La Guajira, donde aspiraron una decena de líderes, fue uno de los departamentos donde más le picó el bicho de la política al movimiento de víctimas. Sin embargo, ninguno quedó.

La figura más visible era Telemina Barros Fince, líder wayúu y sobreviviente de la masacre paramilitar de Bahía Portete, que sacó 418 votos al concejo de Uribia. Eso la dejó en el cuarto lugar de la lista de la ASI, que sacó dos curules.

Barros es una de las lideresas de Bahía Portete, una ranchería de la Alta Guajira donde vivían unos 600 indígenas wayúu hasta el 18 de abril de 2004 que un grupo de paramilitares enviados por ‘Jorge 40' llegó -lista en mano- comenzó a buscar a las mujeres líderes más conocidas. Ese día, cuando ella tenía 19 años, los paras asesinaron a dos de sus familiares que se oponían a una alianza entre la comunidad y los grupos paras en la zona: su tía Margoth Fince Epinayú, de 70 años y una de las fundadoras de la Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales (Akotchikrrawa), y su prima Rosa Fince Uriana. Después de eso la comunidad estuvo desplazada casi una década en Riohacha y en el puerto venezolano de Maracaibo.

Desde ese momento, Bahía Portete se convirtió en una de las masacres más emblemáticas de los paras por su ensañamiento con las mujeres líderes, tema que estudió el informe del Centro de Memoria Histórica. Sus actuales líderes, Telemina y su hermana Débora, fundaron la organización de mujeres Tejiendo la Paz (Wayuumunsurat) y se han convertido en referentes en el aterrizaje de la Ley de Víctimas para indígenas: la primera de ellas en la mesa departamental y la segunda en la nacional y en el primer grupo de víctimas que viajaron a La Habana.

En el municipio de Barrancas, el líder de desplazados Esneider Pinto estuvo cerca de lograr una curul al concejo con el Polo, pero sus 210 votos se quedaron cortos por 33 de la única curul que logró ese partido.

A los demás les fue menos bien. En Riohacha había dos candidatos al concejo: el líder de víctimas afro Leonardo Ochoa sacó 606 votos con la ASI (siendo doblado por el concejal electo de ese partido) y Roberto Acevedo, que fue presidente de la Asociación de desplazados de La Guajira, sacó solo 32 votos en la lista de la Unión Patriótica. Otros dos candidatos sacaron 60 votos y quedaron lejos de sus concejos: José Polo, el representante de las víctimas Lgbti en la mesa departamental, en Albania con Opción Ciudadana y Hugo Oñate, el líder de los adultos mayores víctimas, en Villanueva con el uribismo.

En Magdalena, el cuarto departamento con mayor número de víctimas, una conocida líder sacó una de las votaciones más altas de su municipio.

Se trata de Yojaira Carrascal, que llegó al concejo de Aracataca con 624 votos y Cambio Radical, la segunda votación más grande allí y equivalente al 4% de todos los votos.

A ese municipio bananero llegó ella desplazada desde Sahagún (Córdoba) -cuando su tío fue asesinado- y de allí tuvo que salir huyendo de nuevo durante la arremetida de los paras. Regresó en 2005 a su vereda y fundó, con la ayuda de la Cruz Roja, una organización con 160 familias.

“Hoy somos 678 familias en doce veredas cercanas, dispersas en ese sector rural pero organizadas en una especie de círculo en el que si cualquier persona extraña entra las casas que están en el perímetro suenan el campanazo y así nos alertamos. Y hemos logrado pasar de ser una comunidad con mucho abuso sexual, con letreros decretándole la muerte a los sapos, a una comunidad unida y solidaria”, le contó ella a La Silla su lucha en 2013, cuando fue elegida representante del Magdalena en la Mesa Nacional de Víctimas. Ese trabajo la llevó a ser finalista de Titanes Caracol, el concurso que organizó hace un año Caracol para resaltar el trabajo social de líderes en el país.

Con 355 mil víctimas, Cesar es el sexto departamento con mayor número de víctimas. Un porcentaje muy alto de ellas son indígenas de la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, que estuvieron cerca de poner concejal en Valledupar pero se quedaron cortos.

