Con el nuevo modelo de negociación, al proceso se le inyecta una turbina

Al sumarse la guerrilla al afán del gobierno de firmar la paz en sesenta días cambiando la metodología para meterle el acelerador a la negociación de paz, el gobierno encuentra la salida para incumplir la fecha del 23 de marzo sin que el presidente Santos y el proceso pierdan credibilidad.

El “turbo” que le meten al proceso implica un cambio en la metodología y en el lenguaje de la negociación. Simplificándolo en una imagen, el Gobierno y las Farc pasan de estar sentados diez negociadores de un lado frente a los diez del otro en una larga mesa, para trabajar ahora cuatro en petit comité del mismo lado con la paz en frente y dedicados ellos y todos los demás negociadores y asesores a sortear los obstáculos que todavía hay en el camino para llegar al propósito conjunto de la firma final.

Ahora se creó la Comisión Ejecutiva como la instancia desde donde se destraba el proceso.

Hasta ahora el proceso de negociación funcionaba así: en un grupo informal pero decisivo que se ha llamado 3 X 3 o 2X2 o 3X5, dependiendo del número de negociadores, el jefe negociador Humberto de la Calle y el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo, a veces también con el general Mora, discutían con los guerrilleros Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, Pastor Alape o Carlos Antonio Lozada de manera informal los temas más delicados, sin garantes ni facilitares y sin que lo que se hablara se considerara negociado.

Luego, en la mesa de negociación todos los plenipotenciarios, guiados por de La Calle, presentaban su posición al otro, posición que, además, estaba consignada en un documento escrito que intercambiaban con los negociadores de las Farc, que hacían lo propio. A partir de estos documentos, se daba la discusión.

Este debate lo hacían en frente de los plenipotenciarios suplentes, en un ambiente muy formal, con los garantes presentes, y donde cada palabra se cuidaba hasta el máximo. Si se necesitaba un insumo técnico de algún asesor, se suspendía la negociación mientras se le consultaba, pues los asesores no estaban presentes durante las discusiones.

Luego, en una Comisión de Redacción, Sergio Jaramillo y un delegado de la guerrilla aterrizaban lo discutido en la Mesa, discutían los detalles y escribían los acuerdos en el documento final.

Después de que el año pasado se crearon las tres subcomisiones especializadas en el fin del conflicto, en género y en justicia, cada una de ellas exploraba con la contraparte estos temas para proponerle una fórmula de acuerdo para aprobación por la Mesa de Negociación.

En algunos casos, como sucedió con la Subcomisión de Justicia integrada directamente por el presidente Santos con los juristas Doug Cassel, Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, nunca quedó claro a quiénes reportaban: si directamente al presidente Santos o a la Mesa de Negociación y esta ambigüedad terminó generando un desgaste entre ambos equipos.

Ahora, en parte siguiendo el modelo de negociación de la Subcomisión de Justicia que logró un acuerdo muy difícil (y para muchos problemático) en tiempo récord, la nueva metodología será mucho más flexible y menos formal; permitirá una discusión descentralizada y simultánea de los múltiples temas pendientes y tendrá un órgano de dirección conjunta con un rol más claro y más ejecutivo.

En concreto, se acordó crear una Comisión Ejecutiva, que estará integrada por De La Calle y Jaramillo del lado del Gobierno y de Márquez y Catatumbo o Álape del lado de las Farc y que actuará como cabeza de la negociación. Pero tendrá una estructura fluida y se le podrán sumar los negociadores responsables de cada tema (por ejemplo el general Naranjo cuando se discuta sobre paramilitarismo) y los asesores que cada parte decida para que puedan tomar decisiones.

Esta Comisión tiene como fin “facilitar las aproximaciones en el nivel estratégico,  tomar las decisiones a las que haya lugar para agilizar la redacción de acuerdos, y supervisar el trabajo de las delegaciones”, dice el comunicado conjunto.

Esta Comisión podrá, además, “crear nuevas comisiones de trabajo para abordar los temas pendientes” lo que permitirá descentralizar el trabajo e ir evacuando los temas pendientes de manera simultánea.

Estas comisiones le reportarán directamente a la Comisión Ejecutiva, que supervisará su trabajo y “organizará de una manera más eficaz todo el trabajo restante”.

