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| Casi a la medianoche de ayer el alcalde Gustavo Petro dio declaraciones desde el Acueducto para rechazar lo que considera fue una intervención al Acueducto por parte del Gobierno Nacional. Foto: Juan Pablo Pino |
Entre tantas reacciones encendidas, declaraciones encontradas e informaciones a medias, en medio de la polémica por la supuesta intervención del Gobierno Nacional a la Empresa de Acueducto de Bogotá se ignoraron los datos concretos de lo que verdaderamente pasó ayer.
Todo lo que pasó, paso por paso, quedó consignado en un acta de la reunión que hubo entre la Administración de Bogotá y los funcionarios de la Superintendencia con la observación de la Procuraduría, de la Personería y de la Defensoría Regional del Pueblo cuyo contenido fue detallado a La Silla Vacía.
Con base en esa acta y después de hablar con funcionarios de la Superintendencia, de la Alcaldía de Bogotá, del Acueducto, de la Procuraduría y de la Personería de Bogotá, La Silla reconstruye la cronología de los hechos ocurridos ayer.
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| En declaraciones a varios medios, Diego Bravo arremetió contra el Superindustria. Foto: Juan Pablo Pino |
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| El Superintendente de Servicios César González también ha sido criticado por Diego Bravo. Él asegura que González está sirviendo a los empresarios privados del aseo y no a los usuarios. Foto: Juan Pablo Pino |
La visita
A las 2 de la tarde del miércoles arribaron a la Empresa de Acueducto cuatro funcionarios de la Superindustria que se identificaron y solicitaron entrar al despacho del secretario general. Presentaron un oficio según el cual realizarían una visita administrativa y requerirían unos documentos. La razón: el pasado 2 de noviembre se abrió una indagación preliminar en esa Superintendencia ante el anuncio del Alcalde de que el servicio de aseo será prestado exclusivamente por el Acueducto, a partir del 18 de diciembre. La entidad considera que se podría estar violando el principio de la libre competencia a los operadores privados.
La Superindustria pidió copia del convenio interadministrativo celebrado entre el Acueducto y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), a través del cual el Acueducto queda encargado de la recolección de las basuras en la ciudad. Los funcionarios también solicitaron varias actas de reuniones entre el Acueducto y la Uaesp.
Todo parecía normal hasta que, asegura el Acueducto, dos hechos prendieron las alarmas de la Administración. El primero fue que pidieron borradores de actas del Acueducto. Es decir, documentos no oficiales. “Como si estuvieran recolectando pruebas dentro de una investigación judicial”, le contó a La Silla Jorge Rojas, secretario privado de Petro.
Luego, la Superindustria entró a la oficina del gerente Diego Bravo y accedió a su computador. Los funcionarios de la indagación abrieron el correo de Bravo y una vez allí empezaron a buscar mensajes con varias palabras clave: primero buscaron por ‘aseo’, ‘operadores’ y ‘basuras’. Después, para sorpresa de los allí presentes, escribieron en el buscador la palabra ‘petro’ y empezaron a copiar los correos entre el alcalde y Diego Bravo.
La situación fue reportada al propio Palacio Liévano por el Acueducto, desde donde pidieron la presencia de la Procuraduría General en la entidad. Mientras tanto, a los funcionarios de la Superintendencia les impidieron seguir copiando información.
Es aquí cuando ocurrió el segundo hecho que terminó de generar todas las suspicacias en el Acueducto. Se trata de la noticia de Caracol Radio ‘Empresa de Acueducto se niega a entregar información a la Superindustria’, cuyos datos están atribuidos a la Superindustria y la cual fue publicada en el momento en el que estaban ocurriendo los hechos. Es decir, que alguno de los investigadores la filtró. Ese fue uno de los temas que más molestó al alcalde, dijo una de las fuentes de la Alcaldía a La Silla.
En ese encuentro entre Petro y los funcionarios de la Superintendencia, con la observación de la Procuraduría y la Personería, el alcalde preguntó a los investigadores si habían recibido una queja formal que los motivara a abrir la indagación preliminar al Acueducto y ellos contestaron que desconocían ese asunto. Ese hecho también calentó más los ánimos, pues en la Administración consideran que la Superindustria tenía que contar con una denuncia interpuesta por alguien para iniciar su investigación.
