El viernes el Ministro de Interior Aurelio Iragorri dijo que el gobierno no piensa acatar la solicitud del contralor de Santa Marta de suspender al alcalde de esa ciudad Carlos Caicedo, porque la Constitución y la ley dicen que quien puede solicitar ese tipo de suspensiones es la Contraloría General. Pero dado que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que los demás contralores también lo pueden hacer, es posible que este problema político termine, una vez más, convertido en un debate de abogados. Y sobre todo que, dadas la similitudes entre la situación de Carlos Caicedo y de Gustavo Petro, la decisión del Gobierno termine dándole peso al argumento del alcalde de Bogotá de que el Presidente sí tiene un margen de discrecionalidad para acatar las decisiones de los órganos de control.
A favor del Gobierno está el argumento de que aunque la Constitución establece la posibilidad de que los contralores suspendan a los alcaldes, no se utiliza a menudo por sus repercusiones políticas, pues les da a estos funcionarios una espada de Damocles sobre los alcaldes y gobernadores: pueden exigir su suspensión en cualquier momento, mientras exista una investigación contra ellos. Por eso, esas solicitudes requieren una argumentación que demuestre que la suspensión es necesaria.
En este caso, el contralor de Santa Marta Horacio De Jesús Escobar Luque ha dicho que Caicedo ya ha sido sancionado con multas por 25 millones de pesos, en siete procesos, por falencias en la información que ha entregado. Además, explicó que en 2013 la Contraloría Distrital encontró 431 hallazgos (posibles fallas) que involucran directamente a Caicedo, y que suman detrimentos patrimoniales por más de once mil millones de pesos. La solicitud de Escobar sencillamente explica que decidió suspender a Caicedo hasta que se terminen las investigaciones contra el alcalde. Su argumento es que si Caicedo sigue en el cargo mientras es investigado podría incidir en las investigaciones.
Caicedo respondió la semana pasada, al regresar de vacaciones, y después de que su gabinete ya hubiera rechazado la solicitud. El alcalde dijo que nunca ha buscado bloquear las investigaciones y, que por lo tanto, la suspensión sería injusta e ilegal - además de que no conocía sus fundamentos, lo que impedía que se defendiera de la mejor manera.
Después de la respuesta del gobierno, los políticos samarios están pendientes de la reacción del Contralor pues del desenlace de este episodio depende en parte el futuro político del Magdalena.
El dilema para el Gobierno
Este caso es particularmente difícil para el Gobierno por los antecedentes de la relación entre el Contralor y el Alcalde de Santa Marta.
El contralor y el alcalde vienen de grupos políticos opuestos. Mientras Caicedo, un desmovilizado del ELN, viene de la izquierda, ha hecho política contra la mayoría de los políticos tradicionales y fue avalado por el Partido Liberal, Escobar Luque es conservador y tiene vínculos con la clase política más tradicional.
El contralor Escobar es familiar del fallecido Hugo Escobar Sierra, quien por décadas fue jefe conservador del Magdalena, y de su hijo, José Alfredo Escobar Araújo, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Además es primo de Alfonso Campo Escobar, un ex congresista conservador condenado por parapolítica y de quien se le ha señalado como ficha política en varias ocasiones.
?Pero sus diferencias van más allá de la ideología. Cuando el hoy alcalde era rector de la Universidad de Magdalena, Escobar era auditor de la Contraloría Departamental, cargo en el que estuvo entre 2001 y 2009. En ese puesto, Escobar fue quien hizo las auditorías a la Universidad a partir de las cuales Caicedo fue investigado y terminó destituido. Estas auditorías, además, sirvieron de sustento de un enredado proceso penal que fue impulsado por el gobernador Trino Luna, luego condenado por parapolítica.
Como resultado de ese proceso, Caicedo estuvo detenido por más de cuatro años hasta que fue absuelto en 2011. Tras la decisión que lo dejó en libertad, quedó expuesta la persecución de la cual había sido víctima, un complot que él denunció desde un principio y en el que Caciedo incluye al gobernador, al Contralor Departamental Luis Sanjuan y a Escobar.
Escobar siempre ha negado esas acusaciones. Ha explicado que él hizo unas auditorías, pero que no fue quien adelantó las investigaciones y que el proceso siguió su curso respetando los derechos de Caicedo.