Se trata de Pedro Loperena, el representante de derechos humanos de los wiwa y uno de los líderes indígenas más activos de la Sierra, que sacó 1020 votos y la segunda votación del partido indígena Mais. Al Mais su votación le alcanza solo para una curul, por lo que Loperena se quedó corto por unos 400 votos.

Él fue uno de los sobrevivientes de la masacre paramilitar de El Limón, un poco documentado ataque del bloque Resistencia Tayrona en el que ocho personas fueron asesinados tres de sus familiares. Desde entonces se ha convertido en uno de los líderes más activos de los wiwa: defensor de sus derechos humanos desde la Casa Indígena en Valledupar y -como parte del consejo territorial de cabildos que reúne a los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo- ha sido parte de los procesos de consulta previa de proyectos regionales como Los Ciruelos, Puerto Brisas y la desviación del río Ranchería.

En Atlántico, donde hay 209 mil víctimas, los tres líderes quedaron lejos de las curules a las que aspiraron con los liberales.

Leslie Orozco, una líder de víctimas de violencia sexual que estuvo en la Mesa Nacional de Víctimas y una de las tres líderes de víctimas -junto con Martha Díaz y Yesenia Pérez- que fueron declaradas objetivos militares por Los Rastrojos por su activismo, sacó 759 votos y quedó lejos de una de las cinco curules que sacaron los rojos al Concejo de Barranquilla.

Robert Roa, un líder de restitución que viene de la organización Tierra y Vida que lidera Carmen Palencia, sacó 800 votos a la Asamblea y no le alcanzó para una de las dos curules que logró ese partido. Y Gloria Alzate, una líder de desplazados que está en la mesa departamental, sacó 24 votos en su intento por llegar al concejo de Candelaria.

Bolívar, donde uno de cada cinco habitantes es víctima (para un total de 436 mil), y en particular la sufrida región de los Montes de María fue uno de los lugares donde más líderes conocidos se lanzaron. Sin embargo, ninguno llegó.

La más conocida era Mayerlis Angarita, que lidera la organización de 840 mujeres llamada Mujeres Narrar para vivir que le ha apostado a los relatos orales para reconstruir sus historias y que estuvo este año en La Habana conversando con la subcomisión de género del proceso de paz, quedó tercera en la contienda por la alcaldía de San Juan Nepomuceno.

Con 1544 votos, Angarita sacó el 8 por ciento de los electores avalada por la ASI y quedó lejos de Benito José Acosta de Cambio Radical, que ganó con el 46 por ciento y que también derrotó cómodamente a Edgar Sarabia (el candidato del grupo del ex senador condenado por corrupción Juan José García Romero, que le quitó el aval liberal que Angarita había pedido inicialmente).

Su participación en las elecciones dejó una voz de alarma. Como contó La Silla, Angarita fue víctima de un atentado en plena campaña, después de que su organización revelara varias amenazas e intimidaciones desde que las mujeres de Narrar resolvieron llegar a las urnas en varios municipios de Montes.

Edgardo Flórez, un histórico líder de la Unión Patriótica, sacó 128 votos al concejo del Carmen de Bolívar y quedó lejos de la curul solitaria que allí logró el partido indígena Mais.

Este intento electoral era para él un intento por volver a intentar lo que no pudo hacer hace dos décadas. Como le contó a La Silla cuando fue elegido a la Mesa Nacional de Víctimas por Bolívar, “Fui amenazado en 1991 por las AUC. En aquel momento era el último candidato al concejo de Carmen de Bolívar que hacía parte de la UP. Tuve que retirarme de todas las organizaciones con las que trabajaba en ese momento. En el 2000 cuando llegaron los paracos reales me amenazaron. Me dijeron que no podía quedar gente que hubiera pertenecido a la UP. Tuve que salir de Carmen de Bolívar. Me fui para Cartagena donde me recibió el padre Rafael Castillo y a él le ayudé a montar la Pastoral Social, que creo que fue la primera que hubo en la región. Estuve en Cartagena hasta el 2008, cuando decidí regresar a Carmen de Bolívar porque quería recuperar el tiempo que había perdido, de ver crecer a mis hijos y reconstruir mi vida”.

