Mañana comienza la votación final del proyecto de patrimonio sumergido. Se augura que se convertirá en ley. Foto: Juan Pablo Pino

Este miércoles comienza la votación final en el Senado  del proyecto de ley de patrimonio sumergido, el cual permitirá el ingreso a Colombia de empresas caza-tesoros para que rescaten los naufragios en mares colombianos. Y uno de los “tesoros” que quedará a la deriva o por lo menos en entredicho es la independencia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), máxima autoridad arqueológica en el país.

La ley de patrimonio sumergido es un proyecto polémico y de vieja data que se ha archivado ya tres veces.  Si se aprueba antes de la fecha límite -16 de junio de 2013- Colombia podrá contratar de manera directa a compañías expertas en exploración submarina para que busquen, rescaten y se beneficien económicamente de los naufragios.

La justificación del proyecto que ha dado la ministra de Cultura, Mariana Garcés, es que Colombia no tiene ni la tecnología, ni los recursos para hacer ese tipo de exploraciones, que son altamente costosas, y esta ley permitirá rescatar sus riquezas sumergidas y aprovecharlas para el beneficio de todos los colombianos y ciudadanos del mundo que las podrán ver eventualmente en museos marinos o navales. "El espíritu de este Proyecto de Ley ha sido crear los mecanismos que permitan acceder a uno objetos patrimoniales, que de otra manera serían inalcanzables", ha explicado Garcés.

En contraprestación, las transnacionales que encuentren los buques hundidos recibirán un 50 por ciento del valor del objeto bajo el criterio de «repetición». Es decir, si una exploradora halla, por ejemplo, un cofre con monedas de oro, el Gobierno colombiano puede conservar algunas y el resto, por ser repetidas, usarlas como forma de pago a la empresa rescatista.

"En sus aspectos técnicos, esta iniciativa propone que no todo lo encontrado bajo el agua debe ser considerado patrimonio. Busca distinguir unos elementos que son patrimoniales, de otros objetos, como lingotes de oro y plata, monedas y piedras preciosas", explica en su página oficial al Ministerio. "El proyecto contempla el criterio de repetición, es decir, que si hay, por ejemplo, 900 lingotes de oro, se podría estipular que solo 50 sean preservados en un museo y usar el resto por su valor cambiario, para la Nación y como una posibilidad de pago para el explorador. Además, el criterio de repetición, solo regiría para los objetos no patrimoniales."

Es decir que lo que esté repetido será usado para pagarle a los caza-tesoros sacarlo del fondo del mar y financiar proyectos educativos y culturales. 

La polémica

El proyecto ha generado una intensa polémica entre los arqueólogos por varias razones.

Por un lado, porque temen que este proyecto –por los incentivos económicos que trae- termine destruyendo el patrimonio sumergido de la Nación. Una de las razones que esgrimen es que así la ley explícitamente diga que solo se contratará con compañías que "garanticen la preservación de la información cultural del mismo y causen el menor deterioro posible dentro de técnicas y procedimientos arqueológicos internacionalmente reconocidos y aceptados", en la práctica cuando entran las empresas caza tesoros toman lo que tiene un valor de mercado como los lingotes de oro y “chupan” con una aspiradora todo el contexto del naufragio. Y el Gobierno carece de "dientes" para controlar que realmente preserven la información cultural pues ni siquiera tiene un inventario completo de lo que existe.

Mariana Garcés, la Ministra de Cultura, ha defendido el proyecto con el argumento que si no se abre la puerta para que empresas extranjeras e inversionistas puedan entrar a explorar los naufragios tanto los colombianos como los ciudadanos del mundo se quedarán sin este conocimiento pues Colombia no tiene los recursos para hacer estas exploraciones sola. Foto: Juan Pablo Pino

Los opositores del proyecto consideran que el criterio de "repetición" que es esencial en el proyecto de ley es absurdo. Que es como si la Nación decidiera salir de todas las piezas del Museo del Oro que están repetidas y quedarse solo con unas cuántas.  Foto: Museo del Oro

Un estudio arqueológico de un naufragio sin aspiradoras de por medio, permitiría conocer las técnicas de construcción de los barcos de antaño, saber sobre la vida cotidiana de los marineros e incluso documentarse sobre la llegada de los esclavos africanos a Colombia.

“Se habla de más de mil naufragios en Colombia pero eso no se ha comprobado. Nosotros hemos documentado 200. Hay chalupas, hay barcos negreros, hay asentamientos prehispánicos, hay restos de fortificaciones. Esa información se puede resucitar y llevarla a un museo, o escribirla en un libro. Hay que preservarlos y ejemplos de buenos manejos los hay en Panamá y México, países que han sabido hacer esto sin caza tesoros de por medio”, añadió Carlos de Cairo, antropólogo y arqueólogo, director de la Fundación Terra Firme, entidad que desde el 2006 lleva la batuta en investigación académica sobre la riqueza cultural e histórica sumergida en Colombia.