La pelea entre Caicedo y Escobar se reeditó en enero de 2012, cuando se dio la puja por elegir Contralor Distrital. En esa oportunidad, cuatro concejales opositores a Caicedo dijeron que les habían ofrecido plata para no votar por Escobar, aunque no dijeron de dónde venían esas ofertas.
El otro candidato opcionado, ternado por el Tribunal Superior del Magdalena como Escobar, era el procurador provincial liberal Óscar Castillo Moscarella, quien había sido asesor jurídico de Caicedo en la Universidad.
Finalmente, en enero de 2012 Escobar fue elegido por una mayoría estrecha de concejales: tuvo 11 votos mientras que Castillo sacó ocho. En esa mayoría, que era opositora a Caicedo, estaban los concejales que habían denunciado el presunto intento de soborno.
Sin embargo, hasta la decisión de diciembre las relaciones entre el alcalde y el contralor parecían ser relativamente tranquilas, pero se fueron agriando. Aunque la distancia entre un funcionario y los órganos que lo vigilan es normal y deseable, con los antecedentes políticos la tensión fue creciendo.
Escobar empezó a hacer una serie de auditorías a varias entidades del Distrito, y especialmente a los contratos de los entes descentralizados, como la empresa de aseo Espa y la de salud Alejandro Próspero Reverend, donde ha encontrado la mayor cantidad de hallazgos. En agosto de 2012 Escobar le puso una multa por no entregar información y más adelante, Escobar le pidió a la Procuraduría iniciar un proceso disciplinario contra Caicedo por cuenta de varias investigaciones fiscales que adelantaba la entidad a su cargo.
En diciembre de ese mismo año, Simón Gaviria fue a visitar a Caicedo. Desde Santa Marta, el presidente del Partido Liberal pidió a la Contraloría General ejercer el poder preferente para asumir las investigaciones fiscales contra Caicedo. Es decir, quitar a Escobar del medio, algo que es legal y se hace con cierta frecuencia.
Ya en ese momento Gaviria dijo que Escobar tenía vínculos con la oposición e incluso habló de la suspensión. “Me parece muy grave que en los escenarios políticos de la ciudad se mencione con insistencia que el Contralor ordenaría la suspensión del Alcalde, sin que se den las causales previstas en la ley para ello,” dijo Gaviria en ese entonces.
Con la decisión de Escobar de hace dos semanas, esas previsiones resultaron ser ciertas, aunque con un año de retraso.
La solicitud no solo enfrenta por tercera vez a Caicedo y Escobar, sino que al darse en vísperas de la campaña electoral esta pelea tiene repercusiones en toda la política del departamento.
El rompecabezas electoral del Magdalena
El Magdalena está de capa caída en el Congreso. Como contó La Silla, todo indica que el departamento se va a quedar sin senadores. Además, según tres fuentes independientes, en el Magdalena las campañas están muy frías, en parte porque no hay mucho dinero y en parte porque todos están pendientes de qué pasará con la alcaldía, que además tiene bastantes recursos para ejecutar este año.
Para la mayoría de grupos políticos rivales de Caicedo, una suspensión sería una victoria política, que podrían reivindicar en las elecciones. Pero sobre todo hay dos que podían salir ganadores.
Uno, según se dice en el Magdalena, es el grupo político de Sergio Díaz - Granados, el presidente del partido de La U y quien es muy cercano a Santos. Lo que se rumora es que si el Gobierno pierde el pulso y tiene que poner un encargado, Díaz - Granados podría jugar un papel clave, como ocurrió cuando Manuel José Bonnett fue encargado de la gobernación en 2011.
El efecto también se sentiría en el Partido Liberal, en el que Caicedo no tiene mucho músculo. El grupo de los Vives, que lo apoyó en campaña, se ha venido distanciando. Primero, porque Caicedo no les dio juego burocrático y luego, porque no quiso apoyar la candidatura de Raúl Vives Lacouture, hermano y heredero del parapolítico Luis Eduardo Vives, en el liberalismo. Entonces Lacouture terminó con los azules.
