¿Por qué está restringida la participación de las víctimas en el Tribunal de Paz?

Garzón se refiere al hecho de que las víctimas no tienen un espacio en la jurisdicción especial, como sí lo tuvieron en las audiencias de justicia y paz que juzgaron a los paramilitares. Aunque pueden participar en la primera etapa de la que se encarga la Sala de Reconocimiento al recibir información de varias fuentes (incluyendo las víctimas) y emitir informes de los casos y conductas más representativos, solo lo pueden hacer a través de organizaciones. También pueden vetar las sanciones que consistan en acciones restaurativas como construir escuelas, pero eso solo lo harán a través de representantes. Y en ninguna otra parte del proceso pueden intervenir.

¿Por qué es opcional hacer público el proceso en el Tribunal de Paz solo cuando la sala de reconocimiento lo permita y no se garantiza el principio básico de la publicidad de los juicios?

Un principio básico de la justicia es la publicidad de los juicios. Es decir, que en cambio de hacerse a puerta cerrada, los ciudadanos se puedan enterar de la acusación y la defensa del procesado. En la nueva jurisdicción de paz no quedó garantizada la publicidad, en gran parte porque las Farc se resistían a someterse a la humillación de un juicio espectáculo. Será la Sala de Reconocimiento la que decida en cada caso si hace público lo que suceda en sus audiencias.

¿Por qué está encapsulada la justicia especializada de paz y aislada del resto de la justicia colombiana? ¿Qué va a pasar si una víctima pone una tutela o una demanda de inconstitucionalidad contra una sentencia del Tribunal de Paz?

El Acuerdo de Justicia determinó que la Jurisdicción de paz será la última palabra en lo que tiene que ver con los crímenes más graves cometidos por la guerrilla y los agentes del Estado. Precisamente lo hizo para darle una estabilidad al Acuerdo de paz y evitar que en el futuro un juez o una Corte reabra los procesos. Pero como dice el juez Garzón, no es claro qué sucederá si una víctima insatisfecha con la decisión del Tribunal de Paz o de la Sala de reconocimiento acude a la Corte Constitucional via tutela para que le protejan su derecho a la justicia. O si esta justicia esta totalmente por encima de la Corte encargada de garantizar que la Constitución se aplique.

¿Qué pasa cuando el condenado no cumpla con la pena restaurativa que le impongan?

El Acuerdo establece que la Sala de primera instancia del Tribunal de Paz, que es la que impone la sanción, también determinará si el sancionado la ejecutó de manera efectiva. Pero no define qué ocurre si encuentra que no cumplió.

Al haber sacado a los ex presidentes de la jurisdicción de paz ¿quedan expuestos a la jurisdicción penal internacional y a la jurisdicción universal?

Después del escándalo que provocó que el fiscal Eduardo Montealegre dijera que los ex presidentes sí podrían ser juzgados por el Tribunal de paz porque se entendió que hablaba de Álvaro Uribe, los juristas que negociaron el Acuerdo de Justicia dejaron explícito que los ex presidentes mantendrían su fuero especial y no podrían ser requeridos por el Tribunal.

Lo que dice Garzón es que en su intento por protegerlos internamente, los dejaron expuestos a la justicia penal internacional y a la justicia universal. Si en la Comisión de la Verdad los militares comienzan a decir que recibieron órdenes del Presidente para cometer una atrocidad y la Comisión de Acusaciones es tan inoperante como lo ha sido hasta ahora, con esa información un juez internacional podría abrirle un proceso a un ex mandatario.

¿El concepto de responsabilidad por el mando está dirigido a que haya una responsabilidad integral hacia arriba o a impedirlo?

El punto de Garzón es que la forma en la que el Acuerdo de Justicia define cuando fue responsable un mando de un hecho cometido por un subordinado, puede terminar exculpando a todas las cabezas. Eso, porque el Acuerdo dice que esa responsabilidad depende de varias cosas, que el Tribunal podría entender como condiciones necesarias para que sean responsables los mandos: que haya habido control efectivo de la conducta, conocimiento basado en información antes, durante y después de cometida, y los medios que tuviera el comandante para prevenir los hechos o investigarlos después.

Efectivamente, eso refleja que la guerrilla se opuso a que toda la responsabilidad se concentrará en sus máximos responsables, como quería el Alto Comisionado Sergio Jaramillo, para que el resultado de la Jurisdicción no sea que los miembros del secretariado sean los únicos responsables, sino que eventualmente sean unos de centenares de guerrilleros sancionados. Y algo parecido ocurría en el Estado, en el que no solo era difícil de vender a los militares que solo se encausara a los generales, sino porque muchos falsos positivos ocurrieron cuando Juan Manuel Santos era Ministro de Defensa.

¿Qué parte del acuerdo impide que los informes de la Comisión de la Verdad sean utilizados por los tribunales internacionales para sus procesos? ¿O que vía las organizaciones de los derechos humanos, la información de la Comisión de la Verdad llegue al Tribunal de Paz?

Aunque la Jurisdicción de Paz se entiende como un sistema integral compuesto por la Comisión de la Verdad y por el Tribunal de Paz, en el acuerdo queda explícito que lo que se diga en la primera no tendrá efectos judiciales. Esto lo hicieron con el objetivo de que la gente pudiera confesar su participación en el conflicto sin temor a terminar presa.

Sin embargo, Garzón dice que hoy eso tiene un esguince o dos: una organización de derechos humanos puede usar la información de la Comisión de la Verdad para elaborar su propio informe ante la sala de reconocimiento de la jurisdicción de paz. Y por otro lado, nada evita que un juez internacional use la información de la Comisión para abrir luego un proceso contra un general o un jefe guerrillero. Garzón lo hizo en el pasado con comisiones de verdad de otros países.

¿Por qué es voluntaria la participación en la Comisión de la Verdad?

En el sistema integral de verdad y justicia hay un incentivo a contar la verdad en el componente judicial, ya sea ante la Sala de Reconocimiento o ante el Tribunal, para obtener una sanción más baja. En cambio, como la idea de la Comisión es que sea un espacio de reconciliación y perdón, el Acuerdo no establece que asistir a ella sea obligatorio para ninguna persona, aunque tanto el Gobierno como las Farc sí se comprometieron a reconocer sus responsabilidades ante la Comisión. El problema que señala Garzón es que eso puede llevar a que el informe final de la Comisión termine ignorando sectores, hechos o situaciones que han tomado parte importante del conflicto.

¿Qué pasa si dicen mentiras en la Comisión de la Verdad?

El Acuerdo no contempla ninguna sanción para el que vaya a la Comisión y no solo no confiese toda la verdad sino que diga abiertamente mentiras.

Como la participación en ella es voluntaria, no pasa nada. Y ahí Garzón muestra una de las grandes apuestas del Acuerdo: si no hay un verdadero propósito de reconciliación en el que todos los participantes sientan que es el momento para descargar las culpas y contar la verdad, no solo podrán quedar heridas abiertas sino que las víctimas pueden quedarse sin la deseada verdad.

¿Por qué el silencio frente a la minería ilegal en todo el acuerdo cuando es la principal fuente de financiación del conflicto armado hoy, inclusive más que el narcotráfico?

Es cierto, como dice Garzón que si bien hay todo un apartado del acuerdo negociado con las Farc que hace referencia al narcotráfico, no hay referencia alguna a la minería ilegal, que hoy en día es una de las principales fuentes de ingreso de las Farc.