La fiscal Viviane Morales dijo hoy que en la Hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, nunca hubo desplazamiento forzado y que el caso era una farsa montada por un grupo de personas que buscaba lucrarse con la restitución. Para realizar esas declaraciones a Caracol Radio la Fiscal General se basó en la decisión de una Fiscal de Cartagena que archivó una denuncia de 2009 por desplazamiento forzado porque consideró que en esa zona del sur de Bolívar los paramilitares no desplazaron a nadie. Es más, aseguró que no había conflicto armado en la zona. Pero ese fallo de la Fiscal de Cartagena, que fue contado al país por el ex ministro Fernando Londoño en su programa La Hora de La Verdad, está lleno de imprecisiones.

La Fiscal General Viviane Morales habló hoy sobre la decisión de una fiscal en Cartagena, que alborotó el avispero.

Misael Payares es el líder de los campesinos que reclaman la propiedad de Las Pavas.

Alfonso Dávila Abondano, uno de los miembros de la conocida familia y de los ejecutivos del grupo Daabon.

Foto El Espectador.

Londoño, quien fue ministro del Interior de Álvaro Uribe y es uno de los voceros de la derecha en Colombia, puso a rodar la bola. Y rápidamente la retomaron otros grupos de derecha como Restauración Nacional, un movimiento que se autodenomina de derecha y que publicó una entrada en su página web y un artículo sobre el tema.

La noticia llegó después de que el Centro de Pensamiento Primero Colombia, el think tank del uribismo, publicara las denuncias de una nueva asociación campesina de Las Pavas contra los campesinos que han luchado por regresar al lugar del que fueron desplazados y contra las organizaciones que los han acompañado.

Ellos han comparado la noticia sobre Las Pavas con el caso de Mapiripán, donde se probó la existencia de falsas víctimas que pedían indemnizaciones. Pero el caso de la Hacienda Las Pavas es completamente diferente.

Se trata de 123 familias que ocuparon un pedazo de una finca en el sur de Bolívar porque estaba abandonada por su dueño, Jesús Emilio Escobar Fernández, pero que fueron desplazados por los paramilitares. No se trató de una masacre como el caso de Mapiripán.

Al volver en 2003, esas familias comenzaron a organizar sus cultivos y en 2006 pidieron al Gobierno que les titularan las tierras que estaban trabajando. Pero un año después a la hacienda le aparecieron nuevos dueños que trancaron el proceso de extinción de dominio y que hasta hoy mantienen la propiedad de la tierra. Sobre este caso, la Corte Constitucional emitió un fallo histórico.

Hace ocho meses, en La Silla Vacía advertimos sobre la encrucijada del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en este caso que mueve millonarios intereses privados y en el que Minagricultura y la Corte Constitucional ya habían dado su respaldo a los campesinos.

La razón es que en ese Ministerio reposan todos los documentos que prueban la pelea de los campesinos por la titulación de la Hacienda desde 2006, antes de que en 2007 Las Pavas pasara a manos de la familia Dávila Abondano, la misma familia que está investigada por recibir irregularmente subsidios de Agro Ingreso Seguro y que estaba detrás del polémico proyecto de construcción del hotel de siete estrellas en el parque Tayrona.

Aunque hace un año los Dávila Abondano cedieron su propiedad para evitar que Body Shop les cancelara el contrato que tienen con ellos por el escándalo del desplazamiento, uno de sus socios se quedó con el multimillonario proyecto de siembra de palma africana que allí se mantiene. Y siempre quedó la pregunta de cómo ellos habían logrado comprar esas tierras sobre las que el Incoder adelantaba un proceso de extinción de dominio.

El fallo de la Fiscal de Cartagena

El fallo de la Fiscalía que archiva la denuncia por desplazamiento forzado es del 11 de noviembre. Se originó en una denuncia contra el desalojo realizado por el inspector de Policía Omaldo García Capataz, del municipio de El Peñón, el 14 de julio de 2009.

