La discusión de la reforma de equilibrio de poderes se concentró esta semana en el debate sobre el Vicepresidente, si debe o no estar inhabilitado para postularse a la Presidencia para el período siguiente y qué tipo de fuero se le debe reconocer. Ninguna de las dos cosas son especialmente trascendentales en un debate sobre el sistema político o el derecho constitucional, ni va a ser eso lo que defina qué tipo de democracia construimos, pero claro la coyuntura convierte el tema en el más importante.

El hecho de que Germán Vargas Lleras sea desde ya un candidato presidencial y que su actividad como Vicepresidente sea especialmente visible y seguramente con réditos electorales porque “gestiona” y “ejecuta”, sin meterse en cambio en debates o problemas irresolubles, hace que cualquiera que sea la decisión ésta sea coyuntural y con nombre propio. La posición de Vargas es cómoda: no le toca resolver paros, enfrentar crisis de orden público y ni siquiera la desaceleración económica. Solo le toca ofrecer, prometer, empujar y entregar. Cuando hay algún lío, como en el túnel de La Línea, sale de la escena y entra la (Vice)ministra de transporte.

Los contradictores del Vicepresidente y la oposición al Gobierno  saben que al que hay que “cascarle” es a Vargas y eso ha hecho que una figura que el propio Presidente Santos ofreció eliminar se haya convertido de un momento a otro en la “más importante” del sistema político.

La Vicepresidencias suelen ser instituciones irrelevantes en casi todas partes donde existen. La Constitución la creó con el cálculo de que sirviera para promover gobiernos de coaliciones, por eso la más álgida discusión consistió en resolver si tenía que ser o no del mismo Partido del Presidente. Se decidió que no, los conservadores y el M 19 siempre pensaron que ese era el camino para sumas fuerzas minoritarias y ganar la Presidencia.

Tuvieron eso sí el cuidado de bajarle el perfil, de no convertir al Vicepresidente en una figura importante sino en dejarla completamente subordinada a lo que quisiera el Presidente. No se le atribuyeron funciones, no se le reconoció ningún status jurídico, no se le estableció ninguna inhabilidad ni para aspirar a ser, ni se le dio ningún fuero.

Durante varios años se sostuvo incluso que no se le debería pagar y que podría, como en efecto podría jurídicamente hacerlo, desarrollar actividades privadas. El diseño constitucional dio para pensar que por ejemplo un Vicepresidente abogado como era De la Calle podría, dado que el Presidente no le otorgaba funciones, irse para su oficina de abogado y llevar pleitos.

Los constituyentes del 91 prohibieron que el Vicepresidente fuera candidato presidencial en el período siguiente, por las razones exactamente contrarias a las que se esgrimen ahora. El temor de entonces era que fuera enemigo del Presidente, se le enfrentara y se convirtiera en una especie de jefe de la oposición. Los que ahora desempolvaron la norma de entonces para proponer aplicársela a Vargas dan los argumentos opuestos: el temor es que sea muy amigo del Presidente y que éste le dé mucho juego.

A Vargas le están cambiando las reglas de juego y en cualquier fórmula pierde en relación con lo que hoy tiene. El Vicepresidente, si no se aprueba ninguna reforma, podrá ser candidato presidencial para el período siguiente sin renunciar previamente a su cargo y además, en caso de ser elegido, podría hacerse reelegir. Entonces, Vargas podría hacerse elegir desde la Vicepresidencia y eventualmente quedarse ocho años.

La reforma que ahora se discute lo obligaría a renunciar un año antes y solo le permitiría estar cuatro años en la Presidencia. Sus contradictores dicen, en cambio, que se está “legislando” en favor de Vargas y que se debe inhabilitar para postularse en el período siguiente, es decir que proponen que no se “legisle” en favor de Vargas sino en su contra.

Los que han asumido la vocería de los dos sectores dicen que no hay que reformar la constitución con nombre propio y que hay que respetar las reglas de juego, pero los de uno y otro lado están pensando en Vargas y en qué sentido cambiarle la regla de juego, lo que resulta inevitable hacer en el marco de la eliminación de la reelección presidencial.

Ya se sabe que el senador Álvaro Uribe desautorizó a los miembros de su bancada en la Comisión Primera del Senado, se puso en favor de la tesis de la inhabilidad de un año, lo que obliga a Vargas a renunciar en Mayo del 2017 y acabó con la expectativa de que la tesis de sacarlo del juego se impusiera en una mayoría heterogénea.

Después, otra vez, apareció el fantasma de Vargas en el escenario, ahora por la posibilidad de otorgarle un fuero al Vicepresidente que hoy no tiene. Al Vicepresidente lo puede procesar la Fiscalía y juzgar cualquier juez. Si se le da o no fuero, sería un detalle menor, si no se tratara de Vargas, pero esa especie de pequeñas causas motiva tanto o más a los políticos que los temas verdaderamente esenciales.

Los ponentes de la Unidad Nacional, que conforman la mayoría en el Congreso, por petición obvia de los senadores de Cambio Radical –que forma parte de la coalición de gobierno- proponen darle, llamémoslo así, el “mayor fuero”, el mismo del Presidente. Los opositores, por mostrarle los dientes, proponen darle un “fuero menor”, el mismo que se está aprobando para los magistrados. 

Nadie está pensando en la Vicepresidencia como institución, todos están pensando en lo que representa Vargas en la política de éstos días y no puede ser de otra manera. Los políticos son como todos los seres humanos llenos de prejuicios y pasiones que los hacen actuar de tal o cual manera, en forma mucho más efectiva que el planteamiento teórico o conceptual.

Para agregarle condimento a esa historia, la senadora Claudia López resolvió denunciar una especie de falsedad documental cometida en una oficina gubernamental para “favorecer” a Vargas. López dice que cambiaron subrepticiamente una hoja de la ponencia y que abusaron de su confianza, lo que está desvirtuado por el simple hecho de que la ponencia iba acompañada de una constancia suya en la que manifestaba su desacuerdo con el acuerdo mayoritario de concederle al Vicepresidente el mismo fuero del  Presidente.

No había falsedad, había desacuerdo, pero era más llamativo que pareciera falsedad. 

Dentro de unos años el tema del Vicepresidente dará para unas pocas líneas en un texto de Derecho Constitucional, mientras otros de los temas, como el del sistema de controles a los magistrados, darán para escribir tratados sobre la autonomía judicial. Pero la historia política suele ser la suma de las pequeñas causas.