Los dos candidatos que aspiraron a la Asamblea de Bolívar tampoco llegaron. Luis Alfredo Vásquez, un conocido líder de restitución de tierras de Montes de María y hasta hace poco tesorero de la organización de reclamantes Tierra y Vida, sacó 952 votos con el Polo Democrático después de que el Partido Liberal -que apadrinó la Ley de Víctimas y hace un año decidió incentivar a las víctimas a lanzarse a la política- le negara el aval para ser candidato. Y Amparo Toloza, una líder del sur de Bolívar, sacó 881 votos con la ASI. Ninguno de los dos partidos logró una curul.

Finalmente, Diana Mata -integrante de la mesa departamental de víctimas- sacó 73 votos como candidata verde al concejo de Villanueva, lejos de las dos curules que sacó su partido.

Ellos de todos modos sienten la necesidad de llegar a esos espacios. Como dice Vásquez, “las víctimas nos hemos dado cuenta hace muchos años que únicamente se hace la diferencia cuando estamos en los espacios de toma de decisiones. Pero, para eso, necesitamos que nos visibilicen y que nos blinden”.

En Córdoba, donde hay 299 mil víctimas (o uno de cada seis habitantes), se quemaron los tres líderes de la mesa departamental de víctimas que aspiraron.

El más conocido era Gustavo Copete, un líder de desplazados que sacó 483 votos al concejo de Montería y quedó cuarto en una lista del Polo Democrático que no logró curules.

A la capital cordobesa llegó hace dos décadas, cuando salió desplazado de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, porque a su mamá -que era concejal de la Unión Patriótica- la amenazaron los paramilitares. Allí trabaja hoy con los desplazados hace diez años, desde su fundación Nueva Vida.

Yesenia Vergara sacó 189 votos con Cambio Radical pero no logró una curul en el concejo de Valencia, un municipio donde el nivel de riesgo de los líderes es tan alto que -como ha contado La Silla- han asesinado a tres en los últimos dos años y fue uno de los últimos en el país en tener mesa municipal de víctimas. Y Reginaldo Correa sacó 62 votos al concejo de San Andrés de Sotavento por los liberales.

En Antioquia, el departamento donde están una de cada cinco víctimas del país, no tuvo éxito ninguno de los tres líderes que se lanzaron.

Alicia Ramos, una líder de restitución de tierras del Urabá que inicialmente tenía la intención de aspirar a la alcaldía de Necoclí pero que no consiguió el aval, sacó 68 votos al concejo de ese municipio con La U y lejos de las dos curules de su partido.

Ella es una de las que más defiende la participación política de las víctimas. “Habiendo un proceso de paz, ¿qué mejor que tener víctimas en los concejos y las alcaldías? Nosotros no solo tenemos compromiso con las víctimas, que a la mayoría de los alcaldes no les importan, sino que queremos trabajar en el posconflicto y con los desmovilizados de las Farc”, decía Ramos, que desde hace cuatro años es la líder en el Urabá antioqueño de Tierra y Vida, una asociación que reúne a unos 10 mil campesinos reclamantes de tierras despojadas y que ganó el Premio Nacional de Paz en 2011.

Ramos inicialmente quería aspirar por el Partido Liberal, que apadrinó la Ley de Víctimas y hace un año decidió incentivar a las víctimas a lanzarse a la política, pero -como contó La Silla- los dos congresistas rojos fuertes en la zona se opusieron a que recibiera el aval. (De hecho, el político local que sí lo recibió -Jaime López Pacheco- ganó cómodamente la alcaldía).

Yolanda Perea, una de las líderes más visibles de las víctimas de violencia sexual en Colombia, sacó 1317 votos a la Asamblea con el partido indígena Mais, aunque no le alcanzó a su partido para lograr curules.

Ella es conocida por su trabajo con las víctimas de violencia sexual, en representación de quienes llegó a la Mesa Nacional de Víctimas en 2013. Esa trayectoria tiene mucho que ver con su historia personal, ya que cuando tenía solo 11 años fue víctima de una agresión sexual en su casa en Riosucio (Chocó). Quedó embarazada pero su agresor y otros compañeros le dieron una paliza que le ocasionó la pérdida del bebé. Cuando su madre fue a reclamarles por la nueva agresión, la asesinaron y poco después Perea salió desplazada del Chocó.

También se lanzó Birleyda Ballesteros, una líder que está en la mesa departamental y que sacó 247 votos al concejo de Apartadó con La U, lejos de las tres curules de su partido allí.

