Una de las mayores promesas del presidente Juan Manuel Santos para este 2013 es que la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado entrará en su fase de ejecución, pero para que su meta se pueda cumplir tendrá que garantizar la seguridad de quienes regresan a sus predios.

Conscientes de que éste es uno de los mayores obstáculos para la restitución de tierras, dos de las organizaciones de víctimas más reconocidas del país -la Fundación Forjando Futuros y la Asociación Tierra y Vida- han propuesto al Gobierno que decrete una restricción al porte y la tenencia de armas, aún con salvoconducto, en las regiones donde comenzarán a emitirse sentencias de restitución.

Aunque este tipo de medidas nunca se han tomado en zonas rurales, las dos organizaciones que han liderado los esfuerzos de los reclamantes de tierras en el Urabá antioqueño -y que fueron galardonadas con el XIV Premio Nacional de Paz en noviembre- creen que podría tener efectos concretos en la seguridad de las regiones piloto para la restitución.

“Los mecanismos de protección a las víctimas adoptados hasta ahora son individuales y son incompletos. Nosotros creemos que se necesita una política de protección más integral y que una prohibición al porte de armas en las doce zonas microfocalizadas por el Gobierno para hacer restitución iría en esa dirección preventiva”, le dijo a La Silla Gerardo Vega, el fundador de Forjando Futuros y antiguo militante del EPL que se ha dedicado al tema de tierras desde su desmovilización en 1991.

Las amenazas contra los reclamantes de tierras son uno de los principales obstáculos para la restitución, según Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. Foto: Juan Pablo Pino

Francisco José Lloreda, el Alto Comisionado para la Seguridad Ciudadana, se encuentra trabajando en un proyecto de ley de prohibición del porte de armas a nivel nacional.

Para Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros, es necesario restringir el uso de armas en las doce regiones piloto para la restitución. Foto: Juan Pablo Pino

La líder de víctimas Carmen Palencia, de Tierra y Vida, insiste en la necesidad de medidas de protección colectivas y no sólo individuales. Foto: Juan Pablo Pino

La prohibición de uso de armas en Atlántico, bajo órdenes del ex gobernador Eduardo Verano de la Rosa, ha sido una de las pocas experiencias en zonas rurales.

Carmen Palencia, quien dirige Tierra y Vida, y Vega proponen que el Estado sea el único responsable del monopolio del uso de las armas en las doce regiones macrofocalizadas por la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura, que comprenden 143 municipios. Pero también podría plantearse, en primera instancia, en los 20 municipios donde se prevé que comience la devolución de predios.

La seguridad en las zonas piloto

Para Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, cualquier propuesta que contribuya a generar mejores condiciones de seguridad tanto para los reclamantes como para los funcionarios y jueces de restitución es bienvenida.

La Unidad ha identificado precisamente las amenazas contra los reclamantes como uno de los mayores obstáculos a su trabajo, junto con la debilidad en el sistema de información sobre tierras, la presencia de minas antipersonal, la informalidad en la tenencia de la tierra y la necesidad de incentivos y proyectos productivos que hagan viable el retorno.

“La propuesta es buena, aunque implica tener un control territorial muy fuerte y la mayoría de zonas con altos índices de despojo son aquellas regiones donde no había control por parte del Estado. Pero no es una idea descabellada: puede funcionar muy bien en aquellas zonas donde ya se logró un mayor control y donde quienes tienen los predios despojados son actores grises”, le dijo a La Silla Sabogal.

Según la Unidad, una de las modalidades más comunes de intimidación a los reclamantes de tierras es la exhibición de armas de fuego o los disparos al aire, un modus operandi muy efectivo porque genera temor entre las personas que los rodean.

“Cualquier intimidación a una víctima genera un efecto de dominó, dificultando la labor de la Unidad en las zonas donde trabajamos o pretendemos trabajar”, señala Danny Usma, quien lidera el equipo de prevención, protección y seguridad de la Unidad.

Los peros

La propuesta de Vega y Palencia genera reacciones favorables, pues el amedrentamiento de las bandas criminales y las amenazas tienen a las víctimas atemorizadas, como lo contó la líder Rosa Amelia Hernández en otra historia. Pero la realidad es que las personas familiarizadas con la restricción al porte y la tenencia de armas le ven aún varias dificultades prácticas.

En primer lugar, la dificultad de hacer efectiva la medida en zonas donde la presencia estatal es baja. Segundo, la necesidad de implementar medidas de control para garantizar que no sea letra muerta. Y finalmente, la ausencia de experiencias similares en zonas rurales.