Ese desalojo lo había ordenado el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompox, Bolívar, que resolvió definitivamente una lucha jurídica entre la comunidad que estaba en ese momento en predios de Las Pavas y los empresarios palmeros. El Juez le ordenó al Inspector de Policía que sacara a los campesinos y éste así lo hizo. Ellos se mantuvieron fuera de la finca hasta abril pasado, cuando la justicia ordenó que el proceso de extinción de dominio, que ellos habían comenzado desde 2006, pero que varios jueces habían desechado, debía comenzar desde cero.

Sobre ese desalojo era la denuncia que hace tres semanas desechó la Fiscal de Cartagena, Myriam Martínez. Pero junto con la decisión de archivar el caso de desalojo, determinó también que el desplazamiento forzado “nunca existió”, a pesar de que nunca se refirió a lo que había ocurrido en 2003.

Entre los argumentos de su decisión, la fiscal Myriam Martínez concluye que “en ningún momento las familias residentes del corregimiento de Buenos Aires han sido objeto de actos violentos como producto de conflicto armado en esta zona del municipio” y por lo tanto no tenían motivo para desplazarse.

Por su parte, la Fiscal Morales dijo hoy en los medios que “no hubo un desplazamiento y se pudo comprobar que un grupo de personas estaban negociando el tema del desalojo y estaban fijando el 40 por ciento de un acuerdo comercial por el tema de las tierras”.

Sin embargo, un grupo de académicos de la Universidad Javeriana, encabezados por el profesor Roberto Vidal, aseguraron que varios paramilitares del Bloque Central Bolívar que operaban en la zona de la depresión momposina y el sur de Bolívar, donde queda la Hacienda Las Pavas, confesaron que sí operaron en la zona y obligaron a las familias que no estaban con ellos a que abandonaran sus fincas.

José Augusto Páez, asesor regional de paz del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, coordinado por el padre Francisco de Roux, recientemente premiado por la Revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia como uno de los 10 líderes de Colombia, dijo a Verdadabierta.com que es insólito que la Fiscalía diga que no hubo conflicto en esta región del país. “Cuando hicimos trabajo comunitario en la zona, fuimos testigos de cómo los grupos armados ilegales quemaron caseríos enteros. Nosotros no lo leímos en informes, sino que lo vivimos”, dijo Páez al portal.

La fiscal también da como argumento que muchos de los líderes de los campesinos desplazados, entre ellos el vocero Misael Payares, tenían casa en el corregimiento de Buenos Aires. Y esto es cierto. En sus argumentos, los campesinos siempre han dicho que en 1993 cuando comenzaron a explotar las tierras de Las Pavas porque estaban abandonadas, sólo tenían allí sus cultivos de yuca, ñame y plátano y todos los días caminaban desde Buenos Aires hasta las Pavas. Después de unos años de explotación de la tierra, fue que ellos decidieron irse a vivir allá.

Otro argumento de la fiscal es que todos los líderes campesinos mintieron sobre el caso porque no existen documentos que prueben el desplazamiento forzado que los campesinos denuncian desde 2003 y asegura que sólo a comienzos de 2009 comenzaron a hablar del tema, asesorados por organizaciones no gubernamentales.

Sin embargo, desde comienzos de 2005 los campesinos de Las Pavas tramitaron préstamos con el Banco Agrario para realizar varios proyectos de cultivos tecnificados, uno de ellos de maíz y cacao y formaron la Asociación de Campesinos Cacaoteros de Buenos Aires (Asocob). Y a comienzos de 2006 fueron al Incoder y solicitaron la titulación de las tierras que venían cultivando. La primera visita la realizó el Incoder en abril de 2006 y entre el 20 y el 23 de junio de ese mismo año, el Incoder practicó otra visita en que concluyó que la explotación de tierras por parte de los campesinos tenía por lo menos seis años y que el resto del predio estaba en abandono. Y además dijo que el terreno era apto para una reforma agraria.