En Santander, donde viven 240 mil víctimas, ninguno de los tres candidatos líderes en el tarjetón logró una curul.

Miguel de la Vega, que fue el coordinador de la mesa departamental de víctimas, sacó 4986 votos como cabeza de la lista cerrada de la Unión Patriótica a la Asamblea, un caudal electoral que no les alcanzó para una curul.

En el Carmen de Chucurí se lanzó Edgar Moreno, un líder de víctimas de minas antipersonal y ciclista paralímpico que ha representado a Colombia a nivel internacional y que trabajó en el observatorio de minas de la Vicepresidencia cuando estaba bajo el ala de Pacho Santos. Sus 99 votos, sin embargo, lo dejaron lejos de una de las curules de La U en el concejo.

Finalmente, Jorge Marín sacó 720 votos -y el cuarto puesto- con el partido indígena Mais en su intento por ser alcalde de Charalá por segunda vez quien, tras haber salido del país por amenazas y vivir 10 años exiliado en Canadá.

Él ya había sido elegido en 2001, al mismo tiempo que llegaron los paramilitares a la zona. Pero, como le contó a La Silla, “a los cuatro meses de haberme posesionado aparecen amenazas de los paramilitares del Frente Comunero Cacique Guanantá del Bloque Central Bolívar, porque querían coparticipación de los recursos del municipio. Vinieron las amenazas y me convirtieron en objetivo militar y luego me secuestraron en 2002 y en 2003”. Así que en 2004 dejó el municipio para refugiarse en Canadá, donde trabajó temas de derechos humanos junto a otros alcaldes que también tuvieron que dejar el país.

Boyacá, uno de los departamentos con menor número de víctimas en el país ( 36 mil personas registradas) tuvo a dos líderes aspirando sin éxito.

El más conocido era Edwin García, un líder de la mesa departamental de víctimas que sacó 237 votos como candidato verde al concejo de Sogamoso.

Él es víctima desde que su papá Hernando García fue asesinado por el frente 28 de las Farc, cuando trabajaba en una vereda de Socotá como electrificador de la Ebsa en 1997. Y es uno de los que más defiende el empoderamiento político de las víctimas. Como le contó a La Silla, “yo soy un hijo de la Ley de Víctimas. Me invitaron a un taller cuando salió la [ley] 1448 y ahí empecé mi asociación Nueva Esperanza. Nos fuimos empapando, porque a uno le toca ser juicioso con la lectura y la interpretación de las leyes para que le pongan cuidado. Casi que nos hemos vuelto abogados, porque es a punta de derechos de petición que hemos sacado adelante los proyectos productivos y los registros [de víctimas]”.

Temilda Fernández, una lideresa oriunda de San Luis de Gaceno que está en la mesa departamental, sacó 1849 votos como candidata conservadora a la Asamblea y quedó lejos de una curul. Su consuelo: con 215 votos, fue la segunda candidata más votada de todos en su municipio natal.

Aunque Bogotá tiene un número bajo de víctimas propias (apenas 22 mil), es la ciudad que agrupa un mayor número de ellas: 628 mil, que equivalen al 8 por ciento de sus habitantes. Y de los dos candidatos al Concejo que buscan representarlas, una de ellas está en el limbo electoral todavía.

Se trata de Aída Avella, la ex concejal y fórmula vicepresidencial de Clara López hace un año que se lanzó como cabeza de lista en Bogotá de la resucitada Unión Patriótica y que fue una de las víctimas que viajó a La Habana el año pasado para reunirse con los equipos negociadores de la paz.

La lista de la UP tiene, según el preconteo de la Registraduría, 35.106 votos que no le alcanzan para superar el umbral y aspirar a una de las 45 curules en el Concejo bogotano. Pero ellos están argumentando que hubo problemas en el conteo de votos al partido y que la cifra sería mayor, algo que -de resultar cierto- los tendría peleando una última curul con el movimiento cristiano Libres.

Esa curul sería para Avella, una veterana líder sindical que fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente con la UP y dos veces concejal de Bogotá, hasta que abandonó el país cuando le hicieron un atentado con una bazuca en la Autopista norte, poco después de asumir la presidencia del partido cuando fue asesinado Bernardo Jaramillo Ossa. Volvió al país en 2013 después de que el Consejo de Estado le devolviera la personería jurídica a la UP y, tras ser brevemente candidata presidencial de ese partido, terminó convirtiéndose en la fórmula de Clara López y sacando la segunda votación en Bogotá en la primera vuelta con 500.603 votos.

