Pareciera que el Gobierno ha llegado a la conclusión de que la causa de los problemas en Colombia es la legislación. Vacíos legales o normas inconvenientes. Para cada tema hay un proyecto de ley. Ha habido proyectos para todo. Incluso el anuncio de los proyectos se presenta ahora como un gran acto de gobierno. El jueves hubo un acto solemne en el Palacio de Nariño para anunciar que el Ministerio de Cultura presentaría cuatro –¡cuatro!– nuevos proyectos.

Ya se había dicho que los homicidios aumentaban en las ciudades porque faltaba una ley de seguridad ciudadana. Para mejorar la prestación de los servicios de salud de expidió una ley. El Ministro de Defensa amenazó con que se necesita una ley de Seguridad y Defensa Nacional, porque la operación de la fuerza pública se dificulta por problemas legales. Para mejorar la oferta de vivienda de interés social se aprobó una ley. En fin, la lista se haría casi interminable.

No es exagerado decir que el Gobierno se distrae legislando en vez de actuar. Habrá que recordarle que a esa rama del poder se le llama ejecutiva porque está obligada a hacer. Buena parte de las normas propuestas son innecesarias e incluso han generado problemas adicionales. La ley de seguridad ciudadana sólo ha servido para amenazar agitadores infiltrados en las marchas que se organizan para protestar por las propuestas de ley que el Gobierno presenta al Congreso y para crear un problema jurídico relacionado con las herramientas para decretar la extinción del dominio de los bienes destinados al tráfico de drogas.

El propio Presidente dice frecuentemente que tenemos muchas leyes y que les va a pedir a los Ministros que identifiquen aquellas innecesarias para promover su derogatoria. Sería más fácil empezar por identificar los proyectos inútiles para no presentarlos, evitar problemas y concentrarse en ejecutar, que según dicen las propias cifras oficiales, en lo relacionado con los recursos, la tarea está sin hacer.

El proyecto de Reforma a la Educación Superior no podría calificarse de inocuo. Al contrario trae algunas cosas que son modificaciones conceptuales profundas, con implicaciones prácticas muy importantes. Por ejemplo, reconoce la educación superior como un derecho, mientras que hasta ahora sólo estaba concebida como un servicio. Le modifica el status a instituciones técnicas y tecnológicas públicas, la mayoría de ellas ubicadas fuera de Bogotá y les aumenta considerablemente sus recursos. Contiene un diseño institucional sistémico, sin duda importante para mejorar la gestión y orientación del sector.

El proyecto es mejor de lo que parece. Sin embargo, por ambicioso, corre el riesgo de perderse en la discusión o de que termine convertido en una colcha de retazos en el que cada uno quiere dejar su impronta. Muchas de las bondades prácticas del proyecto podrían ponerse en marcha sin ley, o usando textos que se encuentran en otras normas, tal como ya ocurrió con uno de los más publicitados beneficios derivados del proyecto que es el subsidio del interés de los créditos para educación superior, que hoy es en el Icetex de cero por ciento en términos reales.

Dada la reacción de los estamentos universitarios, el Ministerio ha adelantado una campaña de comunicación en la que pretende aclarar qué es y qué no es la Reforma. Dice con énfasis que la Reforma no es para privatizar, ni para disminuir la autonomía universitaria. Es decir que no es para lo que estrictamente requeriría de una ley.

La legislación hoy no permite que las instituciones educativas tengan ánimo de lucro. El proyecto era inevitable cuando incluía esa posibilidad, pero como la idea se murió en las primeras de cambio -como era totalmente previsible- quedó más ruido que sustancia. El alcance de la autonomía está reservado a la ley, pero el Gobierno dice una y otra vez que eso no se toca.

Que con el proyecto se van a garantizar más recursos para el sector. ¿Y por qué no los ponen de una vez? ¿O es que la ley prohíbe darle más plata a la universidades? Buena pregunta, me dijeron. Pero incluso parece que en el proyecto de presupuesto que se está tramitando en el Congreso ya están incluidos 200 mil millones para la educación superior, que sería lo que correspondería si la ley se aprobara. Es decir que con ley o sin ley se puede hacer lo que se presenta como un gran avance para el caso de aprobarse. Claro, para garantizar los recursos hacia el futuro es mejor que queden en la ley, aunque por no tener una naturaleza especial ésta podría modificarse, incluso con la ley anual de presupuesto.

Todos estamos de acuerdo en que hay que aumentar la cobertura, mejorar la calidad, garantizar la permanencia, fomentar la investigación, etc, etc, pero la modificación prolífica de leyes genera riesgos que ponen en peligro los propósitos fundamentales.

El Gobierno parece engolosinado con la Unidad Nacional y confía en que con su amplia mayoría hace aprobar cualquier cosa en el Congreso. Eso está generando una inflación legislativa a todas luces inconveniente, pero incluso perturbadora para sus propios propósitos. Una reforma a la educación superior con las cinco cosas importantes sería menos traumática y más certera. ¡No se tiren la reforma con tanta “poesía” legislativa!

Si los Ministros van menos al Congreso, les va a rendir más.

A PROPÓSITO: Ahora que la Corte declaró exequible el “indulto” (así lo llamó el Vicepresidente, lo que le mereció un regaño. Si perdona la pena privativa de la libertad… como diría Angelino, si camina como pato, hace como pato…), ¿no será mejor dejar así con lo del proyecto de justicia transicional que se suponía era urgente porque los ex paras iban a salir a delinquir si no les “cumplíamos”?