En la Hacienda Las Pavas, en el Sur de Bolívar, hay peligro de que se forme un polvorín. Desde las siete de la mañana más de 70 campesinos desplazados entraron pacíficamente a los predios que en el papel hoy pertenecen a la empresa palmera Aportes San Isidro, pero que las familias de estas personas han reclamado formalmente ante el Gobierno por más de cinco años.

La gente de Las Pavas tiene el respaldo del Ministerio de Agricultura, pero las decisiones judiciales y administrativas que se necesitan para que les puedan restituir esas tierras están todavía crudas. El dilema del ministro Juan Camilo Restrepo es grande: si el gobierno avala a la comunidad, podría meterse en problemas con la empresa que tiene títulos sobre el predio. Y si la deja sola, su discurso sobre la restitución de tierras podría parecer mera retórica.

El de Las Pavas es un caso complejo de restitución de tierras y refleja los problemas mayúsculos que tendrá que afrontar el Gobierno cuando aplique de manera masiva la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que está en trámite en el Congreso y que, según el Gobierno, se aprobará en las próximas semanas.  

Misael Payares, líder de los campesinos.

En la zona se han dado enfrentamientos con la Policía. Hoy eran cerca de 25 hombres los que esperaban a la población desplazada que anunció el retorno.

Durante los últimos años, la comunidad de Las Pavas ha estado acompañada por organizaciones internacionales.

Hoy la gente de Las Pavas hizo un mitin pacífico al frente del Ministerio del Interior.

Hay una campaña internacional para que la gente de Las Pavas pueda retornar a sus tierras.

Hace tres años, la comunidad fue desalojada.

Tras años de ocupación 

Las 123 familias de Las Pavas que hoy viven hacinadas en el corregimiento de Buenos Aires, en el sur de Bolívar, nunca han tenido papeles de la finca que reclaman hoy. Cuando ellos llegaron a cultivarla nadie más lo había hecho. En el papel pertenecía a Jesús Emilio Escobar, un tío del narcotraficante Pablo Escobar, pero jamás había sido explotada. Entonces, en 1997, las 123 familias ocuparon el predio y comenzaron a sembrar yuca, plátano y ñame.

Seis años después fueron desplazados por un grupo paramilitar y, pasado un año, comenzaron a volver poco a pocoa lo largo de los tres años siguientes. Cuando volvieron a sus tierras, los campesinos de Las Pavas hicieron al Incoder una solicitud formal de extinción del dominio a tres predios y pidieron que les titularan once más. El Incoder abrió la investigación y una comisión verificó que el lugar era apto para reforma agraria.

Pero otra vez llegaron las amenazas y la gente tuvo que salir de nuevo. Mientras las familias estuvieron desplazadas, la tierra cambió de manos. Los nuevos dueños son CI Tequendama y Aportes San Isidro. La primera pertenece al grupo Daabon (de los Dávila Abondano) y la segunda a José Ernesto Macías. Ambas compañías recibieron millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro y aparecen en la lista de aportantes al referendo reeleccionista. Ambos grupos están siendo investigados por la Fiscalía en el escándalo de AIS.

Mientras el proceso continuaba en la Unidad de Tierras del MinAgricultura, los empresarios comenzaron a trabajar la tierra para sembrar palma y los campesinos retornaron el pedacito que habían ocupado tradicionalmente.

Pero comenzaron los enfrentamientos, la empresa presentó una querella por ocupación y la inspección de Policía ordenó el desalojo. La comunidad interpuso una tutela e impidió que los sacaran. Las acciones siguieron por lado y lado hasta que el desalojo se dio en julio de 2009. Desde ese momento, y hasta hoy, las comunidades no habían vuelto a pisar la tierra que han trabajado por quince años.

La gente de Las Pavas se instaló hoy junto a las oficinas de la hacienda palmera. Allí armaron un campamento con plásticos, carpas y hamacas, junto a la Policía que ha estado allí todo el tiempo. Saben que no tienen papeles que certifiquen su propiedad pero se niegan a irse porque “somos campesinos y el campesino sin tierra no es nada”, como dijo el líder de la comunidad Misael Payares a La Silla Vacía.

Le piden al Gobierno que no los considere invasores y que les proteja la vida. Pero Payares advierte que se van a quedar porque el Gobierno tiene que cumplir las promesas que les ha hecho.

Las acciones judiciales

La acción que inició el Incoder en 2006 para entregarles la finca como parte de una iniciativa de reforma agraria no llegó a buen término. A comienzos de 2010, el Incoder revocó todos los autos administrativos que habían sacado en los últimos cuatro años y reinició la investigación. Como los campesinos pedían que les titularan porque la tierra donde estaban sembrando era baldía e inexplotada, el Incoder envió una comisión. Esa visita se registró en el primer semestre de 2010 y, contrario a lo dicho por los campesinos, encontró los sembrados de palma de los empresarios. Durante los cuatro años que pasaron entre el inicio del proceso y la visita de los funcionarios, la tierra había cambiado de manos y ya era productiva.

