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| Yesid Reyes Alvarado, Julissa Mantilla y Rodrigo Uprimny son tres de los siete juristas que integran la Comisión Asesora del Estado para el Diseño de la Política Criminal. |
Por toda la debacle de la Reforma a la Justicia pasó de agache el informe final que entregó la Comisión creada hace año y medio por Germán Vargas Lleras para que asesorara al Gobierno en el diseño de una verdadera política criminal. De ser acogidas las recomendaciones de la Comisión, cambiaría radicalmente la forma en que Colombia aborda el delito.
Aunque entregaron ya el informe final hace un par de semanas, el Gobierno no le ha dado bombo. Quizás porque algunas de sus propuestas van en contravía de las que cursan actualmente en el Congreso como la del fuero penal militar, y porque como la de despenalizar aún más el aborto o pedir un “certificado de disponibilidad carcelaria”, otras sacarían ampolla.
Estas son algunas de ellas:
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“La regla penitenciaria”: la Comisión recomienda que así como se exige que todo funcionario público debe obtener un certificado de disponibilidad presupuestal antes de ordenar un gasto, los jueces tendrían que obtener un “certificado de disponibilidad carcelaria” antes de enviar a una persona a la cárcel. Es decir, necesitaría certeza de que existe un cupo carcelario digno. Tampoco podrían emitirse leyes que creen nuevos delitos o suban las penas –es decir, que aumenten la población carcelaria- sin que se certifique antes de que existirán cupos para recluir dignamente a más personas. |
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Despenalizar más el aborto: la Comisión recomienda ir más allá de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos excepcionales y permitir a las mujeres acceder a un aborto seguro en muchos más casos para evitar los abortos clandestinos. La Comisión dice que hay varias opciones que deben debatirse, sin tomar partido por una. Por ejemplo, plantean que puede permitirse el aborto bajo simple petición hasta ciertas semanas del embarazo, como en Estados Unidos, o con causales mucho más amplias que las permitidas por la Corte, como en Alemania. |
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3
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Restaurar el delito político: la Comisión recomienda recuperar la figura del delito político, que fue eliminada durante el gobierno de Uribe. Dice que darle un tratamiento privilegiado del delito político (como la rebelión) contribuiría a hacer más exitosos los procesos de desmovilización y reconciliación y hacer más visible la dimensión política del conflicto armado. |
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Un freno al populismo punitivo: para evitar que ante cada escándalo mediático se creen nuevos delitos, la Comisión recomienda reformar el reglamento del Congreso para que antes de cualquier reforma penal se exija obligatoriamente el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal, que sería el órgano asesor para la formulación de la política criminal. Éste estaría conformado por el Ministro de Justicia, el Director de la Policía, el Fiscal General, el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, un representante del Senado y uno de la Cámara de Representantes. |
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No ampliar el fuero penal militar: la Comisión considera “innecesario e inconveniente” pensar en ampliar el fuero a los militares y policías porque considera que eso puede llevar a mayores violaciones de derechos humanos y su mayor impunidad. La Comisión está en un 80 por ciento en desacuerdo con la ley que cursa actualmente y que fue producto de una comisión creada por el Ministro de Defensa y coordinada por el ex magistrado Manuel José Cepeda. No está de acuerdo con que se necesite una reforma constitucional y dice que “carece de sentido” crear una estructura aparte para definir los conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la militar, que en el proyecto de ley que el Gobierno espera aprobar este semestre se llama “comisión mixta”. La Comisión coincide con el proyecto liderado por Cepeda en que falta una regulación de las operaciones militares para armonizar el derecho penal y el derecho internacional humanitario y que en todo se debe caso fortalecer la independencia de la justicia militar. |
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6
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Las compañías pueden delinquir: la Comisión considera que se debe sancionar no solo a los individuos sino también las empresas involucradas en actos de corrupción. Como no se puede meter una compañía a la cárcel, proponen crear un derecho sancionatorio especial para empresas que por ejemplo cree una especie de “muerte corporativa”. |
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Bofetada a Vivanco: la Comisión considera que el estándar de que hay que juzgar y condenar a todos los autores de crímenes de lesa humanidad o de guerra es “insostenible fáctica y normativamente”. Afirma que para lograr la paz hay que priorizar y seleccionar aquellos casos que permitan entender y desmontar las grandes estructuras criminales capaces de reproducir la violencia. Esto es un espaldarazo al Marco para la Paz. Pero la Comisión aclara que los criterios de selectividad deberán ser escogidos siguiendo criterios morales y no haciendo concesiones pragmáticas a la realidad de una negociación de paz. |
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Reorientar la lucha contra la producción y tráfico de cocaína: la Comisión concluye –como todos los expertos- que la aspersión aérea y la erradicación manual de cultivos ilícitos son costosas, ineficaces y dañinas para la salud, el ambiente y la estabilidad social. Por eso recomiendan concentrar los esfuerzos en la interdicción de envíos de cocaína al exterior así como en la destrucción de laboratorios y cristalizaderos, que son los eslabones más lucrativos de la cadena del narcotráfico. |
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Liderar el debate mundial de la política antidrogas: la Comisión considera que el Gobierno debería jugar un papel más activo en la discusión mundial sobre la política contra las drogas y promover un debate amplio e informado sobre la efectividad de la actual postura prohibicionista. Internamente, la Comisión recomienda no penalizar ni criminalizar la dosis personal. |
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No juzgar a los jóvenes como adultos: la Comisión considera que reconocer que los adolescentes pueden tener responsabilidad penal no puede llevar a eliminar las diferencias entre el sistema penal para adultos y el que castiga a los delincuentes juveniles. |
Comparto las recomendaciones a excepción de la primera. El tema.es de inyección de recursos a las cárceles no de dejar a los delincuentes en la calle. Construcción de cárceles, no impunidad
Son tan razonables, sensatas y pertinentes estas recomendaciones, que no hay ninguna posibilidad de que el gobierno las implemente.