Del Cairo y su equipo dicen que han logrado desmitificar el tema de tesoros sumergidos mediante planes de sensibilización con buzos, comunidades y funcionarios públicos. En Tierra Bomba, por ejemplo, una isla de pescadores cercana a Cartagena de Indias donde se produjeron varios naufragios, Terra Firme logró hacer un Museo Comunitario marítimo con varios elementos que habían recuperado los pescadores de la isla.

“Habían sacado un cañón. Lo iban a vender a 15.000 dólares a coleccionistas privados. Tras la campaña logramos concientizar. Localizamos diez sitios históricos, hicimos un mapa turístico”, agregó.

Él, como otros arqueólogos consultados por La Silla, consideran que de no hacerlo con ese cuidado, es mejor dejar los objetos bajo mar hasta que Colombia tenga la plata suficiente para hacer un inventario de lo que tiene y para hacer los suficientes convenios de cooperación con universidades y centros de investigación e ir sacando poco a poco los naufragios. Dicen que cuando los objetos de metal, cerámica o madera llevan muchos años bajo el agua, se adaptan y permanecen intactos. Pero cuando los objetos se sacan del mar, se destruyen. Y creen que tal como está planteada la ley, eso es lo que muy probablemente va a pasar.

Además, porque restaurar los objetos de un naufragio es muy costoso y el Estado no tiene dinero para ello.

"La ley no contempla qué va a pasar con el sitio arqueológico una vez lo hayan expoliado”, le explicó a la Silla Vacía del Cairo. "Se está manejando el tema como si fuera petróleo. El Estado otorga una concesión sobre el patrimonio cultural sumergido y una vez sacan lo que les sirve, destruyen información valiosa para la humanidad".

Cuatro expertos en el tema consultados por La Silla y quienes llevan meses haciendo lobby en contra del proyecto sin éxito, creen que esta ley se ha hecho sólo para sacar a flote unos cuantos galeones –el San José y la flota de Luis Fernández de Córdoba-. Los demás están en aguas poco profundas. Pero solo los tesoros del San José – que se hundió en 1708- pueden costar quinientos mil millones de dólares.

“Esto no se puede tasar, estamos especulando. Este gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, tiene especial interés en el tema. Santos estuvo en la Armada colombiana y conoce el tema. Él sabe que lo que realmente está en juego son unos 5 o 6 naufragios que contienen lingotes de oro y plata y que iban rumbo a España”, dice José Luis Socarrás, director de la carrera de arqueología de la Universidad Externado de Colombia.

La Silla confirmó que desde que era Ministro de Comercio Exterior, Santos ha querido facilitar que el régimen de extracción de tesoros sea más competitivo frente al de otras jurisdicciones.

Terra Firme y los contradictores de la ley insisten en respetar los tratados internacionales como la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Sumergido la cual establece que cualquier vestigio arqueológico que esté bajo el agua -desde una vasija hasta un lingote de oro- es patrimonio, pertenece a la nación respectiva y no puede ser comercializado.

El acuerdo, ratificado hasta ahora por 40 países -Colombia no se ha sumado -, establece que las riquezas sumergidas no se venden y que sólo los gobiernos pueden acceder a ellas con fines científicos y divulgativos. Y aunque la Constitución, en sus artículos  63 y 72, está en contra de la comercialización del patrimonio, todo parece indicar que el Senado no dará marcha atrás y se sumará a la votación que ya hubo en Cámara: 78 votos a favor, 11 en contra en diciembre pasado.

En una carta enviada a la opinión pública en octubre pasado, 15 antropólogos y arqueólogos nacionales e internacionales se pronunciaron en contra de la ley. Entre ellos sobresalen Pilar Luna Erreguerena, subdirectora de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y una mujer que se ha enfrentado a los más poderosos caza tesoros del mundo; Carl Henrik Langebaek Rueda, arqueólogo y vicerrector de investigaciones de la Universidad de los Andes; y el propio Socarrás.

En siete páginas cuestionan la constitucionalidad de la ley propuesta y advierten lo siguiente. “Esta ley, de ser aprobada, se constituiría en un antecedente para que a futuro actos legislativos semejantes permitan poner en el mercado otros bienes patrimoniales, como las numerosas piezas que reposan en los yacimientos arqueológicos o en los museos del país y que, bajo la aplicación del criterio de repetición, aparecían como simples 'duplicados' y, por tanto, como mercancías”.