En resumen, la Alcaldía está segura de que el ente vigilador se extralimitó en sus funciones, pero que además lo hizo como parte de una intervención orquestada desde el Gobierno Nacional, como declaró por la noche el alcalde y su secretario privado.
Superindustria actuó con facultades
Para explicarlo de la manera más básica, la Superintendencia de Industria y Comercio es la “policía” de la industria y el comercio y la ley le otorga competencias de policía judicial. Es decir, puede hacer lo mismo que hace el CTI: recaudar pruebas, custodiarlas de acuerdo a una cadena de custodia, copiar la información de los computadores.
Es más, la Superintendencia de Industria y Comercio adquirió unos equipos sofisticados para hacer copias ‘espejo’ de los computadores de sus investigados, contó a la Silla un exfuncionario de la SIC.
Las funciones de policía judicial de la SIC son tan centrales a su trabajo, que sus empleados mantienen capacitaciones permanentes con la Fiscalía para aprender sobre cómo recopilar evidencia para sus investigaciones.
El equipo de Petro ha dicho que la Superintendencia no puede llevarse borradores de actas, actas sin firmar o copias de chats y correos personales sin una orden judicial. No es cierto. La Ley de competencia y el decreto 4886 que desde el año pasado le da facultades nuevas a la SIC le permiten caerle de sorpresa a cualquier empresa frente a la cual haya una indagación preliminar y tomar la información que quieran. La única restricción es que si al copiar información de los computadores encuentran información íntima que no tiene nada que ver con la indagación no la pueden divulgar.
Como la naturaleza de las conductas anticompetitivas es que son clandestinas, cualquiera de las Superintendencias puede caer de sorpresa y tomar la información que requieran ya que si la solicitaran previamente o avisaran su visita con tiempo los investigados podrían ocultar las pruebas.
Por ejemplo, cuando sancionó a las EPS y a Acemi, la Super encontró la información que demostraba que habían acordado no prestar algunos servicios de salud a los usuarios en los correos que encontró en los computadores de los directivos del gremio y de las EPS. Obviamente, ellos no la suministraron de manera voluntaria, como lo contó La Silla.
No es cierto tampoco, como ha dicho la Administración de Petro, que para que se inicien estas investigaciones tiene que haber una demanda o una queja. La ley faculta a la SIC para iniciar estas indagaciones de oficio cuando considere que puede haber una eventual violación de la competencia.
La Silla habló con dos personas que han sido superintendentes y ambos coincidieron en que lo que sucedió anoche en el Acueducto está totalmente dentro de las funciones propias de una Superintendencia. La Silla no pudo ver el fundamento de la denuncia penal de la Alcaldía contra el Superintendente porque en la mañana en la Alcaldía nos dijeron que aún no la han redactado. Al medio día Diego Bravo dijo que pedirían una 'rectificación' antes de instaurar una acción penal.
El verdadero debate podría ser más político, sobre la conveniencia y la oportunidad de hacer esta visita.
Sobre la conveniencia, hay un asunto que no ha salido a la opinión pública y es que por ley, según un concepto que se llama “la abogacía de la competencia”, Petro tenía la obligación legal de pedirle un concepto previo a la SIC sobre su idea de eliminar la competencia en el servicio de aseo para escuchar su concepto sobre cómo eso afectaría a los jugadores del mercado. El concepto de la Superintendencia no obligaría al Alcalde pero, si es un paso previo para sacar a los competidores del mercado.
Como el Alcalde no pidió ese concepto y dijo que si el 18 de diciembre salían los privados él metería a la Policía a impedirlo y que tampoco les permitiría usar el relleno de Doña Juana, según los dos superintendentes consultados, habría suficientes bases para sospechar que se violaría la competencia y para iniciar la indagación. Además porque la ley de servicios públicos solo contempla dos escenarios para la prestación del servicio de aseo: la libre competencia y las áreas de servicio exclusivo. Si Petro solo quiere crear una gran área de servicio exclusivo para el Acueducto tiene que pedirle autorización a la CRA y la autorización la pidió fue para crear 12 zonas y la CRA no le dio la autorización porque no estaban completos los documentos.