Pero otra parte de la familia Vives sigue en el liberalismo y precisamente el más beneficiado podría ser el grupo liberal que lidera el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral José Joaquín Vives (primo en segundo grado de los Vives Lacouture), y que tiene al ex diputado Francisco Porto Infante(cercano al gobernador Cotes) como candidato a la Cámara. Si Caicedo resultara suspendido y fuera necesario conseguir un reemplazo con una terna liberal, ellos podrían intervenir y terminar con un alcalde más cercano, ya que tienen mucha fuerza en el directorio regional.
Su obstáculo es que Simón Gaviria, recién reelegido presidente del partido Liberal, sí ha apoyado a Caicedo y podría intervenir para que la terna fuera más caicedista.
De hecho, aunque el grupo de Caicedo decidió no llevar a nadie al Congreso a pesar de que sonó su secretario de gobierno Rafael Martínez, en Santa Marta se habla de una alianza en ciernes con el cesarense Pedro Muvdi, que quiere saltar al Senado y tiene el apoyo de Gaviria.
Por todo lo que está en juego para la política del departamento es probable que en los próximos días aumente la presión sobre el Gobierno para que reverse su decisión y acate la solicitud del Contralor. Si el Presidente, como en tantos otros casos, se echa para atrás también le quedaría más fácil mantener su argumento de que no tiene margen de discrecionalidad para cuestionar la decisión del Procurador en el caso de Gustavo Petro.
La suspensión
Las similitudes entre los alcaldes de Santa Marta y de Bogotá son muchas. Desde que ambos son los dos únicos alcaldes de ciudades capitales con un pasado guerrillero hasta que juntos han dado peleas valientes contra la mafia. Caicedo, como Petro, también ha tenido muchos problemas para conformar su gabinete y le va mal en las encuestas.
Ahora surge esta nueva coincidencia que complica aún más la decisión que tendrá que tomar el gobierno en las próximas semanas sobre la decisión del Procurador de destituir a Petro, si es que -como se anticipa- Alejandro Ordóñez ratifica el fallo de su procurador delegado contra el Alcalde de Bogotá.
Porque más allá de las particularidades de cada caso (y de sus diferencias: en uno se trata de una suspensión y en el otro de una destitución; en el de Caicedo los procesos del órgano de control hasta ahora inician y en el de Petro están terminado), al fina, la explicación legal que utilizó el ministro del Interior el viernes para descartar la solicitud del Contralor de Santa Marta será controvertida por los abogados con las sentencias de las altas cortes.
Así, la discusión probablemente volverá al terreno político y ahora el Alcalde de Bogotá tendrá un nuevo argumento para poner al Presidente contra las cuerdas.
Verdaderamente la constitucion de 91 Quedo mal hecha. Ya se sabe que los tres entes de control la procuraduria, la fiscalia y contraloria tienen visos politicos completamente a la voluntad del depotismo y clientelismo. No interesa de que partido politico son estos padres de la politica Colombiana, pero si la forma mas astuta y estrategica de descabezar los contendores politicos. Desde hace mucho tiempo existen los Nosferatums de la democracia Colombiana desde la union entre politicos y Paras. Se requiere un cambio constitucional donde los senadores y El presidente no escojan los dirigentes de los entes de control.
jajaja una tutela fallada por el tribunal Admitivo de Cundinamarca acaba de suspender el fallo del Godofacho jajaja lo dijo Iguarán
No se mucho de derecho pero este señor Lewin esta confundido, en Colombia el ordenamiento juridico no funciona a punta de casuistica como quiere él plantearlo: lo que no esta escrito no es ley y no aplica. Hubo hace 20 años un vacio juridico con respecto a la Alcaldia de Bogotá que la corte Constitucional cubrio con la sentencia C-229 de 1995 aclarando de manera explicita que el Procurador General si puede destituir al alcalde Mayor sin mediar ningun tramite adicional fuera de los que se han cumplido en el caso de Petro. Los defensores de Petro han tratado de darle todas las vueltas a las normas para encontrar ese vacio, para revivirlo ignorando la sentencia... ha sido tanto el descaro que el mismo Jose Gregorio Hernandez que en ese momento fue Presidente de la Corte y firmo esta sentencia (no sin antes plantear su desacuerdo con ella) dio declaraciones que suponian que ese fallo jamas se habia dado y que por lo tanto el vacio permanecia.