El ejemplo que normalmente usan los que se oponen al proyecto es que bajo el criterio de repetición adoptado en esta ley, el Gobierno podría poner en el mercado las cientos de narigueras repetidas que están en exhibición en el Museo del Oro y quedarse solo con unas cuantas de ellas.

Pese a las advertencias,  la ley siguió viento en popa en este gobierno. Pero lo más grave es que en el Icahn, la polémica y hasta hace poco la oposición al proyecto, había sido igual de intensa.

La posición del Icanh

El Icahn es una entidad adscrita al Ministerio de la Cultura pero con un principio de autonomía para manejar el patrimonio arqueológico de Colombia. Es un ente científico y técnico, que investiga, desarrolla y difunde conocimientos expertos en las áreas de antropología, arqueología e histórica colonial, se ha destacado por tener académicos serios y por manejar con coherencia los conceptos arqueológicos del país.

Tres ministras de Cultura –María Consuelo Araújo, Elvira Cuervo de Jaramillo y Paula Moreno- enviaron esta ley para que el Icanh les emitiera un concepto sobre ella. En los tres casos, el concepto fue negativo, la ley se archivó, y el Icanh tuvo peso decisorio.

Ya en el gobierno de Santos, uno de sus investigadores con más trayectoria, Víctor González, coordinador del Grupo de Arqueología y Patrimonio del Icanh entregó un concepto de 16 puntos en los que mostró por qué es inconveniente aprobar la ley como está planteada.

“Pretende que se comercialicen bienes arqueológicos y así se desconoce que en la Constitución Política, los bienes arqueológicos están por fuera del comercio”, esgrimía en uno de los puntos. “El proyecto de ley no fue preparado por expertos en Patrimonio Arqueológico y por consiguiente no tiene en cuenta los criterios académicos, técnicos y científicos necesarios para diseñar mecanismos legales adecuados en el manejo de los muy delicados y complejos yacimientos arqueológicos sumergidos”, dijo en otro.

El concepto de González fue desestimado. Según tres académicos que han estado cerca al Icanh, la orden de la ministra Garcés fue clara: o se alinea con las políticas del gobierno y apoya esta ley, o se va. El veto fue total.

La consecuencia de la directriz de la ministra fue concreta: el ex alcalde de Bogotá Jaime Castro renunció a la Comisión de Antigüedades Náufragas creada en 1984 por estar en desacuerdo con la ley; lo mismo que Emilio Piazzini, subdirector del Icanh.

El Tiempo registró el remezón en su momento  y advirtió que lo que estaba en juego no era poca cosa como para meterle intereses políticos a un Instituto que se ha distinguido por su independencia.

El relevo en el Icanh

En noviembre de 2011 fue nombrado como director del Icanh Fabián Sanabria, ex decano de la facultad de ciencias humanas de la Universidad Nacional. Dos meses después, en enero de 2012, fue nombrado subdirector Ernesto Montenegro, doctor en antropología y máster en arqueología naval mediterránea, amigo académico de Sanabria.

Desde su llegada, el Icanh dio un viraje de 180 grados. Según confirmaron dos fuentes que conocen bien la entidad, antes había más interés por la gestión que se hacía hacia el exterior del Instituto. La preocupación giraba en torno a conseguir aliados, lograr convenios, inspeccionar las regiones. Ahora el énfasis está más centrado en los trámites, en ser más eficientes y ágiles. Y donde más se vio el cambio fue en la posición frente al proyecto de ley del patrimonio sumergido.

De las objeciones de antaño se pasó a una defensa férrea del proyecto por parte del director y subdirector. Ya no es un tema que se consulta con el equipo interno de la entidad.

“Los actuales directores están a favor de la ley porque fueron nombrados para que saliera adelante”, le dijo a la Silla Vacía una fuente que pidió el anonimato. “Pasó de ser una entidad que no se dejaba amenazar, no recibía presiones ni recibía tráfico de influencias a ser todo lo contrario, a estar totalmente cooptado”, agregó una de las fuentes cercanas al Icanh.

Las protestas por los nuevos directores no se demoraron en llegar.