Todo esto ocurrió ocho meses antes de que Jesús Emilio Escobar Fernández (de quien siempre se había dicho que era tío de Pablo Escobar, pero la juez asegura que no es así) vendiera la finca a las firmas CI Tequendama y Aportes San Isidro. La primera pertenece al grupo Daabon (de los Dávila Abondano) y la segunda a José Ernesto Macías. Esa escritura de venta se firmó el 10 de marzo de 2007 en la Notaría 9 del Círculo de Barranquilla, sin que en algún momento apareciera la advertencia de que sobre el predio que se estaba negociando había un proceso de extinción de dominio abierto.

A lo largo de su análisis, la fiscal insiste varias veces en que la hacienda siempre fue propiedad de Escobar Fernández y que fue a él a quien le invadieron su tierra los mismos campesinos que trabajaban para él, pero que nunca fue abandonada. Pero el informe del Incoder de 2006 niega esta versión.

Otro argumento de la fiscal es que nunca existió una denucia ante el Incoder, ni ante la administración municipal o departamental de estos campesinos como desplazados ni en 1995, 1998, 2003, 2006, 2007 o 2008. Sin embargo, sí existió denuncia ante la Personería del Peñón en 2003 cuando según los miembros de Asocab, fueron víctimas de amenazas por parte de uno de los jefes locales del Bloque Central Bolívar de las AUC, identificado con el alias de “comandante Raúl”. Y así se lo dijo el personero del Peñón a los autores del informe sobre el desplazamiento de Las Pavas publicado por la misma firma Daabon y que fue consignado en la página siete. 

La fiscal Martínez también argumenta que la única denuncia por desplazamiento existente la hizo Pedro Moreno Redondo en 2009 ante la Personería Municipal de El Peñón. Sin embargo, ese mismo hombre se retractó el 15 de junio de 2011 ante la Notaría Única municipal de El Peñón. El campesino dijo que nunca hubo tal desplazamiento, que todo era una farsa y que él guardó el secreto muchos años pero se arrepintió porque se convirtió al cristianismo. Moreno fue el autor de la denuncia que publicó el Centro de Pensamiento Primero Colombia.

La historia de Moreno y de otros diez o doce campesinos de Las Pavas ya había sido contada a La Silla Vacía hace más de un año por los líderes de Asocob. Desde esa época, Moreno y los otros campesinos aceptaron trabajo de los dueños de los cultivos de palma y en compensación recibieron un pedazo de tierra y auxilios educativos y de salud. Y desde ese momento se retiraron de la Asociación y se alejaron de la pelea por la tierra.

De lo que la fiscal nunca habla es de cómo pudo hacerse la negociación entre Escobar Fernández y los Daabon cuando había un proceso de extinción del dominio. Es más, nunca en la decisión nombra a los nuevos propietarios de la tierra, por quienes se dio el desalojo y todas las querellas que no han permitido la titulación de las tierras a las familias campesinas.

El caso de Las Pavas es uno de los más emblemáticos del desplazamiento por grupos armados. Y por eso, se convirtió en prioridad del Gobierno de Santos que lleva meses tratando de desenredarlo desde varias entidades (Incoder, Superintendencia de Notariado, Ministerio de Agricultura). Estas declaraciones de la Fiscal Morales son preocupantes porque se dan justo cuando están avanzando otros procesos claves de restitución de tierras como el de Curvaradó y Jiguamiandó, que está a punto de entregarle la propiedad a sus verdaderos dueños. Y días antes de que se comience a aplicar la Ley de Víctimas y Tierras.

También es curioso que estalle mientras Misael Payares, el líder de los campesinos desplazados de la Hacienda Las Pavas, está en Barcelona. Payares representa a las víctimas de desplazamiento en Colombia ante la Mesa Catalana por la paz y los derechos humanos de Colombia. Allá está contando la historia que todavía no se termina de escribir.