Entonces, la Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires, en la que se agremiaron los campesinos de Las Pavas, inició otro proceso. Esta vez por clarificación de la propiedad, que significa que van a estudiar si los predios salieron de manos de la Nación legalmente. Es decir, si eran baldíos antes de que aparecieran los papeles del tío de Pablo Escobar, en los años 60. Si se descubre que en algún momento fue tierra baldía es más fácil expropiarla.

Simultáneamente, el Incoder comenzó otra investigación por violación a las normas ambientales porque los empresarios presuntamente secaron dos ríos. Sin embargo, en ese instituto no hay técnicos medioambientales y por eso la investigación no ha prosperado.

Pero la acción más importante y la que no ha registrado ningún avance está en la Fiscalía. Desde hace tres años los campesinos pusieron una denuncia por desplazamiento forzado por grupos paramilitares, pero hasta ahora el proceso no se ha movido.

La intención del MinAgricultura es vincular a esas 123 familias al proceso de Justicia y Paz como víctimas pero, para ello, la Fiscalía tiene que avanzar en el proceso y establecer si hubo o no desplazamiento forzado. Si eso se diera, el Estado tendría las herramientas para garantizar que esas familias reciban su tierra.

Los otros actores

Las organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales como Acnur se convirtieron en otro actor en este caso. Aunque en el comienzo del proceso la comunidad de Las Pavas solo tuvo acompañamiento del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, del padre Francisco de Roux, hoy son muchos los ojos que vigilan este proceso desde el resto del mundo.

La veeduría internacional ha sido tal que el grupo Daabon cedió a un socio las acciones que tenía sobre los predios que están en disputa y que correspondían a la mitad de las tres mil hectáreas. La razón es que el litigio con los campesinos le estaba costando demasiado en sus negocios internacionales.

Daabon tiene un sello de comercio justo por ser amigable con las comunidades y el medio ambiente, que significa una sobretasa en el precio del banano que producen en Urabá, Magdalena y La Guajira y venden en la Unión Europea. Pero los informes de ONG internacionales estaban a punto de cerrarles las puertas en el continente europeo.

Incluso The Body Shop y Christian Aid contrataron una comisión independiente que elaboró un informe en julio del año pasado en que dieron crédito a la historia de la comunidad y aseguraron que el daño ambiental en el área de la Isla de Papayal (donde está ubicada Las Pavas) era producido por el cultivo de palma, incluido el de Daabon.

Entonces las acciones quedaron todas en manos de José Macías quien continuó con la inversión y hoy tiene montada toda la infraestructura para continuar con la producción extensiva.

Daabon se retiró, pero el acompañamiento internacional a la comunidad de Las Pavas permanece. Representantes de diez ONG nacionales e internacionales están acampando con los campesinos que ocuparon las tierras hoy y se comprometieron a no abandonar a la comunidad hasta que haya una decisión judicial o una respuesta del Gobierno.

El apoyo del MinAgricultura

El Ministerio de Agricultura decidió liderar el proceso de restitución de Las Pavas y por eso una comisión visitó a la comunidad hace quince días. La conclusión es que más allá de la restitución de tierras el tema de Las Pavas es ya un asunto humanitario.

Uno de los miembros de la comisión contó que sólo llegar a la zona requiere cambiar de vehículo (chalupa, mototaxi) cuatro veces y casi siete horas desde Bucaramanga. Y al llegar no se encuentra nada. A raíz de las acciones legales y los desalojos, no hay puesto de salud, no hay escuelas y ningún tipo de infraestructura que pueda garantizar el bienestar de la gente que vive allá.

Para la comisión, Las Pavas es la punta del iceberg de todo el problema humanitario de esa zona del sur de Bolívar y por ello la primera solicitud del Ministro Juan Camilo Restrepo será que todas las instituciones prioricen la zona. Incluso en temas electorales, porque desde hace varias elecciones los municipios cercanos a Las Pavas (El Peñón y Tamalameque) tienen alto riesgo electoral, tanto de boicot de grupos armados como de fraude.

Las denuncias penales

La idea de retornar a su tierra y no seguir esperando que la justicia diga algo es una decisión de la comunidad de Las Pavas. Por eso, hace un mes y medio anunciaron que en la última luna de febrero (por una tradición relacionada con la mejor época para comenzar el ciclo productivo) retornarían a su tierra. El anuncio nunca se cumplió pero a raíz de él, el empresario Macías puso dos denuncias contra Misael Payares por el delito de invasión de tierras y otra acción por injuria y calumnia.

El Ministro Restrepo dijo en un comunicado de prensa que rechazaba este tipo de prácticas y que se está replicando en varias regiones: atacar penalmente a los líderes de los campesinos que quieren recuperar sus tierras.

Por ahora, está pendiente la respuesta del MinAgricultura a la comunidad que en cabeza de Misael Payares pidió acompañamiento en su decisión de retornar y de la Fiscalía a las denuncias interpuestas por el empresario palmero.

Vea la fotogalería de la protesta de los campesinos de Las Pavas esta tarde frente al Palacio de Justicia en Bogotá:

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