Al solicitar públicamente que se revoque la condena contra Luis Alfonso Plazas Vega y se investigue a la Fiscal del caso por suplantar a un testigo, el procurador Alejandro Ordóñez parece seguir la estrategia de defensa del coronel retirado: cuestionar el proceso frente a las cámaras mientras omite lo que pasa en el juicio.

En el comunicado del martes pasado, el Procurador afirma que existe una “prueba nueva” en el proceso contra Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Por lo tanto, pide que se revoque la sentencia de primera instancia y se investigue a la ex fiscal Ángela María Buitrago. La prueba consistiría en que el “principal testigo” del caso fue suplantado.

El argumento del Procurador –que llega justo antes de que el Tribunal Superior de Bogotá confirme o revoque la condena de 30 años de prisión contra Plazas– tiene varias fisuras: ni se trata de una prueba nueva en el proceso, ni está en juego un testigo estrella. Entre 2009 y 2010, la defensa del coronel retirado se jugó la misma carta y perdió. Incluso contó con la ayuda de la Presidencia de la República, que quiso influir en el proceso al enviar al juzgado la declaración de una persona que no había aparecido antes y que contradecía el mismo testimonio (desfavorable para Plazas) que ahora menciona la Procuraduría. En ese momento, la maniobra acaparó titulares de prensa, pero fue rechazada de tajo por la Juez.

A continuación, la parte que el procurador Ordóñez olvidó mencionar sobre el "testigo suplantado".

La defensa del coronel Plazas (arriba) puso varias veces en duda la credibilidad y la existencia de Villamizar. El Procurador Alejandro Ordóñez (abajo) solicitó que se anule la sentencia de primera instancia contra Plazas.

El 25 de julio de 2007, en plena indagación por los desaparecidos del Palacio de Justicia, el jefe de la Sección de Investigación del CTI le informó a la fiscal Ángela María Buitrago que había encontrado un posible testigo para el caso. El investigador había llegado a él gracias a otro funcionario de la entidad, quien le habló de la existencia de esa persona y de su interés en contar lo que sabía. Según el informe, el testigo –que se identificó como “Édgar”– aceptó finalmente reunirse con agentes del CTI en la biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá.

“Da a conocer una información que ya se conoce dentro del proceso, relata algunas cosas que son materia de verificación”, contó el investigador a la fiscal Buitrago. El CTI le dijo al testigo que lo mejor era que se presentara en la Fiscalía para entregar una declaración completa. Édgar respondió que no era prudente hacerlo en ese momento, pero que su ánimo era “colaborar en el esclarecimiento de los hechos”. Ese “Édgar” era Édgar Villamizar, quien por su propia cuenta estaba buscando a la Fiscalía.

Una semana después, mientras la fiscal Buitrago, el fiscal auxiliar y el delegado de la Procuraduría hacían una inspección en la Escuela de Caballería, Édgar Villamizar llegó de repente. Allí mismo le tomaron la declaración que ya se conoce: dijo que Plazas Vega había dado la orden de “cuelguen a esos hijueputas”, refiriéndose a algunos de los sobrevivientes que salieron del Palacio. Esas personas, según el testigo, habían sido llevadas a la Escuela, donde fueron torturadas y dos de ellas murieron.

Villamizar también dio los nombres de los compañeros que estaban con él ese día y señaló dónde podían estar enterrados los cuerpos (que no fueron encontrados). En seguida, se suspendió la declaración.

El propósito de pararla era –como se vería más adelante– saber quién era esa persona y corroborar algo de lo que decía, para después citarlo nuevamente. Todos firmaron el acta y abajo de la firma del testigo quedó mal escrito su apellido: Villarreal en vez de Villamizar.

La identidad de Villamizar y la de los otros nombres que él suministró, fue confirmada, tal y como quedó plasmada en un nuevo informe. Adicionalmente, el día de la diligencia en la Escuela de Caballería, algunos funcionarios del CTI lo habían reconocido: afirmaron que el testigo era un ex empleado de la Fiscalía.

En efecto, según la hoja de vida, que aparece en el expediente, Édgar Villamizar Espinel había estado en el Ejército en la Escuadra de Inteligencia y en la Séptima Brigada, entre otros. Posteriormente, entre junio de 2001 y abril de 2003, trabajó en el CTI. Es por esta razón que Villamizar había contactado a los investigadores a través de otro funcionario de la entidad. Muchos de ellos habían sido colegas suyos.

De ahí en adelante, la Fiscalía trató repetidamente de obtener otra declaración de Villamizar para ahondar en lo que había dicho en la Escuela de Caballería. Nunca fue posible. El 11 de octubre, un investigador del CTI lo contactó telefónicamente, pero el testigo respondió que no quería presentarse a declarar. Le preocupaban las noticias que salían sobre él en los medios de comunicación.

Casi cinco meses después, el CTI volvió a hablar con él por teléfono. En ese momento dijo que “estaba pensando en retractarse de su declaración”, para evitar problemas. Y por última vez, en octubre de 2008, la Fiscalía habló con él en un par de oportunidades.