Por debajo de Avella, en el tercer renglón de la lista cerrada y sin opciones de llegar, está otro líder de víctimas: Alfonso Castillo, un historiador que estuvo en la mesa nacional de víctimas como representante de las víctimas de actos terroristas.

Él salió de su natal Cali hace dos décadas, huyendo de la feroz campaña contra el partido que surgió de las fallidas negociaciones entre las Farc y el Gobierno durante los años ochenta, en la que fueron silenciados Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Manuel Cepeda Vargas y otros tres mil militantes. En Bogotá, se convirtió en líder de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas) y del Movice, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado.

Chocó, un departamento en donde viven 221 mil víctimas (uno de cada dos habitantes), tendrá un líder de víctimas concejal.

Se trata de Fray David Sánchez, un líder de víctimas afro que está en la mesa departamental de víctimas y que -con 143 votos- fue la tercera mayor votación de su municipio del Medio San Juan.

Ese número le asegura una curul con la ASI en el concejo de ese municipio, del que tuvo que huir en 2004 cuando toda su vereda de San Miguel salió hacia Armenia en uno de los muchos episodios de desplazamiento masivo que vio esa zona del centro del Chocó.

Regresó en 2007 en uno de tantos retornos no acompañados de víctimas, pero un año después su hermano -el ex concejal Alexis Sánchez- fue asesinado y tuvo que salir nuevamente. Pero, como le contó a La Silla, “decidí que no me iba del Chocó, sino que me iba a quedar luchando por la comunidad y por nuestro territorio. Me vi obligado a retomar el trabajo que mi hermano llevaba y por eso me lancé”. Él será ahora uno de los once concejales en un municipio donde uno de cada dos habitantes son víctimas.

En Caldas, donde hay 100 mil víctimas (o uno de cada diez habitantes), aspiró sin éxito un candidato: Alberto José Ospina, que -con 1185 votos- sacó la segunda votación verde a la Asamblea pero se quedó sin una curul.

Su historia de vida es, como contó La Silla, un microcosmos de la guerra en el país. El frente noveno de las Farc asesinó a su papá en Marquetalia en 1983 y él fue desplazado de Samaná luego de que este mismo frente lo amenazara dos décadas después, en 2002. Dos años después, cuando llegó a La Dorada, las Autodefensas lo secuestraron -en sus palabras- “de las diez de la mañana hasta por la tarde, aunque para mí fueron como días” por haber denunciado ante el personero municipal el mal uso que le estaban dando a los mercados de las familias desplazadas y en marzo de este año dos hombres armados dejaron un pasquín en la puerta de su casa, sede de la Asociación de Familias Desplazadas de Caldas (Asofades).

En 2006, junto a otras familias desplazadas, creó Asofades “para que nos traten como ciudadanos de La Dorada y que nos auxilian sobre todo en el sector productivo y en la vivienda” y se lanzó a las urnas porque “no nos paran bolas, a todo dicen que sí, pero cuando van a ejecutar, colocan los montos que ellos quieren y no nos consultan”.

En Risaralda, donde hay 100 mil víctimas, estuvo de candidato al Concejo de Pereira Johan Stiven García, un líder de víctimas Lgbti que estuvo -en representación de ellas- en la Mesa Nacional de Víctimas. Sacó 546 votos, quedando lejos de una de las cuatro curules liberales.

“Yo era líder político en Medellín, pero tuve que salir desplazado y llegué a Risaralda hace cinco años. Desde ese momento he venido acompañando y asesorando legalmente a las víctimas, sobre todo las Lgbti. Trabajo en Pereira con Construyendo Futuro para el Eje Cafetero, que reúne a 450 víctimas del departamento. Estamos tratando de que sean incluidas y reconocidas como víctimas del conflicto armado, que no seamos estigmatizados y que se reconozca que somos aún más vulnerables. Es un gran avance que por primera vez haya dos delegados Lgbti, pero queremos mostrar que nosotros podemos pensar en nombre de todas las víctimas”, le contó García a La Silla hace dos años.

