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| La liquidación de empresas públicas con décadas sin estar funcionando es una de las banderas del Alcalde de Santa Marta. |
Cerrar definitivamente 16 elefantes blancos en proceso de liquidación, que se habían convertido en una vena rota por donde salían y salían recursos del erario en Santa Marta, fue uno de los primeros anuncios que hizo al llegar a la Administración el alcalde de esa ciudad, Carlos Caicedo.
Pero liquidar esas 16 empresas distritales -cuya morosidad le representa a Santa Marta un pasivo de 31 mil millones de pesos- se ha convertido en un dolor de cabeza para el mandatario y su gerente liquidador, Jorge Agudelo, por los callos que han pisado. Una situación que los tiene hoy a ambos ad portas del arresto y en una pelea jurídica con gran parte de los abogados y jueces que han intervenido en los procesos.
El asunto en resumen es que Caicedo y Agudelo se oponen a cumplir fallos judiciales definitivos que los obligan a pagar sumas de dinero a algunos acreedores de las empresas en liquidación, porque consideran que son recursos exorbitantes de procesos anteriores que deben ser suspendidos para poner en igualdad de condiciones a todos los acreedores de las 16 entidades que se están cerrando. Además la Administración advierte que en varios casos ya se han cancelado deudas, pero estas no han sido reconocidas.
Esta posición le ha valido a Caicedo acciones de tutela en su contra por desacato y críticas. La Silla consultó tanto a la Alcaldía como a la contraparte y encontró las siguientes perlas que le dan la razón a Caicedo cuando habla de desidia administrativa y falta de control fiscal. Aunque detrás de muchos procesos seguramente hay ex empleados honestos que exigen su pago justo al Distrito.
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Más tiempo en liquidación que funcionandoLas 16 liquidaciones se están haciendo a través del Fondo Cuenta Especial del Distrito de Santa Marta que se creó en 2006, específicamente para que ahí convergieran todos los procesos. En noviembre pasado, Caicedo comenzó el plan de choque de las liquidaciones y se comprometió a liquidar una empresa cada 23 días, de manera que en un año las haya liquidado todas. Ya hay seis cerradas definitivamente. La primera perla de las liquidaciones tiene que ver con que casi todas las empresas funcionaron durante menos tiempo del que llevan en proceso de liquidación, a pesar de que la ley da dos años prorrogables por dos más para liquidar una empresa pública. Un ejemplo de esta perla es la Corporación Vía Alterna al Puerto (está entre las cerradas definitivamente por Caicedo), creada en 1998. Funcionó durante tres años y duró 11 en liquidación. La Corporación Red Solidaria y Erradicación de la Pobreza Absoluta (Corsepa, también cerrada este año), nació en el 95, funcionó seis años y tardó 11 en proceso de liquidación, generando más deuda al Distrito. Los mismos números se repiten exactos para el caso de la Caja Distrital de Previsión Social. El Departamento Administrativo del Espacio Público y Paisaje (Daepp) existió por tres años, pero luego cerró y demoró ocho años liquidándose hasta que recientemente se hizo todo el proceso. Los otros casos son: Empresa de Obras Sanitarias de Santa Marta S.A. (Empomarta): 23 años en liquidación, 17 años de vida. Las Empresas Públicas Municipales de Santa Marta: 20 años en liquidación, 20 años vida. El Instituto Distrital de Desarrollo Urbano y Valorización (Induval): 11 años en liquidación, 9 años vida. El Mercado Central: 9 años en liquidación, 8 años vida. El Instituto Distrital para la Formación Deportiva (también cerrado este año): 8 años en liquidación, 11 años vida. La Empresa Turística y Promotora del Distrito (Etursa, entre las ya liquidadas): 8 años en liquidación, 12 años funcionando. El Instituto Distrital de Tránsito y Transporte (Indistran): 8 años en liquidación, 12 años vida. La Corporación Centro Histórico: 8 años en liquidación, 9 años vida. El Instituto Distrital de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana: 8 años en liquidación, 12 años vida. El Departamento Administrativo de Salud: 8 años en liquidación, 12 años vida. El Fondo Distrital de Pensiones Públicas de Santa Marta: 8 años en liquidación, 9 años vida. Y el Fondo Común de Pasivos (el sexto cerrado este año): 8 años en liquidación, 3 años vida. |
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Un fondo para liquidar que luego tuvo que ser liquidadoLuego de que por años las liquidaciones en Santa Marta se hicieran de manera individual, entidad por entidad, con gerencias independientes, en 2001 se creó el Fondo Común de Pasivos con el que se pretendió centralizar todos los procesos. La perla es que el Fondo Común de Pasivos fue reemplazado en 2006 por el Fondo Cuenta del Distrito -que funciona actualmente- y entró a hacer cola para ser liquidado. Al final, el Fondo Común de Pasivos funcionó cinco años, no logró hacer ninguna liquidación definitiva, pero, en cambio, generó gastos administrativos y de funcionamiento al erario de Santa Marta por cinco mil millones de pesos. |