Sin embargo, dado que la decisión de Petro de otorgarle al Acueducto el monopolio del aseo ha sido todo menos clandestina, cabe la pregunta de si era necesario que la SIC ordenara esta inspección como lo hizo. Uno de los superintendentes consultados considera que Pablo Felipe Robledo podría haber explicado primero en los medios lo que iba hacer o podría haberlo hecho de manera más concertada. “La proporción y la oportunidad en estos casos también es importante políticamente”, dijo el exfuncionario. “Pero tenía toda la competencia para hacerlo”.
También está la conveniencia de realizar esta inspección justamente el día en que la Alta Consejera para Bogotá, Gina Parody, -rival y una de las críticas más abiertas que ha tenido Petro- había amenazado con que la Nación intervendría si el 18 de diciembre se volvía un caos para las basuras. Era previsible que el Alcalde podía resentir este recaudo de pruebas. Y cuando lo hizo, el Superintendente Robledo se encontraba ayer en un foro en Medellín y no salió a los medios ayer a dar explicaciones. Solo lo hizo hasta hoy, aunque ayer sí se pronunció su oficina de prensa.
Las sospechas
La inconveniencia de la fecha que utilizó para realizar esta inspección alimentó varias sospechas. La primera, que se trató de un acción concertada entre Gina y el Superintendente para bloquear a Petro, dado que el Superintendente depende directamente del Presidente, un hecho que ha sido muy criticado por organismos internacionales como la OCDE porque se presta para manipulación política.
En este caso, hay un elemento adicional y es que Robledo es muy cercano a Germán Vargas Lleras, cuyos vínculos con los operadores de basura son muy estrechos, al punto en que el ministro se declaró impedido para referirse a los temas de basuras en Bogotá.
Como lo contó La Silla en este artículo, el Ministro de Vivienda es cercano a varias personas con vínculos con los servicios públicos, empezando por su hermano José Antonio, quien fue presidente de la junta directiva de Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos.
Y uno de los principales financiadores políticos de Vargas Lleras es Alberto Ríos. Como también lo contó La Silla el año pasado, Alberto y Javier Ríos Velilla eran dueños del Consorcio Aseo Capital hasta noviembre de 2010. En marzo de 2011, cuando la licitación de recolección de aseo de Samuel Moreno estaba en marcha, la compañía cambió de dueños y sin que ningún medio lo registrara, los Ríos Velilla vendieron sus acciones en Aseo Capital a Inversiones Nuevo Quinquenio. Después de que la Corte tumbó la licitación de basuras, este año Alberto Ríos retomó el control y, junto con otros socios, recompró la empresa, un hecho que pasó igualmente desapercibido en los medios pero que en la industria fue vista como una retroventa. Aunque en su momento, la oficina de prensa de Ríos aseguró que la venta se realizó para no inhabilitar a Felipe Ríos, hijo de Alberto Ríos y hasta el año pasado concejal de Bogotá.
La cercanía de Robledo a Vargas Lleras y de Vargas Lleras a Ríos ha dado pie para que esta inspección de la SIC haya disparado todas las sospechas de los petristas y también de algunos no petristas.
“La CRA y las Superintendencias están más cercanas a los contratistas que a los usuarios”, dijo el concejal Juan Carlos Flórez, uno de los que ha sido más crítico de Petro pero también de la actuación de la SIC y de Parody. Da como ejemplo lo que está ocurriendo en Armenia donde la Alcaldesa decidió, como Petro, retomar el control de las basuras por las tarifas tan altas de los operadores privados. En su caso, sí lo hizo con más tiempo y por ejemplo, compró los camiones antes de acabar la competencia. Sin embargo, según Flórez, la CRA ha hecho casi imposible la prestación del servicio público por ponerse del lado de los privados.
“Los ciudadanos somos los que hemos terminado más perjudicados”, dice Flórez. “La CRA y la Super al lado de los prestadores privados del servicio y el Alcalde con su bochinche y el megáfono en la mano”.