Quindío, que tiene uno de los números más bajos de víctimas (55 mil) si se le compara con su población, tuvo tres líderes de víctimas en los tarjetones. Ninguno de ellos, sin embargo, salió elegido.

El más conocido era Alfonso Masso, un líder de víctimas que llegó hace 17 años desplazado a Pijao desde Briceño (en el Tolima) y que sacó 30 votos al concejo municipal por La U.

Masso, que es el secretario de la Asociación de Víctimas de Pijao (Asopijao) y fue delegado en la mesa departamental, se lanzó porque -en sus propias palabras- “esa ley salió tan linda, pero cumple tan poquito. La problemática más grave para las víctimas es la vivienda. Si se ponen a pagar arriendo no tiene que comer porque les llega 100 mil pesos cada seis meses”.

Además de él, están de candidatos dos líderes que han estado en la mesa departamental de víctimas: Álvaro Vargas (que sacó 36 votos como candidato al concejo de Génova con el partido indígena Mais) y Luz Marina Hernández (que sacó 37 votos al concejo de Salento con Cambio Radical).

El Valle, que es uno de los departamentos con mayor número de personas cobijadas por la Ley de Víctimas (438 mil), tendrá a una víctima con mucha visibilidad al frente de la ciudad donde vive el mayor porcentaje de ellas: Cali.

Esto después del palo que dio el empresario Maurice Armitage, descrito como el ‘cacao de la reconciliación’ por repartir las utilidades de su siderúrgica con sus empleados cada tres meses y que fue una de las 60 de víctimas que viajaron a La Habana a hablar con los negociadores de las Farc y el Gobierno. Armitage terminó ganando en Cali con 264 mil votos, sacándole 90 mil votos al ex congresista Roberto ‘Chontico’ Ortiz y 115 mil al ex vicepresidente Angelino Garzón.

Este caleño de 69 años -que se lanzó por firmas y con el apoyo del empresariado caleño, del grupo político del actual alcalde Rodrigo Guerrero y de varios políticos- ha sido secuestrado dos veces: la primera en 2002, cuando se lo llevó el frente 57 de las Farc y lo retuvo durante mes y medio, y la segunda en 2008, cuando delincuentes comunes se lo llevaron de su finca en Jamundí y estuvo retenido durante cuatro días. Tras descubrir que había sido su mayordomo quien ayudó a sus secuestradores, Armitage le costeó su defensa y le pagó el arriendo a su familia mientras él conseguía trabajo, por lo que su historia se ha convertido en un caso de reconciliación citado con frecuencia en los medios.

Los otros dos candidatos en el departamento se quemaron.

Neira Luz Rentería, una líder de desplazados que estuvo en la Mesa Nacional de Víctimas, sacó 48 votos al concejo de Alcalá con La U. Y Esther Loaiza, una líder de víctimas mujeres que estuvo en la mesa departamental y que ahora está en la mesa de mujeres del Valle, sacó 119 votos al concejo de Palmira con Cambio Radical.

Cauca, donde una de cada cuatro personas es víctima (para un total de 290 mil), fue el departamento donde más líderes de víctimas le apostaron a la política. Y uno de ellos será alcalde.

Se trata de Alcibiades Escué, un líder nasa que fue amenazado tanto por los paramilitares en La Guajira y por la guerrilla en el Cauca, que ganó la alcaldía de Toribío con 5399 votos con el partido indígena Mais, un millar más que su rival Silvio Valencia de La U.

Escué es un reconocido líder indígena, que ha tenido cargos directivos en la Organización Nacional Indígena de Colombia y que estuvo hace poco en el Grupo de Diálogo Minero (Gdiam) que reunió a distintos sectores de la industria para hacerle recomendaciones al Gobierno sobre cómo promover una minería más incluyente.

Debido a ese liderazgo, también ha sido victimizado. En 2004, era el gerente en temas de salud de la EPS indígena Asociación Indígena del Cauca (AIC), y ese año, uno de los clanes wayúu en La Guajira decidió afiliarse a la entidad prestadora de salud de la asociación. Pero los paramilitares de la zona amenazaron a una de las funcionarias de la Aic en La Guajira y aunque -según cuenta él- “no íbamos a aceptar tales condiciones, no se le dio ni un solo centavo, el presidente [Álvaro] Uribe me acusó de corrupción mediante una alocución televisada, diciendo que yo había pagado a funcionarios públicos de la Aic para desviarlos a los paramilitares”. Esto después de que la Fiscalía lo detuviera.