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El abogado de las liquidacionesEn contra de las empresas en liquidación cursan hoy 657 procesos judiciales, en los que -en la mayoría- se reclaman recursos por parte de los acreedores de esas entidades. La mitad son en contra de una misma entidad: el Instituto Distrital de Tránsito y Transporte, en donde un sólo abogado es el apoderado en el 60 por ciento de los procesos. El nombre de este abogado es Sóstenes Torres Corcho, quien dice que representa a 45 personas -entre exinspectores de tránsito, exjefes de división de tránsito, exagentes de tránsito y exsecretarias de ese Instituto- por los cuales le reclama a la ciudad unos cuatro mil millones de pesos por concepto de sueldos, prestaciones sociales o indemnizaciones por mora. Con el poder de sus clientes, Torres interpuso 20 demandas y 18 fueron falladas a su favor, pero apenas ha logrado que el Distrito pague en ocho de ellas. Todos los pagos se hicieron en Administraciones distintas a la de Caicedo. En los 10 procesos restantes, el abogado se ha trenzado en una pelea jurídica con el Alcalde Caicedo para que éste pague lo exigido y de cumplimiento a las órdenes judiciales: como Caicedo se ha negado (argumentando que los procesos ejecutivos deben ser suspendidos para que queden en igualdad de condiciones todos los acreedores), lo ha tutelado por desacato y ya ha logrado sanciones de arresto por tres, cinco y hasta por 10 días. Todas están en apelación. Torres Corcho le dijo a La Silla que sus clientes son personas humildes con demasiadas necesidades, que ya han pasado los dos años de plazo que el Distrito tiene para pagarles (debido a que los fallos son en segunda instancia) y que llegó a estos procesos porque él también fue empleado del Instituto de Tránsito y Transporte. |
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El Paz y Salvo de la disputaUno de los casos llevados por el abogado Sóstenes Torres que más llama la atención es el de José Manuel Brito Carrillo, quien le está exigiendo al Distrito el pago de sus cesantías de los años 2001, 2002 y 2003 por haber trabajado en el Instituto de Tránsito y Transporte durante ese periodo. En mayo del año pasado el Juzgado Séptimo Penal Municipal falló a su favor una tutela y ordenó cumplir con una sentencia dictada por otro juzgado: el 4 Administrativo del Circuito que había resuelto reconocer el derecho al pago de las cesantías con su respectivo incremento anual y sanción moratoria. La liquidación que hizo el juzgado es de poco más de 600 millones de pesos, según la Alcaldía, aunque el abogado Torres le dijo a La Silla que era de 400 millones de pesos. Lo curioso es que hay un Paz y Salvo que tiene en su poder la Alcaldía firmado por Brito Carrillo aceptando el pago de sus cesantías en mayo de 2003 por cuatro millones de pesos, por lo que -según la Alcaldía- el demandante podría estar queriendo cobrar de nuevo no sólo lo que ya le pagaron sino un monto mucho mayor. El abogado del exfuncionario le dijo a La Silla que el Paz y Salvo efectivamente fue firmado por Brito, pero que el dinero nunca le fue consignado a su cuenta. |
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Seis sanciones de arresto y contandoActualmente, tanto el gerente liquidador del Fondo Cuenta como el Alcalde de Santa Marta tienen vigentes seis sanciones de arresto con sus respectivas multas, que no se han hecho efectivas porque ambos han interpuesto apelaciones, pero que eventualmente podrían llevarlos temporalmente a prisión. La razón son los desacatos en los que han incurrido por negarse a pagar los dineros de los fallos a favor de los acreedores de la empresas en liquidación. Los abogados como Sóstenes Torres prometen que seguirán tutelando sus derechos ante los jueces. |
En Santa Marta, no se sabe como son las cosas, alla todo es arreves, tanto el gerente liquidador como el abogado corcho, son unas perlitas, el primero de simple asesor (Puesto de corbata que le consiguio el papa, que entre otras ya no llama a las emisoras a echarle vainas a los gobernantes)en una escuela de salud de la gobernación, hoy es un nuevo rico samario carro de 120 millones apartamento de 400millones, en solo 3 años aprox.el segundo conocido tramollero con fallos raros consiguio el pago de mas de $3000 millones en administraciones anteriores, con la colaboración del esposo de una magistrada del tribunal administrativo del magdalena, señor Alcalde CAICEDO alerte al Fiscal ponsa las pilas
Un comentario en concreto, sobre el punto 4.
Cuando dicen: "Juzgado Séptimo Penal Municipal falló a su favor y ordenó el pago de sus cesantías, con su respectivo incremento anual y sanción moratoria" Considero que hay una equivocación, pues son los juzgados laborales quienes se encargan de esto.
A menos que existan dos condiciones: 1. Sea un juzgado municipal promiscuo (cosa que no creo, por la condición de capital de Santa Marta); 2. Sea en realidad un fallo de tutela en donde un juzgado, sin importar su competencia, tendría la facultad de resolverlo.
Gracias por el comentario, JULIÁN. Tienes razón. En realidad lo que el Juzgado Séptimo Penal Municipal falló a su favor fue una tutela que ordenó cumplir con una sentencia dictada por otro juzgado: el 4 Administrativo del Circuito que había resuelto reconocer el derecho al pago de las cesantías con su respectivo incremento anual y sanción moratoria. Ya está corregido. Saludos
Es muy probable que este bien el nombre del juzgado, Pero normalmente sucede, y no podría afirmarlo, pudo haber sido una asignación a dedo de juez para favorecer dichos pagos a cambio del popular CVY
No sería la primera vez que sucede, ya se han escuchado casos muy sonados con este tipo de movimientos que solo buscan defraudar al estado.
Yo, NO. Esos no hacen nada