El lunes a las 3.30, el presidente Santos y Petro se reunirán en la Presidencia a solas a limar las asperezas. Hoy, Petro continuará despachando desde el Acueducto y mañana volverá a su oficina en el Palacio Liévano.
Esto sí es progreso, nuevas ideas, nuevos proyectos, gobernantes para el pueblo, que no dependa de favores políticos ni de empresarios corruptos. APOYO TOTAL ALCALDE GUSTAVO PETRO.
Sería interesante un análisis juicioso, que no ha existido en ningún medio, uniendo los puntos sobre transporte y grandes contratistas con el estado de basuras/otros. No sé por qué le bailan al lado en lugar de ponerlo sobre la mesa...
Por otro lado, la nota me parece muy interesante, es bueno saber la posibilidad y alcance que tiene la SIC, pero para mí, si tiene un tufillo político gran parte del asunto. Por parte y parte. Mientras en semejante miopía se tiran la ciudad, que a nadie le importa, en realidad, lo que hacen es reforzar sus puntas cada parte del espectro político.
Si tenían todas esas facultades, ¿por qué no intervinieron así, cuando se NECESITABA, en la belle epoque de Samuel Moreno? ¿Qué, acaso tapamos los chanchullos de esa época, con precios en servilletas y demás, eos no justificaba una investigación sobre el proceso en sí mismo? ¿O es porque era otro tipo de corrupción no ameritaba que la SIC investigara y en realidad todo sí estaba bien ahí?
Enrarecido.
Creo que hay pocos precedentes en el mundo de una primera autoridad cercada por el establecimiento y sosteniéndose, en una coyuntura álgida, con el apoyo de los más humildes entre los humildes. El asunto de las basuras es que si funciona, como yo tengo la certeza de que funcionará, va a significar sacar de la pobreza, de un solo tajo, a 14.000 familias, en el marco de una acción estrictamente capitalista.
Y como la moda es hacer profecías sobre Petro, pues aquí va la mía: marcará un antes y un después en la historia de esta ciudad y quizás de este hemisferio. Y de sus contradictores, parafraseando a Ernesto Cardenal, no quedará sino apenas el recuerdo de las pequeñas mezquindades que intentaron, sin éxito, frenar el cambio más audaz que haya vivido Bogotá.
Con cariño, te digo, que te quedarás viendo un polvero. Porque esta ciudad si quiere cambiar necesita un consenso general de lo importante, y lo que genera Petro es un adormecimiento aún mayor de la distopía en la que nos tienen.
Lo que necesita esta ciudad es unir conceptos en lo que para nosotros es importante. Nada de eso lo estoy viendo.
Además, dudo que lo que se va a hacer con los recicladores es capitalismo. En un verdadero capitalismo, ellos serían apartados por ofrecer la opción más cara. Alguna vez los llamaste empresarios privados. Creo que realmente deberías reconsiderarlo.
Y, pues, si esto es en el tema de las basuras, como será en lo demás. Nos cuesta infinidades diseñar y ejecutar un sistema de basuras. Estamos muy jodidos la verdad.
Con el mismo cariño pregunto: ¿Por qué los recicladores no son empresarios privados?
Y con más cariño todavía, frente a tu pronóstico de hecatombe, te respondo: Eso lo veremos.
Nadie se vuelve empresario en virtud de una tutela. La mata del positivismo.
"Mata del positivismo": te invito a mirar esta página: http://asociacionrecicladoresbogota.org/ Observa con cuidado los premios internacionales que se han ganado y las negociaciones que hacen con el BID, entre otros. Y los que no están asociados tan empresarios son también, que hasta Tom y Jerry querían montarles competencia. Saludos.
Ya quisiéramos que la diligencia que demuestran estos funcionarios, evitando posibles fallas en la prestación de un servicio, fuera igual de intensa en los municipios en los que realmente se necesita.
Es bueno; sería bastante interesante que LA SILLA VACÍA averiguara cuántas veces la Superintendencia de Industria y Comercio ha investigado las empresas públicas. Parece que hay pocos casos.