Fifa, la casuística sí aplica en algunas zonas del derecho en Colombia. Por ejemplo, en el caso de las tutelas. En general, es lo que llamamos "jurisprudencia".
Más o menos. Se cayó la norma de que hubiera un precedente insalvabel, pero no la jurisprudencia como fuente de derecho.
Sr presidente Santos,si de verdad quiere la presidencia una vez mas, y de verdad quiere demostrar la traición a su clase, revoque la decisión del Godofacho antes que se le tire la reelección
Santos tiene la reelección más que ganada, no hay lideres. Tendría que pasar algo asombroso con los otros candidatos a la presidencia para que perdiera este año las elecciones. Además Santos tendrá que decidir... si apoya al procurador tendrá a la mano buena parte de la élite del poder y sus amigos conservadores, pero si apoya a Petro le arrebatará algunos votos a la izquierda (no muchos) lo cual no le da mucha seguridad.
Insisto, persisto y no desisto, Santos tiene la última palabra; que demuestre Su Quien es Quien en este momento electoral, si realmente tiene voluntad política de hacer las cosas medianamente bien y corregir el exabrupto del Godofacho.
Hasta dónde está dispuesto a que el Godofacho se le tire la reelección?
Quien firma le destitución e inhabilidad de Petro, es el procurador juan carlos novoa buendia, abogado
de bucaramanga y presidente de la asociación de juristas católicos, quien afirma que los derechos humanos no son jurídicos sino ideológicos, dicho en palabras de él mismo son "contradicción" y "embeleco". Es una prueba mas de que ordoñez maldonado le encargó a su subalterno y paisano, novoa buendia, la tarea de deshacerse de petro "legalmente".
A ver que tan cierto es qué a este pelmazo que nos tocó de presidente sí le cabe el país en la cabeza
En derecho las cosas como se hacen se deshacen, precisamente la decisión que tomó el Procurador le da TODA la
la razón a Petro en cuenta a que Ordoñez busca acabar con la democracia destituyendolo para abrirle el paso a aquellos que desean saquear las arcas de la ciudad.
Juan, El Alcalde Caicedo ha cometido errores, los cuales le generaron polémica; pero, indudablemente, recibió una ciudad en quiebra. A diferencia de Bogotá con un plan de desarrollo que cuesta alrededor de 60 billones y con empresas solidas y con liquidez. Santa Marta tiene un Plan de Desarrollo de casi 3 billones, con una deuda casi de 250 mil millones, en quiebra, con sus posibles fuentes de ingresos concesionarios. El Alcalde gestiono un plan ambicioso que aunque es de naturaleza nacional, proyecto la construcción de 4000 viviendas, Aeropuerto, Metropolitana, Estadio de Fútbol, Juegos Bolivarianos. La deuda mencionada en los dos primeros años pago un poco más de la mitad, y aumento los ingresos por tributo casi en un 50%. Reconozco que Caicedo y Petro coinciden en su naturaleza de izquierda, pero Caicedo no es inoperante. Puedo asegurar algo, pero con temor. en el Magdalena han y existen muchas conductas corruptas, que posiblemente le ganan y por mucho al robo de los nule.
Hpola Strategos, efectivamente existe esa diferencia. También veo una grande en cuanto a que los motivos de la destitución de Petro son conocidos y han sido debatidos públicamente (el cambio en el esquema de aseo), mientras que la eventual suspensión de Caicedo no tiene una motivación clara: sabemos que hay 431 hallazgos, pero no por qué hechos, qué tan graves son, etc.
Son tan diferentes los casos que solo una persona que quiere desinformar se pone a comparar estos casos y a sacar conclusiones inverosimiles.
Apreciado Lewin cordial saludi, ¿en qué terminaria lo de la oficina del 5o piso ala occidental del Palacio de Justicia?
De acuerdo, hay varias diferencias en los hechos específicos. En el caso de Caicedo, no queda claro por qué él obstuiría las investigaciones, o si la suspensión es totalmente preventiva, pero en ese caso ¿por qué no suspender a cualquier alcalde cuya administración tenga una investigación abierta?
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