino que tristemente tuvimos como presidente por 8 años, quien no sólo quería perpetuarse en el poder, sino que buscó narcoparamilitarizar a Colombia entera ligando a entes legales como los políticos, militares, los empresarios, ganaderos y la oligarquía en general, quienes establecieron un concubinato con narcos paramilitares como los Mancuso, los bernas, los Escobar, los Araujo, etc. Si no hubiese sido por nuestras valientes Cortes, hoy Uribe seguiría en la Presidencia matando opositores y corrompiendo todo.
Respecto a la Reforma de la Justicia, es más que entendible la oposición de la Corte Suprema que sufrió tantas amenazas, maltratos e irrespetos durante el desgobierno de Uribe. Las Cortes tienen razón en el sentido de que los entes fiscalizadores no pueden depender de un Congreso tan corrupto como el que tenemos (con rarísimas excepciones, por supuesto)y cuyo Uribismo ultraderechista sigue estando por arriba de los intereses de los Colombianos. Permitir que ese antro de corrupción que hoy absurdamente nos representa desde el capitolio siga dictando leyes acomodaticias y lo que es peor, que se le de la oportunidad de elegir a su fiscalizadores, es algo que nos hace ser el hazmerreir de la comunidad internacional. Permitir que el actual Congreso meta sus manos en la Reforma de la Justicia, es como dejar un jardin infantil en manos del pedófilo Garavito. La semilla de la corrupción y el paramilitarismo que Uribe sembró desde los 90´s, durará años antes de que desaparezca por completo.
yo pienso que la elección de Procurador, Defensor del Pueblo y demás en las que las cortes tienen injerencia deben continuar así, para sostener el contrapeso de poderes y si no tendremos un congreso plenipotenciario, que manejará aun mas a su antojo los entes de control.
"os deleitais dictando leyes, y no obstante,gozais mas violandolas"KHALIL GIBRAN. EN un pais de comercio donde todo se vende ,y todo se puede comprar ,si habra el suficiente equilibrio,para una justicia imparcial.? En un pais donde el trafico de influencias ,el circulo social se respeta y la radiccion costumbrista de que la ley se hizo para los de a pie,sera que se puede soñar,o fantasear con una justicia social y verdadera.?
En un país con historia colonial y sometido, desde su independencia de España, a deambular bajo los parámetros y referentes consustanciales al modelo clásico europeo o francés de las tres ramas en la configuración del Poder estatal, no obstante las reformas habidas a menudo, los problemas sustanciales siguen siendo los mismos: congestión judicial, impunidad, choque de "trenes", etc. Lo cierto es que el ciudadano del común está desprotegido y, descontadas las excepciones, aún sigue siendo una realidad el hecho de que "la justicia es para los de ruana".
En tanto las personas con dignidad y los sectores sociales sometidos a la ignominia no hagan valer sus derechos fundamentales, sociales, colectivos y ambientales que aún, insisto, sólo en ciertos casos se cumplen las verdaderas acciones judiciales imparciales, fundamentadas en el derecho positivo y que amparan a quien merece ser amparado. En tanto no haya denuncia, debate y movilización, aquí en Colombia la justicia es una farsa, pretexto para crear privilegios en un estamento con excelentes pensiones que no todos se merecen a juzgar por su desempeño y su ética muy cuestionable que transa con narcotraficantes, corruptos y criminales.
Esta es otra de las pruebas de que Colombia es una colcha de retazos y que como estado anda "cojeando". La reforma a la justicia es inminente, como muchas otras reformas en el pais, sinembargo aqui se esta jugando ni mas ni menos que el equilibrio de poderes. Desde mi humilde punto de vista si se sabe que esta reforma no va arreglar verdaderamente el problema deberia haber un consenso en lo "fundamental" y esto es la descongestion de la justicia, cuando se habla de lo demas implica practicamente una reforma constitucional que significaria un paso adelante y otros dos atras. Esto desde el punto de vista ideal. Sin embargo aqui hay un empujon politico del legislativo y ejecutivo en donde se muestra el movimiento de las fichas a la reeleccion y al aumento del poder del congreso (que no se ha limpiado del paramilitarismo y eso hay que tenerlo en cuenta). Por lo demas felicitaciones a la silla vacia por sus articulos.
la corte suprema considera un problema el choque de trenes, sucede es que le da temor perder su poder dictatorial. con ponencia de arrubla paucar estando totalmente impedido fue juez y parte debio ser recusado ya que integro el equipo juridico que cderro la caja agraria, la corte suprema impidio el cumplimiemnto a la tutela t-323 de abril 4 de 2.005 proferida por la h. corte constitucional donde ratificaron mi reintegro a dicha entidad por fuero sindical o el pago de la indemnizacion, ordenado mediante siete sentencias desd el 2.000. ahora me intimidan y amennazan con multarme si insisto su cumplimiento. el consejo superior de la judicatura bogota me ratifica que han comprobado que el juez de primera instancia se ha negado a hacerla cumplir, que el es el obligado, pero no hacen absolutamente nada. todos los entes del estado se declaran incompetentes, ser dirigente sindical es un delito, lo mismo que carecer de recuros para un costoso abogado
Las Cortes en el país están más interesadas en el protagonismo, en su poder político que en administrar, regular y orientar una verdadera justicia que beneficie a toda Colombia, su preocupación es obtener mas poder para así someter a todos los otros poderes, y de justicia nada, cada vez que se pronuncian es para pedir mas presupuesto y bueno de su administración mala o buena no se sabe, que ente de control revisa su acertada y correcta inversión, quien verifica que allí no exista corrupción, si las cortes fueran eficientes no habría congestión en la justicia, pues ya habrían encontrado mecanismos para evacuar tanto proceso represado ellos y nadie mas que ellos son quienes deben tener esa capacidad y no pasar la papa caliente al gobierno, en vez de estar gastando tiempo pensando en la reelección, cada loro en su estaca, las cortes no deben elegir a ningún funcionario,su función no es esa, por eso son las Instituciones mas desprestigiadas del país y la peor justicia del mundo