La razón de ser de una institución administrativa de control como la Superintendencia de Industria y Comercio es la de investigar, vigilar y controlar a los privados. Las empresas públicas por tener precisamente ese caracter preferencialmente son vigiladas por las instituciones que pertenecen a los órganos de control como la Procuraduría General de la Nación, las procuradurías regionales o provinciales o las personerías municipales o distritales y por la Contraloría General de la República. No por la Superintendencia de Industria y Comercio cuyos actos deben apuntar a evitar los abusos de los particulares dueños de negocios contra los inermes ciudadanos.
Aquí lo que hay es un problema político de fondo. El Presidente, el Superintendente y la Consejera para Bogotá defendiendo a los ricos y PETRO pretendiendo construir un modelo de ciudad que a todas luces debe evitar se deslice al populismo que es igual de injusto y peligroso a esos intereses privados voraces.
La posición de PETRO se ajusta a los pilares esenciales de la Constitución Política de Colombia de 1.991. En el sentido de que Colombia es un Estado Social de Derecho. En ese contexto donde quiera que se lea todo lo concerniente a la participación de las empresas privadas, ellas están subordinadas a la dirección y control que tiene o debe cumplir el Estado.
La libertad económica y la iniciativa privada están limitadas por el bien común; las empresas están obligadas a tener una función social; el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural limitan la libertad económica; los servicios públicos serán prestados directamente por los municipios cuando las conveniencias de distinto carácter así lo determinen; al Presidente de la República le corresponde controlar, vigilar e inspeccionar la eficiencia de los servicios públicos. Todo eso es norma constitucional.
El problema es que los intereses de los dueños de los grandes capitales están por encima, violan la Constitución.
Bueno sería ver de que figura legal se entiende que es un monopolio de la UAESP.
Lo otro sería un tema de consumidores, que no permite definir competencias.
Mañana averiguaré en la U. Me dejó muy pensativo el tema.
Felicitaciones a LSV y a Juana. Es un artículo reposado e ilustrativo. LSV sigue tu trabajo!!!
Tampoco se han quejado porque el distrito haya construido cientos de kilómetros de vías exclusivas para una única empresa que se llama Transmilenio.
De nuevo, esto es graciosísimo.
La Silla Vacía dejó de ser neutral/imparcial cuando los "de izquierda" entendieron (en su infinita sabiduría)que "perseguía" al "gobierno del amor".
Cualquier cosa que no les suena a "antiderecha" convierte LSV en un medio "subsidiado por narcoparamilitares" y "un panfleto más de desinformación".
Gente equilibrada la que lee la LSV. Equilibrio, claro está, significa estar de acuerdo con ellos.
Si fueran consistentes, deberían pedirle a Juanita León que saque de LSV... a Juanita León.
Y, para volver a "equilibrarlo todo", el nuevo director debería ser Carlos Lozano (porque tendría que tener experiencia en los medios, no faltaba más) con blogs de Robledo, Aurelio Suarez y Clara López.
Juanita,
Más allá de cómo ha sido planteado el debate y de cómo ha reaccionado Petro, creo que en este caso, él está en la razón. Y lo digo, porque más allá de la "mala leche" política con Petro y su administración, se han metido con Bogotá y su patrimonio público. Lo de la autonomía municipal en cuanto a la prestación de los servicios públicos y la decisión de la Corte frente al tema del aseo y los recicladores, lo avalan. Además, el sistema de libre compentencia, como está planteado, es perverso. Y va en contravía, incluso, con algunos estándares de gestión ambiental urbana. Otra cosa es que concuerdo con quienes dicen que el tema del manejo del aseo por parte del acueducto, es algo apresurado, pero esperemos a que se implemente a ver qué pasa y ahí sí mirar a ver.
Yo quiero que LSV consulte a un experto en servicios públicos, y que sea "no petrista" a ver qué dice. Creo que en los artículos está faltando un análisis de los problemas de fondo, al margen de la calentura política.
La Silla ya realizó las consultas pertinentes en torno a una investigación en punto jurídico, que me parece bien hecha.
Se centraron en lo que permite la ley. Ni más ni menos.
A veces parece que algunos lectores -y no me refiero a BAT, sobrada usuaria- quisieran una editorial criticando el modelo de basuras actual. Muy seguramente un reportaje mostrando sus defectos es posible, pero no cabe en esta nota, que no pasaba de mostrar lo sucedido ayer en la sede del acueducto.