Esto resultará muy útil porque ya en este punto toca encajar muchas piezas que dependen las unas de las otras y cuya secuencia es clave. Para esta Comisión Ejecutiva será muy valioso que estas comisiones “muelan” técnicamente los temas para ya ellos tomar las decisiones políticas de cómo las combinan.

Por ejemplo, las zonas de ubicación de los guerrilleros que ya está sugerida en el informe de la Subcomisión del Fin del Conflicto está íntimamente relacionada con las garantías de seguridad para los jefes guerrilleros y el punto sobre paramilitarismo en el que ha venido trabajando el general Naranjo. Las zonas donde ellos se concentren tienen que ofrecerles suficientes garantías de que no llegarán las bandas criminales a matarlos.

El punto sobre implementación de los acuerdos está ligado al de dejación de armas, puesto que los guerrilleros seguramente no querrán dejar todas sus armas hasta que no tengan una mínima garantía de que les están cumpliendo los acuerdos.

El tema de justicia, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las penas alternativas de restricción de libertad y medidas de reparación a las víctimas está directamente amarrado a las zonas de ubicación.

La Mesa de Negociación no desaparece como tal y en la plenaria se seguirán refrendando las decisiones finales, pero del comunicado se infiere que el esqueleto de los acuerdos que hacen falta se armará realmente en la Comisión Ejecutiva con lo cual el mecanismo del 3x3 no solo se formaliza sino que se le dota de capacidad para llegar a acuerdos y sobre todo para destrabar los nudos gordianos.

La discusión fuerte sobre detalles técnicos clave también se sustrae de la Comisión de Redacción y se traslada a las comisiones que le entregan ya todo precocinado a la Comisión Ejecutiva, que previamente ha hecho las definiciones políticas.

El comunicado publicado el viernes es muy diciente también por sus silencios. Y el silencio más elocuente es sobre la fecha del 23 de marzo.

Si bien todo el tono y las medidas reveladas en el comunicado dejan claro el compromiso de las partes de trabajar intensamente para llegar lo más rápido posible a la firma final, el plazo límite que acordaron el 23 de septiembre para firmar la paz no aparece por ningún lado.

Dicen que acordaron “establecer un plan de trabajo con un cronograma que incluya tanto los temas restantes como los pendientes de los acuerdos ya logrados, para que la Comisión Ejecutiva pueda organizar de una manera más eficaz todo el trabajo restante” y que en adelante las delegaciones trabajarán de “manera continua, extendiendo los tiempos de permanencia de la delegación del Gobierno en La Habana,” y que la Comisión Ejecutiva podrá reunirse “cada vez que sea necesario” y en cualquier lugar. Pero de la fecha nada.

Esa omisión y el que le hayan solicitado a las Oficina de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional organizar un último foro ciudadano sobre los puntos 3 y 6, son señales de que el gobierno ya asumió de que la gran fiesta de la paz no se celebrará en marzo.

Esto queda aún más reforzado después de que la Canciller María Ángela Holguín dijera el mismo viernes en Nueva York que la Misión de Verificación de la ONU debe coincidir con el acuerdo final.

“No podemos exigirle más de la cuenta a la ONU. Harán todo lo posible por iniciar la misión, que necesita la capacitación de los observadores y surtir todo el trámite interno en Naciones Unidas. Eso va a tomar un tiempo (...), pero lo importante es que el inicio de la misión coincida con el acuerdo final”, afirmó la Canciller.

Como explicó La Silla, entre la petición y la definición de la misión de verificación por el Consejo de Seguridad pasan unos dos o tres meses y para que se surta rápido el proceso la ONU tiene que tener claro el modelo de cese bilateral que va a verificar, algo sobre lo cual las partes todavía no han anunciado que haya un acuerdo.

De hecho, solo hasta ayer la Subcomisión del Fin del Conflicto, encargada de la predefinición de este modelo, entregó su recomendación a la Mesa de Negociación. 

Entonces, si la misión debe coincidir con la firma de la paz es improbable que esta se logre armar en los 60 días que faltan para el 23 de marzo.

Lo que sucede es que si cuando se conozca el cronograma la fecha se ha movido unos meses es posible que nadie se perturbe porque ya con esto queda claro que la movida de la fecha no obedece a una falta de voluntad de cumplir.