En una de esas ocasiones, fue Villamizar quien llamó a una funcionaria de la Fiscalía y le comentó que “en días pasados habían ido a buscarlo a su casa (…) como seis personas en dos camionetas polarizadas”. Preguntaron por él y por su familia. Según el informe, Villamizar dijo que él, como ex militar, sabía que eso que estaba pasando no era “para nada bueno”. Temía por su vida y no volvería a declarar. Los investigadores se dieron por vencidos y la Fiscalía tuvo que conformarse con lo que tenía.

En junio de 2009, Luis Alfonso Plazas Vega denunció penalmente a la fiscal Ángela María Buitrago por haber usado un testigo falso. Los motivos que adujo Plazas en ese momento son los mismos que hoy plantea la Procuraduría: que el nombre del testigo es Edgar Villamizar Espinel y no Edgar Villarreal Espinel; que nació en Cúcuta y no en Pamplona; que no se graduó de biología y que su firma no corresponde a la que aparece en la declaración de la Fiscalía.

Hace seis meses, el fiscal encargado de la investigación contra Buitrago descartó los argumentos de Plazas y archivó la investigación, determinación que el Procurador no tuvo en cuenta en su pronunciamiento. En la decisión, el fiscal explica uno a uno los motivos.

Dice que aunque el apellido del testigo haya quedado mal escrito (por error de digitación o auto-corrección del programa del computador), el número de cédula siempre ha correspondido a esa persona, y que esa cédula fue la que tuvo en su mano la Fiscal, en frente de varias personas, el día de la declaración.

Y si bien en la cédula aparece Cúcuta como lugar de nacimiento del testigo, en el registro civil aparece Pamplona. “En este caso particular, la manifestación sobre el lugar de nacimiento resulta irrelevante”, concluye el fiscal.

Frente a la inconsistencia de las firmas, el fiscal dice: "Al analizar los diferentes documentos presentados y suscritos a lo largo de su carrera como militar o en su vida civil, se aprecia cómo el ciudadano Édgar Villamizar, en muchas ocasiones, utilizó firma con rasgos completamente diferentes". No era consistente en su firma, pero era la misma persona.

Por último, frente al tema de la carrera que cursó el testigo, la hoja de vida que presentó Villamizar cuando fue funcionario del CTI acredita que estudió biología, más allá de que se hubiera graduado o no.

Ángela María Buitrago fue la Fiscal del caso. Aunque ya está fuera de la Fiscalía, el Procurador solicitó que se reabriera una investigación disciplinaria en su contra.

La juez María Stella Jara tuvo en cuenta el testimonio de Edgar Villamizar Espinel en la sentencia condenatoria de Plazas Vega, a pesar de que no hubo contrainterrogatorio de la defensa. Basada en jurisprudencia de las Cortes, Jara planteó que la contradicción de esa prueba bien pudo hacerse con otras nuevas o a través de su valoración individual.

De una u otra forma, el testimonio de Villamizar no es una 'prueba reina'. La responsabilidad penal del coronel retirado, según la sentencia de primera instancia, se basa en tres puntos: tuvo mando en la retoma del Palacio de Justicia, tuvo responsabilidad en el manejo de los rehenes liberados y controló lo que sucedía en la Casa del Florero, a donde éstos fueron conducidos. La mayoría salieron vivos de ahí, pero otros desaparecieron.

Jara le da credibilidad al testimonio de Villamizar y lo utiliza para corroborar afirmaciones de otros testigos, como Héctor Calderón Parra y César Sánchez Cuesta. Sin embargo, además de estas pruebas, hay declaraciones, documentos y reconocimientos en video de desaparecidos que salieron vivos del Palacio. Concluye la sentencia:

"Descartado entonces que las personas de quienes no se tiene noticia hasta el día de hoy hubieren muerto calcinados en el interior del Palacio de Justicia, (…) si se tiene en cuenta que la Brigada XIII del Ejército, con la intervención del Comandante de la Escuela de Caballería, controló la zona a los pocos minutos de iniciada la toma guerrillera, tal y como lo mostraron las imágenes televisivas, (...) a partir de ese momento la tutela de los sobrevivientes quedó a su cargo [de Alfonso Plazas Vega]".

El pronunciamiento del Procurador también sirvió para poner en duda la sentencia de abril pasado contra el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, condenado igualmente por los desaparecidos del Palacio de Justicia. No obstante, este testigo no fue tomado en cuenta en este caso. Para la juez María Cristina Trejos, "a pesar de que está demostrada su existencia, nunca se pudo conseguir su comparecencia nuevamente para aclarar o enmendar sus datos personales y en general para profundizar en el contenido declaración".

Más allá de la importancia o credibilidad de su testimonio, Édgar Villamizar Espinel no fue un invento de la Fiscalía y de la Juez, ni lo que pasó con él es algo nuevo. Villamizar apareció varias veces, contó una historia y salió corriendo, al parecer, muerto de miedo.