Yo creo que debe consultar también un Constitucionalista, porque el aspecto de fondo es también si con la acción de la superintendencia se quebró la autonomía regional.
Bat, desde ya te digo que no existe ningún tipo de violación a la autonomía territorial, en virtud al control de tutela que se permite con nuestro sistema de descentralización.
Ahora, más allá de como se juzgue nuestro sistema político en torno a la competencias -tema de por sí vastísimo-, en mi concepción, violación a la autonomía no existe.
Por demás, el tema sobre la competencia de las SIC frente a la EAAB es complicada. Como bien detalla Juanita, legalmente sí se habla de una libre competencia, aunque desde un punto de vista del mercado parezca más un oligopolio artificial. Para resaltar, muy mala gestión de la UAESP que no es ni siquiera capaz de pasar bien la documentación para declarar un único sector exclusivo manejado por el alcantarillado a la CRA.
Con eso solucionado, Petro tendría un asidero jurídico mucho más seguro.
Para mí sí hay violación de la autonomía territorial en el siguiente sentido: actualmente no hay libre competencia, pues toda la recolección de basuras está bajo el control de la UAESP, la cual, bajo la figura de urgencia manifiesta entregó en concesión el sevicio a los operadores. Pero nadie compite con la UAESP para la prestación del servicio, ni compiten entre los privados por el mercado. Desde ese punto de vista, la Superintendencia, desconociendo la competencia del alcalde que es quien debe decidir si hay o no libre competencia, con base en la Constitución y en el auto de la Corte, determinó de facto que sí la había y no solo eso, sino también que había "indicios" de violación a esa libre competencia que no existe y que ellos debían regularla. Es una verdadera aberración jurídica.
Mira Bat, acá el punto no se puede ver de esa manera. Por dos hechos importantes: (1) están presumiendo que la intervención de la super es para cambiar las políticas públicas de la ciudad, clara lesión a la autonomía territorial. Esto que discutimos es un tema de competencia, y digamos, llegue al consejo de estado o la corte const., lo que se dirá es que no está facultada la super, dudo que afirme una violación a la autonomía de la ciudad.(2)¿Cómo se entiende el monopolio?. Estamos hablando de un monopolio consagrado por el Estado. Por lo mismo, establecido en la ley. Acá es donde no podría dar un juicio de valor, no tengo como. Mañana llego a mi casa a comentar sobre el tema, después de averiguarlo.
La pregunta es esta: ¿Puede la Superintendencia de Industria y Comercio definir que la ciudad está en libre competencia y actuar en consecuencia, cuando el Alcalde no ha hecho la declaratoria de esa libre competencia, amparado en la autonomía territorial que le otorga la Constitución?
¿Puede el alcalde declarar la libre competencia? Al parecer no, pero quedo con la tarea pendiente.
Es el único facultado para hacerlo, tanto en virtud de la Constitución, artículo 367, como en virtud del auto T-365 de la Corte Constitucional. Pero bueno que averigües y nos cuentas.
entonces para el mal de perra pelos de la misma perra........noooo ese señor velez esta metido en la contratacion desde que su mentor alvaro uribe lo metio en la contratacion como su testaferro y para lsv ya no se desgasten mas defendiendo lo indefenddible que estan perdiendo la objetividad, que tristeza
Si vuelve y juega, LSV justificando lo sucedido ayer. Claro en un país decente los entes de control, controlan. Aquí en Colombia los entes de control son cuotas burocráticas que solo funcionan cuando les conviene a aquellos que regalaron esas cuotas.
Pero bueno es interesante ver como el señor alcalde en estos casos con sus actos desenmascara quién es quién. Aquí hay dos bandos bien definidos, no sé de donde LSV sacó el término petrista, la ciudadanía que trabaja todos los días y las clases dirigentes que se aprovechan de su posición dominante, y bueno también están los que ven RCN y Caracol que defienden lo que ven en la TV y la radio, donde la posición tristemente es la que vemos en esta página, pero la ciudadanía bogotana está harta de que "los poderosos" sigan haciendo lo que les da la gana.
Gracias Petro por ponernos a repensar este país.
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