En el Cauca, cuenta Alcibíades, la guerrilla “empezó a usar los mismos términos que Uribe: que éramos paramilitares, de ultraderecha, todas esas maneras de estigmatización y señalamiento” y desde ese año, tanto él como su familia han tenido amenazas verbales y escritas. Aunque este líder nasa tiene medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2005, las amenazas llegaron a su punto más álgido en 2013, pues las Farc lo declararon como objetivo militar. Y, según él, “por mera dignidad nunca he dicho que soy víctima, digo que lo que ha pasado es producto de la descomposición social, pero me he mantenido en el territorio”.

Los otros candidatos líderes víctimas tuvieron menos suerte. John Fredy Campo, un líder de víctimas de minas antipersonal, sacó 147 votos al concejo de Caldono y se quedó a un centenar de votos de una de las tres curules que logró el Mais indígena en ese municipio. Gloria Amparo Meneses, una líder de la mesa departamental de víctimas, sacó 53 votos al concejo de Santander de Quilichao con Cambio Radical.

Y Nilson Liz, un veterano líder campesino de El Tambo que ha estado vinculado desde hace dos décadas a la histórica Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) y que fue una de las 60 víctimas que viajó a La Habana a hablar con los negociadores de las Farc y el Gobierno, era candidato al Concejo por el Polo en ese municipio pero no llegó finalmente a las urnas porque la Procuraduría lo incluyó en la lista de candidatos inhabilitados en ese departamento.

En Nariño, el quinto departamento con más víctimas (359 mil) y uno de los que más participación electoral vio de sus líderes, eligió a uno de ellos el domingo.

Se trata de Hugo Estupiñán, un líder de la mesa departamental de víctimas que sacó la segunda votación más alta al concejo de Santa Bárbara (1096 votos) con Cambio Radical y se convirtió en uno de los 11 concejales entrantes de ese municipio en el Pacífico nariñense.

Los otros tres líderes tuvieron menos suerte. Darla Cristina González, una líder de víctimas Lgbti que está en la mesa nacional de víctimas y que aspiraba a convertirse en la segunda concejal trans en todo el país, sacó 377 votos y quedó lejos de la única curul que logró la Alianza Verde al Concejo pastuso.

Como contó La Silla en un perfil suyo, Cristina se hizo líder de víctimas tras haber sido reclutada por las Farc cuando era un adolescente en el Oriente antioqueño y haberse convertido en líder de las trabajadoras sexuales en la capital nariñense. Lleva dos períodos en la mesa de víctimas nacional y este año fue una de las tres víctimas elegidas para sentarse, con el Procurador Alejandro Ordóñez, el Contralor Edgardo Maya y el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, en la comisión de las ‘ías’ que le hace seguimiento al cumplimiento de la Ley de Víctimas.

José Agustín Clevel sacó 744 votos al concejo de Tumaco y se quedó a 52 del candidato que logró la única curul de la ASI. Y Giovanni Cárdenas sacó 149 votos al concejo de Samaniego y quedó a 200 de una de las dos curules de la ASI allí.

En Arauca, donde tiene una de cada tres personas son víctimas (87 mil), dos líderes intentaron llegar a puestos públicos sin éxito.

La más conocida era Yolanda López, una líder de víctimas que ha trabajado sobre todo con el tema de violencia sexual y que sacó 168 votos al concejo de Tame en la lista liberal.

De allí tuvo que salir en 2002, cuando los paramilitares del bloque Vencedores de Arauca llegaron a su vereda a advertirles que tenían 24 horas para salir o no respondían. Tras tres años desplazada entre Bogotá y Quindío, en 2005 regresó a Tame -cuando se enteró que el bloque se iba a desmovilizar- y arrancó a trabajar con las víctimas. Como decía ella, “hay que incidir políticamente para que seamos más escuchados porque la realidad es que nos toca hacer mucha gestión para las víctimas en salud, educación y proyectos productivos. Uno tiene que empezar desde lo bajo para irse encumbrando, porque la idea es seguir subiendo”.

