Sólo unos días después de que Manuel Antonio Garcés anunciara su intención de ser candidato para la Alcaldía de López de Micay, en el Cauca, un emisario de una de las bandas criminales que opera en la zona, lo abordó. La oferta que le hicieron era sencilla: no sólo permitirían que la gente votara por él, sino que además le ofrecieron financiarlo. Garcés rechazó la oferta. La respuesta fue que entonces no podía ser candidato y que además, lo iban a matar.

Esa amenaza no se quedó en palabras. El 13 de junio le dejaron una granada sin activar en la ventana de su casa en Buenaventura con una nota que decía "le habíamos advertido que se retirara de la campaña, la próxima se la explotamos dentro de su casa y la de sus coordinadores". Garcés no se dejó asustar. A esto le siguieron llamadas intimidantes y el 19 de agosto sufrió otro atentado en Cali. Su gente averiguó que el primero de los atentados lo hicieron unos paramilitares de bajo rango por 500 mil pesos, pero el de Cali no fue hecho por principiantes.

El candidato para la Alcaldía de López de Micay, Manuel Garcés, teme por su vida. No aceptó la ayuda de las bandas criminales y ahora lo quieren matar.

López de Micay está ubicado en el noroccidente de Cauca, cerca de las estribaciones del océano Pacífico.

Las familias de Cauca y Nariño ya han sufrido la desolación de los desplazamientos, masacres e intimidaciones. Son más de diez años de zozobra.

Aunque a Garcés no han vuelto a atacarlo y sigue en la campaña como candidato del Polo, el 20 de septiembre, el cadáver de su primo Gabriel Peña Garcés fue encontrado tirado a 500 metros de la estación de Policía de López de Micay. “Él era un fanático de la campaña y ya por eso había tenido problemas con algunas personas”, dijo Garcés a La Silla Vacía.

La situación de Garcés es complicada, por decir lo menos. Habla con el miedo de que sus declaraciones puedan hacer que lo maten o que asesinen a la gente que trabaja con él, pero sigue en la pelea porque, según él, “entre los corruptos y las fuerzas políticas que se aliaron con las bandas criminales quieren quedarse con todo”.

López de Micay es un municipio ubicado en el noroccidente del Cauca, a 400 kilómetros de Popayán, con un presupuesto que se basa exclusivamente en las transferencias de la Nación y con cinco candidatos que se disputan la Alcaldía. Pero también es un municipio que las bandas criminales quieren controlar, porque está en el corredor estratégico para el narcotráfico que une a Cauca con Nariño y conduce hacia el océano Pacífico.

Los municipios del Pacífico, entre Cauca y Nariño, están viviendo una situación similar, que algunos describen como más grave que la de las elecciones de 2000 y 2003, cuando las autodefensas se tomaron el poder en gran parte del país.

“En esa época la cosa fue repentina. Nosotros no sabíamos cómo reaccionar, ni qué iba a pasar y además ellos tenían un mando central. Ahora nos ganan a punta de zozobra y uno no sabe ni quiénes son”, aseguró a La Silla Vacía un líder comunal de Timbiquí, un municipio ubicado a dos horas en lancha rápida al sur de López de Micay.

En esa región del suroccidente colombiano, las bandas criminales quieren quedarse con las alcaldías y para eso están usando dos tácticas: la imposición o el veto de los candidatos.

A los pobladores los están presionando y costriñendo para que voten por los candidatos que ellos determinen. Un ejemplo, es el de la población de Pisanda, donde Los Rastrojos están llevando a los habitantes a la escuela para adoctrinarlos sobre los candidatos por los que deben votar.

Hacia el nororiente de Nariño, en el municipio de Cumbitara, Los Rastrojos les dieron a 74 líderes comunales un plazo para que se presentaran en sus campamentos y, como no les hicieron caso, llegaron hasta una de las veredas, se llevaron cuatro personas y luego las asesinaron y desmembraron delante de varios de sus vecinos. Todo por no querer aceptar que les dieran las directrices para elegir el 30 de octubre.

También hay reportes de que en el enfrentamiento que llevan contra las Farc, Los Rastrojos se han ido hacia los cascos urbanos de los pueblos y los corregimientos y son los que dan las autorizaciones para que unos candidatos hagan proselitismo en algunas zonas; a otros sencillamente los financian.