“El tema es la aplicación efectiva para verificar que ningún ciudadano porta armas. Si aún en las ciudades -donde hay presencia y operatividad policial- es difícil impulsar el cumplimiento de la norma, ¿cómo será en regiones donde no hay una presencia real del Estado?”, le dijo a La Silla Hugo Acero, quien fue el encargado del tema de seguridad durante las alcaldías de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa en Bogotá y uno de los pioneros en el tema de restricción de armas.

Este mapa de la Unidad de Restitución de Tierras muestra las 12 zonas piloto para la restitución (verde) y los municipios donde se encuentran (amarillo).

Para Acero, la experiencia de Bogotá demostró que la restricción sí disminuyó el porcentaje de homicidios con armas de fuego, pero fue un resultado logrado en conjunción con otras medidas como la hora zanahoria y una mayor presencia policial en las calles. En el caso bogotano, cuando se restringió en 1994 el porte durante los fines de semana, los homicidios con armas de fuego disminuyeron en un 10,5 por ciento frente a 1993 y otro 5,6 por ciento en 1995 frente al año anterior. Cuando se levantó la restricción, entre abril y noviembre de 1996, los casos de homicidio aumentaron en un 5,49 por ciento.

“En este caso, la restricción debería ir acompañada de una mayor presencia de las instituciones legítimamente constituidas no sólo del Estado, sino también por colegios y centros de salud”, señala Acero.

Durante las últimas dos décadas, un número de ciudades y regiones colombianas han propuesto la restricción con resultados disímiles. Por ejemplo, en Bogotá la propuesta de Petro ha mostrado buenos resultados.

La mayor diferencia entre las diversas experiencias radicaría, según los expertos en seguridad, en si se trató de una política integral y en si existió una evaluación transparente de su eficacia.

“La normatividad para el registro de armas en Colombia es muy estricta, de modo que el problema que tenemos no es de medidas administrativas. Es de cómo las aplicamos y cómo evaluamos que tuvieron los efectos esperados”, le dijo a La Silla María Victoria Llorente, una investigadora en temas de seguridad que dirige la Fundación Ideas para la Paz. "¿Cuál es la estrategia para acompañar la medida? ¿Dónde y qué tipo de control vamos a ejercer? ¿Cómo trabajamos en paralelo para restringir los mercados ilegales de armas?"

Hay además, según Llorente, un problema grave con la disponibilidad de la información, que impide un verdadero control ciudadano. “No hay tema más oscuro en seguridad en Colombia que las armas. Los registros de tenencia o de porte de armas no son públicos y es imposible averiguar siquiera la estadística de cuántas armas hay registradas. Se trata verdaderamente del reino de los velos”, dice.

También es una realidad que la mayoría de las iniciativas de restricción de armas se han realizado en zonas urbanas. Y cuando se ha tratado de medidas departamentales, como ha sucedido en Atlántico durante el mandato de Eduardo Verano de la Rosa o en Antioquia bajo Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, el énfasis siempre ha recaído en las cabeceras municipales.

Pero eso no significaría necesariamente que estaría condenado al fracaso, opina Jorge Restrepo, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). “Creo que puede ser eficaz. Si bien la restricción al porte y tenencia no es un mecanismo de control efectivo del territorio, sí puede contribuir para mejorarlo ya que permite identificar quién tiene las armas”, le dijo a La Silla Restrepo.

Para Restrepo las restricciones en el porte de armas no sólo han sido efectivas en reducir la inseguridad, sino que facilitan la labor de vigilancia policial y abaratan los costos operativos de la Fuerza Pública. “En un entorno rural, dada la menor concentración de población, podría resultar incluso más económico que en zonas urbanas”, señala, siempre y cuando se le sume a otras iniciativas como los controles periódicos o “empadronamientos” que realiza en España la Guardia Civil a todos los ciudadanos que cuentan con armas registradas.

Gerardo Vega insiste en que el debate debe ser más amplio y debe girar en torno a que las medidas deben tomarse pensando precisamente en las regiones donde ocurrió el despojo. “La Ley de restitución de tierras no está hecha para ser aplicada en La Calera, sino en aquellos territorios donde se ha presentado esta conducta delictiva. No podemos quedarnos en decir que Urabá es muy complicado y que allá no se puede aplicar. Las medidas hay que aplicarlas en esos territorios”, dice.

Y aunque La Silla no pudo establecer si el Gobierno está dispuesto a considerar la propuesta de los líderes de víctimas, supo que la Comisión de Alto Nivel para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana de Santos -en cabeza de Francisco José Lloreda- y el Ministerio de Defensa están trabajando actualmente en la elaboración de un proyecto de ley para restringir el porte de armas en todo el país. Por lo que, en principio, no debería oponerse a apoyar una medida que busca mitigar el riesgo de quienes buscar regresar a las tierras que les fueron despojadas.