Yo pensé sobretodo en el tema laboral. No se le puede dar muerte a una empresa con gran cantidad de trabajadores, y dejarlos a la intemperie así como así.
Tiene puntos discutibles, otros buenos.
Hace bastante tiempo, no se tenía la oportunidad de encontrar planteamientos coherentes frente al sistema de justicia. Tener en cuenta estas recomendaciones implica quebrarle el lomo a la postura, según la cual la justicia no tiene arreglo. Lo que se requiere es un sistema de justicia integral que establezca la relación entre la responsabilidad del Estado, la corresponsabilidad de quienes legislan y el compromiso de la ciudadanía para que la justicia no sea el hazme reír, puesto que cuando no hay voluntad para que sea efectiva no hay justicia que valga.
Aplaudo, este tipo de ejercicio de pensamiento sobre la realidad del País, donde se tiene una perspectiva mas moderna del criterio justicia y criminalidad, nadie dirá que esta es la ultima palabra o la verdad revelada, pero resalto que es un ejercicio por encima de los sectarismos políticos que tanto mal nos hace al país. A pensar.
Las recomendaciones de esta comisión son tan pertinentes e importantes que se entiende el porqué no serán acogidas por el actual Gobierno y menos en el difícil momento político que atraviesa. Las violentas y destructivas arremetidas del puro furivismo en contra del pragmático y maleable proceder del gobierno ante las coyunturas no hace posible su aplicación.
Las personas jurídicas no delinquen, son una construcción jurídica, sin embargo, pueden ser utilizadas o comprometidas en actos ilegales o delictivos. Esta es la corresponsabilidad que se requiere establecer para que se castigue a quienes amparados en empresas y organizaciones delinquen y se dan el lujo de utilizar las imágenes corporativas para simular y ocultar acciones ilegales y muchas de ellas delictivas. De esto hay bastante en Colombia, pero el "peso" o la "fama" de las empresas, hace que no se actúe en su contra
Deben ser maravillosas: "Restaurar el delito político" y "la regla penitenciaria", por ejemplo, parecen sugerencias muy bien pensadas.
La primera porque deberían tratar diferente a los que asesinan, secuestran y torturan en nombre de "la justicia social" y a los que asesinan por cualquier otro motivo. La segunda porque suena completamente razonable que si no hay disponibilidad en las cárceles, no condenen al culpable o lo manden a la casa.
Un gran pensador y un gran argumento.
¡Amén!
Las recomendaciones son adecuadas y oportunas y se ajustan a lo que es un Estado de Derecho en una democracia copiada de Europa occidental, como son todas o la mayoría de las que existen en América Latina; recogen las recomendaciones lo que la propia realidad demanda. Por ejemplo en materia carcelaria al determinar que un Juez de la República debería de estar advertido que la congestión es un grave problema en los centros penitenciarios; en lo que concierne al delito político me parece acertado contar con un sistema penal que apunte más a la paz que a la sanción; despenalizar más el aborto es una necesidad, porque la realidad es que la gran mayoría de mujeres colombianas abortan en centros clandestinos huyéndole a la cárcel. Y las sanciones a las empresas que incurran en corrupción es justo que se les decrete "la muerte corporativa".
Las recomendaciones de la Comisión no prosperaron por la corrupción predominante en la conducta de los congresistas.