Y Nini Johana Cardozo, una líder de la mesa departamental de víctimas, sacó 878 votos en la lista de la ASI a la Asamblea.

Amazonas es el segundo departamento con menor número de víctimas registradas (2.247, solo superado por San Andrés), pero tuvo dos candidatos del movimiento de víctimas.

El más visible era Jaime Gómez, un líder de familias desplazadas y de la mesa departamental de víctimas que sacó 182 votos a la Asamblea por la Alianza Verde, que no le alcanzaron para una curul.

Originalmente vivía en Doncello, en Caquetá, pero hace 13 años fue desplazado a Leticia por la violencia de la guerrilla y los paramilitares, junto a sus tres hijas y su esposa. Junto con otras familias desplazadas, en 2004 creó la Asociación de Familias Desplazadas del Amazonas y luego lideró la Asociación de Familias Desplazadas Nueva Esperanza.

Y Blanca Caliz, que viene de la mesa departamental de víctimas, sacó 99 votos al concejo de Leticia con los liberales, lejos de una de las curules.

En Guainía, que tiene 9.137 víctimas (en una población aproximada de 41 mil personas), se lanzaron sin éxito dos líderes de víctimas de la mesa departamental, ambos a la Asamblea.

Diana Madelsy Rivera, una líder de deplazados que dirigió la Asociación de Desplazados del Guainía (Asdepaz), sacó 134 votos con La U.

Ella llegó a Inírida desplazada de una finca en Güerima, población del municipio de Cumaribo en Vichada. Tras organizar la Asociación de Mujeres del Guainía, integrada por madres cabeza de hogar desplazadas por la violencia y le apostó a la participación política porque, en sus palabras, “no tenemos representación en la Asamblea y necesitamos recursos para las víctimas para generar empresa privada y proyectos de vivienda de interés social”.

Además de ella, Seir Marín -líder de la mesa departamental de víctimas- sacó 16 votos con los conservadores.

En Tolima, donde viven 181 mil víctimas, hubo dos candidatos del movimiento de víctimas que intentaron sin éxito elegirse.

Luz Yaneth Aguirre, una líder de víctimas de Herveo que estuvo en la Mesa Nacional de Víctimas, estuvo cerca de llegar al concejo de su municipio: sacó 97 votos y quedó a 49 de la tercera curul de los conservadores allí. De Herveo salió ella desplazada en 2003 cuando los paramilitares asesinaron a su esposo John Jairo Alarcón y, tras regresar, viene trabajando allí con las víctimas desde que salió la Ley de Víctimas.

Como dice ella, “nosotros, desde las mesas de víctimas, nos dimos cuenta que el alcalde y los concejales no pasan proyectos para nosotros. Nos ven como un estorbo económico. Pero no se dan cuenta que nosotros podemos gestionar muchos proyectos no solo para las víctimas sino para todo el municipio. Yo misma ya conseguí dos salones comunales con la Unidad de Víctimas para el corregimiento de Padua y la vereda Mesones y ya pasé un proyecto para dotar a todas las escuelas del municipio”.

Además, Alexa Magnolia Rivera -una líder de desplazados que estuvo en la mesa departamental de víctimas- sacó 41 votos al concejo de Cajamarca con La U.

El Huila, donde uno de cada seis habitantes es víctima (182 mil), fueron tres los candidatos líderes de víctimas que no lograron elegirse.

La más conocida de ellas era Mayerli Paredes, una ex representante del Huila en la Mesa Nacional de Víctimas que sacó 56 votos en la lista de la ASI al concejo de La Plata.

Como le contó ella a La Silla hace dos años, “yo soy de Tesalia, pero vivía con mi familia en Colombia cuando hubo la masacre de 2002. Mataron a una cantidad de personas de la familia de mi esposo. Así que llegué a La Plata a empezar de cero otra vez y acá nos organizamos 33 familias y fundamos la Asociación de Desplazados con Futuro de La Plata. Y estamos trabajando para que esto deje de ser un solo dolor”.

Además, Marta Jiménez -una líder de la mesa departamental- sacó 136 votos al concejo de Algeciras con los liberales y Yolanda Durán -también integrante de la mesa en el Huila- sacó 288 votos al concejo de La Plata con La U y quedó -por un centenar de votos- cuarta en una lista que saca tres curules.