O reciben dinero para sus operaciones, como en el caso de un candidato en Policarpa, cerca de las costas de Nariño, que supuestamente le entregó a Los Rastrojos cien millones de pesos para poder hacer su campaña. El trato fue que cuando el candidato se convierta en Alcalde, el grupo armado recibirá aportes económicos.

Aunque son grupos criminales sin ningún objetivo político, las bandas criminales quieren garantizar que tienen el alcalde de su lado para garantizar su movilidad en los corredores del narcotráfico y la colaboración de las autoridades locales.

Los desertores de las bandas criminales con los que habló el equipo del senador Juan Manuel Galán para su informe sobre Bandas Criminales y Elecciones explican claramente las razones que tienen para incidir en esta contienda. Uno de ellos dijo que las bandas necesitan políticos que ayuden a mantener a raya a ‘la Ley’, que no denuncien e insistan en que todo está en orden para no atraer la atención del Gobierno. Y, además, que mantengan controlada a la Policía del pueblo y que se sometan a sus intereses. Por ejemplo, que no hagan una vía a la que ellos se opongan porque con eso llega el Ejército o la Policía.

Otro de los desmovilizados dijo que el interés mayor no es el presupuesto sino que el alcalde y los concejales les colaboren. Les sirve más, por ejemplo, que el Alcalde mande a la Fuerza Pública a ciertas zonas donde hay otras bandas para que les ayuden a sacarlas.

Y así podrían explicarse casos como el de López de Micay o el de más de treinta municipios de esa zona donde las bandas están intentando desplazar a las Farc y para ello necesitan que las autoridades estén de su parte. Uno de los testimonios enfatizaba mucho en que los alcaldes pueden enviar al Ejército a la zona donde estén sus enemigos, o la misma población que les colaboró durante la elección les avisa dónde se mueve su rival.

Bajo alerta

En el informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo fueron identificados veinte municipios del Cauca y 25 de Nariño con riesgo electoral. Mientras que en Nariño, según el informe de la Defensoría, los grupos ilegales quieren tener influencia en lo público y en lo político, es decir que quieren tener poder de decisión en las elecciones y además aspiran a tener poder en la administración, en el Cauca las campañas se están dando en medio de las amenazas, las intimidaciones, los asesinatos a precandidatos y los enfrentamientos armados.

Sin embargo, la alerta de riesgo por la arremetida de las bandas criminales, en su pelea con las Farc y el ELN que hicieron un pacto de no agresión en los dos departamentos, ya había sido emitida. Desde el 5 de diciembre de 2008, la Defensoría declaró la alerta temprana en esta zona y se decidió mantenerla en abril de 2010 y también el 6 de septiembre de 2010.

El sistema de alertas tempranas de la Defensoría advirtió sobre el aumento de la presencia de las Farc en Nariño y Cauca y del repliegue de Los Rastrojos hacia las cabeceras de los corregimientos y los cascos urbanos y para eso han usado varios nombres: Rondas Campesinas, Los Combas, Las Rocas.

Sin embargo, las autoridades militares no han logrado controlar la situación y los pobladores están muy asustados. Solo hasta mayo de 2011, la Red de Solidaridad había registrado el desplazamiento de unos 846.655 hogares. Esto durante los últimos años, pero sólo en 2011 hay registros de cinco desplazamientos masivos en El Charco, Ricaurte, Policarpa y Magüi Payán.

Y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Nariño ha clasificado 896 casos como presunta desaparición forzada  de acuerdo al Registro Nacional de Desaparecidos, de los cuales seis han aparecido vivos y siete más muertos.

Ni en las poblaciones más grandes hay tranquilidad. En Tumaco fue asesinado el concejal Jesús Perlaza y fue secuestrado el secretario privado del Alcalde, hace apenas una semana. Y todo esto ocurre después de que la Alcaldía le había pedido al Gobierno que les garantizara la seguridad a los funcionarios, pues se cuentan más de dos intentos de asesinato y amenazas continuas. La situación empeoró con la llegada de las elecciones. Allá en Tumaco, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas informó que hay 219 casos clasificados como presunta  desaparición forzada,  de los cuales han aparecido cinco muertos y el resto continúan desaparecidos.

El lunes llegaron informaciones sobre intimidación de candidatos en el municipio de El Charco, al suroccidente de Cauca. Las autoridades no han verificado la información, pero como esa, tienen decenas de denuncias donde es muy difícil encontrar una solución.

Y todavía faltan veinte días para que lleguen las elecciones.