En esta carta enviada por Marco Antonio Ospina Ruiz, docente-investigador y antropólogo de la Universidad del Magdalena y cuyo contenido pidió avalar Francisco Javier Aceituno, el jefe del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, se lee lo siguiente: “lo que más me causa indignación y tristeza es la posición beneplácita de ustedes (Sanabria y Montenegro) frente a este proyecto, véase al respecto por ejemplo la declaración del señor Montenegro del día 7 de noviembre y publicada en el portal del Ministerio de Cultura (…) Durante más de 15 años creí en los buenos oficios del Instituto, consideré que el Instituto representaba en realidad las preocupaciones de la comunidad académica, pensé que cumplirían a cabalidad su mandato constitucional de hacer cumplir las leyes y decretos relativos a la protección del patrimonio arqueológico de la nación, hoy debo decir con tristeza que estaba engañado. Señores Montenegro y Sanabria, de la misma forma que el instituto nos pide cumplir al pie de la letra las leyes y decretos relativos al patrimonio arqueológico de la nación, así mismo como ciudadano colombiano y como profesional antropólogo los convido a que cumplan con su labor y mandato constitucional, ustedes no pueden escapar a este mandato”.

La Silla intentó varias veces hablar con Montenegro y Sanabria. No se pronunciaron sino a través de su secretaria, quien dijo que la única persona autorizada para hablar de la ley era la ministra de Cultura, lo que ya da una idea de su nivel de autonomía.

La ministra está en Brasil y no pudo hablar. Sin embargo, cuando el proyecto fue presentado, ella le explicó a La Silla lo que ha dicho públicamente en varias oportunidades.

Uno de sus argumentos más fuertes es que Colombia necesita una legislación sobre patrimonio cultural sumergido para que estos temas no se sigan resolviendo exclusivamente en los tribunales internacionales. El antecedente más sonado es el pleito con la empresa exploradora Sea Search Armada (SSA) en relación con el galeón San José, hallado en costas de Cartagena en los años ochenta. Un tribunal estadounidense desestimó la demanda en la que la SSA le pedía a Colombia 17.000 millones de dólares, por no reconocerle derechos sobre la mitad del tesoro del galeón.

“El caso y el fallo ponen en evidencia la necesidad de reglamentar todo lo relacionado con el patrimonio cultural sumergido. Esperamos que el Congreso de la República, en su leal saber y entender, apruebe el proyecto que radicamos a principios de octubre, para que se prevengan futuras situaciones similares”, dijo la ministra cuando presentó el proyecto. Garcés explicó las excepciones y las negociaciones que se harán si llegase a aprobarse la ley. Habrá una Comisión de Patrimonio Cultural Sumergido que determinará qué es, qué no y qué se hace.

En el debate ante el Congreso, Montenegro también ha sido activo. Cuando se votó en Cámara en diciembre pasado, defendió la postura del Ministerio de la Cultura con el argumento que “indudablemente la naturaleza de los objetos sumergidos es diferente a los objetos que están en tierra, por su inaccesibilidad. Si hay un objeto a más de 200 metros bajo el mar, humanamente no se puede llegar a él, es necesaria la mediación de la tecnología”.

Por esta razón, explicó, el proyecto pretende viabilizar la asociación del Estado con inversionistas privados o con instancias nacionales e internacionales, para emprender proyectos de exploración y rescate de naufragios y otros tipos de yacimientos arqueológicos sumergidos.

Las consecuencias

Los argumentos de Garcés y de los directivos del Icahn no han logrado convencer a los arqueólogos y antropólogos nacionales  extranjeros que se oponen al proyecto y en el camino, la reputación del Icahn ha sufrido.

Para el presidente de la Sociedad Colombiana de Arqueología, Enrique Bautista, el boom minero del actual gobierno hizo que de alguna manera el Icanh se politizara. 

“Hay una crisis de fondo en la arqueología por el tema de la minería. Para algunos arqueólogos la minería es una promesa de trabajo, de dinero. Para otros es un problema político”.

La acusación es grave pues el Icanh tiene una responsabilidad muy grande en el tema minero actualmente y en los años por venir.

En todo proyecto donde haya una remoción de tierra o se toque el subsuelo -minería, hidrocarburos, oleoductos, tendidos eléctricos- tiene que haber un concepto previo del Icanh para descartar que haya
evidencia arqueológica en el lugar. Sin ese estudio, que se llama el programa de arqueología preventiva, no se puede recibir una licencia ambiental.

Ese programa contempla tres fases. En una primera fase, la compañía debe pagar a una consultora ambiental para que haga un diagnóstico sobre si hay potencial arqueológico. A la hora de hacer la obra o el proyecto, se debe hacer una prospección arqueológica. Y en caso de que se encuentre algo, se llama a una universidad o al mismo Icanh para que haga el rescate.

Por eso, que a raíz de este proyecto de ley, pese ahora sobre el Icanh la sospecha de que ha sido “alineado” por el Gobierno y que sus conceptos ya no siguen solo el concepto académico estrictamente arqueológico tiene implicaciones que van más allá del patrimonio sumergido.

Esta historia fue realizada por Alejandra de Vengoechea, periodista free lance para La Silla Vacía